jueves, 22 de junio de 2017

Más horas extras gratis sin control

 
Este año han vuelto a aumentar las horas extras que se hacen en España, 5,8 millones cada semana, como sucede desde 2012, gracias a la reforma laboral de Rajoy. Y más de la mitad de estas horas extras no se pagan, frente a un tercio antes de la crisis. Muchas empresas afrontan el aumento de trabajo exigiendo más horas, no contratando gente. Y esto puede ir a más, después de que dos sentencias del Supremo (marzo y abril 2017) hayan establecido que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, hasta ahora obligatorio. Con ello, los inspectores de Trabajo se quejan de que pierden el mecanismo clave para controlar las horas extras. Y además, les faltan medios para vigilar los abusos, porque España tiene la mitad de inspectores que Europa. Urge tomar medidas para limitar las horas extras, porque quitan 156.300 empleos cada año. Y son un fraude que reduce los ingresos de la Seguridad Social y las futuras pensiones.
 


                                                                                                                  enrique ortega

España ha sido siempre “un país de horas extras”, con una tendencia a alargar la jornada laboral “haciendo horas”: el trabajador las veía como una forma de “redondear su sueldo” y la empresa como un sistema para ahorrarse en sueldos y cotizaciones, ganando en flexibilidad. Así se llegó, en los años de “vacas gordas”, a un récord de 10,2 millones de horas extras a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y cayeron los pedidos, con lo que las empresas metieron un tajo a las horas extras, que bajaron a la mitad, a un mínimo de 4,5 millones de horas a la semana en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó la reforma laboral, que da más poder a los empresarios para regular la jornada de sus trabajadores. Y a medida que la economía se ha ido recuperando, han vuelto a crecer las horas, desde 2012: 6,1 millones a la semana a finales de 2013, 5,4 millones a finales de 2014, 5,9 millones a finales de 2015, 5,48 a finales de 2016 y ahora, 5.871.200 horas extras semanales en el primer trimestre de 2017, según el INE (EPA).

Junto a la recuperación de las horas extras, hay un cambio fundamental en estos años: la mayoría de estas horas extras no se pagan, el trabajador las hace gratis total. Si en 2008 sólo se hacían gratis el 37,8% de las horas extras y el 48,8% en 2011, a partir de 2012, con el elevado paro (casi 6 millones)  y la reforma laboral de Rajoy, son ya más las horas extras que se hacen gratis que las que se pagan. Y así, año tras año, hasta primer trimestre de 2017, en que un 51,4% de las horas extras (3.018.700) se hacen gratis, sin cobrar por ellas, según el INE. Y eso porque los trabajadores saben perfectamente que no pueden negarse si quieren mantener su empleo.

Este abultado número de horas extras explica en gran medida que la jornada laboral en España sea una de las más largas del mundo, según la OCDE (datos 2015): trabajamos  una media de 1.691 horas anuales (263 horas menos que en 1979), por debajo de la media de los 35 paises OCDE (1.766 horas) y de Italia (1.725 horas), pero por encima de las horas que trabajan Alemania (1.371 horas), Francia (1.482 horas) o Reino Unido (1.674 horas). Y en cómputo semanal, trabajamos 38 horas semanales (2015), sólo por detrás de Grecia (42 horas) y Portugal (39,3), más horas que Francia (37,2), Italia (36,9), Reino Unido (36,5), Irlanda (35,4), Alemania (35) y Holanda (30 horas), según los últimos datos de la OCDE.

¿Quién hace horas extras en España? Resulta curioso ver que son una minoría de trabajadores, sólo el 4,85 % de los asalariados, según los datos del INE (EPA): de 15.340.800 asalariados que trabajaban en marzo de 2017, sólo 744.500 trabajadores habían hecho horas extras la última semana, un promedio de 8,8 horas cada uno. Son unos 100.000 trabajadores más de los que hacían horas extras en 2011 (655.500 asalariados). La mayoría (230.500) hacen de 4 a 6 horas semanales, seguidos de los que hacen de 10 a 12 (147.400 trabajadores) y de 1 a 3 horas semanales (127.400). La mayoría de horas extras se hacen en la industria, la hostelería, el comercio, los transportes, la sanidad y la banca. Y otro dato curioso: los que hacen horas extras no son los trabajadores más precarios sino los que laboralmente están mejor: hombres (59%) con contrato indefinido (75% de los que hacen horas), con jornada a tiempo completo (75%) y sobre todo técnicos y directivos, trabajadores “de cuello blanco”, según un detallado estudio realizado por CCOO. Sin embargo, resulta chocante que los trabajadores a tiempo parcial sean los que han triplicado sus horas extras desde 2008, según los datos del INE. Y que teniendo media jornada hagan casi tantas horas extras como los que tienen jornada completa.

