Durante la última crisis, tras la pandemia y durante la inflación disparada de 2022 y 2023, las empresas han conseguido aumentar sus ventas, márgenes y beneficios, según un reciente estudio elaborado por CCOO a partir de los datos incluidos en el nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales, creado por el Ministerio de Economía, la Agencia Tributaria y el Banco de España, con datos de cerca de 1 millón de empresas. El valor añadido (VAB) generado por los distintos sectores de la economía (valor de las ventas menos el de las compras) creció un +46,2% entre 2018 y 2023, un aumento inédito antes en nuestra economía: entre 2009 y 2015, el valor de lo producido se estancó (+0,14%), creció un 20% entre 2015 y 2018, con la recuperación, pero el valor añadido se duplicó con creces (+46,2%) en los últimos cinco años, a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania y la superinflación.
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jueves, 2 de mayo de 2024
1º Mayo: salarios pierden frente a beneficios
El 1º de Mayo es la oportunidad para cogerse un “macropuente”
y no una fecha reivindicativa. Pero podemos aprovecharla para analizar la
situación de los trabajadores, tras la pandemia y la superinflación. La
conclusión parece clara: quienes se han beneficiado de la última
crisis han sido las empresas, que han recuperado ventas,
márgenes y beneficios, mientras los trabajadores perdieron poder adquisitivo
y sus salarios crecieron la mitad que los márgenes empresariales,
según un estudio de CCOO. Y lo más importante: en el reparto del pastel de
la riqueza creada los últimos 15 años, los trabajadores han perdido peso,
ganándolo las empresas. Por eso, es hora de reequilibrar la
balanza y aprovechar estos mejores resultados empresariales para subir
ahora más los salarios en España, que siguen estando entre los más bajos
de Europa. Sin embargo, suben este año menos del 3%, menos
que la inflación. Es hora de un mejor reparto del pastel, no sólo
por justicia sino para lograr un crecimiento más equilibrado y sano. Enrique Ortega
Durante la última crisis, tras la pandemia y durante la inflación disparada de 2022 y 2023, las empresas han conseguido aumentar sus ventas, márgenes y beneficios, según un reciente estudio elaborado por CCOO a partir de los datos incluidos en el nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales, creado por el Ministerio de Economía, la Agencia Tributaria y el Banco de España, con datos de cerca de 1 millón de empresas. El valor añadido (VAB) generado por los distintos sectores de la economía (valor de las ventas menos el de las compras) creció un +46,2% entre 2018 y 2023, un aumento inédito antes en nuestra economía: entre 2009 y 2015, el valor de lo producido se estancó (+0,14%), creció un 20% entre 2015 y 2018, con la recuperación, pero el valor añadido se duplicó con creces (+46,2%) en los últimos cinco años, a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania y la superinflación.
¿Qué ha pasado, por qué el valor de lo que
ha producido las empresas ha crecido tanto, a pesar de la crisis? . Por un doble
efecto. Dos tercios de la mayor producción (del aumento del VAB) se debe a
la inflación, a que las empresas han trasladado a los precios finales sus
aumentos de costes. Pero otro tercio se debe también a que las empresas han
vendido más, a un aumento de la facturación entre 2018 y 2023, a pesar de la crisis.
Y eso ha pasado en todos los sectores, no sólo en la energía. De hecho, si
excluimos las empresas energéticas, el conjunto de empresas
españolas ha aumentado la producción generada (VAB: valor de las
ventas-valor compras) en un +35%, más que nunca en este siglo.
Si la facturación y las ventas han sido récord, también lo
han sido los resultados de las empresas españolas en el último quinquenio, a
pesar de las crisis. Así, los márgenes empresariales, el resultado bruto
de explotación (ingresos por ventas menos gastos por compras y costes de
personal) también han tenido un crecimiento récord, según el
Observatorio de Márgenes Empresariales: de 189.540 millones brutos
ganados en 2021 se pasó a 310.527 millones ganados en 2023, un
aumento del +63,8%, todo un récord histórico. Y aunque una parte de
estos extraordinarios resultados se deben a las empresas energéticas, si las
descontamos, los márgenes empresariales del resto de los sectores han aumentado
un +40,83% entre 2021 y 2023 (y
+25,7% sólo en 2023)…
Está claro que la inflación juega un papel clave en estos
buenos resultados empresariales, ya que se vende a precios más altos y eso sube
la facturación y los resultados. Pero si deflactamos los datos, si deducimos
el efecto de la inflación en este aumento del margen empresarial,
todavía subió un +35,8% entre 2018 y 2023. Y eso porque las empresas
consiguieron trasladar el aumento de costes a los precios y trasladárselo
a los consumidores y a la economía, provocando una inflación adicional,
como reflejan con claridad los datos
del Observatorio de Márgenes Empresariales (y como había
alertado el BCE).
Este positivo balance de las empresas, al conseguir
un aumento histórico de sus márgenes a pesar de la crisis, se ha concentrado
sobre todo en el 20% de las empresas analizadas, las más grandes, que
concentran el 91% del valor añadido (VAB) y el 98% de los márgenes empresariales,
consiguiendo una mayor rentabilidad por sus ventas, según los
datos del Observatorio de Márgenes Empresariales. Las actividades que
han salido mejor paradas de la última crisis, que más han conseguido mejorar
sus ventas y márgenes entre 2018 y 2023 son las actividades inmobiliarias
(su beneficio operativo sobre ventas fue del 32% en 2023), la energía
(24%), la hostelería (19%), la
agricultura (+12%) y el comercio (+11% de beneficio operativo sobre
ventas). La mejora de resultados se concentró en 2022 en la energía y en 2023
en los demás sectores.
Recopilando, las empresas españolas han aumentado
sus márgenes brutos (beneficio operativo tras restar compras y costes a la
facturación) un +63,8% entre 2018 y 2023, a pesar de las crisis, el
doble de lo que subieron los salarios (+29,8% en esos 5 años), según
destaca el informe de CCOO, a partir de los datos aportados por el
Observatorio de Márgenes Empresariales. Y eso porque los trabajadores no han
tenido fuerza para conseguir mayores aumentos de salarios en estos años, cuando
han perdido poder adquisitivo: entre 2018 y 2023, los salarios
crecieron un 4,75% por debajo de la inflación media.
Ya no se trata sólo de que las empresas mejoren su beneficio
operativo y los trabajadores no consigan con sus salarios compensar la
inflación. Es que, además, en el reparto de la producción que se crea año tras
año, las empresas han aumentado el trozo de pastel que se quedan y los
trabajadores llevan años reduciéndolo. Vayamos por partes.
Primero, veamos qué ha sucedido en los últimos 5 años.
El valor de la producción generada (Valor Añadido Bruto, VAB: valor
ventas menos valor compras) ha aumentado de 394.807 millones a 574.416 millones
(ese +46,2%) entre 2018 y 2023. Pues bien, dos tercios (el 67%) de ese aumento del pastel se ha ido
a aumentar los márgenes empresariales y sólo un tercio (el 33%) a mejorar los
salarios. Y como eso se viene repitiendo desde antes, el resultado es que las
empresas (beneficios empresariales) se llevan
ya más de la mitad de la producción generada (VAB): su cuota subió en
2023 al 54% del VAB total, frente al 48% que se llevaron en 2018 y al 45% en
2009. Y en contrapartida, los salarios se han llevado en 2023 un 46% del pastel
generado (VAB), frente al 52% en 2018 y al 55% en 2009.
A lo claro: que España ha mejorado lo que produce, pero
este crecimiento se lo han llevado más los beneficios empresariales que los
salarios de los trabajadores, que año tras año se llevan un trozo menor del
pastel, aunque crezca. Este es el trasfondo
de quien ha salido ganando y perdiendo de la penúltima crisis, la
de la pandemia y la alta inflación (como también sucedió, y con peores
resultados, tras la crisis financiera).
Tras este análisis, el
informe de CCOO señala que la excelente situación contable de las
empresas, con unos márgenes y beneficios históricos, es “un buen punto de partida
para subir los salarios sin riesgo a generar presiones inflacionistas”. Su idea
es que las empresas viven un gran momento de ventas y márgenes, un
fuerte dinamismo, que además está mejorando por otros factores que
ayudan: la electricidad y la energía sigue con precios bajos (lo
que rebaja costes), muchas materias primas se han abaratado y el BCE
va a reducir los tipos de interés a partir de junio, lo que debería
reanimar la actividad y la inversión. Por todo ello, insiste CCOO, las empresas tienen margen para asumir subidas de salarios.
Pero la realidad no apoya sus deseos. De hecho, los
sueldos están subiendo este año 2024 menos que en 2023, a pesar de estos
excelentes resultados empresariales: hasta marzo, los 8,4 millones de
trabajadores con convenio han pactado una subida media del +2,91%, inferior a
la subida de 2023 (+3,60%) y 2022 (+3,02%), según
Trabajo. Y una subida salarial inferior también a la inflación anual (+3,3%
en abril, según el INE). Así que, de momento, los trabajadores con convenio pierden
poder adquisitivo en 2024, tras perder un -8,66% entre 2021 y 2023.
