Colapso en la Justicia: faltan medios

El servidor central de los Juzgados de Sevilla se colapsó a primeros de octubre porque ya no admitía más documentos de los casos ERE y Formación. Es sólo un ejemplo del colapso en la Justicia, con el 85% de los Juzgados trabajando por encima de su capacidad y con 1.700 asuntos al año por cada juez, según un reciente informe del CGPJ. Así pasa: toneladas de carpetas sin informatizar, retrasos de años en las vistas y sentencias y macro causas por  corrupción y delitos económicos que avanzan a paso lento. Un caos judicial fruto de la falta de medios, personales y materiales, agravado por los recortes del Gobierno Rajoy y las autonomías en los presupuestos de Justicia, donde España gasta la mitad que Europa. Faltan jueces, juzgados, funcionarios, peritos y expertos, informática y una mejor organización de la Justicia, agrupando esfuerzos. Los ciudadanos, las empresas y toda la economía sufren una justicia lenta, ineficaz, cara e injusta, que exige medidas urgentes.

enrique ortega

El colapso de la Justicia es vox populi, pero ahora tenemos unos datos muy reveladores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir, según el último informe (2013) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo peor: 864 juzgados, casi la mitad del total (43,5%) soportan una carga de trabajo del 150%, es decir están sobresaturados. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75% y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). La mayor saturación se da en los Juzgados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña, sobre todo en los Juzgados de lo Social, por la avalancha de demandas a raíz de la reforma laboral (febrero 2012): en Sevilla hay juicios por reclamación de salarios e indemnizaciones señalados para 2017 y en Madrid, Andalucía o Galicia se han duplicado las causas laborales, retrasando sentencias de uno a dos años.

El colapso de los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, entre los que han aumentado infartos y enfermedades. De hecho, el 92,66 % de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según una encuesta de Jueces por la Democracia. No es extraño si cada juez ha de ver 1.699,3 asuntos por año (2.227 en Penal) y dicta 309,2 sentencias anuales, en asuntos cada vez más complejos. Y de los 45.000 empleados de la Justicia, un 20% son interinos, los que más sufren los recortes y la rotación.

El colapso judicial se debe en primer lugar al gran número de litigios que entran cada año en los Juzgados, aunque se han reducido desde 2009, por la menor población, el mayor coste de litigar y las medidas para limitar las apelaciones adoptadas en octubre de 2011. A pesar de ello, en 2013 entraron en los Juzgados 8.636.016 asuntos (931.000 menos que en 2009), de los que estaban pendientes a finales de año 2.680.933 asuntos (545.000 menos que en 2009), según la Memoria del CGPJ. Un volumen ingente de casos para juzgar (el 75% de carácter penal, lo que indica una alta conflictividad social), cada vez más complejos, sobre todo los casos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción. Hay que decir que España tiene el doble de litigios que Europa (183,2 pleitos por 1.000 habitantes, frente a menos de 100 en la UE), algo que algunos atribuyen al carácter español, otros a nuestra organización económica y social, y bastantes al exceso de abogados (285 por cada 100.000 habitantes frente a 127 abogados en la UE-28).

Sea por lo que sea, hay muchos pleitos y pocos medios para la Justicia, menos con los recortes implantados por el Gobierno Rajoy desde 2012.Así, el gasto en Justicia es en España el 0,35% del PIB, frente al 0,50% en UE-28. Y se ha recortado, tanto en las autonomías (12 tienen las competencias de Justicia y afrontan dos tercios del gasto) como en el Estado, donde el Ministerio de Justicia ha perdido 331,42 millones en los últimos cuatro años (de 1.804,32 en 2010 a 1.472,90 en 2014). Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de los grandes países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia e incluso 166€ Portugal). Y hay cinco autonomías que gastan en Justicia casi la mitad que el conjunto de España: Navarra (38,2 € por habitante), Asturias (42,1€),  Galicia (45,8 €), Cantabria (47,9) y la Comunidad Valenciana (48,7€).