La normativa laboral vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80 horas anuales las horas extras y establece que hay un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere con libranzas las horas extras realizadas. Pero en muchos casos, no se recuperan ni tampoco se cobran. Son “lentejas”. Los sindicatos llevan un par de años luchando contra el abuso de las horas extras, especialmente en la banca, donde cada año siguen los despidos mientras los que se quedan amplían la jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (en diciembre de 2015 y febrero y marzo de 2016) obligando a los bancos (y por extensión, a las demás empresas) a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar sus horarios y las horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias de la Audiencia Nacional, la inspección de Trabajo aprobó en marzo de 2016 una instrucción interna para exigir a las empresas este registro diario de jornada. Y se lanzaron a inspeccionar (y multar) a muchas empresas.

Pero la banca recurrió las tres sentencias contrarias de la Audiencia nacional (contra Bankia, Sabadell y Abanca) y el Tribunal Supremo les dio la razón, en dos sentencias (23 marzo y 20 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de las horas extras y comunicárselas cada mes a los trabajadores afectados. Al ser ya dos sentencias, el Supremosienta jurisprudencia” y la Inspección de Trabajo se ha visto obligada a cambiar su instrucción de marzo, aprobando otra el 25 de mayo donde ya no se exigirá a las empresas el registro diario de jornada.

Ahora, ¿qué va a pasar con las horas extras? Los inspectores de Trabajo se quejan de que las sentencias del Supremo les han quitado el instrumento más eficaz con el que contaban para detectar las horas extras, el registro diario de jornada. Y que detectar el fraude, el exceso de horas extras por las que ni se paga ni se cotiza, va a ser ahora más difícil. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistema informáticos, y porque el nivel de fraude es elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Y eso que sólo hizo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).

Los inspectores de Trabajo creen que la normativa actual deja muchos resquicios a las horas extras sin control y que habría que aprobar una normativa ad hoc, que ayudara a controlar mejor este fraude. De hecho, las propias sentencias del Supremo admiten que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador el probar las horas extras que hace”. De momento, el PSOE acaba de presentar en el Congreso una proposición de Ley para obligar a las empresas a llevar un registro diario de la jornada laboral. Pero la patronal no quiere oír hablar de este registro y piden autonomía para que las empresas regulen horarios y horas extras, como les permite la reforma laboral de 2012. Y mientras, los sindicatos se quejan de que no se les informa de las horas y que los trabajadores no denuncian por miedo a perder su empleo (y por la necesidad que tienen de redondear sus ingresos con las horas que sí les pagan).

El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan así contratar nuevos empleados, con lo que las horas extras evitan crear 156.300 empleos, según cálculos de CCOO. Por otro, al no pagarse más de la mitad de las horas extras, tampoco se cotiza por ellas, lo que se traduce en menos ingresos para la Seguridad Social y una menor pensión futura para los trabajadores afectados. UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, los trabajadores que hacen horas sin cobrarlas dejan de percibir ingresos a los que tendrían derecho: entre  2010 y  2015 dejaron de percibir 12.500 millones de euros sólo por horas extras, según los cálculos de UGT. Y además, se les paga un sueldo más bajo del que deberían recibir porque se les compensa en parte pagándoles (menos) por las horas extras que sí cobran.

Que los trabajadores con empleo hagan tantas horas extras es un escándalo en un  país que todavía tiene 4.255.000 parados. Urge aprobar una Ley que controle con eficacia la jornada laboral y limite el uso de las horas extras, para que las empresas no se agarren a los Tribunales para aprovechar el vacío legal existente. Y urge aprobar un Plan de lucha contra el fraude en las horas extras, con una estrategia clara y más medios, sobre todo más inspectores de Trabajo: hay 1.800 inspectores y subinspectores, la mitad de funcionarios para inspección que en Europa, según datos de la OIT (hay 1 inspector de Trabajo por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea).