Y si los sueldos suben este año en torno al 3% y la inflación
oscila entre el 2,7 y el 3% (como esperan el FMI y el Banco de España),
poco van a ganar de poder adquisitivo los trabajadores. Sobre todo, los 6
millones que no han firmado convenio. Y de los que han firmado, si la
inflación se dispara (por el petróleo, las guerras o nueva crisis),
sólo un tercio tienen firmada cláusula de revisión salarial.
A la vista del hecho, probado
por el Observatorio de Márgenes Empresariales, de que las empresas
han mejorado sus ventas, márgenes y beneficios, es hora de plantearse que
los salarios deben mejorar en España, porque las empresas tienen más “colchón”
para subirlos, a costa de una parte de sus márgenes, no a costa de
disparar otra vez la inflación. Hasta ahora, la estrategia de España
ha sido ser la China de Europa, competir fuera (exportaciones) y
dentro (ofertas “low cost”) gracias a tener unos sueldos de los más bajos
del continente. Los datos son claros: el sueldo por hora de los
españoles es 18,2 euros, frente a 24 euros de media en la UE-27,
31,6 euros en Alemania, 28,7 en Francia o 21,5 euros en Italia, siendo sólo
menores en Portugal (13,7) o Grecia (12,8 euros), según
Eurostat. Y ese dato mide sólo los sueldos en empresas de 10 y más
trabajadores, con lo que el sueldo medio real por hora, contando las microempresas, debe ser menor.
Además de ser sueldos muy bajos en el contexto europeo, los trabajadores
españoles llevan años con menores subidas de sueldos que el resto
de trabajadores europeos. Así, entre 2018 y 2023, el pago por hora trabajada ha
crecido un +27% en España y casi el doble en la media europea (+49%),
un +45% en Alemania, un +37% en Francia, un 35% en Italia o un 38% en Portugal,
según
Eurostat. Eso significa que si los sueldos suben menos y la inflación lo
mismo o más (en los últimos meses), los trabajadores españoles están
entre los europeos que más pierden poder adquisitivo, un -0,4 % desde el año 2.000, según
la OCDE.
Y además, esos son datos medios, porque la pérdida de poder
adquisitivo ha sido mayor
entre los trabajadores que menos ganan, que en España son demasiados. Así,
aunque el sueldo medio bruto en España sea de 2.128 euros mensuales (1.800
euros netos), según el INE,
un 30% de los asalariados ganan menos de 1.440 euros brutos (1.224
netos) y otro 40% gana entre 1.440 y 2.373 euros brutos (entre 1.224 y 2.000 euros netos). Así que un
70% de trabajadores tienen sueldos más bajos que la media, sobre todo mujeres
y jóvenes (que ganan de media 1.005,21 euros al mes en 12 pagas, según
el Observatorio de la Juventud).
Tener los salarios mucho más bajos que el resto de
Europa puede ayudar a las empresas a competir (deberían competir por
producto y calidad, no sólo por costes), pero tiene dos graves
consecuencias. Una, que afecta muy negativamente a muchas familias,
que no pueden llegar a fin de mes. De hecho, casi la mitad de las
familias (46,4%) tienen problemas: un 8,9% llegan a fin de mes “con mucha
dificultad”, otro 12,7% llegan “con dificultad” y un 24,8% más llegan a fin de
mes “con cierta dificultad”, según la Encuesta de
Condiciones de Vida 2023. Y otra
Encuesta de la OCU eleva al 63% las familias “con dificultades para llegar
a fin de mes”. Esto es un riesgo para la economía, porque si los trabajadores y
sus familias no pueden consumir, se retrae uno de los motores del crecimiento y
el empleo.
Así que este 1º de Mayo tiene todo el sentido relanzar
el debate de los salarios, defender que las empresas que pueden (sobre todo
las más grandes y rentables) deben subir más los salarios de sus
trabajadores, para sostener el consumo y la actividad, siempre que en
contrapartida se trate de mejorar la productividad. Una
productividad que mejoraría si suben los salarios, porque 4 de cada 10
trabajadores se consideran mal pagados, según una Encuesta
del Instituto 40dB para El País publicada en enero pasado.
Cara a lo que queda de 2024, el dilema es
claro: o los salarios se moderan (como proponen las subidas ofrecidas
por la patronal) o las empresas moderan sus márgenes y beneficios, para
poder subir algo más los salarios (el 4% y más) sin que repunte la inflación. Es
lo que llaman un
“Pacto
de rentas”, algo de lo que no quieren hablar la patronal y la
derecha. Por eso, otro año más, intentan “moderar” los salarios para no
“moderar” los beneficios. Una opción que no sólo es injusta socialmente,
sino también perjudicial para la
economía: necesitamos que
el consumo familiar siga tirando de la
economía, para que no se frenen el crecimiento y el empleo. Y eso será difícil si los sueldos crecen el 3% o
menos, como muchos proponen. Así que las
empresas deberían pagar salarios más altos (aunque ganen menos) para vender más y que la economía crezca en
2024. Si no, la economía se desinflará y todos perderemos. Un debate para este 1º de mayo.
Durante la última crisis, tras la pandemia y durante la inflación disparada de 2022 y 2023, las empresas han conseguido aumentar sus ventas, márgenes y beneficios, según un reciente estudio elaborado por CCOO a partir de los datos incluidos en el nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales, creado por el Ministerio de Economía, la Agencia Tributaria y el Banco de España, con datos de cerca de 1 millón de empresas. El valor añadido (VAB) generado por los distintos sectores de la economía (valor de las ventas menos el de las compras) creció un +46,2% entre 2018 y 2023, un aumento inédito antes en nuestra economía: entre 2009 y 2015, el valor de lo producido se estancó (+0,14%), creció un 20% entre 2015 y 2018, con la recuperación, pero el valor añadido se duplicó con creces (+46,2%) en los últimos cinco años, a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania y la superinflación.
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lunes, 29 de abril de 2024
EPA marzo 2024: "bache" en el empleo
Se ha repetido lo del año pasado: en el primer trimestre de
2024 “pinchó” el empleo, perdiéndose -139.700 ocupados, la mayor caída desde
2020, según la EPA del viernes. Y eso, aunque la Semana Santa se celebró en marzo. El
empleo cayó en los servicios y entre las mujeres, mejorando entre jóvenes y
mayores de 50 años, en Madrid , Canarias y el norte. Y sube el paro, rozando
los 3 millones de desempleados, con un tercio que no cobra nada (tras
paralizar Podemos la reforma del desempleo). Parece que el menor crecimiento está
retrayendo al empleo, lo que exige activar Planes de
contratación y, sobre todo, reformar las oficinas de empleo (dependientes
de las autonomías) , que no funcionan: sólo recolocan al 1,9% de los parados. Urge
poner en marcha la Agencia Española de Empleo y ayudar a empresas y
parados a encontrarse. Porque seguimos con el doble de paro que Europa,
aunque tengamos un récord de españoles trabajando (21,25
millones). Todos por el empleo. Enrique Ortega
El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Por eso, entre enero y marzo de 2023 se perdieron -11.000 empleos, en el primer trimestre de 2022 otros -100.200 empleos, -137.500 al inicio de 2021 y hasta -285.600 empleos perdidos al inicio de 2020 (por la pandemia). Pero este año, la Semana Santa ha caído en pleno marzo (algo que no pasaba desde 2018) y se esperaba que el récord de viajes y turismo rompiera la tendencia y mejorara el empleo. Pero no ha sido así: se perdieron –139.700 empleos entre enero y marzo de 2024, según la EPA publicada el viernes, la mayor caída de empleo en el primer trimestre desde 2020.
El empleo cayó sobre todo en el sector privado (-114.100
empleos) y menos en el sector público (-25.600 empleos), bajando en la industria (-38.500 empleos),
agricultura (-27.600) y construcción (-17.500), pero sobre todo en los servicios
(-56.100 empleos), a pesar de la Semana Santa, según la EPA. La pérdida
de empleo la sufrieron más las mujeres (-86.800 ocupadas) que los hombres (-52.900 ocupados) . Y cayó sobre
todo entre los ocupados de mediana edad (entre 35 y 50 años se perdieron
150.200 empleos), mientras crecía el empleo entre los más jóvenes (+29.400
ocupados menores de 24 años) y, sobre todo, entre los mayores de 50 años
(+31.500 ocupados en el primer trimestre). Y por autonomías, el empleo cayó sobre
todo en el País Vasco (-39.200), Comunidad Valenciana (-34.900), Andalucía
(-24.700) y Baleares (-23.100), mejorando en Madrid (+44.700 ocupados), Canarias
(+9.800), Cantabria (+6.500) y Asturias (+6.600), destinos de muchos viajes en
Semana Santa.
Con esta caída del empleo en el primer
trimestre de 2024, ahora trabajan en
España 21.250.000 personas, la cifra más alta de la historia, según el INE. Trabajan ahora
en España 615.800 personas más que hace
un año y hay 1.283.100 ocupados más
de los que había antes de la pandemia
(19.966.900 trabajaban a finales de 2019), a pesar de la posterior crisis por
la inflación y la guerra de Ucrania. Y ya hay casi 10 millones de mujeres
trabajando (9.857.000 a finales de marzo, un récord histórico en España (baste recordar que había 8.214.700
mujeres trabajando en
marzo de 2007).
