jueves, 20 de julio de 2017

La peor sequía en 22 años


Estamos sufriendo en España  la peor sequía desde 1995, por culpa del cambio climático (menos lluvia y más calor) pero también porque somos el tercer país occidental con más “estrés” de agua (tras Italia e Israel), debido a que gastamos mucho y mal el poco agua que tenemos. Las consecuencias las vamos a notar este verano: aumento extra del 10% en las tarifas de la luz (que ya ha subido este año), encarecimiento de los alimentos (sobre todo futas, verduras y cereales), más incendios forestales (ya batimos récord desde hace 10 años) y problemas de abastecimiento en algunas zonas turísticas. Los expertos advierten que el cambio climático afecta especialmente a España y que las sequías serán cada vez más frecuentes e intensas. Por eso, urge tomar medidas, un Pacto del Agua que recorte el consumo, depure y desalinice aguas, suba tarifas e impuestos verdes y gaste más en obras hidráulicas, para afrontar las próximas sequías. Sin agua no hay futuro.



                                                                                            enrique ortega

España tiene este año un serio problema de sequía, como resultado de la combinación de varios factores. Por un lado, el cambio climático, que se traduce en menos lluvia y más calor. Desde octubre a finales de junio, las lluvias acumuladas han sido un 13% menores a las de un año hidrológico medio, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Y ha llovido un 75% menos de lo habitual en Galicia, Asturias, Cantabria y gran parte de Castilla y León. Por otro lado, la temperatura esta primavera ha sido más alta de lo habitual (lo que favorece la evaporación del agua): la temperatura media mundial ha sido de 15,4º, la más elevada desde que se tienen datos (1965), 1,7º por encima de la media 1.981-2000, según la Organización Meteorológica Mundial. Y se espera un verano muy cálido, según la AEMET. Pero además, España tiene factores propios que agravan la sequía: erosión y desertificación de los suelos, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de las aguas, poca depuración de aguas residuales y escaso uso desalinizadoras más un consumo excesivo de agua, sobre todo para los regadíos, las urbanizaciones de costa y el turismo.

El resultado se ve en los pantanos, que estaban el 18 de julio al 50,46 % de su capacidadel nivel más bajo desde 1995, cuando los pantanos estaban al 40%. Y la situación es peor en las cuencas del Segura (embalses al 23,93% de capacidad), del Júcar (al 33,60%) y del Duero (44,04%), así como en los pantanos del Guadalquivir (43,35%) y la cuenca mediterránea andaluza (42,74%). Estamos peor que en la última gran sequía, la de 2005-2008 (pantanos al 57% de capacidad), y camino de acercarnos a las dos grandes sequías del siglo XX, la de 1981-84 (pantanos al 49% de capacidad) y la de 1.992-95 (pantanos al 40% de capacidad).

Las consecuencias de esta primera gran sequía del siglo XXI las vamos a notar pronto, este mismo verano. La primera, que nos va a subir el recibo de la luz, al contarse con menos energía hidráulica (más barata) y tener que utilizar más carbón y gas natural (caros) para producir electricidad: se espera una subida extra del 10% entre julio y septiembre, según estimaciones de Meff Power. Un aumento que se sumará al 18,4% que ya ha subido la luz en el primer semestre de 2017, según datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y además de más cara, la luz será más “sucia”: en los 5 primeros meses del año, el sector eléctrico ha emitido un 50% más de CO2 (27 millones de TM) que el año pasado.

La segunda consecuencia de la sequía es que ha deteriorado las cosechas, tanto las de algunas frutas de primavera y verduras como las de cereales de verano. Y eso, además de hundir las cuentas de los agricultores y ganaderos (menos pastos y más gasto en piensos), que perderán 1.600 millones de euros según cálculos de UPA, encarecerá muchos alimentos este verano, en especial carnes, frutas, verduras, pastas y cereales. Y los precios subirán aún más en las zonas turísticas, donde aumentará drásticamente la demanda de comida, por el aluvión de extranjeros y españoles este verano.

La tercera consecuencia de la sequía será el aumento de los incendios forestales. Ya en los 5 primeros meses de 2017 se han producido 6.169 siniestros (un 25% más que la media), con 38.200 hectáreas quemadas, la mayor superficie en los últimos 10 años (salvo en 2012). Y los expertos advierten que este será un verano peligroso, porque España genera mucha biomasa (estamos en una zona húmeda de la fachada atlántica de Europa) que cuando se combina con sequía y altas temperaturas es un cocktail explosivo.  Y advierten que, con el cambio climático, los incendios aumentarán en los próximos años y serán cada vez de mayor tamaño, algo que se observa en los últimos 10 años (los incendios son un 25% más grandes).