En definitiva, se está creando empleo (muy precario), pero se podría crear más empleo si los trabajadores ocupados  hicieran menos horas extras y las empresas afrontaran esa mayor carga de trabajo con nuevos empleos, no forzando a hacer horas gratis a los que ya trabajan. Es algo sencillo de entender y fácil de controlar, si el Gobierno aprueba unas normas claras, que no puedan “interpretar” los tribunales, y si hay inspectores suficientes para evitar el fraude. Porque una actuación decidida, con sanciones ejemplares a las empresas que abusen, reduciría en poco tiempo las horas extras al mínimo. Y aumentaría el empleo y los ingresos de la Seguridad Social, que falta nos hacen.

lunes, 19 de junio de 2017

Obesidad: una epidemia imparable y costosa


La última alerta sobre la obesidad no la han dado los médicos de la OMS sino los economistas de la OCDE: más de la mitad de los adultos del mundo y 1 de cada 6 niños sufren sobrepeso. Y 1 de cada 5 son obesos. Es una grave epidemia que crece imparable y que causa 2,8 millones de muertes al año. España es el segundo país con más sobrepeso y tenemos un grave problema de obesidad infantil, que afecta al 20% de los niños y al 16% de las niñas. Los médicos dicen que no hay una sensibilidad social frente al sobrepeso y la obesidad, que son el origen de muchas enfermedades graves. Y piden que declaremos “la guerra a la obesidad”, con un Plan de medidas para mejorar la alimentación, hacer más ejercicio y atajar la enfermedad con fármacos y operaciones. Urge una Campaña nacional para bajar peso, porque la obesidad mata y encima nos cuesta el 10% del gasto sanitario. Comamos mejor.



                                                                                                enrique ortega

Comer mal y en exceso es la epidemia mundial del siglo XXI: ya hay 1.900 millones de personas con sobrepeso y 600 millones de obesos, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). O sea, que hay el triple de humanos que comen mal frente a  los que pasan hambre (793 millones, según la FAO). Cualquiera de nosotros podemos saber si estamos incluidos en estas fatídicas estadísticas: basta con que calculemos nuestro índice de masa corporal (IMC). Una sencilla fórmula (ver calculadora) que consiste en dividir el peso (en kilos) por el cuadrado de la altura (en metros). Por ejemplo 78 kilos/ (1,72m)2 = 26,4. Si este índice está por encima de 25 tenemos sobrepeso y si supera los 30, somos obesos.

La OCDE, el organismo que agrupa a los 35 paises más desarrollados, ha dado en mayo la última alerta sobre el sobrepeso y la obesidad, con datos que incluso empeoran los de la OMS: más de la mitad de los adultos y 1 de cada 6 niños sufren sobrepeso en los paises desarrollados, según su informe “Obesity Update 2017”. El ranking del sobrepeso en adultos lo encabeza México (70,4% población 15-74 años tiene sobrepeso), seguido de EEUU (67,4% población), Hungría y Reino Unido (58,7%). España, con un 46,7% de los adultos con sobrepeso, es el 2º país de Europa en exceso de peso (tras Reino Unido), por delante de Francia (40,8%) e Italia (40,7%), según la OCDE. Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Sanidad (2015) elevan estas cifras y hablan de un 53,7% de adultos (más de 18 años) con sobrepeso y un 27,8% de niños y jóvenes (2 a 17 años). Tremendo.

Y las cifras de obesos, el siguiente estadio, son también muy impactantes, según el informe de la OCDE: un 19,5% de los adultos del mundo son obesos, el doble que en 1980. Aquí el ranking mundial lo encabeza EEUU, con un 38,2% de adultos obesos, seguido de México (32,4%), Reino Unido (26,9%), Canadá (25,8%) y Alemania (23,6%). España ocupa el lugar 22 en este ranking de obesidad, con un 16,7% de adultos obesos, por delante de Francia (15,3%) y Portugal (16,6%) y por debajo de Italia (9,8% de obesos), paises nórdicos (del 12 al 14,9%) y Japón (el país con menos obesos, un 3,7% de los adultos). España está por debajo de la media de obesidad de la OCDE (19,5%), pero el problema es que la obesidad se ha casi duplicado en nuestro país, pasando del 9,1% en 1993 al 16,7% actual.