Esta caída del empleo al inicio de 2024 (-139.700 ocupados) ha facilitado que suba el
paro en el primer trimestre (+117.000 parados), aunque menos, porque
han caído los españoles “activos”, las personas que buscan trabajo
ahora, tras la pandemia y la crisis por la inflación: se redujeron en -22.400 en el primer trimestre de 2024 (frente a un
aumento de +92.700 al inicio de 2023) , suavizando
algo las cifras de paro, según la EPA. Se ha roto
así al inicio de 2024 un proceso que se repetía trimestre a trimestre: aumentan
las personas que buscan trabajo. Y ya hay más adultos “activos” (buscando
trabajo o trabajando) que antes de la pandemia: 24.297.900 personas frente a
23.064.100 a finales de 2019. Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo que hasta ahora:
el paro bajará menos de lo que sube el
empleo.
La cifra total de desempleados
roza
los 3 millones (2.977.900 en el primer trimestre), la más baja en España desde 2007 (1.942.000 parados entonces), según el INE. Y la tasa
de paro española sube al 12,29 % (desde el 11,76% a finales de 2023),
aunque es la menor desde 2008 (13,79% de paro), aunque sigue duplicando
la tasa de paro europea (6% en
febrero) y la de los principales paises de la UE, como Francia (7,4% de paro),
Italia (7,5%) y sobre todo Alemania (3,2% de paro, la cuarta parte que
España).Y sigue muy elevada la tasa de paro
juvenil (menores de 25 años): el 27,7
% de los más jóvenes están en paro, el
doble que en Europa (14,6% de paro juvenil) y más que en Francia (17,2),
Italia (22,8%) y Alemania (5,8% de paro juvenil, la quinta parte que en
España), según
Eurostat.
Los datos
de paro, aunque casi al nivel de 2007, revelan tres cuestiones
preocupantes. La primera, que todavía hay 977.900 hogares con todos sus
miembros en paro (35.300 hogares menos que antes de la pandemia). La
segunda, que España sigue con 6 regiones que tienen una tasa de paro
“escandalosa”: Melilla (32,44% de paro), Ceuta (28,99%),), Andalucía (17,77%),
Extremadura (17,61%), Castilla la Mancha
(15%) y Canarias (14,88% de paro), según la EPA de hoy. Y hay otras 6
regiones con un paro “europeo”, por debajo del 10%: Cantabria
(7,53%), País Vasco (8,44%), Aragón (8,94%), Cantabria (9,29%), Aragón (8,04%),
País Vasco (8,53%), Navarra (8,82%), Madrid (9,19%) y Cataluña (9,48%). Y la
tercera cuestión preocupante, los parados de larga duración: aumentan
ligeramente (+5.500) los que llevan más de 1 año sin trabajo: son ya 1.146.000
parados, el 38,48 % de todos los parados.
Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo
y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En
febrero de 2024, último dato de Trabajo, cobraban
alguna ayuda 1.893.595 desempleados: menos de la mitad (el 46,2%)
cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado), de 984,60 euros de
media, y el resto (un 53,58%) cobraban un subsidio asistencial, de 480 euros
mensuales. Así que, solo el 69,44% de los parados registrados en el
SEPE (2.727.003
en marzo) cobran algún subsidio. Y si tomamos los parados estimados
por la EPA de hoy (2.977.900 parados), la cobertura del desempleo alcanza sólo
al 63,58%. Eso significa que algo más un tercio de los parados (el 36,42 %)
no cobra ninguna ayuda pública, cuando antes de la pandemia, en 2019, eran un
38,5% los parados que no cobraban nada. De hecho, CCOO
denuncia que un 35% de los parados inscritos en el SEPE con experiencia
laboral no cobran ninguna ayuda pública por desempleo (y un 41% si se suman los
parados que nunca han trabajado).
Mientras el empleo pasa por un "bache", al
comienzo de 2024, la mejor noticia sigue siendo que el empleo que
se crea sigue siendo menos precario, de más calidad, gracias a la
reforma laboral aprobada a finales de 2021. En este primer trimestre de 2024, el
44,5% de todos los contratos firmados fueron indefinidos (1.535.000 de 3.446.500),
según
Trabajo, un porcentaje que mejora los de 2023 (42,87% contratos
fueron indefinidos) y 2022 (38,37% de indefinidos), pero que
cuadruplica los contratos indefinidos de 2021 (10,9%) y multiplica por 6
los contratos indefinidos que se firmaban entre 2014 y 2020 (entre
el 6 y el 8% del total), según los datos de Trabajo. Y además, de cada 3
contratos hechos este primer trimestre, 2 son a tiempo completo (2.014.200)
y 1 a tiempo parcial (983.500). Con ello, aumentan los asalariados con
contrato fijo (indefinido): eran 15.226.800 asalariados a finales de marzo, el
84,3% del total, 2.561.000 trabajadores fijos más que antes de la
reforma laboral (había 12.665.800 asalariados fijos a finales de 2021, el
74,61% del total). Y el porcentaje de trabajadores temporales baja del
25,39% al 13,84% ahora, ahora más bajo que la media de temporalidad en Europa (14,60%
en 2023), según
Eurostat.
Otro dato importante: España no solo sigue creando empleo,
más que la mayoría de Europa (+616.000 empleos en 2023, más que los
371.000 nuevos empleos de Alemania y los 196.000 de Francia juntos,
según
Eurostat) sino que está reduciendo la economía sumergida, ya
que aumentan más los cotizantes a la Seguridad Social que los ocupados.
Así, en marzo de 2024 había 21.032.661
afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta de la historia y
530.843 cotizantes más que un año antes. Y otra cuestión positiva a
destacar: el aumento de la afiliación se está dado en
sectores claves y de alto valor añadido, que crean un
empleo estable y de calidad. Así, 1 de cada 5 nuevos afiliados desde 2019 se
han registrado en actividades profesionales, científicas y técnicas (+179.920
afiliados) y en tecnologías de la información y la comunicación (+151.230
afiliados), que ya han creado más empleos que sectores “clásicos” como la
construcción (+132.254 afiliados), la hostelería (+126.906 afiliados) o el
transporte y almacenamiento (+114.244 afiliados).
Todos los expertos, desde la Comisión Europea al Banco
de España, destacan que España sigue creando mucho empleo aunque la
economía crezca menos (el FMI prevé que crezcamos un
1,9% este año, frente al 2,4% en 2023), debido al tirón del turismo, a la
ayuda de las exportaciones y al mantenimiento del consumo, empujados por un
aumento de la población derivado del flujo de inmigrantes. Pero hay que
apoyar este “milagro” del empleo (y más tras el bache del primer
trimestre) con medidas para mantener el consumo (los salarios
deben subir más, porque están
creciendo por debajo del 3%, menos que la inflación, ahora en el 3,2%) y,
sobre todo, con medidas para incentivar la contratación de parados, sobre todo
de mayores, jóvenes y mujeres. Porque no olvidemos que en España trabajan
menos personas que en Europa (el
65,7% de los adultos frente al 70,4% en la UE-27 y el 77,3% en Alemania) y si nos
equiparáramos, debería haber 2 millones de personas más trabajando.
Para conseguirlo, hay que seguir reformando y
modernizando la economía, para fomentar la tecnología, la industria y
los sectores con futuro, pero sobre todo, hay que cambiar radicalmente la
gestión del desempleo. En dos sentidos. Por un lado, reformando el seguro
de paro, para conseguir que la mayoría de los parados cobren un subsidio ligado
a mejorar su formación y a encontrar empleo. Era lo que pretendía la
reforma aprobada en 2023 por el Gobierno y que no se ha puesto en marcha
por el bloqueo
parlamentario de Podemos. Y por otro, reestructurando a fondo las oficinas
de empleo, el SEPE, para que sea realmente una “agencia de colocación”, algo
que llevan años pidiendo los empresarios y los sindicatos. En marzo de 2023
entró en vigor la nueva Ley de Empleo, pero no se
ha creado todavía la prometida Agencia Española de Empleo que
sustituirá al SEPE.
Y entre tanto, la gestión pública del desempleo (en
manos de las autonomías) sigue
siendo un desastre: las oficinas del SEPE sólo
consiguieron recolocar al 1,9% de los parados en 2023, el
porcentaje más bajo desde 2015, siendo más bajo en Cataluña, Comunidad
Valenciana, Murcia, Galicia, Canarias, Madrid y Baleares. Y eso a pesar de que
el Gobierno central les
transfirió a las autonomías 2.800 millones para políticas activas
de empleo, un dinero que no se sabe cómo se ha gastado (suponiendo que no
haya ido a otros destinos, como ha pasado con el dinero para
Dependencia o Sanidad. Al final, hace ya años que nos “vendieron” que se
iba a personalizar la recolocación de los parados, ayudando a cada uno
a encontrar trabajo, pero no se hace, por falta de personal, medios y voluntad
política. Y así seguimos, con 2,8 millones de desempleados y casi el
doble de paro que el resto de Europa.