Y queda una consecuencia difícil de estimar, el efecto de la sequía sobre la población, en especial sobre las zonas turísticas. El aluvión de turistas que se espera este verano (más de 20 millones de extranjeros en julio y agosto, junto a otros tantos españoles), concentrados en el Litoral mediterráneo y las islas, dispararán la demanda de agua en medio de la sequía, lo que puede causar problemas puntuales de abastecimiento. Y más en zonas como Baleares y Levante, que tienen problemas endémicos de depuración de aguas.

Así que la sequía es un problema serio, con preocupantes consecuencias. El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto-ley para paliar sus efectos, con medidas fiscales, moratoria de cuotas de la SS a agricultores y regantes afectados y subvenciones para ciertos créditos. Algunos expertos critican que el Gobierno Rajoy permita con este real decreto una mayor desregulación del mercado del agua, al autorizar que los pequeños productores se la vendan a los grandes, lo que beneficia a los regantes con más recursos, los del Tajo-Segura y Taibilla (Cartagena), según la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y critican además que el decreto-ley de sequía (como otros anteriores) supone una “socialización de costes”, porque la exención de cotizaciones y las ayudas fiscales y crediticias no van a los agricultores más vulnerables sino a todos y benefician más a los grandes usuarios del agua.

Y sobre todo, los expertos critican que el Gobierno actúe con medidas de urgencia “a golpe de sequía” y no planifique la política del agua el resto del año. Porque España tiene un problema de agua muy serio, mayor que el resto de Europa. De hecho, la OCDE acaba de alertar, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más “tensión hídrica”, que consume un mayor porcentaje de agua sobre los recursos disponibles: un 34% frente al 10% de media en los 35 paises OCDE, sólo superado por Italia e Israel (46%) y muy alejado de Francia (15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con más sequía de Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la Comisión Europea nos ha abierto expediente por no depurar bien en 800 localidades donde viven 6 millones de españoles) y un  escaso uso de las desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan al 17% de su capacidad en el Mediterráneo).

El problema clave, señalado por la OCDE y todos los expertos, es el exceso de consumo de agua en España, sobre todo para el regadío (82,1% del consumo total), porque somos el país con más superficie de riego y el segundo en porcentaje de tierras regadas (el 15%, tras Israel), seguido de los hogares, las urbanizaciones y el turismo (12,8%) y la industria (2,25%). Cara al futuro, el dilema es que este consumo crece año tras año y el agua decrece. Y con el cambio climático, que afectará más a España que al resto de Europa, será peor: para 2021 habrá un 20% menos de agua que en 1990 y el consumo crecerá otro 10%, con lo que el déficit de agua crecerá un 30%, según Ecologistas en Acción. Así que el colapso está asegurado.

¿Qué se puede hacer? Los expertos llevan años reclamándolo: reducir el consumo de agua y gestionar mejor la menor oferta disponible. Eso pasa, primero, por reducir los regadíos actuales (consumen el 82,1% del agua total) y además conseguir que sean más eficientes, que produzcan más con menos agua. Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales de regadío a 3-3,2 millones y no aprobar más (los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno Rajoy en 2016 autorizan 750.000 hectáreas más). En segundo lugar, hay que reducir el consumo de agua en el turismo y las urbanizaciones de costa, sobre todo en el Mediterráneo: un turista consume entre 3 y 4 veces más de agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y en tercer lugar, con un menor consumo de los hogares (139 litros/habitante al día), para lo que resulta clave subir las tarifas de agua, que son las octavas más baratas de Europa: 1,77 euros/m3 en 2015, mucho más barata que en Francia (3,8 euros/m3) o Alemania (5,2 euros/m3), países sin problema de sequía.

Además de recortar el consumo de agua (sobre todo para el riego y el turismo), España tiene que tomar medidas para mejorar la calidad y cantidad del agua disponibleprotegiendo los acuíferos (sobreexplotados y salinizados en muchas zonas) y preservando la calidad de las aguas, superficiales y subterráneas, cada vez más contaminadas (el 35%). Y tiene que ampliar la oferta de agua disponible, depurando más aguas residuales y utilizando al máximo las desalinizadoras. Además, hay que luchar contra las pérdidas de agua en las redes, que suponen un escandaloso 23%, renovando los viejos y deteriorados sistemas de abastecimiento.

Todo esto son medidas que cuestan dinero. Invertir en depuración de aguas residuales para cumplir con la Directiva europea costaría más de 5.000 millones de euros, a gastar en 200 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por importe de 12.000 millones de euros, para mejorar el aprovechamiento del agua y evitar las reiteradas inundaciones en muchas zonas. ¿De dónde puede salir tanto dinero? De los usuarios y del Presupuesto. Las tarifas de agua para el regadío son bajas y están subvencionadas y a las familias les cuesta el agua un 0,9% de sus gastos mensuales, mucho menos que la luz o el teléfono y  por debajo del 3% que considera la ONU como el mínimo para asegurar el futuro del agua. Y en paralelo a que ellos paguen más, el Estado también tiene que gastar más en agua: España invierte en infraestructuras del agua el 0,11% del PIB, menos de la mitad que Europa (0,27% la UE-28). Somos el 2º país europeo que menos invierte en agua, tras Suecia, cuando somos el país con más sequía. Así nos va.