Lo que más preocupa, a la OMS y a la OCDE, es el crecimiento del sobrepeso y la obesidad en los niños, que serán los obesos de mañana: 1 de cada 6 niños tiene sobrepeso en el mundo (son 2 millones), un 15,5% en los paises de la OCDE. Y más en España: un 16,5% de los niños de 15 años tienen sobrepeso, con lo que somos el 8º país de la OCDE con más niños gordos, por delante de Alemania (16%), Portugal e Italia (15,5%), Reino Unido (14%) o Francia (12%). Y aún estamos peor en niños obesos: lo son el 18,1% de los niños españoles (20,4% los niños y 15,8% las niñas), según el estudio Aladino 2015-2016 (niños 6-9 años), frente al 16,6% en la OCDE. Claro que en EEUU, casi un 31% de los niños sufren sobrepeso.

Pero lo preocupante no es solo el sobrepeso y la obesidad en los paises desarrollados, sino que están creciendo con mucha fuerza en los paises en desarrollo, en las zonas pobres del mundo, según revelan la FAO y la OMS. Un ejemplo es Latinoamérica, la región del mundo que más ha reducido el hambre en las últimas décadas (del 14,7 al 5,5% de su población): ahora, 3 de cada 5 latinoamericanos (el 58%) tienen sobrepeso (360 millones de personas), según un informe de la FAO. Y hay paises como Haití, donde una parte de la población pasa hambre y otra parte tiene sobrepeso, porque compran alimentos ultra procesados, de baja calidad y con un exceso de grasas, pero más baratos que las frutas, verduras, carnes y pescados que necesitarían para alimentarse de forma más equilibrada.

Con todo, lo peor es que la OCDE estima que la epidemia de sobrepeso y obesidad irá  a más en los próximos años, sobre todo en los paises más desarrollados. Y así anticipa que en 2030, el 46,62% de los estadounidenses serán obesos (hoy lo son el 38,2%), el 39,15% de los mejicanos (hoy 32,4%), el 34,95% de los británicos (hoy 26,9%) y el 29,10% de los canadienses (hoy 25,8%). Para España, la OCDE estima que el porcentaje de obesos (16,7% en 2015) suba al 18,24% en 2020 y al 21,16% en 2030, todavía por delante de Italia (13,26% obesos en 2030) y Francia (19,48%).

Dos son las causas fundamentales de esta epidemia de sobrepeso y obesidad, según la OMS: la mala alimentación y la falta de ejercicio. Por un lado, comemos mucho, con un exceso de azúcares y grasas y una falta de frutas, verduras, legumbres y cereales.  Se abusa de la “comida rápida” y la bollería, sobre todo los niños. Y hay una serie de factores psicológicos y emocionales (como el estrés o la ansiedad) que nos llevan a “comer de más”. También hay factores genéticos que explican entre un 20 y un 40% de la obesidad, según la OMS. El otro gran responsable del sobrepeso es el sedentarismo, la falta de ejercicio, el estar demasiadas horas en el sofá viendo la televisión o con el móvil y los videojuegos.

Lo curioso del sobrepeso y la obesidad es que afecta más a las mujeres que a los hombres, según la OMS, aunque está creciendo más entre los hombres. Y los estudios demuestran que las mujeres de clase baja y con menos formación tienen una posibilidad entre dos y tres mayor de ser obesas que el resto. En España, donde hay un 16,7% de obesos, las personas que sólo tienen educación primaria alcanzan un 26,7% de obesidad mientras sólo son obesos el 9,8% de los universitarios, según el último  Informe anual de Sanidad (2015).

El sobrepeso y la obesidad son la segunda causa de mortalidad en el mundo, tras el tabaco: cada año mueren 2,8 millones de personas por enfermedades causadas por el exceso de peso, según la OMS. Entre las enfermedades causadas por el sobrepeso están las cardiovasculares (cardiopatías e ictus), la diabetes (la padecen 415 millones de personas en el mundo), los trastornos del aparato locomotor (artritis y degeneración de las articulaciones), el asma y algunos tipos de cáncer (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula, riñones y colon). En los niños, la obesidad provoca dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos, según los estudios de la OMS.