Tras el “bache del empleo” en el primer trimestre,
urge
reforzar la contratación, promoviendo la formación de los parados y
de los nuevos estudiantes y licenciados para que consigan trabajar y no pase
que hay empleos sin cubrir. Hay que actuar en cada autonomía y en cada ciudad,
para saber los empleos que hacen falta y cómo cubrirlos, como ayudar a
los parados a recolocarse, uno a uno, divulgando más las ofertas y demandas.
Hay que olvidarse del triunfalismo de que estamos en niveles récord de empleo y
profundizar en la contratación, en reducir las desigualdades de paro entre
norte y sur, entre profesiones y edades, entre hombres y mujeres,
consolidar y afianzar la mejora del empleo. Día a día. Porque el paro
es la
1ª preocupación de los españoles. No lo olviden.
El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Por eso, entre enero y marzo de 2023 se perdieron -11.000 empleos, en el primer trimestre de 2022 otros -100.200 empleos, -137.500 al inicio de 2021 y hasta -285.600 empleos perdidos al inicio de 2020 (por la pandemia). Pero este año, la Semana Santa ha caído en pleno marzo (algo que no pasaba desde 2018) y se esperaba que el récord de viajes y turismo rompiera la tendencia y mejorara el empleo. Pero no ha sido así: se perdieron –139.700 empleos entre enero y marzo de 2024, según la EPA publicada el viernes, la mayor caída de empleo en el primer trimestre desde 2020.
Volviendo al paro,
ha subido en +117.000 personas en el primer trimestre, una
subida mayor a la de comienzos del año pasado (+103.800 parados) y a la del
primer trimestre de 2022 (+70.900 parados), siendo superada sólo por el aumento
del paro al inicio de 2020, por la pandemia
(+121.000 parados), según
la EPA del viernes. El paro ha subido el
doble entre los hombres (+77.500
parados, 1.408,7 en total ) que entre las mujeres (+39.400 paradas, 1.569.200 en total) 0000000
paradas), un síntoma claro de que hay más mujeres buscando trabajo (activas). Y
por edades, el paro crece sobre todo
entre los mayores (+106.600 parados entre 25 y 54 años y +26.500 entre los
mayores de 50 años), mientras se reduce el paro juvenil (-16.100 parados
menos de 24 años) . El paro subió sobre todo en los servicios (+128.600). Y por autonomías, el mayor aumento del paro se dio en Baleares (+28.300
parados), Castilla la Mancha (+27.400), País Vasco (+22.100) y Galicia
(+16.700), bajando el paro en el primer trimestre en Canarias (-14.500) y
Madrid (-14.100 parados.
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jueves, 25 de abril de 2024
Crece la "brecha" entre paises ricos y pobres
La gente no quiere leer sobre la pobreza (“no
vende”). Por eso, los medios han escondido esta reciente noticia: la
“brecha” entre los paises ricos y pobres se ha agrandado entre 2020 y 2024,
por primera vez en este siglo, según el Banco Mundial, por la pandemia,
la inflación, los conflictos y la subida de tipos. En paralelo, el Banco
Mundial lanza otra alerta: será “poco probable” cumplir
con el objetivo de acabar con la pobreza para 2030: los 700 millones
de pobres actuales sólo bajaran a 600 millones. Pero creen que todavía se
puede “cambiar el rumbo” y reducir la pobreza de los 75 paises más
afectados (la mitad en África y el resto en Asia y América). Por un lado, estos
paises tienen que reformar drásticamente sus economías, como hicieron
China, India o Corea (antes pobres). Pero es clave la ayuda del resto,
con inversiones y préstamos, ayudándoles a reestructurar su deuda y a afrontar
el cambio climático. No miremos para otro lado.
La cuarta parte de la humanidad (1.900 millones de
personas) vive en 75 paises pobres, cuya situación económica y
financiera es tan precaria que son los únicos paises del mundo que reciben
subvenciones y préstamos a bajo interés del Banco Mundial (BM). Son los
llamados “paises AFI” (porque reciben esa ayuda financiera de la Asociación Financiera
Internacional (BM). Más de la mitad de estos 75 paises AFI, los más
pobres, se encuentran en el África subsahariana (39 paises),
otros 14 paises se encuentra en Asia oriental (principalmente pequeños
estados insulares, otros 8 son paises de América Latina y el Caribe
(Nicaragua, Honduras, Haití, Guyana y varios estados insulares) y el resto son
pequeños paises de Asia central y meridional y de Oriente Medio (ver listado).
Los datos
que aporta este Informe son muy preocupantes. Uno de cada tres paises
AFI (o sea, 25 paises) es más pobre hoy que en 2019, antes de la
COVID. La tasa de pobreza extrema es más de 8 veces superior a la media del
resto del mundo: 1 de cada 4 personas de los paises AFI (475 millones de
habitantes) sobreviven con menos de 2,15 dólares al día (2 euros). Y en
31 paises AFI, los ingresos per cápita son menores a 1.315 dólares anuales
(3,60 dólares diarios, 3,38 euros al día). Además, el 92% de las
personas que padecen hambre o malnutrición viven en esos paises. Y la
mitad de estos paises pobres se encuentran en situación de sobreendeudamiento o en
grave riesgo de padecerlo, un pesado lastre para su futuro.
Este débil crecimiento y los problemas económicos y
geopolíticos de los últimos años han acrecentado
las debilidades que estos paises pobres ya tenían antes , lastrando
su desarrollo económico, social y político. Además, estos países son los que
más han sufrido (y sufrirán) las consecuencias negativas del cambio
climático: en la última década, los daños por fenómenos climáticos en
infraestructuras y cosechas se han duplicado. Y tampoco les ayuda el aumento
de la violencia y los conflictos, en sus paises o en la región: 33 de
los 75 paises AFI son Estados afectados por conflictos bélicos, políticos o
sociales. Por todo ello, el Banco
Mundial titula
su informe como “La Gran Regresión” y teme que los años 20 de
este siglo sean “una década perdida para el desarrollo”.
El problema además es que estos paises pobres se han
estancado unos años en que lo han hecho también todas las economías
: el crecimiento de la economía mundial bajó del 6,2% en 2021 al 3% en
2022, el 2,6% en 2023 y un 2,3% esperado para 2024, lo que supone el menor
crecimiento de la economía mundial en las últimas 3 décadas, según
el informe de enero del Banco Mundial . Eso provoca que los paises ricos
y en desarrollo tengan menos potencial para ayudar a los paises pobres, por
varias vías, entre ellas las inversiones y préstamos, que se han
frenado. Y con la crisis, todos han reducido su ayuda al desarrollo y los
proyectos de cooperación, lo que dificulta la lucha contra el hambre.
Analicemos más en detalle la deuda y el hambre en los paises pobres.
La abultada deuda externa es uno de los problemas
estructurales de los paises pobres, que se agrava con la subida de tipos y con
la reducción de inversiones y préstamos de los paises ricos. De hecho, la
deuda de los 75 paises más pobres ha crecido en los últimos años,
mientras la reducían las economías avanzadas, que se han ”desendeudado”. Así, el
país más endeudado del mundo es Sudán, con una deuda que supone el
280% de su PIB, muy por delante de la de Japón (254%), Italia (159%), Grecia
(158%), EE. UU. (123%), Maldivas (121%), Cabo Verde (112%), Francia (111%), Barbados (107%),
Bélgica (105%), Reino Unido (104%) o España (106%), según el Banco Mundial. Y
después les siguen en el ranking de más endeudados República Dominicana
(98,7%), Egipto (96,4%), Bolivia (86,7%), El Salvador
(84,4%), Gabón (73% PIB) y Angola (70,3%).
El otro problema estructural es el hambre, una
epidemia en los 75 paises AIF, que apenas se ha reducido en los últimos años,
por la menor renta per cápita. En todo el mundo hay 700 millones de personas
en situación de pobreza extrema, viviendo con menos de 2,15 dólares al día
(2 euros), según el último
dato del Banco Mundial. El 60% de estas personas en pobreza extrema
(pasando hambre) están en África subsahariana y más de la mitad son niños.
Lo que ha pasado es que, entre 2020 y 2023 se han frenado los avances en la
lucha contra la pobreza extrema y el hambre, por primera vez en décadas, y hay
122 millones de hambrientos más que en 2019. El Banco
Mundial lanzó en octubre otra alerta: es “poco
probable” que en 2030 se cumpla el Objetivo de Desarrollo y se suprima
el hambre en el mundo. Habrá
600 millones en pobreza extrema en 2030.
A pesar de este negro panorama, el informe del Banco
Mundial dice textualmente que “todavía se puede cambiar el rumbo”.