La sequía no es un problema aislado este año sino que ha venido para quedarse, con altibajos. Y cada vez será más preocupante. Así que todos tenemos que “ponernos las pilas” con el agua. Urge un gran Pacto del Agua, sin politiqueos ni “guerras” entre regiones, donde Gobierno, partidos, regantes, consumidores y expertos pacten medidas y costes. Y acordar subidas de tarifas y nuevos impuestos verdes, para poder pagarlo. Es algo que hay que arreglar a 20 años vista y por eso urge empezar ya. Porque sin agua no hay futuro.

Volvemos a vivir a crédito


Con el verano, muchos españoles “tiran de tarjeta” para pagar sus vacaciones y piden un crédito para cambiar de coche o pagar un viaje. El gasto con tarjeta se ha disparado y se ha batido ya el récord histórico de tarjetas de crédito, con un gasto que supera el efectivo que se saca en los cajeros. Y los créditos al consumo llevan dos años creciendo mes tras mes, con la ayuda de la banca, que vuelve a ofrecer créditos personales a sus clientes, al mayor coste en Europa (casi el 9%). Y se multiplican las entidades que ofrecen créditos rápidos sin mucho papeleo, a tipos de usura. Incluso Movistar ha empezado a ofrecer créditos de hasta 3.000 euros a sus clientes de móviles. Volvemos a la fiebre de “comprar a crédito”, que tanto agobió a muchas familias al comienzo de esta crisis. El riesgo ahora es que van a subir los tipos de interés, en 2018, y habrá que devolverlos más caros. Ojo a endeudarse.



                                                                                       enrique ortega

En España hay más tarjetas bancarias que habitantes. En marzo de 2017 había 75,85 millones de tarjetas, el segundo mayor dato de nuestra historia, tras el récord histórico de 2008: 76,40 millones de tarjetas. Con la crisis, bajaron hasta un mínimo de 67,66 millones en 2014, pero luego empezaron a recuperarse en 2015 (69,92 millones) y 2016 (75,51 millones), hasta hoy, en que somos el quinto país de Europa con más tarjetas, tras Reino Unido (176 millones), Alemania (147), Francia (80) e Italia (77 millones). Y el mayor tirón lo han dado las tarjetas de crédito, que son ya 49,88 millones, un número que es un récord histórico en España, el triple que en el año 2.000 (16,06 millones), según el Banco de España. Y también crecen las tarjetas de débito (pagar en el momento o sacar dinero), 25,97 millones en abril, el mayor número desde 2009 (30,74 millones).

No es sólo que haya crecido el número de tarjetas, es que además se usan mucho más: en 2016 se hicieron más de 3 millones de operaciones con tarjeta, el triple que en 2002 (991.500). Y el gasto pagado con tarjeta fue de 124.406 millones de euros, casi el triple también que en 2002 (46.828 millones). El gasto con tarjeta ha ido subiendo año tras año, sin notar la crisis, porque los españoles se agarraban a ella para compensar sus menores ingresos. Pero en los tres últimos años, el gasto con tarjeta ha crecido por encima del 6% y este año 2017, hasta marzo, crece ya un 9%. Es más, los españoles gastan más con tarjeta del dinero que sacan por los cajeros: eso pasó por primera vez en 2016 (124.406 millones gastados con plásticos frente a 118.275 retirados en cajeros) y sigue pasando este año, hasta marzo (30.327 millones frente a 27.387), según los datos del Banco de España.

Este aumento récord del gasto con tarjetas se debe a cuatro razones. La primera, por supuesto, que hay 8 millones más de tarjetas de crédito que en 2011: 7 de cada 10 españoles tienen hoy una tarjeta de crédito y 5 de cada 10 una de débito, según la Encuesta CrediMarket. La segunda, que se usan más porque hay más tiendas que aceptan las tarjetas: hay 1,71 millones de terminales (TPV), 100.000 más que en 2008. Y los comerciantes ponen menos pegas al pago con tarjeta porque los bancos les han bajado las comisiones, forzados por Bruselas: del 0,81% que les cobraban en 2009 al 0,42% de media que les cobran en 2017.

La tercera razón es que se ha disparado el comercio electrónico, las ventas por la Red que se pagan casi siempre con tarjeta. Si España era uno de los paises europeos con menos ventas a través de Internet (por inseguridad y falta de costumbre), en 2016 el comercio on line ha despegado: creció un 20,8%, facturando 24.185 millones de euros, la casi totalidad pagados con tarjeta. El 20% son compras turísticas (10,7% viajes y 9,3% billetes de avión), el 7,2% ropa, 5,3% entradas de espectáculos y deporte, 4,2% compra de electrónica, imagen y sonido y el 4,1% coches de alquiler y billetes de tren y autobús. Las web españolas se llevan el 53,45 de las ventas y el resto las webs europeas (43,5%).