Falta Presupuesto y falta personal, desde funcionarios, peritos, secretarios judiciales a fiscales y jueces. Nada más llegar Rajoy al poder, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados). Y después, no se han cubierto jubilaciones (sólo 10%) ni convocado plazas. Así hay 5.211 jueces (2013), 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 19 en Europa (25 en Alemania, 19 en Portugal y 23 en Grecia), con lo que somos el cuarto país europeo con menos jueces. Y lo mismo en fiscales (5,3 por 100.000 habitantes). Por eso, la petición del sector es unánime: faltan jueces y fiscales, además del resto de personal judicial. Lo denunció incluso el Fiscal General del Estado en el Congreso, el 23 de abril: faltan medios legales, materiales y personales.

Y esta falta de medios se agrava en los casos de delincuencia económica (han crecido un 50% desde 2009) y corrupción (hay más de 1.600 casos abiertos, con unos 500 políticos implicados), sumarios muy complejos donde no sólo faltan fiscales y jueces sino sobre todo peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 juzgados, apenas puede hacer frente a 3.000 causas, de las que 77 son macroprocesos muy complejos (desde el caso Gürtel a la Operación Púnica, pasando por Bankia, Eurobank, Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico, Afinsa, Pescanova o el hijo de Pujol). Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar con sus informes.

Hace diez días, ante la indignación ciudadana por la corrupción, el Gobierno Rajoy aprobó crear 112 nuevas plazas (ojo: JpD dice que no son nuevas) de magistrados, 167 de jueces territoriales y 2 jueces más para la Audiencia Nacional (donde el “superjuez” Ruz, cargado de causas, lleva desde 2010 “en comisión de servicios” en el Juzgado nº 5, una plaza que debe salir a concurso). Pero es insuficiente. Habría que crear 815 plazas de jueces, según Jueces para la Democracia. Y muchas más de fiscal y personal judicial. Y aumentar el Presupuesto de la Justicia, volcándose en informatizar los Juzgados, en el expediente electrónico, un fracaso desde 2003: hay hasta 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Pero no es sólo cuestión de dinero y personal. Conseguir una justicia más ágil pasa también por cambios en la organización y la aplicación de la justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, las demandas de muchos afectados, como las preferentes y las clausulas suelo, múltiples demandas individuales que están colapsando muchos Juzgados. Las asociaciones de consumidores y muchos expertos critican que muchos jueces “tienen aversión a admitir a trámite acciones colectivas”, en unos casos porque estos “macrocasos”  les exigiría contar con jueces de apoyo que no tienen y en otros porque los jueces cobran complementos de productividad por el número de causas resueltas… Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan con retraso o se suspenden (un 9% de los juicios se suspenden en Cataluña sin aviso) y con vistas solo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Al final, los ciudadanos, las empresas y toda la economía pagamos el coste de tener una justicia lenta (hasta 39, 3 meses de duración en los Juzgados de lo Mercantil, 9 meses y más en lo Social,  7 meses en 1ª instancia y un año en el Supremo), cara (hasta 12.220 euros si se lleva al Constitucional una reclamación) e ineficaz: en España hay 3 casos pendientes por cada 100 habitantes, el país europeo con peores resultados tras Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE. Una Justicia que los españoles creen que funciona mal o muy mal (el 48% de los encuestados, según el barómetro del CIS de 2011) y a la que suspenden, con un 3,1 de nota (Módulo de Bienestar INE 2014).

En definitiva, pocas cosas funcionan tan mal como la justicia y los últimos datos confirman que el colapso de los juzgados es muy grave. No se puede esperar más. Hay que gastar más, poner más jueces, más fiscales y más personal especializado, volcarse en la informática y poner orden en la aplicación diaria de la Justicia, despolitizándola y facilitando a los españoles que defiendan sus derechos, reduciendo las tasas de Gallardón. Y darla medios para enfrentarse a la corrupción y los delitos económicos, cada vez más escandalosos. Se tardará, pero hay que empezar ya, porque tenemos una justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Y así no podemos seguir.