El mayor coste del sobrepeso y la obesidad son las enfermedades y las muertes, pero no son los únicos: es un problema que afecta negativamente a la economía, a la productividad de las empresas y aumenta los costes de la sanidad y de los ciudadanos. Por todo ello, se estima que la obesidad en el mundo tiene un coste de 2 billones de dólares, el 2,8% del PIB mundial, según un estudio de la consultora McKinsey. El mayor coste es el sanitario, que aumenta un 50% con la obesidad (y un 20% con el tabaquismo). Además, el sobrepeso aumenta el absentismo laboral y reduce la productividad de las empresas. Y a nivel de los ciudadanos, los obesos tienen más problemas para ser contratados (este prejuicio se llama “lookism) y cuando encuentran un empleo suelen cobrar menos que los trabajadores sin sobrepeso. Incluso algunas líneas aéreas (como Samoa Air) han empezado a cobrar más a los clientes obesos, que también gastan más en carburantes. Y la sanidad británica ya les ha advertido que no tendrán prioridad al operarse, mientras las compañías de seguros médicos cobran más caras las primas a las personas obesas o con sobrepeso.

En España se estima que una persona obesa consume un 20% más de recursos sanitarios y un 68% más de fármacos, por las enfermedades que acarrean (diabetes, cardiopatías, hipertensión, artrosis), según un estudio de The Economist y Ethicon. Por eso, el sobrepeso y la obesidad pueden ser culpables de un 7% del gasto sanitario español, según un estudio realizado en 2012 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (hoy AECOSAN). Un coste que podría elevarse hoy al 10% del gasto sanitario, nada menos que 6.500 millones de euros anuales. En Reino Unido se estima que el coste de la obesidad alcanza los 6.430 millones al año, un tercio más que los costes del tabaquismo (4.150 millones) y cuatro veces más que el alcoholismo (1.130 millones). Y todo apunta a que, si no se toman medidas, el sobrepeso y la obesidad pueden arruinar las cuentas de la sanidad en los próximos 20 años. Baste decir que el gasto sanitario solo por la diabetes (una pandemia mundial) crecerá un 50% de aquí al año 2040.

Ante tantas muertes, tantas enfermedades y tantos costes motivados por el sobrepeso y la obesidad, el mundo y España deben reaccionar y tomar medidas eficaces cuanto antes. La primera y fundamental, según los médicos de la Sociedad española para el  estudio de la obesidad, “cambiar la mentalidad” ante esta enfermedad, considerarla una enfermedad grave y no menor (“vale, estoy un poco gordo y debo adelgazar”). “Hay que “declarar la guerra a la obesidad”, proclaman, pidiendo que lo hagan los médicos, los ciudadanos y los políticos, para afrontar el problema con urgencia y un abanico de medidas eficaces.

Lo principal es lanzar campañas masivas a favor de una dieta equilibrada, que insista en el consumo de verduras, frutas, cereales integrales y frutos secos, reduciendo las grasas y los azúcares y la comida preparada. Es importante que el Gobierno fuerce a la industria alimentaria a informar sobre el contenido de los alimentos, fomentando el uso de semáforos donde se indiquen los productos no aconsejables. Y en paralelo, utilizar los impuestos para penalizar las comidas y bebidas ricas en grasas y azúcares, como ha pedido la OMS, al proponer recientemente que se suban los impuestos a las bebidas azucaradas (lo hacen muchos paises, como Francia, paises nórdicos, Sudáfrica, México y varios estados USA, pero Montoro no quiso incluirlo en los Presupuestos 2017).

Otra vía de actuación es controlar la publicidad de comidas y bebidas, para prohibir y desalentar los anuncios de comidas y bebidas que fomenten la obesidad, sobre todo entre los niños y jóvenes. Y multiplicar las campañas educativas sobre lo que hay que comer en colegios y Universidades, limitando y controlando las máquinas dispensadoras. Y se debería pedir la colaboración de las empresas, para que hagan campañas en los centros de trabajo y ayuden a una mejor alimentación de sus trabajadores y a que hagan más ejercicio, en beneficio de una mejor productividad y menores costes por bajas laborales y absentismo.

Y queda elaborar un Plan global contra la obesidad en la sanidad pública, empezando por elaborar protocolos de actuación en atención primaria (para los pediatras y médicos de familia), fomentar unidades especializadas en los hospitales (con nutricionistas, ausentes de la sanidad pública) y mejorar la atención a los obesos, ampliando las operaciones y la atención farmacéutica. La cirugía bariátrica es muy efectiva y su coste se recupera en 2,5 años, pero se aplica poco en España: se hacen unas 5.000 operaciones a los obesos más graves, pero deberían hacerse cuatro veces más, hasta 20.000 al año, para equipararnos con lo que se hace en Europa, según The Economist. Y en cuanto a los medicamentos contra la obesidad, sólo hay dos autorizados en España (Xenical y Saxenda o Victoza), pero necesitan visado y el inspector no los autoriza a los pacientes obesos (sólo a los que tienen diabetes u otra enfermedad), con lo que no los cubre la Seguridad Social. Un ahorro que se traduce a la larga en más costes después para la sanidad pública.