Una cuarta razón que explica el uso récord de las tarjetas son los pagos por móvil, que suelen estar asociados a una tarjeta. España lidera el uso del móvil en Internet en Europa, con un 93% de smartphones conectados a la red, por delante de Holanda (88%) y Reino Unido (86%), así como de la media UE (78%). Y 6 de cada 10 usuarios españoles del móvil afirman que ya lo han usado para comprar, ya sea directamente (en una tienda física, el 10%) o a través de una web (el 90% restante). El último año, los bancos han multiplicado sus ofertas de pago por móvil, con tecnología NFC (que permite pagar acercando el móvil a los TPV) y  el móvil se ha convertido en “la nueva tarjeta de crédito”.  

Al final, todo ello se traduce en más compras con tarjeta, recordemos 124.406 millones de euros gastados en 2016, más de 10.000 millones al mes. Y en esa cifra no están incluidas las compras con tarjeta que se hacen a crédito, las compras contarjetas revolving”: se paga cada mes una cantidad fija sobre lo gastado, que es como un crédito por el que se paga intereses. Los créditos con estas “tarjetas revolving” se han disparado también, pasando de 8.343 millones financiados por tarjetas en 2012 a 11.040 millones a finales de 2016, que eran ya 12.285 millones de euros en mayo de 2017, según el Banco de España.

El pago con tarjeta es cómodo, ágil e “indoloro” en el momento, aunque luego haya que hacer frente a ese gasto cada mes, ya sea pagando lo gastado el mes anterior o con una cantidad fija que incluye intereses (tarjetas “revolving”). Pero la realidad es que usar las tarjetas es caro, porque pagamos por varias vías. La primera, el pago de una comisión anual por el “plástico”, que a veces se perdona el primer año pero luego generalmente no: son de 35 a 45 euros al año. La segunda, el pago de intereses cuando se aplaza el pago de lo comprados: un tercio de todas las tarjetas que tenemos son así, las “tarjetas revolving”. Y al aplazar parte del pago, estamos pagando hoy un interés que ronda el 20% anual (interés mensual del 1,5%). El tope de interés a pagar debería ser el 24% anual, que es el máximo admitido por el Tribunal Supremo (sentencia 25 noviembre 2015): más considera que es “usura”. Y queda un tercer pago, los costes por descubierto, por superar el límite de la tarjeta: se pagan dos comisiones, por reclamación de posiciones deudoras (35 euros) y por descubierto (30 euros), más los intereses de demora (a un 20% TAE).

Como se ve, las tarjetas son una fuente de ingresos para la banca, que además cobra una comisión (“tasa de descuento”) a los comercios que venden con tarjeta, comisión que es libre y oscila entre el 0,5% y el 1,10% por operación (según el negocio), con un mínimo (que suele ser de 0,35 euros). Y a veces les cobra también una reducida cuota mensual por el PTV. Luego, el banco que ha instalado el PTV y que recibe el importe de la compra tiene que pagar una comisión (“tasa de intercambio”) al banco emisor de la tarjeta con la que se paga, una comisión fijada por el Gobierno y que tiene un tope máximo (0,3% por operación en las tarjetas de crédito y 0,2% en las de débito). Si tenemos en cuenta que se hacen más de 3 millones de operaciones al año, por importe de más de 120.000 millones de euros, se estima que la banca ingresa por estas comisiones entre 600 y 1.000 millones anuales. Un buen negocio que explica su interés por colocarnos más tarjetas y encarecer las retiradas en cajeros, que les resultan más costosas y les dan problemas de intendencia y seguridad.

Pero no sólo gastamos sin dinero con las tarjetas. La otra vía, cada vez más usada, es pedir un crédito al consumo, para comprar un coche (37%), financiar un viaje (11%), pagar un master, comprar muebles y electrodomésticos o reformar una vivienda. La banca lleva cuatro años aumentando la concesión de estos créditos al consumo, que han pasado de 12.811 millones prestados en 2012 al doble, 25.356 millones de euros en  2016, el nivel más alto en 7 años, según el Banco de España. Y en 2017 sigue la tendencia: se han prestado 11.276 millones hasta mayo, un 13,86% más que en los cinco primeros meses de 2016.

El Banco de España reconoce en su último informe que la banca española “ha relajado” la concesión de préstamos al consumo entre enero y marzo de 2017, “por 5º trimestre consecutivo”, mientras endurece los créditos a las empresas (no se fían). La razón es doble. Por un lado, les sobra liquidez y le falta negocio, con lo que tiene que buscar a quién colocar un préstamo. Y por otro, los créditos al consumo les resultan un gran negocio: en marzo de 2017, el tipo de interés medio que cobraba la banca española por estos préstamos al consumo era el 8,77%, 2,5% más caros que la media cobrada por los bancos europeos (6,21%), según los datos del Banco de España. Y este interés es un gran negocio para los bancos, teniendo en cuenta el dinero les cuesta el 0% (precio oficial del dinero) y que recogen dinero de sus clientes pagándoles de media un 0,09 % por los depósitos a 1 año. Además de este alto  interés (un 0,63% más elevado del 8,14% que cobraban por estos créditos en diciembre de 2016), los bancos también cobran varias comisiones al dar estos créditos al consumo: comisión de apertura (1 al 2%, con un mínimo de 100-150 euros) y comisión de amortización anticipada (0,5%), más los gastos de notario y registro.