Por dos vías. Una, con cambios drásticos en los paises pobres,
que tienen un gran potencial: mucha población joven, numerosos
recursos naturales y minería y un tremendo potencial energético (energía solar,
eólica e hidráulica). Eso sí, necesitan mejorar la educación, la sanidad y las
infraestructuras para aprovechar este potencial. Pero pueden hacerlo. Y el
Banco Mundial pone el ejemplo de China, India y Corea, tres
paises que en su día fueron pobres y ahora son economías fuertes. Pero para
conseguirlo, necesitan una reforma a fondo de su política fiscal y
monetaria, aprovechar las oportunidades comerciales, luchar contra la
corrupción y mejorar sus estructuras políticas y sociales. Pero para todo
ello, hay que avanzar en otra vía, la ayuda de los paises
desarrollados.
Los paises ricos y en desarrollo necesitan
comprometerse con los países pobres con inversiones, préstamos y asesoramiento.
En los últimos años, tras la pandemia, la mayoría de los paises ricos y en
desarrollo se han replegado del Tercer Mundo, recortando
inversiones, préstamos y compras. A principios de abril, el
subsecretario del Tesoro USA expresó su preocupación porque los acreedores
privados y públicos se hayan alejado de los paises AIF (pobres), advirtiendo
a China y a otros acreedores emergentes que “no pueden reducir sus
préstamos a paises pobres justo cuando el FMI, el BM y otros bancos
multilaterales están inyectando más fondos”. Es hora de renegociar la
deuda (tipos y plazos), prestar más y destinar más inversiones a
proyectos en paises pobres. Y sobre todo, ayudarles a invertir en energías
limpias porque ellos solos no pueden hacerlo: crear
ese Fondo de 100.000 millones de dólares del que se habla en cada Cumbre
del clima.
“El mundo no puede permitirse dar la espalda a los
paises AIF”, dijo
la semana pasada en Washington el economista jefe y vicepresidente del
Banco Mundial, Indermit Gill. Y no sólo por humanidad y por justicia,
también por “egoísmo económico”: “La historia deja claro que cerrar las
brechas de renta y desarrollo entre las naciones más pobres y las más ricas
beneficia a todas las economías”, señala
el Banco Mundial. Porque si estos 75 paises más pobres mejoran y se
reduce la brecha con los ricos, todos saldremos ganando en
crecimiento, comercio, inversiones, empleo, con menos guerras, tensiones y
conflictos.
Ahora que parece que cada país y cada continente se cierran
sobre sí mismos, es el momento de coordinar esfuerzos, de aunar
fuerzas y reforzar las instituciones internacionales, para reducir el
hambre, la pobreza y la desigualdad entre paises. Hasta ahora habíamos reducido
la brecha entre ricos y pobres, pero ahora hay más desigualdad global.
Hay que atajarla entre todos.
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lunes, 22 de abril de 2024
Se dispara el seguro del coche
Si ha renovado su seguro de automóvil en los últimos
meses, habrá visto que la cuota se ha disparado, con una subida media del
25% anual. Y si le toca renovarlo próximamente, sepa que continuará la subida,
del 15 al 20% en 2024. Las aseguradoras lo justifican en que
ahora hay más movilidad y más siniestros, más vehículos y que ha subido mucho
el coste de las reparaciones y de las indemnizaciones. Además, un 9% de
los asegurados defraudan y lo pagamos el resto. Ahora, las aseguradoras
han cambiado de estrategia y ya no se enfangan en una “guerra de precios”,
como en 2021 y 2022, sino que vigilan mucho más sus cuentas y costes, tratando
de “quitarse” (con mayores subidas) a los clientes que no les
interesan por su mayor siniestralidad : jóvenes y moteros. Es hora
de que también los clientes analicemos el seguro de coche y moto que
tenemos, para no pagar coberturas de más que no usamos. Y para estar
bien cubiertos. Enrique Ortega
El seguro del automóvil es el seguro más contratado, dado que es obligatorio: había 33.404.417 vehículos asegurados al cierre de 2023, casi medio millón más que un año antes (+1,51%), según el fichero FIVA. Con ello, se estima que un 79% de los hogares españoles tienen una póliza de seguro de vehículos, por la que las aseguradoras ingresaron 12.108 millones de euros en 2023, un 6,63% más que en 2022, según UNESPA. Así, la recaudación por el seguro de automóvil recupera el bache de la pandemia y las compañías ingresan un 7,1% más que en 2019 (11.307 millones). Y la prima media se sitúa en 362 euros por asegurado, aunque la mayoría paguemos mucho más.
Lo más llamativo del seguro de automóviles es que ha
disparado sus precios, sobre todo en 2023, no sólo para las nuevas pólizas
sino para la revisión de las antiguas. La prima media del seguro
del coche subió un +25% en 2023, según
el portal Kelisto.com: pasó de 627 a 785 euros (+158 euros en un año),
siendo marzo y agosto los meses de mayores subidas. El mayor aumento de primas
se ha dado en las pólizas a todo riesgo, que subieron un +41,7%% (de
1.697 a 2.405 euros de media). Las pólizas a terceros ampliadas subieron un +15%
(de 440 a 506 euros) y las pólizas a terceros subieron otro +14,4% (de
361 a 413 euros), según el sondeo de Kelisto.com.
Los datos del INE dan una subida mucho menor en el
seguro del automóvil: +6,5% anual en marzo de 2024 (último IPC publicado),
aunque es el doble de la subida global de los precios (+3,2% anual). Pero es una
subida del seguro que casi triplica la que reportaba el INE en marzo
de 2022 (+2,5% anual) y muy superior a las de los años anteriores (en
2021, tras la pandemia, el INE (IPC) señalaba que los seguros del automóvil bajaron
un -1,3%, tras una mínima subida del +1,7% en 2022).
Sea la subida del +25% ( Kelisto.com) o del 6,5% (INE),
lo que está claro es que el precio de los seguros sube mucho más que la
inflación y que nuestros sueldos o pensiones. Las aseguradoras no dan
cifras de subidas, pero las
justifican con varias causas. La primera, que hay más coches
circulando y que ha aumentado la movilidad de esos
vehículos tras la pandemia, aumentando los desplazamientos y los siniestros.
La segunda, que han aumentado mucho los costes de las reparaciones en
los talleres, tanto por el encarecimiento de los recambios como por el mayor
coste de la mano de obra y la energía. Y también se han encarecido los baremos
de los hospitales e indemnizaciones. Y alegan un tercer factor, del que
se habla poco: el aumento del fraude en los seguros de automóviles.
El dato del fraude en el seguro del automóvil es
impactante: en el 9% de los partes hay un intento de fraude, según
el VII Barómetro del Fraude en Seguros de Auto y Hogar, elaborado por la
aseguradora Linea Directa con datos de partes de 2022 y 2023. Ese estudio
revela un tremendo aumento del fraude en el seguro del automóvil, ya que ese 9%
multiplica por 5 el fraude estimado en 2009. El perfil del
defraudador, según el estudio es un hombre, de menos de 30 años,
desempleado o con trabajo precario, aunque en los últimos dos años han
aumentado los defraudadores de más de 40 años que buscan “ingresos extras”. Las
estafas más corrientes, que ahora se detectan mejor
gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA) son tratar de incluir
daños antiguos en los partes, lesiones falsas y acuerdos entre conductores para
dar partes, a veces por medio de “mafias organizadas”. Aunque el
importe medio de la estafa detectada ha bajado (de 1.300 euros por siniestro
en 2017 a 790 euros en 2023), las aseguradoras reconocen que este creciente fraude
lo
acabamos pagando el resto de los asegurados, encareciendo nuestra
prima para compensarlo.
Así que, ante este panorama, las aseguradoras de vehículos
han tomado dos caminos. Por un lado, repercutir el aumento de costes
en las primas, para tratar de que les salgan las cuentas, olvidándose
de la “guerra de precios” que protagonizaron entre 2020 y 2022. Ya no se
trata de coger clientes a cualquier precio, sino de pensar en la cuenta de
resultados. Y por eso, la mayoría siguen el otro camino: “filtran”
clientes, subiendo más la prima a los clientes que no les interesa, los
que no les salen rentables, por su potencial de alta siniestralidad : conductores
jóvenes y moteros (donde se han concentrado los accidentes).
Y ahora, la mayoría avanza por estos dos caminos (subir
tarifas y “filtrar” a los clientes más costosos), lo que pueden hacer más
fácilmente porque el seguro del automóvil es un sector muy concentrado,
donde las 5 grandes aseguradoras controlan dos tercios de las pólizas.
El
ranking de 2023 lo encabeza Mapfre, con 2.318 millones en primas
(19,14% de cuota), seguida muy de cerca de Mutua Madrileña, con 2.018
millones en primas (16,67% de cuota), la aseguradora del automóvil que
más crece (+11,68% en 2023). El tercer puesto lo ocupa Allianz, con
1.450 millones en primas (11,98% cuota), seguida de Generali más Liberty,
con 1.097 millones facturados (9,06%) y Grupo Axa, con 1.012 millones en
primas (8,35%). En 6º lugar del ranking figura Linea Directa (6,54% cuota),
seguida de GCO (5,70%), Reale (5,01%), Zúrich (3,31%) y Grupo Helvetia (2,84%).