En resumen, estamos ante un grave problema sanitario y social, un sobrepeso que afecta a la mitad de la población y causa muchas enfermedades y muertes. Y un problema que tiene un alto coste sanitario y económico, que puede quebrar las cuentas futuras de la sanidad pública, máxime si 1 de cada 5 niños actuales acaba siendo obeso en el futuro. Y que deteriora la productividad de las empresas y los costes de las familias. Hay que lanzar una guerra total contra el sobrepeso, tomárselo más en serio de lo que nos lo tomamos todos, desde los ciudadanos a los políticos. Y plantear  una Campaña nacional para bajar de peso, con recursos y medidas efectivas. Tenemos que conseguir comer mejor, de una forma más equilibrada, para estar más sanos. Comamos con cabeza.

jueves, 15 de junio de 2017

Justicia colapsada y poco independiente


Los Juzgados se están llenando este mes de junio de pleitos de clientes contra los bancos, por las clausulas suelo y los gastos de las hipotecas. Abogados, demandantes, jueces y personal judicial temen que este aluvión de demandas (de 200.000 a 500.000) colapse aún más los juzgados españoles, aquejados de un exceso de litigios y de falta de medios y jueces. Mientras, un reciente informe de la Comisión Europea revela que la Justicia española es más  lenta que la europea y suspende en independencia: el 60% de los ciudadanos y empresas españolas desconfían de su independencia, frente al 40% en Europa. Urge aprobar un Plan de choque para agilizar la Justicia, con más dinero, más medios, más jueces y más Juzgados. Y cambiar su organización y varias Leyes, para que sea más eficaz y más independiente de los políticos. Porque una Justicia ineficaz y poco independiente es mala no sólo para los ciudadanos y la democracia, también para la economía y el empleo.


                                                                                           enrique ortega

Desde el 1 de junio, están llegando a los Juzgados españoles miles de demandas de clientes de los bancos y Cajas, para reclamar la devolución de las clausulas suelo, cobradas indebidamente, según la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal de Justicia Europeo. En principio, el Gobierno aprobó un sistema para que las entidades pactaran un acuerdo con los clientes afectados, en torno a 1.400.000 personas en toda España, a los que tendrían que devolver más de 5.544 millones de euros, según los datos recabados por la CNMV. A finales de mayo venció el plazo de 3 meses dado para conseguir estos acuerdos y eran muchos los clientes que no habían pactado una compensación. En unos casos, porque los bancos no aceptaban la demanda y en otros porque los clientes pensaban que iban a ganar más si reclamaban ante los tribunales, animados por mediáticos bufetes de abogados que pensaban “hacer su agosto” con las minutas a cobrar por estas demandas contra la banca.

El resultado es que se espera que entre junio y diciembre se presenten entre 200.000 y 500.000 demandas judiciales contra bancos y Cajas, no sólo por el cobro indebido de cláusulas suelo sino también por otros temas financieros que ahora se pueden recurrir, en base a recientes sentencias judiciales: cobro de gastos de formalización de hipotecas (son recuperables), vencimientos anticipados, intereses de demora o hipotecas multidivisas. Para hacer frente a esta avalancha de demandas, el Consejo general del Poder Judicial ha dispuesto que se especialicen 54 Juzgados (uno por provincia más dos en islas), que serán los que asuman de manera exclusiva estos litigios, al menos inicialmente, aunque se teme que serán insuficientes y acabarán en el resto de Juzgados.