Hoy por hoy, no solo bancos y Cajas están lanzados a “colocarnos” un crédito al consumo o un anticipo sobre la nómina, sino también las financieras (como El Corte Inglés, con 11 millones de tarjetas, a las que ofrece créditos “preconcedidos”), entidades especializadas en préstamos (como Cofidis o Cetelem) y más de 1.000 entidades que proliferan por Internet ofreciendo mini créditos “rápidos y fáciles, sin papeleo”, para los que necesitan dinero más desesperadamente. El último en lanzarse al ruedo de los créditos al consumo ha sido Movistar, que ha creado con La Caixa (en junio de 2017) Movistar Money, una entidad que ofrece créditos rápidos (en 48 horas) de 600 a 3.000 euros, al 16,48 % TAE a devolver en 12,24 y 36 meses, sólo con el DNI y el contrato de móvil con Movistar. Y Orange hará lo mismo en 2018, con su Orange Bank.

El auge de los créditos al consumo empieza a preocupar al Banco de España, que cree que van a seguir creciendo en los próximos meses. Y ha alertado al Defensor del Pueblo, que ya ha iniciado una investigación sobre las empresas de créditos rápidos. Porque muchas son “chiringuitos financieros” poco fiables, con sólo una web y poco capital detrás. Y están cobrando intereses claramente abusivos: según un estudio de Facua, algunas cobran entre el 1.269,7% TAE (Vivas) y el 4.507% TAE (Préstamo 10). Hay ofertas, como la de Kredito24.es que cobra 35 euros de interés por prestar 100 euros a 30 días. O Pepe Dinero, que cobra 30 euros de intereses. El problema radica en que a las entidades que prestan menos de 200 euros sólo se les obliga a estar registradas en el Ministerio de Sanidad y Consumo, sin estar vigiladas por el Banco de España, como bancos y financieras. Y las sanciones dependen de las autonomías, que apenas las vigilan. Todo esto ha disparado los fraudes en el mercado del dinero rápido, como denuncia el documental El descrédito” (verlo aquí).

Sea por las compras con tarjetas o sea pidiendo créditos al consumo, el hecho cierto es que los españoles nos hemos lanzado otra vez a “gastar a crédito, con “alegría”, olvidando que hace sólo unos años estábamos endeudados hasta los ojos y eso nos ha complicado la salida de la crisis. Y lo peor no es sólo que ahora tengamos más deudas, sino que los tipos de interés van a subir seguro en 2018, porque el Banco Central Europeo (BCE) acabará con su política de dinero gratis y subirá los tipos, como los ha subido ya dos veces Estados Unidos (tipos al 0,75-1%). Y con ello, pasaremos a pagar más del 10% de interés por los créditos que tengamos y cerca del 24% por las tarjetas. Una losa, sobre todo para los que tengan un trabajo precario y un sueldo de mileurista. Así que piénselo dos veces antes de “gastar a crédito”. “El que nada debe, nada teme”, dice el refrán. No se pille los dedos otra vez.

 

lunes, 17 de julio de 2017

Nuevas subidas del móvil e Internet


Mañana 18 de julio vuelve a subir Movistar sus tarifas, después de aumentarlas Orange, Vodafone y Jazztel en febrero, abril y mayo. Es la cuarta subida de Movistar este año y la 7ª en poco más de dos años, con un aumento de tarifas del +35%. Y todo apunta a que esta será la estrategia de las “telecos”: dos o tres subidas al año, unos detrás de otros. Lo hacen porque pueden, ya que ahora es un “triopolio” más fuerte, tras las fusiones. Y porque lo necesitan, para invertir en fibra y 4G, para comprar derechos de fútbol (el motor de la TV de pago, su mayor apuesta comercial hoy) y para compensar la rebaja de ingresos por el fin del “roaming”, que multiplicará por 4 las llamadas de los turistas este verano. Pero también nos suben las tarifas del móvil e Internet porque estamos muy “enganchados”: somos el 5º país que pasa más tiempo conectado al móvil, 2 horas y 11 minutos diarios. Las telecos lo saben y cada vez nos ofrecen más datos y más velocidad. Y eso hay que pagarlo. Ojo al dedo.



