El pulso entre Montoro y los nuevos Gobiernos

El mapa político de España ha cambiado drásticamente tras el 24-M, con 7 autonomías gobernadas por el PSOE, 5 por nacionalistas y la izquierda controlando la mayoría de grandes ciudades. Pero el PP mantiene el Gobierno central y con ello la llave de la financiación a autonomías y Ayuntamientos. Montoro acaba de recordarles que tienen que seguir ajustando sus cuentas, porque incumplen los objetivos de déficit, gasto y deuda prometidos a Bruselas. Así que los nuevos Gobiernos autonómicos han recibido una penosa herencia: tienen que recortar 10.000 millones este año y otros 4.000 millones para 2016. Si no lo hacen, Montoro les amenaza con “cortarles el grifo”, sanciones y hasta una posible intervención. Y a los Ayuntamientos les recuerda que no pueden gastar más y que la reforma de la Ley de Régimen Local (aprobada en solitario por el PP) les prohíbe asumir competencias como vivienda, sanidad, educación y servicios sociales, que quieren potenciar los nuevos gobiernos locales. El pulso (doble) está servido. Y sufriremos las consecuencias. 

enrique ortega

Las autonomías han salido de las elecciones del 24-M como llegaron: en una penosa situación económica, con muchos gastos (sanidad, educación, dependencia y gastos sociales), pocos ingresos y muchas deudas. De hecho, sólo tres autonomías están saneadas y cumplen los tres objetivos de gasto, déficit y deuda, impuestos por el Gobierno en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (aprobada en abril de 2012, con el único apoyo de Ciu y UPYD), de acuerdo con Bruselas: son Galicia, Canarias y Navarra. Las otras 14 autonomías incumplen alguno de los tres objetivos de estabilidad, en especial el tope del déficit, que era del 1% en 2014 y que sólo cumplieron cuatro autonomías (Galicia, Canarias, Navarra y País Vasco), cerrando el conjunto de autonomías con un déficit del 1,68% sobre el PIB en 2014.

Cinco autonomías son las que tienen una peor situación económica. El farolillo rojo es Murcia: la región con más déficit público (2,8% de su PIB) y la quinta con más deuda (25,2% PIB), aunque en 2014 gastó por debajo del límite (+1,5%). Le siguen la Comunidad Valenciana (la región con más deuda, el 37,5% de su PIB, y con el cuarto mayor déficit, el 2,39% del PIB) y Extremadura (con el tercer mayor déficit, el 2,44% del PIB y un fuerte aumento del gasto, el +5,4% en 2014). También están mal, aunque no tanto, Castilla la Mancha (la segunda autonomía con más deuda, el 33,7% de su PIB, y la quinta con más déficit, el 1,76% del PIB) y Baleares (la cuarta con más deuda, el 29,5% de su PIB, y la sexta con más déficit, el 1,71% del PIB).  En total, cinco autonomías con una situación económica “penosa”, que antes eran gestionadas por el PP y cuya herencia tendrán que afrontar ahora  gobiernos del PSOE, salvo Murcia (que sigue en manos del PP).

Además de estas 5 autonomías con mayores problemas económicos, destaca la mala situación de Cataluña (con el 2º déficit más elevado, el 2,58% de su PIB, y la tercera mayor deuda (el 32,2% del PIB) y Aragón (con el séptimo mayor déficit, el 1,66% de su PIB, y un 18,1% de deuda), mientras mejora Andalucía, aunque supera el objetivo de déficit (1,16% PIB) y mantiene una alta deuda (20,5%). Madrid, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Cantabria y País Vasco están casi bien, aunque incumplen algunos de los tres objetivos de estabilidad (déficit, deuda o gasto). Y sólo hay tres autonomías económicamente saneadas, que los cumplieron en 2014: Galicia, Navarra y Canarias.

Con este panorama, la Autoridad Fiscal Independiente, un organismo creado para controlar las cuentas públicas, ya reclamó al Gobierno, en diciembre de 2014, que tomara “medidas preventivas” contra 7 autonomías que presentaban “un elevado riesgo de incumplir el límite de déficit público”: Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla la Mancha, Baleares, Cataluña y Andalucía, 5 de ellas gobernadas entonces por el PP y ahora por el PSOE. Al final, el 24 de abril de 2015, una vez conocidas las cuentas de 2014, Hacienda envió una carta a las 14 autonomías que no cumplían los tres objetivos de la Ley de estabilidad (todas salvo Galicia, Navarra y Canarias) en las que les daba un mes para que enviasen Planes de ajuste para cuadrar sus cuentas. El plazo se cumplió el 24-M (día de las elecciones autonómicas) y los nuevos Gobiernos, que acaban de tomar posesión, aún no han tenido tiempo de comprobar  la herencia recibida y poder elaborar ningún Plan de ajuste.

Pero tienen que hacerlos y mandárselos a Montoro, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las 14 autonomías afectadas tendrán que ajustar 10.000 millones este año, la diferencia entre el 1,68% de déficit que tuvieron en 2014 y el 0,7% de déficit que deben tener en 2015, según los objetivos enviados a Bruselas. Un ajuste que sólo pueden hacer con más recortes o con más recaudación (subiendo impuestos) y que recaerá sobre todo sobre las autonomías con más déficit y peor situación económica, que ahora están en su mayoría gobernadas por el PSOE (con el apoyo de Podemos): Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla la Mancha y Baleares, además de Murcia (PP) y Cataluña (CiU). Y no sólo eso. En 2016, el objetivo de déficit es rebajarlo de nuevo, al 0,3% del PIB, con lo que las autonomías deben hacer otro ajuste de 4.000 millones en sus Presupuestos para 2016.