El temor de abogados, clientes y expertos judiciales es que esta avalancha de litigios contra la banca colapse aún más los juzgados españoles, a pesar de que el CGPJ dice que ha reforzado esos 54 Juzgados especializados con jueces (67 recién salidos de la escuela judicial) y más personal. De hecho, las cuatro Asociaciones judiciales, los Colegios de abogados y procuradores, los letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y distintos sindicatos de funcionarios han suscrito un manifiesto contra el Plan de refuerzo del CGPJ, señalando que “este Plan está abocado al fracaso” y que se va a colapsar más la Justicia. Baste un ejemplo. En Madrid, donde podrían recibirse hasta 80.000 demandas, el Juzgado especial que atenderá estos litigios cuenta con 1 juez en prácticas, 2 secretarios judiciales y 10 funcionarios…

Este aluvión de demandas es especialmente preocupante porque cae sobre una Justicia ya colapsada, sobre Juzgados invadidos de expedientes y faltos de medios. Y eso porque en 2015 ingresaron en los 3.964 Juzgados españoles un total de 8.376.311 asuntos, 38.000 asuntos nuevos entrando cada día laborable, según la última Memoria del CGPJ. Una vorágine de expedientes, aunque han caído drásticamente en 2016, según los datos presentados en marzo en el Congreso: el año pasado entraron en los Juzgados 5.813.031 nuevos asuntos, casi un tercio menos que en 2015 (-31,4%). Ello se debe a un doble cambio legal, que ha aligerado los Juzgados. Por un lado, el 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que destipificaba como delitos algunas conductas y sustituía los juicios de faltas por delitos leves. Por otro, el 6 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal, por la que la policía ya no envía a los Juzgados los atestados de delitos en los que no haya un autor conocido, atestados que antes llegaban a los Juzgados para que el juez los archivara. Por las dos vías, menos papeleo y menos trabajo para los Juzgados españoles en 2016.

Pero aun así, 5.813.031 nuevos asuntos ingresados en 2016 son muchos expedientes para la justicia española, que tiene una tasa de litigios (124,9 por 1000 habitantes) que es de las más altas de Europa. Y además, las causas judiciales son cada vez más complejas y exigen más tiempo a los Juzgados, retrasando las sentencias. De hecho, el último informe de la Comisión Europea sobre la Justicia europea en 2016 revela que la Justicia española es lenta: es el 8º país europeo donde más tardan los procedimientos judiciales, 238 días de media, sólo por detrás de Chipre (1.085 días), Portugal (710), Grecia (510), Malta (447), Italia (393), Francia (304) y Eslovaquia (240 días). Y muy alejada de los 17 días de Dinamarca, los 53 de Austria, los 55 de Polonia o los 87 de Holanda (no dan datos de Alemania y Reino Unido).

El otro grave problema de la Justicia española, según este informe de la Comisión Europea, es su falta de independencia. El 60% de los ciudadanos españoles creen que la independencia de la Justicia es mala o muy mala y que está presionada por intereses políticos o económicos, siendo el tercer país europeo con peor percepción de independencia (sólo por detrás de Eslovaquia y Bulgaria), alejados del 40% de media europea negativa  y del 10 al 25% negativo de los paises nórdicos. Y lo mismo pasa con las empresas españolas: el 60% suspenden en independencia a nuestra justicia, el 5º porcentaje negativo más alto en Europa. 

Además de lenta y poco independiente, la Justicia española tiene serios problemas de funcionamiento. Lo reconoció en marzo pasado, en el Congreso, el presidente del poder judicial (CGPJ), Carlos Lesmes: “Siguen existiendo en buena parte de nuestros Juzgados y Tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia”. El problema no es sólo que se acumulen los litigios, sino que el trabajo judicial está mal repartido: de los casi 4.000 Juzgados, hay 1.659 (el 43,5%) cuya carga de trabajo es el 150% de la que debería ser, según un informe de 2014 del CGPJ. Esto pasa sobre todo en los Juzgados de lo social (el 97% trabajan al 150% de la media), los de 1ª Instancia (95% colapsados) y los Juzgados mercantiles (el 93% superados), sobre todo en Madrid, Sevilla, Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia. Y así pasa, que hay Juzgados señalando juicios para dentro de dos, tres y cuatro años.

Si la Justicia es “la Cenicienta de la Administración española”, se debe a varias razones. Por un lado, los recortes del Gobierno Rajoy, que agravaron su penuria de medios. Si en 2010, el Presupuesto de Justicia era de 1.804 millones de euros, cayó un 19% hasta los 1.461 millones de 2014 y aunque ha subido los tres años siguientes, aún no se ha recuperado (1.726 millones para 2017). Y también se han recortado los Presupuestos de las 12 autonomías que tienen la Justicia transferida (todas menos Castilla y león, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, más Ceuta y Melilla). Con ello, el gasto en Justicia por habitante se redujo de 91 euros en 2012 a 88 en 2014, un gasto que nos sitúa en la media europea, como el 12º país por gasto en Justicia. Y ligeramente por debajo de los grandes, en porcentaje de gasto en Justicia sobre el PIB: un 0,35%, frente al 0,40% del PIB que gastan Alemania o Reino Unido.