                                                                                           enrique ortega

Hemos estado muchos años mal acostumbrados, con guerra de tarifas y bajadas de precios en el móvil e Internet entre 2009 y 2015 (-70% de media). Pero ahora llevamos algo más de dos años de subidas constantes. La última mañana 18 de julio: Movistar vuelve a subir sus tarifas de móvil a 4,2 millones de abonados, entre 2 euros al mes (tarifa #6 y #20) y 3 euros (tarifa #10), sin aumentarles datos a cambio. Es la cuarta subida de Movistar este año, ya que el 5 de febrero subió 5 euros al mes las ofertas del paquete Fusión (a cambio de ofrecer más datos), en abril subió otros 5 euros las tarifas de Fusión Contigo y este 18 de junio subió el precio de los megas extras móviles (un 33%, de 1,5 a 2 céntimos por mega extra).

Orange, ahora la segunda mayor teleco, subió también en febrero los precios de sus paquetes convergentes Love (que había lanzado en noviembre), entre 2 y 5 euros, y lanzó el 3 de abril dos nuevas familias de paquetes para el móvil y el hogar, renovando también en junio las tarifas de sus móviles pre-pago (han subido un 25%). Y su filial y segunda marca, Jazztel, subió también el 1 de mayo en 2 euros el abono mensual a todos sus clientes, a cambio de más datos, más minutos de llamada y más velocidad de conexión en fibra.

Y Vodafone, la tercera gran teleco, implantó el 28 de abril una nueva subida de precios, de 2 euros al mes en sus tarifas móviles y de entre 3 y 6 euros mensuales en sus paquetes convergentes, con la contrapartida de más datos móviles, contenidos TV y el servicio de mensajes Chat Zero. Además, Vodafone ha empezado a cobrar 2,5 euros a sus clientes por atenderles diversas incidencias y gestiones por teléfono. Y todas las telecos han subido este año el coste de establecimiento de llamada, a los clientes de móvil sin tarifa plana: de 0,2178 a 0,25 euros, un “redondeo” que significa subirles un +14,78%.

Esta subida de mañana es ya la séptima que hace Movistar en poco más de 2 años, ya que a las 4 subidas de este año hay que añadir las 3 subidas de mayo de 2015 (5 euros), febrero 2016 (3 euros) y agosto de 2016 (de 2 a 5 euros), con lo que la compañía de Telefónica ha subido ya a sus clientes entre 22 y 25 euros al mes, más de un 35% de aumento de tarifas. Y tanto Orange como Vodafone han hecho otras 4 subidas cada uno en estos dos años, con un aumento en la factura que supera el 20%.

Todos ellos argumentan que cobran más por más”, que han subido las tarifas pero también sus datos y la velocidad de conexión, con más servicios (como la TV de pago). Pero las asociaciones de consumidores se quejan de que son subidas “impuestas”, sin que el cliente pida ni necesite más servicios, y que han subido contratos que se habían ofrecido a precios “inamovibles”. Por todo ello, las telecos han sido denunciadas a los Tribunales por distintas asociaciones de consumidores. E incluso han sido multadas por “publicidad engañosa” y “cláusulas abusivas por la Junta de Andalucía (6,3 millones) y la Comunidad de Madrid (30.000 euros). La Comisión de la Competencia (CNMC) ha dicho que vigila estas subidas (“a cambio de mejoras que el cliente no ha pedido”), mientras la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de 2007 es muy clara: “la imposición al consumidor o usuario de bienes o servicios complementarios o accesorios no solicitados tiene la consideración de cláusula abusiva”.

Pero las subidas ahí están y los clientes lo único que pueden hacer es darse de baja sin ser penalizados. El problema es dónde van, porque todas las telecos funcionan igual y suben los precios de forma “coordinada”, algo teóricamente prohibido por las normas de competencia. Así que aunque suben precios, no pierden apenas clientes porque lo hacen todas. Y ahora son más fuertes para imponer condiciones, tras las fusiones producidas en 2014 y 2015 (Vodafone y Ono, Telefónica con Digital + y Orange con Jazztel). Así, las tres grandes telecos (Movistar, Orange y Vodafone) son ahora un auténtico “triopolio, que monopoliza el mercado: controlan el 84,3% del negocio de móviles y el 93,91% del negocio de acceso a internet, según los últimos datos de la CNMC. Y con el lanzamiento de los paquetes convergentes (teléfono fijo y móvil, Internet y TV “todo en uno”), que tienen el 75% de los clientes, se han quitado de en medio a la mayoría de operadores virtuales (OMV) que competían con ellos por los móviles pero que no tienen red para ofrecer paquetes. Sólo queda fuera MasMóvil, que ha crecido mucho pero que básicamente compite en ofertas low cost.

Las tres grandes telecos suben las tarifas porque pueden (ahora son más fuertes) y porque lo necesitan. Por un lado, para cubrir las enormes inversiones que han hecho en redes (fibra óptica) y en nuevas tecnologías (4G y 5G), unos 11.200 millones de euros invertidos entre 2012 y 2015, compras y fusiones aparte. Y por otro, para hacer frente a los crecientes costes que les acarrea seguir creciendo en el mercado de la TV de pago, su principal apuesta hoy: han tenido que pagar 1.573 millones esta temporada a los Clubs de fútbol por los derechos de televisión y muchos millones más en la compra de series y películas. Y aún tendrán que pagar más por la próxima Champions y Liga. Todo esto hay que “rentabilizarlo” y para ello necesitan aumentar sus ingresos, cobrando más por cada cliente.