Montoro les acaba de recordar a las autonomías que tienen que cumplir la Ley y hacer estos ajustes, 10.000 millones este año y otros 4.000 para el próximo, les guste o no. Y aunque 9 autonomías han votado en contra, las 7 gobernadas ahora por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares, Aragón y Asturias) más Canarias y Cataluña (y la abstención de Castilla y León), no tienen fácil oponerse. Porque la Ley le da muchos instrumentos a Montoro para “disciplinar” a las autonomías. Por un lado, le permite sancionarlas, con multas, si no toman medidas de ajuste, multas que se cobraría de los pagos que tienen que hacerles. Y también puede “cortarles el grifo de la financiación” si no toman medidas de ajuste, como Bruselas con Grecia. Y en caso de mayor “rebeldía”, la Ley faculta a Montoro a “intervenir” una autonomía, a enviarles sus técnicos (los  “hombres de negro”) a gestionar sus cuentas y aplicar un duro Plan de ajuste.

De hecho, en marzo pasado, Hacienda envío dos cartas sucesivas a tres autonomías gestionadas entonces por el PP (Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón) en las que les amenazaba de suspenderles la financiación si no agilizaban el pago de las facturas a sus proveedores, que rondan los 100 días cuando la Ley marca un tope máximo de 60 días, que llevaban incumpliendo ya más de ocho meses. Ahora, estas tres autonomías, gobernadas por el PSOE, tendrán que agilizar estos pagos (recortando de otros sitios) si no quieren que Montoro les deje de abonar lo que les corresponde de los impuestos estatales. Y lo mismo les pasará al resto de las 14 autonomías “advertidas” si no hacen más ajustes. Algo que choca frontalmente con los objetivos de los nuevos Gobiernos autonómicos, que han llegado al poder con la promesa de gastar más, en sanidad, educación, vivienda, empleo, Dependencia y gastos sociales.

El pulso entre Montoro y las autonomías va a ser duro estos próximos 5 meses y veremos amenazas y posibles sanciones, para tratar de “meter en vereda” a las autonomías más díscolas, que se quejan de falta de recursos. Y es verdad. El problema de fondo, junto al hecho cierto de que muchas autonomías han gastado mal (dilapidando recursos públicos y con mucha corrupción) es que las autonomías tienen muchas competencias (60% del gasto total) y pocos recursos, en beneficio del Estado central. Se deberían reordenar los ingresos y los gastos públicos, para aumentar los ingresos de autonomías (y Ayuntamientos), en detrimento del Estado central (que se lleva el 57% de los ingresos públicos). Y además, hacer un mejor reparto del sistema de financiación autonómica (2009), que ahora perjudica a Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. El Gobierno Rajoy no quiso reformarlo en 2014, cuando tocaba, y ahora dice que lo hará en 2016 (si gana).

En paralelo a este pulso con las autonomías, Montoro mantiene otro pulso con  los Ayuntamientos, este por partida doble. Por un lado, para que contengan sus gastos y no crezcan más del 1,5% en 2015, el tope impuesto por el Gobierno para conseguir que no tengan déficit en 2015 y 2016 (tras un superávit del 0,5% del PIB en las cuentas de los Ayuntamientos en 2014). Este objetivo choca con las promesas de los nuevos Gobiernos municipales, que han prometido más gasto en ayudas (pago luz y agua), becas (comedor, transporte) y subsidios (a los más pobres), además de en alquileres y gastos sociales. Y por otro, Montoro tratará de evitar que los nuevos Ayuntamientos asuman competencias que el Gobierno Rajoy les quitó, al aprobar en solitario en el Congreso (diciembre 2013) la reforma de la Ley de Régimen Local, recurrida ante el Tribunal Constitucional por once partidos (PSOE. IU, CiU, BNG y UPyD entre ellos) y 3.500 Ayuntamientos de toda España. Tras esta Ley, los Ayuntamientos tienen prohibido asumir competencias "impropias" y deben pasarlas a las autonomías: competencias en materia de vivienda (alquileres), sanidad (centros de salud y urgencias tipo SAMUR), educación (guarderías y escuelas municipales) y servicios sociales (centros atención, ayudas a la pobreza, residencias ancianos y sin hogar), competencias que los nuevos Ayuntamientos de izquierdas quieren ahora potenciar, mientras Montoro les recuerda que no pueden hacerlo.

Los dos pulsos, de Montoro con las nuevas autonomías y con los nuevos Ayuntamientos, están servidos y darán muchas noticias hasta las elecciones si el Gobierno quiere cumplir con el objetivo de déficit prometido a Bruselas. Se repite dentro de España el problema de Grecia con Europa: los nuevos políticos autonómicos y locales no quieren seguir con la austeridad, se niegan a hacer más recortes. Pero necesitan la financiación del Gobierno central, de Montoro, que sin más recortes no quiere soltar más dinero (aunque sea de las autonomías y Ayuntamientos, que tienen derecho a una parte de los ingresos públicos). Dos poderes (el central y el autonómico y local) y dos partidos (PP y PSOE) enfrentados, con el telón de fondo de las próximas elecciones generales. Debería haber acuerdos y pactos, pero no será fácil. Y lo peor es que el doble pulso lo acabaremos pagando los ciudadanos.