Al final, los recortes y el menor gasto se traducen en  menos medios, menos personal judicial y menos jueces. En España hay 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que en Europa, donde hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Y somos el 7º país europeo con menos jueces, muy por debajo de Grecia (21 jueces por 100.000 habitantes), Portugal (19,2) o Alemania (24,7 jueces), aunque tenemos más jueves que Italia (10,6) y Francia (10,7). Y en fiscales, tenemos 5 por 100.000 habitantes, frente a 11 de media en Europa (eso sí, tenemos el doble de abogados: 241 por 100.000 habitantes frente a 149 en Europa). Lo mismo puede repetirse en funcionarios judiciales y Juzgados. Sólo en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad cree que hacen falta 92 nuevos Juzgados, además de que urge renovar los juzgados actuales, a los que falta de todo (hasta calefacción y fotocopiadoras).

Un problema muy serio de la Justicia española es el exceso de papel, las estanterías y sótanos llenos de legajos. Teóricamente, el 1 de enero de 2016 entró en vigor el Plan de digitalización de la Justicia, el programa LexNet, que obliga  a abogados, procuradores, fiscales y otros profesionales a presentar en formato digital todos sus documentos  a los Juzgados. Pero la aplicación está siendo muy lenta y faltan medios, lo que ha acabado duplicando el trabajo: lo que llega vía telemática se termina imprimiendo y lo que llega en papel se digitaliza. Y sigue el problema de fondo: cada autonomía tiene un sistema informático distinto (hay 10 sistemas informáticos diferentes, dos en Madrid, incluso la Fiscalía del Estado tiene uno propio) y así no hay forma de digitalizar la Justicia.

Pero no todo son problemas de falta de presupuesto y de medios. También hay un serio problema organizativo, de reparto y organización del trabajo, de días sin juicios y mejor gestión de expedientes y vistas, de lo que se quejan con frecuencia los abogados. Y también existe un problema normativo de fondo: en España hay un exceso de normas, que además se cambian con demasiada frecuencia, lo que genera inseguridad jurídica y un aumento de los litigios, según el colectivo Sansón Carrasco. Basten dos ejemplos. Uno, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha sido modificada 20 veces desde el año 2.000. Otro, el Código Civil, que ha cambiado 30 veces desde 1.995. Y luego está el Gobierno central, que gobierna a base de decretos-leyes, y los autonómicos, que multiplican su normativa. Al final, un puzzle legal  cambiante que complica aplicar la Justicia.

Agilizar y hacer más independiente la Justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia, no sólo por la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos sino para que funcione menor la economía, ya que la inversión y la actividad mejoran con una Justicia más ágil y eficaz. Para conseguirlo, casi todo el mundo judicial pide un Pacto por la Justicia que nunca llega. En su defecto, se debería acordar un Plan de choque para reducir el colapso de la Justicia y hacerla más independiente de los políticos. Un Plan que debería actuar en cuatro frentes: dedicar más Presupuesto a la Justicia (el doble en 4 años), dotarla de más medios (más Juzgados, 2.000 jueces más en cuatro años, más funcionarios y expertos, así como una completa digitalización), hacer un cambio organizativo de fondo (concentración de juzgados y órganos colegiados de jueces) y pactar nuevas Leyes, para agilizar y reorganizar la Justicia y conseguir una mayor independencia de los jueces y fiscales. En paralelo, habría que potenciar la mediación y el arbitraje, como en la mayoría de Europa, para que sean expertos y no jueces los que diriman muchos conflictos civiles, mercantiles, empresariales o familiares.

En resumen, seguimos con una Justicia colapsada y poco independiente, a la que ahora van a recargar con cientos de miles de pleitos contra la banca. Y eso, cuando el 74,8% de los españoles están poco o nada satisfechos con la Justicia, según el Barómetro del CIS (julio 2016). No parece que avance ningún Pacto de Estado para mejorar la Justicia, aunque Bruselas nos haya alertado (otro año más) de su lentitud y falta de independencia. Mejorar la Justicia española es una exigencia democrática y también económica, porque una Justicia lenta frena la inversión y el empleo. No esperen más.