Hay un factor más que obliga a las telecos a conseguir más ingresos de sus clientes: el final del "roaming", el recargo por navegar o llamar con el móvil en otro país, que ha desaparecido el 15 de junio por mandato de Bruselas. Al dejar de cobrar este recargo, todas las telecos europeas verán reducidos sus ingresos, en 2017 y sobre todo en 2018 y después. La CNMC estimó que un megabyte  le cuesta a una operadora 1,11 euros y ahora la Comisión Europea les ha fijado a las telecos un precio mayorista de 0,75 céntimos en 2017 y menos en los años siguientes (hasta los 0,24 céntimos en 2022). Con ello, la patronal europea Etno calcula que el roaming reducirá los ingresos de las telecos europeas en 7.000 millones de euros entre 2015 y 2020, una cifra que la Comisión Europa rebaja a 1.200 millones y el regulador Berec la deja en 4.700 millones.

Sean 7.000 o 1.200 millones, el hecho es que el roaming reducirá los ingresos de las telecos, sobre todo de las españolas, porque somos el segundo país de Europa con más turistas, tras Francia: 75 millones en 2016 (frente a 16 millones en Holanda, por ejemplo), una pesada carga para Movistar, Orange y Vodafone, que no sólo ingresarán ahora menos por estos extranjeros sino que tendrán que invertir más en reforzar sus infraestructuras en las costas e islas, para que no se produzcan colapsos en julio y agosto, meses en los que el uso del móvil por los extranjeros podría multiplicarse por cuatro este verano, según Orange. ¿Quién pagará todo esto y les compensará de los menores ingresos? La respuesta es clara: el resto de sus clientes, con las subidas que ya se han hecho este año y las que vendrán. Así que el fin del roaming es una buena noticia, pero lo pagaremos por otro lado (como el bono social eléctrico).

En definitiva, que hemos de acostumbrarnos a que las subidas de móviles e Internet seguirán, dos o tres veces al año, con las telecos buscando que los clientes contraten más datos y más servicios, para que paguen más cada mes. Y en paralelo, no descuidan las tarifas “low cost”, para afrontar la competencia de Más Móvil y sus marcas Yoigo y Pepephone. Así, Orange ha lanzado en junio sus ofertas baratas de móvil e Internet a través de Amena, tras haberlas lanzado en mayo Vodafone, a través de su marca low cost Lowi. Y lo mismo va a hacer Movistar con Tuenti. El riesgo es que, con la subida de las tarifas “normales” y “Premium”, se produzca un cierto trasvase de clientes a las tarifas “low cost”, pero las telecos no pueden descuidar este flanco de clientes con menos poder adquisitivo , y más con la presión de Más Móvil y sus marcas comiéndole terreno.

Pero el centro del negocio está en los clientes de medio y alto gasto, ese 75% que tienen contratados paquetes (fijo, móvil, Internet y TV de pago), a los que tratarán de ofrecer más datos, más velocidad y más servicios, para subir su mensualidad. Hoy por hoy, la batalla comercial está en dos frentes: ampliar los hogares con fibra óptica (cuanto más mejore la autopista de entrada, más servicios a ofrecer y cobrar) y ampliar los hogares con TV de pago.

En fibra óptica, España es líder en Europa, con 23 millones de hogares conectados, más que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos, sólo por detrás de Japón y Corea. Pero muchas familias siguen accediendo a Internet en casa con ADSL (6,6 millones) y cable (1,7 millones) y todavía no han contratado fibra óptica (sólo 5,85 millones de hogares), aunque lo tengan a la entrada de su edificio. Por eso, las telecos y sobre todo Movistar (la que tiene más fibra: llega a 17 millones de hogares) están empeñados en que sus clientes la contraten, para poder ofrecerles más servicios (pack de televigilancia y conexión de aparatos en el hogar y juegos)  y cobrarles más por ellos. Incluso Movistar ha hecho este año algo inaudito: ha firmado un acuerdo con su competidor Vodafone para  que pueda acceder a su red de fibra y ofrecérsela a sus clientes. Mejor que pague Vodafone por subcontratar la red que tenerla sin usar. Pero el acuerdo va a acelerar la agresividad comercial de las telecos por ofrecer fibra.