En este año 2024 han seguido las subidas del seguro
de automóviles. En enero, Kelisto.com detectó una
subida del +26% anual en estos seguros. Y a finales de marzo, la
subida media de las nuevas pólizas era del +14%, según
el comparador Avant2 Sales Manager: +19,4% para los seguros todo riesgo,
+3,2% para los todo riesgo con franquicia y +14,65% para los seguros a
terceros. Y los expertos creen que los que renovamos el seguro este año
tendremos una
subida media del +15 al +20%,
que se suma a la fuerte subida de 2023. Eso sí, como la mayoría de compañías
no informen con antelación de la subida de su póliza, conviene que los
asegurados estén atentos a la fecha en que les sube la prima, porque si
piensan en darse de baja y cambiar de seguro, han de comunicárselo a su seguro
con un mes
de anticipación y por escrito (carta o burofax).
Por eso, quizás sea el momento de buscar el último recibo,
ver cuando se va a revisar la prima y decidir
si se renueva o no y en qué condiciones. Porque la mayoría no conocemos el
alcance y las coberturas del seguro de automóvil que tenemos, donde en
muchos casos pagamos de más por coberturas que no usamos. Así, por
ejemplo, un coche viejo o un conductor joven no deberían contratar un seguro
a todo riesgo sino a terceros o, si puede pagarlo, un seguro con
franquicia, que es más barato que el todo riesgo normal. Y lo mismo el
resto de coberturas, como la de robo si el coche está en garaje (baja el
riesgo). Y a la hora de comparar
precios, exija que le concreten el precio final, porque a veces las tarifas
que aparecen en los comparadores de Internet no reflejan el verdadero precio
final. Además, puede ser muy recomendable concentrar los seguros,
tener el coche asegurado en la misma compañía donde tiene el seguro de hogar o
de vida, pudiendo negociar alguna rebaja.
Entre tanto, las
aseguradoras se han lanzado a
vender seguros básicos del automóvil por Internet, donde vender 4,5 veces más
de pólizas que por otros canales, sabiendo que es una vía de entrada de
clientes que luego tendrá que filtrar con su historial de siniestralidad. Y
también buscan más clientes a través de las telecos y de los bancos, que buscan
con ello diversificar su negocio y conseguir comisiones. En cualquier caso, en
2024,
las aseguradoras van a ser muy prudentes, buscando más la
rentabilidad que crecer en clientes, intentando en paralelo que se vayan
los asegurados que “les cuestan dinero”. Así que es la hora de los buenos conductores,
de los que tienen un bajo historial de partes y multas, que deberían conseguir
seguros a mejores precios.
Con todo, sepamos que el seguro del automóvil es y
seguirá siendo caro, aunque tendremos que asumirlo, porque aunque nos cambiemos y consigamos un
mejor precio inicial, el truco está en las revisiones posteriores, donde
acabaremos pagando más. Así que valoremos no sólo el precio, sino
sobre todo la atención y el servicio, porque tener el coche o la
moto asegurada es y será
un servicio caro, además de obligatorio. Pero necesitamos el coche, así que
se trata de un gasto imprescindible, como la vivienda, la comida o Internet. Lo
importante es conocer bien el seguro que tenemos y el resto de seguros del
mercado, sus ventajas e inconvenientes, sus coberturas, el servicio y “la
letra pequeña”. A partir de ahí, elegir y pagar lo necesario. Con el coche
no se juega.
El seguro del automóvil es el seguro más contratado, dado que es obligatorio: había 33.404.417 vehículos asegurados al cierre de 2023, casi medio millón más que un año antes (+1,51%), según el fichero FIVA. Con ello, se estima que un 79% de los hogares españoles tienen una póliza de seguro de vehículos, por la que las aseguradoras ingresaron 12.108 millones de euros en 2023, un 6,63% más que en 2022, según UNESPA. Así, la recaudación por el seguro de automóvil recupera el bache de la pandemia y las compañías ingresan un 7,1% más que en 2019 (11.307 millones). Y la prima media se sitúa en 362 euros por asegurado, aunque la mayoría paguemos mucho más.
Al final, la causa principal de que suban los seguros de
coche es que a
las aseguradoras no les salen las cuentas: se les han disparado los
costes y tienen que subir las primas, porque empiezan a tener pérdidas en el seguro
del automóvil. Así, el seguro del automóvil ha pasado de un margen bruto
(primas menos coste siniestros) de +2.600 millones en 2010 a +1.502
millones en 2023, según
datos de Unespa. La empresa líder
del sector, Mapfre, registró
pérdidas en 2021 y parece que los reembolsos por partes superan a
los ingresos por primas (eran el 100,9% a finales de 2022 y se estima que
suponen el 103,6% de las primas a finales de 2023). También Linea Directa
habría tenido pérdidas en 2023.
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jueves, 18 de abril de 2024
Leyes contra el maltrato al cliente
El suplicio que supone llamar a un
teléfono de atención al cliente (esperas, hablar con robots, cortes…) puede
acabar en 2025, si se aprueba la nueva Ley de Atención al Cliente,
que se debate por 2ª vez en el Congreso, tras no poder aprobarse en 2023 por el
adelanto electoral. La medida estrella es que limita la espera para ser
atendido a 3 minutos y será obligatorio que nos atienda una
persona física, si lo pedimos, además de fijar plazos para resolver
incidencias (15 días). En paralelo, el Gobierno aprobó en marzo otra
Ley que permite a las asociaciones de consumidores ejercer demandas
colectivas, como la “Dieselgate” contra Volkswagen o las cláusula
suelo de algunas hipotecas contra los bancos, agilizando complejas reclamaciones
que duran años. Dos Leyes que garantizan mejor los derechos de los consumidores
y que obligarán a muchas empresas a reforzar sus servicios de reclamaciones y atención
al cliente. Un mayor coste para las empresas que nos acabarán cargando
a los consumidores. Seguro.
Todo el mundo ha sufrido al tener que llamar al servicio de atención al cliente por una incidencia en Internet, luz o gas, bancos o servicios: esperas interminables con músicas y mensaje, contestadores automáticos y robots que nos obligan a diálogos absurdos, elección de dígitos que marcar para ser atendido, nuevas esperas e incluso cortes de llamada cuando el tiempo de espera es elevado o incluso cuando nos está atendiendo un operador, que no retoma la llamada…Un incordio desesperante, que muchas veces nos retrae a la hora de reclamar o simplemente informarnos. La Ley del Consumidor en España es de julio de 1984 y en noviembre de 2007 se incorporaron cambios en un nuevo texto refundido de la Ley, pero no se recogían los cambios que se han dado después en servicios masivos (telecos) o con el auge del comercio electrónico. Por eso, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2020 una Nueva Agenda del Consumidor, para actualizar y mejorar sus derechos.
La Ley
de Servicios a la Clientela afecta
a todas las empresas privadas que prestan servicios de suministro y
distribución de agua y energía, transporte de pasajeros en avión, ferrocarril,
mar o vías navegables, autobús o autocar, servicios postales, comunicaciones
electrónicas y telefónicas, así como servicios financieros. También a grandes
empresas privadas de más de 250 trabajadores, independientemente del sector,
aunque la nueva Ley no afecta a la Administración Pública y sus servicios.
La principal
novedad de la Ley es que limita
los tiempos de espera para el usuario, a un máximo de 3 minutos
en el 95% de las llamadas que recibe la empresa, independientemente del objeto
de la llamada, de que sea para información, para reclamar o para solicitar
algún servicio postventa. Otro cambio importante es que la empresa no
podrá cortar la llamada en espera, como hacen ahora cuando hay un
tiempo de espera elevado. Además, prohíbe el uso exclusivo de la atención
robótica y los contestadores automáticos, obligando a las empresas a ofrecer
la atención de personal físico, empleados suficientemente formados que
deberán atender a los usuarios que lo soliciten (en castellano y otras lenguas
cooficiales en cada autonomía). Y otro tema importante: se deberá asegurar la
atención telefónica y digital a los clientes vulnerables (mayores,
analfabetos digitales o discapacitados, por ejemplo sordos o ciegos).
Las oficinas físicas de estas compañías también están
obligadas a recibir quejas o reclamaciones, que se podrán enviar también
por vía postal, telefónica o correo electrónico. Y en todos los casos, la
empresa está obligada a entregar al usuario una clave identificativa de su
petición o reclamación, para facilitar su seguimiento. Otra novedad
clave de la Ley es que se acortan los plazos máximos para solucionar
incidencias, a 15 días (ahora son 30 días). Y con ello, se prohíbe
a las empresas seguir reclamando supuestas deudas o proceder a cortar
servicios mientras los usuarios tramitan sus reclamaciones.
Además, otra
novedad es que las empresas estarán obligadas a informar a los usuarios de
las incidencias que afecten gravemente de la prestación de un servicio (un corte
de luz, agua o Internet, por ejemplo), sin que el usuario lo requiera expresamente.
La nueva
Ley de Servicios a la Clientela obliga a las empresas afectadas a realizar auditorías
anuales ( externas e independientes) de sus servicios de atención al
cliente, auditorias que deberán conocer las distintas Administraciones,
que podrán actuar en consecuencia si son negativas. Las sanciones por
incumplimiento de la nueva normativa serán de 150 a 10.000 euros en casos
leves, pero podrán llegar a 100.000 euros para infracciones graves.
