jueves, 20 de abril de 2017

España, un país de vertederos que no recicla


El Gobierno Rajoy lleva meses empeñado en la reforma de los puertos, argumentando que lo exige Europa y esgrimiendo la amenaza de multas. Pero no dice que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo acaba de condenar a España por tener 61 vertederos ilegales, tras otra condena en 2016 por otros 30 vertederos ilegales. Y en unos meses pueden llegar las multas, porque Bruselas lleva desde 2008 advirtiendo a España de que no acaba con los vertederos ilegales. En paralelo, la Comisión Europea cree que la gestión de residuos y el agua son los dos graves problemas medioambientales de España, que tiene muchos vertederos porque recicla menos basura que Europa y las plantas de tratamiento de residuos son poco eficientes. Bruselas propone a España que introduzca un impuesto sobre vertidos, que coordine la gestión de residuos de las autonomías y que fomente la recogida selectiva, concienciando a las familias a separar y reciclar. Urge tomar medidas para que la basura no nos coma.


              Vertedero en barranco de Jagua ( Santa Cruz de Tenerife)                                         La Opinión

La basura creciente es un grave problema en todo el mundo y también en España, donde generamos casi 500 kilos de residuos por persona y año (495 kilos), según un estudio de la Fundación para la Economía Circular. Algo más de la mitad (52,1%) procede de los domicilios y otro 40% del comercio, los servicios, oficinas y centros públicos. La mayoría son biorresiduos (40%), seguidos de papel/cartón (20%), plásticos (10%) y vidrio (5%). Y del total de residuos, un 80% los gestionan los Ayuntamientos y el 20% empresas y entidades privadas.

Con todo, España ha reducido los residuos municipales durante la crisis, de 578 kilos/habitante en 2007 a 435 kilos/habitante en 2014, por debajo de la media europea (475 kilos/habitante/año), según el último informe de la Comisión Europea. Pero tenemos un problema estructural: España recicla mucho menos que Europa (33% frente al 43%) y por eso lleva mucha más basura a los vertederos (un 55% de la basura, frente al 28% en Europa). Y eso hace, además, que haya muchos vertederos ilegales en España.

Europa aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el objetivo de que los paises europeos reciclaran el 50% de su basura para 2020 y el 35% a vertederos, dos objetivos que España incumple con creces (33% y 55%). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que tenía 300 vertederos ilegales. El Gobierno español (entonces Zapatero) se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero la crisis y los recortes lo postergaron, con lo que Bruselas emitió otro dictamen complementario, en septiembre de 2014, en el que se instaba a España a actuar contra 63 vertederos incontrolados: muchos de ellos no funcionaban ya pero eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían sin restaurarse y llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), al que también había denunciado por sus vertederos a Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Malta y Portugal.

En febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales que seguían en activo o no se habían sellado correctamente. Y ahora, el 15 de marzo de 2017, el TJUE ha emitido una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado) situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia 83), Baleares (1) y Andalucía (1). El Tribunal dictamina que “España no ha aplicado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, en particular sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora o la fauna”. Ahora, la Comisión Europea puede pedir al Tribunal europeo que imponga una multa a España por no clausurar bien estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones) y Grecia (10 millones).

El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado estos vertederos ilegales, insistiendo en que llevan años cerrados. Pero el problema, alega Bruselas, es que estos vertederos son “bombas de efectos retardados”, que una vez cerrados deben ser vigilados y tratados. No sólo porque pueda haber incidentes (como el fuego en el vertedero de Seseña, Toledo), sino porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Incluso aunque se les cubra con una capa de polietileno o con una barrera de arcilla, es habitual que se “pinchen” por los gases emitidos y los movimientos del terreno. Así que debe haber Planes de cierre y tratamiento de estos vertederos  a 30 años vista, algo que la mayoría no tienen.

España tiene muchos vertederos ilegales porque recicla poco (un 33% frente al 40% la UE) y porque las plantas de reciclaje funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (una buena parte, fondos europeos) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas. Las macroplantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores apenas llega al 5%, con lo que el 95% de la basura restante acaba en los vertederos, que así proliferan por doquier. Otro problema señalado por la Comisión es que como España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y así contamina la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa y después del dinero que cuesta procesar esta basura, no se puede vender y acaba en los vertederos.

Ya no es sólo la basura tradicional la que se recicla poco y mal. España también gestiona mal  la "basura electrónica", de la que generamos 17,8 kilos al año, más del doble de la media mundial (7 kg/persona). Según la Comisión Europea, el 75% de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “no se gestionan de forma adecuada”, lo que supone un peligro para la salud y el medio ambiente, además de ser un fraude a los consumidores: al comprar un ordenador o un electrodoméstico, ya pagamos entre 5 y 30 euros por su futuro reciclado. Y según estimaciones de Bruselas, los fabricantes sólo destinan un 20% de esos ingresos al reciclaje. Según datos de Eurostat, España sólo recicla el 25% de los aparatos electrónicos, frente al 355 de media en la Unión Europea. Y muchos acaban también en los vertederos o exportados ilegalmente para extraerles los componentes de valor.

La Comisión Europea cree que España tiene un buen marco legislativo para mejorar su política de residuos, el Plan estatal marco para la Gestión de Residuos (PEMAR), aprobado en 2016, pero cree que falta una mayor coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, que tienen las competencias de medio ambiente, cada una con su política, sus objetivos y sus medios. Por eso, Bruselas pide mayor coordinación y más medios para la gestión de residuos, con dos objetivos claros: producir menos residuos y gestionarlos mejor. Para conseguir más recursos, la Comisión Europea propone a España, en su informe medioambiental de febrero, que cree un impuesto nacional sobre residuos, para destinar este dinero extra a mejorar la recogida selectiva de basura y las plantas de reciclaje. Y además, generalizar la responsabilidad al productor, para que las industrias utilicen sistemas de envasado que reduzcan los residuos y faciliten su tratamiento, penalizando a los que no lo hagan.

Al final, los impuestos y tasas a los que generan basura han sido y son muy bajos en España, lo que ha facilitado la generación de residuos y dificultado su tratamiento. La Comisión Europea insiste que España debe utilizar más los impuestos para mejorar el medio ambiente, penalizando a los que emiten residuos y a los que no reciclan. Y reiteran la necesidad de educar a los consumidores en el reciclado y separación de los residuos orgánicos, con un aumento de la recogida puerta a puerta, para facilitar el reciclado posterior de residuos. No es sólo cuestión de dinero y de impuestos, también de educación: nosotros y nuestros hijos debemos aprender que la basura es un problema y hay que colaborar para reciclarla, en beneficio de la salud y el medio ambiente. Y que no podemos llenar el país de vertederos y escombreras, más propios del subdesarrollo que del siglo XXI. Que no nos coma la basura.

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