La otra oferta de este año será la TV del pago, con el gancho del fútbol y las series. Sólo se lleva ofertando unos pocos años y ya son 6.062.364 los españoles que la tienen contratada, casi una cuarta parte de los clientes de las telecos: 3,6 millones de Movistar, 1,2 millones de Vodafone y 493.000 de Orange, según los datos de la CNMC (2016). De hecho, los ingresos de la TV de pago son uno de los motores de la recuperación económica de las telecos, que ingresaron por esta parte de su negocio 1.873,5 millones de euros en 2016, casi tanto como las televisiones en abierto (1.879 millones, ingresados por Atresmedia y Mediaset sobre todo). El problema es que para conseguir esos ingresos (un 8% de su negocio) han de invertir mucho en comprar series y sobre todo fútbol, cuyos derechos se han disparado. Y costarán más la próxima temporada, en que la UEFA ya ha vendido la Champions 2018 a Mediapro por 1.100 millones. Ahora toca renegociar esos derechos más los de las Ligas 2019-2022.

Las telecos se quejan de que los costes del fútbol son impagables y tratan de forzar a la baja a los Clubes y las subastas. Pero saben que necesitan el fútbol para seguir creciendo, para conseguir que más de la mitad de los clientes tengan TV de pago, como en otros paises (ahora son un 35%).De hecho, Movistar ha incorporado en julio  la TV de pago a todas sus ofertas de Movistar Fusión, con objetivo de "universalizar la televisión de pago entre sus clientes" (en la práctica, quieran o no).  Y por eso, Movistar y las demás telecos pagarán millonadas por el futbol e invertirán en series y películas, aunque eso obligue a subir tarifas y a que lo paguen los clientes de móvil e Internet: se subvenciona al fútbol con el extracoste que pagan los internautas, denuncia la Asociación de Internautas.

Las telecos buscan además otras fuentes de ingresos, aprovechando los millones de clientes que tienen “pillados”, porque hay más contratos de móviles (51,1 millones) que españoles: 26, 8 millones de clientes tiene Movistar (17,1 millones de móviles y 9,78 millones de Internet), 19,7 millones Orange (15,84 y 3,88), 17,5 millones de clientes Vodafone (14,51 y 3,06) y 4,7 millones de clientes Más Móvil (4,5 y 0,24). Lo penúltimo era ofrecerles pagos por móvil  (Vodafone Wallet, Orange Cash o Samsung Pay) y servicios bancarios: Orange Bank quiere abrir en España en la segunda mitad de 2018, mientras Telefónica opera en Alemania con O2 Banking. Y lo último es que Movistar ofrece créditos desde junio: sus clientes pueden solicitar un crédito rápido (48 horas) de 600 hasta 3.000 euros, a través del móvil, a devolver en 1,2 o 3 años.

Al final, si las telecos nos suben los precios dos o tres veces al año no sólo es porque pueden (son un “triopolio”) y lo necesitan (para aumentar ingresos, inversiones y beneficios) sino también porque nos dejamos, porque estamos “enganchados” al móvil e Internet y pagamos lo que nos digan. España lidera el uso del Internet móvil en Europa: así se conectan a la Red un 93% de españoles, por delante de Holanda (88%) y Reino Unido (86%). Y somos el 5º país del mundo que más tiempo utiliza el móvil: 2 horas y 11 minutos de media, según Statista, sólo por detrás de Brasil (4h 48 minutos), China (3h 03 minutos),  Estados Unidos (2h 37) e Italia (2h 34), por delante de Corea del Sur y Canadá (2h 10), Reino Unido (2h 09), Alemania (1h 37) y Francia (1h 32). Y no sólo usamos el móvil e Internet mucho tiempo, sino que cada vez gastamos más datos: el tráfico en las redes móviles se ha multiplicado por 6,6 entre 2012 (26.488 terabytes) y 2016 (172.477 terabytes). Incluso se han recuperado las llamadas por el móvil (91.361 millones de minutos en 2016, 10% más que en 2015), 4 veces más que las llamadas de fijos (21.250 millones de minutos).

Con este mayor uso de los móviles e Internet y las subidas de los dos últimos años, la factura de las telecos ha subido mucho. Y el gasto medio por cliente estaba en 74,7 euros al mes a finales de 2016 (+5% sobre 2015), según la CNMC. Una media que esconde que un 20% de españoles gastan en teléfono e Internet más de 125 euros al mes y otro 20% gasta menos de 40 euros. La media de los que tienen paquetes cuádruples (fijo, móvil, Internet fijo y móvil) son 65,70 euros al mes y los que tienen paquete quíntuple (con TV de pago) pagan de media 89,40 euros al mes. En líneas generales, el coste del acceso a Internet en España está entre el 5º y el 11º país más caro de Europa (según la velocidad), con datos de la Comisión Europea para 2016. Y somos el 22º país europeo más caro y el 35º del mundo en coste del acceso a internet móvil, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En definitiva, no sabemos vivir sin el móvil e Internet y esto nos cuesta cada año más y seguirá subiendo en el futuro, porque las telecos tienen la sartén por el mango y nos tientan con más datos y servicios que después hay que pagar. Así que o “vigilamos el dedo” o pronto pagaremos más de 100 euros al mes. Es el coste de vivir súperconectados.