Las asociaciones de consumidores valoran la nueva Ley
de Servicios a la Clientela como “una mejora de la situación actual”,
aunque señalan algunas carencias. Para
la OCU, el régimen de sanciones es todavía “laxo” y les preocupa que
algunos sectores que tienen regulación sectorial propia (como banca o seguros)
puedan “librarse”, a lo que el ministro de Consumo, Pablo
Bustinduy ha precisado que la Ley “se aplicará de forma horizontal a todos
los sectores”. Para
FACUA , la nueva Ley se queda “corta”, porque no incluye una indemnización
económica al usuario si la empresa no resuelve su reclamación en el plazo
requerido. Piden que se fije una reclamación de 50 euros, similar a lo que ya
sucede en las reclamaciones eléctricas
(tienes derecho a 30 euros si no te responden en 5 días, aunque la
reclamación siga su curso). Y también piden
que se recorte el nuevo plazo de 15 días para las reclamaciones a 10 días (similar
al que establece ya la Junta de Andalucía). El ministro
de Consumo dice que no incluyeron la indemnización para lograr la
aprobación de la Ley, que hace un año contó con el apoyo del PP y la mayoría de
los nacionalistas, algo que hoy no está asegurado.
La nueva Ley
de Servicios de Atención a la Clientela, si finalmente se aprueba y entra en vigor el 1
de enero de 2025, será un gran avance en los derechos de los consumidores y
facilitará que los usuarios se informen, quejen y reclamen vía telefónica, personalmente
o por Internet. En paralelo, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo otra
Ley, la
de Eficiencia de la Justicia, que va a agilizar las reclamaciones
colectivas de los consumidores. Se trata, otra vez, de cumplir con una
exigencia europea, trasponer la Directiva europea 2020/1928,
de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para los
intereses colectivos de los consumidores. España debía aplicarla antes del
25 de diciembre de 2022 y sólo cinco días antes, el 20 de diciembre, el
Consejo de Ministros aprobó una Ley
para la protección colectiva de los consumidores. La Ley se debatió en
el Congreso en 2023 y, como le pasó a la Ley de Servicios a la Clientela, decayó
antes de aprobarse, al anticiparse las elecciones. Y ahora, ha
vuelto a aprobarse por el Gobierno, enviándola al Congreso para
tramitarla por el procedimiento de urgencia.
Esta Ley
pretende facilitar que las organizaciones de consumidores presenten
demandas colectivas en los Juzgados, por temas que afectan a miles de usuarios,
evitando que cada uno tenga que presentar una demanda (compleja y costosa). En
los últimos años, se han multiplicado las demandas colectivas,
aumentando un +120% en toda Europa. En España, hay múltiples
ejemplos recientes: Forum Filatélico y Afinsa, Bankia, las
preferentes, el caso “Dieselgate” contra Volkswagen, la demanda
contra varias marcas por “el cartel” de coches y, sobre todo, la
demanda por las cláusulas suelo en muchas hipotecas (el tipo mínimo
no puede bajar de un mínimo, aunque bajen más los tipos), una macro demanda
liderada por Adicae en la que participan 830 consumidores contra 40 bancos
españoles y que está pendiente de la sentencia del tribunal europeo de Justicia
(TJUE).
Hasta ahora, la presentación de estas demandas
colectivas era difícil y colapsaban los juzgados, encareciendo y
dilatando la resolución de los litigios. Ahora, la nueva Ley (exigida por
Europa y que va con retraso) pretende
eliminar las barreras para presentar estas acciones colectivas,
regulando la intervención de las asociaciones de consumidores y creando un
procedimiento único para abordar estas demandas colectivas, incorporando
plataformas electrónicas que permitirán una tramitación más ágil y coordinada (hasta
ahora, los Juzgados de cada ciudad, provincia o región podrían acumular miles
de causas sin saber que litigios similares se habían presentado en otros lugares).
Ahora, el procedimiento judicial será único y más sencillo, aumentando las
garantías para los consumidores, que podrán reclamar conjuntamente a través
de las organizaciones de consumidores.
Las organizaciones de consumidores apoyan esta nueva
Ley para la protección colectiva de los usuarios, pero “temen
la injerencia de terceros”, porque abre la vía a nuevas entidades
que se dediquen a litigar demandas colectivas como negocio (a cambio de
una comisión por lo conseguido), sobre todo Fondos de inversión. El Gobierno
reitera que con ello sólo cumple la normativa europea y que los
consumidores dispondrán de un listado de organizaciones (en el
Ministerio de Consumo) a las que podrán dirigirse para sumarse a una demanda
colectiva. Y que las organizaciones de consumidores tendrán que competir por el
servicio, con una mayor competencia que ahora, lo que acabará beneficiando a
los consumidores. Lo seguro es que se facilitan las demandas colectivas
y se reducirá “el atasco” en los Juzgados.
Con ambas Leyes, ahora a debate en el Congreso, los
consumidores saldremos ganando, porque podremos defender mejor nuestros
derechos y reclamaciones. Eso sí, esta mayor exigencia a las empresas les
obligará a mejorar y reforzar sus servicios de Atención al Cliente y Reclamaciones,
así como su Departamento Jurídico. Y eso les supondrá más costes, tanto a las
compañías de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones como al resto de empresas
que prestar servicios a los consumidores. Y estos mayores costes, los
acabarán cargando en nuestras facturas, antes o después, de una forma
indirecta y no transparente, encareciendo los servicios que prestan (como hacen
cuando los Gobiernos les cambian Leyes o normas). Estaremos más protegidos,
pero pagaremos más por los servicios que recibimos. Seguro.
Todo el mundo ha sufrido al tener que llamar al servicio de atención al cliente por una incidencia en Internet, luz o gas, bancos o servicios: esperas interminables con músicas y mensaje, contestadores automáticos y robots que nos obligan a diálogos absurdos, elección de dígitos que marcar para ser atendido, nuevas esperas e incluso cortes de llamada cuando el tiempo de espera es elevado o incluso cuando nos está atendiendo un operador, que no retoma la llamada…Un incordio desesperante, que muchas veces nos retrae a la hora de reclamar o simplemente informarnos. La Ley del Consumidor en España es de julio de 1984 y en noviembre de 2007 se incorporaron cambios en un nuevo texto refundido de la Ley, pero no se recogían los cambios que se han dado después en servicios masivos (telecos) o con el auge del comercio electrónico. Por eso, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2020 una Nueva Agenda del Consumidor, para actualizar y mejorar sus derechos.
Se regula
también el horario de atención, que deberá ser de 24 horas en el caso de
empresas que suministran servicios básicos (agua, gas, electricidad o Internet)
y el horario habitual en el resto. Y las empresas deberán admitir para la
presentación de consultas o reclamaciones el mismo canal por el que captaron al
cliente.
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lunes, 15 de abril de 2024
El creciente negocio de los gimnasios
Cada mes se abre en muchas ciudades un nuevo gimnasio,
donde ya acuden a hacer deporte 5,5 millones de españoles, un tercio de
ellos jóvenes que apuestan por cuidar su cuerpo y divertirse en grupo.
Son ya 4.250 gimnasios, un negocio que mueve más de 2.300 millones
al año y que atrae cada vez más a Fondos de inversión extranjeros,
que se han lanzado a comprar y abrir nuevos centros, tras el “bache” de la
pandemia. La fuerte demanda ha hecho subir los precios, ya entre 40 y 50
euros al mes, mientras el sector pide que se les baje el IVA, que Rajoy les
subió del 8 al 21% en 2012. Ahora se espera el desembarco de nuevas franquicias
(de USA), la especialización y la pelea por conseguir que las
empresas ofrezcan un bono para estos gimnasios a sus empleados. Parece
claro que, tras la pandemia, cuidar el cuerpo y acudir a un gimnasio se
ha convertido en una necesidad más para muchos españoles (o en una moda).
España es un país bastante sedentario, donde el 52% de las personas no hace ningún deporte, según la reciente Encuesta del CIS. Pero lo positivo es que ese 48% que sí lo hace ha crecido un 8% desde 2010, aunque todavía estamos por debajo de la media UE (hacen deporte el 55% de los europeos), de Alemania (lo hacen el 68%) y Francia (55%), siendo sólo más sedentarios Grecia (sólo 32% hacen deporte), Polonia (35%), Bulgaria (39%) y Hungría (41%), según el último Eurobarómetro sobre deporte (2022). Lo más llamativo en el caso de España es que de ese 48% que hacen deporte, la mayoría eligen caminar (el 18,1%) y hacer gimnasia en un centro deportivo (15,6%), por delante del ciclismo (15,1%), correr (13,8%), la natación (13,4%) o el montañismo (12,1%), según el CIS. Y cuando se les pregunta a los deportistas dónde hacen deporte, la primera opción es hacerlo en un gimnasio o centro deportivo (39,7%), por delante de hacer deporte en el campo (31,9%), en instalaciones municipales (27,3%), en la calle (25,8%) o en la propia casa (donde hacen deporte el 10,5% de encuestados).
Esta recuperación del negocio de los gimnasios ha continuado
en 2023, donde ya tenemos datos de España, según
anticipa la consultora Deloitte: el sector facturó 2.331 millones
(+11%), rozando la facturación de antes de la pandemia (2.353 millones en 2019)
y el número de abonados creció un +20%, hasta los 5.540.000 usuarios,
una cifra similar a la de 2019. Y además, los 4.250 gimnasios abiertos a
finales de 2023, según
DBK, han aumentado su facturación por abonado, ya que han subido las
tarifas, pasando de 36 a 38 euros de media en 2022 a una media de 38 a 40
euros por abonado en 2023.
El motor de este “tirón” de los gimnasios son los
jóvenes y en especial la llamada “generación Z” (los nacidos en
torno al año 2.000, con una edad de 20 a 28 años), que ya suponen casi el 30%
de los abonados totales (y creciendo). El fenómeno de ir al gimnasio se ha
popularizado entre los más jóvenes en las redes sociales, como una
forma de “ocio compartido”, como una actividad en grupo, algo similar a
lo que antes fueron las boleras o los billares. De hecho, el reciente informe del
CIS revela que el 52,6% de los que hacen deporte suelen luego
compartir otras actividades sociales (comer, beber, divertirse...) con
las personas que lo realizan. Así que los gimnasios se han convertido en una
moda donde los jóvenes: cuidan su cuerpo y de paso se relacionan y
socializan. Y también hay otro grupo de clientes que crece, los
jubilados, que quieren mantenerse en forma y cuidar su salud.
Un dato que desconocen la mayoría de abonados a los
gimnasios es que son empresas controladas en su mayoría por Fondos de
inversión extranjeros y franquicias internacionales, que buscan el
flujo de caja que generan cada mes y aprovechar el “boom” del hacer deporte. De
hecho, 15 de las grandes cadenas de gimnasios que operan en España
cuentan en su accionariado con Fondos
de capital riesgo. Y otra característica del sector es la tendencia
a la concentración, a que los grandes compren locales y gimnasios más
pequeños. Así, las 5 mayores empresas del sector controlan el 26,4% del negocio
total y las 10 grandes controlan ya el 42,1% del mercado, según el Observatorio
sectorial DBK de Informa.
El ranking de los gimnasios en España lo
lidera, por número de centros, la empresa Basic-Fit, propiedad de
un empresario holandés, varios Fondos de inversión USA y Norges Bank, que tiene
186 centros y más de 400.000 socios, tras comprar
a finales de 2023 (por 110 millones de euros) los 42 centros de McFit
(propiedad del grupo alemán RSG Group) y los 5 gimnasios “premium” de Holmes
Place. Así ha desplazado al 2º lugar del ranking por centros a Brooklyn
Boxing, una cadena de boxeo sin contacto que cuenta con 175 centros en
España y 60.000 abonados. La tercera marca es VivaGym, propiedad de
Bridges Found Management (51%), con 104 centros y 302.000 socios. La 4ª mayor
franquicia es AltaFit, propiedad del fondo español MCH, con 82 centros
en España y 140.000 abonados. La 5ª es Forus, propiedad de JP Morgan
(60%), Ben Oldman (8%) e Irmasol (2%), especializada en gestionar centros
deportivos, 49 en España. Le sigue Supera, controlada por Portobello
Capital (57,5%), con más de 30 centros y casi 100.000 abonados. En 7º lugar del
ranking está la compañía francesa Fitness Park, que gestiona 25
gimnasios, con 91.000 socios. Le siguen Metropolitan, propiedad del
dueño de los Hoteles Hesperia, con 20 centros y 82.000 socios, y GoFit, propiedad
de Torreal (Abelló) y la Mutua, con 20 grandes centros y 230.000 socios.
El ranking por facturación de los gimnasios es
diferente, porque depende del modelo de negocio de cada uno, que varía entre
los gimnasios “low cost” (con bajas cuotas, entre 22 y 30 euros mensuales) y
los gimnasios con mayores cuotas y más servicios. En 2023, según
los datos de CMD Sport, lo encabeza Forus (líder en la gestión de
instalaciones deportivas), con un facturación de 80 millones de euros, seguida
de GoFit (líder en gimnasios “low cost”, con 77 millones), Metropolitan
(líder del sector “premium”, con 70 millones facturados), Basic-Fit
(59,6 millones), VivaGym (57,5 millones), Supera (49,1 millones),
Fitness Park (42 millones, el que más creció en facturación en 2023), Brooklyn
Boxing (40 millones), DreamFit (37,3 millones), Beone (34 millones), Serveo
(33), Viding (31) y EuroFitness (28,4).
Para este año 2024, el sector de los gimnasios es optimista
y esperan seguir creciendo, tras haber superado en 2022 y 2023 el bache
de la pandemia. El 87% de las empresas espera seguir creciendo, en centros y
abonados, según la consultora BDO, gracias a que aumente el número de usuarios
y a que se gastan más, contratando servicios más caros. Y además, se espera en
2024 una mayor concentración del sector, con más operaciones de compraventa
de cadenas, como la que protagonizaron en 2023 Basic-Fit y McFit. Además, es
inminente el desembarco en España de más franquicias de “fitness”, no sólo
europeas como hasta ahora: en 2024 podría instalarse en España la estadounidense
Planet Fitness, la mayor cadena de gimnasios “low cost” del mundo, que
quiere abrir 300 centros en Europa.
La consultora
Deloitte augura un nuevo crecimiento del negocio de los gimnasios en
2024, aunque más moderado que en 2022 y 2023. Y cree que el “boom” se
centrará en los gimnasios “low cost”, que son “la puerta de
entrada” para los nuevos abonados, aunque también se consolidará la
especialización de los centros, donde los usuarios elegirán según la
oferta y el asesoramiento, estando dispuestos a pagar más. Eso sí, el sector debe
resolver el problema actual de la
excesiva rotación de los clientes: en 2023, entre el 60 y el
70% se dieron de baja tras unos meses de abono, cuando el porcentaje de
rotación debía estar entre el 40 y el 45%. Por eso, todas las empresas buscan mejorar
la fidelización del cliente, que no se canse y se vaya.
Otra cuestión que preocupa al sector de los gimnasios es la
rebaja del IVA de los recibos, que es el 21% desde 2012, cuando el
Gobierno Rajoy lo subió del 8 al 21%. El
sector pide rebajarlo al 10%, petición que cuenta con el apoyo
del PP. Y también presionan a los
gobiernos autonómicos para que permitan a los clientes deducirse en la
declaración del IRPF parte del gasto del gimnasio, como una forma de
contribuir a la salud y a reducir el gasto sanitario. De momento, esa deducción
sólo existe en
la Rioja y Comunidad Valenciana, aunque otras autonomías (como Madrid) estudian
hacerlo en el futuro. Otra vía de crecimiento del negocio sería alcanzar acuerdos
con grandes empresas, como en otros paises, para que ofrecieran a sus
empleados bonos (gratis o bonificados) para ir al gimnasio, como parte de
una política de mejora de la salud física y mental de los trabajadores.
En resumen, hacer deporte y acudir a un gimnasio
se ha convertido en una prioridad de muchos españoles, sobre
todo jóvenes, relanzando un negocio que despierta el apetito de los
inversores internacionales. Puede parecer una moda, pero el deporte y el
culto al cuerpo parecen una prioridad de gasto para muchos, al igual que el
viajar. Y por eso crecen los gimnasios y las personas que van al gimnasio,
la mayoría con amigos o compañeros, aprovechando el deporte para socializar y
relacionarse. Sobre todo los jóvenes, que tienen
tantos motivos de frustración y que es mejor que la descarguen en el
gimnasio. Y además, todo el mundo sabe que el deporte ayuda a mejorar la salud
y el ánimo. Otra cosa es que para practicarlo no se promuevan más centros
deportivos públicos (municipales), con bajas tarifas y más servicios, y
se deje en manos de los inversores privados, como un negocio más. Pero sea como
sea, bienvenidos sean los gimnasios y su popularización.
España es un país bastante sedentario, donde el 52% de las personas no hace ningún deporte, según la reciente Encuesta del CIS. Pero lo positivo es que ese 48% que sí lo hace ha crecido un 8% desde 2010, aunque todavía estamos por debajo de la media UE (hacen deporte el 55% de los europeos), de Alemania (lo hacen el 68%) y Francia (55%), siendo sólo más sedentarios Grecia (sólo 32% hacen deporte), Polonia (35%), Bulgaria (39%) y Hungría (41%), según el último Eurobarómetro sobre deporte (2022). Lo más llamativo en el caso de España es que de ese 48% que hacen deporte, la mayoría eligen caminar (el 18,1%) y hacer gimnasia en un centro deportivo (15,6%), por delante del ciclismo (15,1%), correr (13,8%), la natación (13,4%) o el montañismo (12,1%), según el CIS. Y cuando se les pregunta a los deportistas dónde hacen deporte, la primera opción es hacerlo en un gimnasio o centro deportivo (39,7%), por delante de hacer deporte en el campo (31,9%), en instalaciones municipales (27,3%), en la calle (25,8%) o en la propia casa (donde hacen deporte el 10,5% de encuestados).
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