Crowdfunding: todos podemos ser banqueros

Se ha hecho toda la vida: pagar entre muchos un regalo de boda o de cumpleaños. Pagar a escote. Ahora se ha puesto de moda para financiar un disco, un corto, una película y hasta una nueva empresa. Se llama Crowdfunding, aunque propongo rebautizarlo como algo más castizo: financiación a escote (o colectiva) . El Gobierno acaba de regularlo, pero con muchas trabas y limitaciones, quizás por miedo a que esta financiación a escote quite negocio a la banca, que, por cierto, sigue sin prestar. En el debate parlamentario, habría que facilitar esta financiación colectiva, muy útil para proyectos culturales, solidarios y para lanzar nuevos proyectos empresariales. Pero las pymes necesitan otras vías para financiarse, más profesionalizadas, desde una Bolsa alternativa a emitir bonos, algo que ahora no les funciona. Y sobre todo, el BCE y España deben dar más liquidez a la economía y forzar a la banca a dar crédito. Porque sin financiación no hay recuperación.

enrique ortega

España es un país muy bancarizado: la banca tiene un mayor peso en la vida económica que en otros países. Eso se traduce, por ejemplo, en que las empresas dependen más de los bancos para financiarse: aquí, el 78% de la financiación empresarial procede de la banca, frente a un 65% en la zona euro, un 70% en Italia,55% en Alemania, 45% en Francia, 35% en Reino Unido y 30% en EEUU, según un informe de Axesor. En buena medida, esto se debe a que España tiene más empresas muy pequeñas (95,5% de menos de 10 trabajadores, frente a 92,2% en UE) y menos medianas (0,6% frente a 1,1%) y grandes (0,1 frente a 0,2%), con pocas vías para financiarse que no sean los bancos.

El problema es que los bancos no financian a casi nadie (el crédito cayó en 2013 por tercer año consecutivo, a niveles de 2006) y menos a las pymes: sólo un tercio consigue financiación, pagando unos intereses que han subido un 54% y con una exigencia creciente de garantías. Las pymes españolas están pagando el doble de interés que las francesas o alemanas, según el propio BCE. Y el doble también que las grandes empresas españolas.

Ante esta situación, a finales de noviembre de 2013, todos los grupos políticos (salvo UPyD) consiguieron ponerse de acuerdo en el Congreso (algo inaudito) para pedir al Gobierno que tomara medidas para mejorar la financiación no bancaria de las empresas. Y fruto de este acuerdo, el Gobierno aprobó el 28 de febrero 2014 un paquete de medidas para fomentar la financiación empresarial: mejora de las sociedades de garantía recíproca (SGR), el mercado alternativo bursátil (MAB), la emisión de deuda por las empresas (incluidas las SL), la posibilidad de titularizar los créditos a las pymes (emitir títulos) y, sobre todo, la regulación del Crowdfunding, la financiación colectiva.

El Crowdfunding o financiación a escote (o colectiva) nació la década pasada en EEUU, al amparo de los proyectos tecnológicos y para financiar también proyectos culturales o solidarios. En 2013 ya movió 3.700 millones de euros en el mundo y unos 30 millones en España, donde hay 60 plataformas de Crowdfunding, según su Asociación (AEC). Hay cuatro variantes de Crowdfunding: donaciones (sin contrapartida), aportaciones a cambio de premios (una entrada, un disco), préstamos entre personas (crowdlending) y préstamos a nuevas empresas a cambio de intereses o acciones (equity crowdfunding). En España, las dos primeras variantes suponen el 70% del Crowdfunding, que cada vez se utiliza más para financiar un corto o una película, un disco o un proyecto solidario, pero que tiene un escaso peso para financiar nuevas empresas (sólo 3 millones de euros en 2013).

El proyecto del Gobierno sólo regula las dos últimas variantes del Crowdfunding, el préstamo colectivo entre personas y a empresas. Pero con muchas limitaciones: sólo se pueden aportar 3.000 € por persona, 6.000 € por plataforma y un máximo de 1 millón de euros por proyecto, cuando la aportación media en las plataformas existentes está entre 12.000 y 44.000 euros por persona. Además, se prohíbe a las plataformas cobrar comisión por el dinero recaudado (un 5%), obligando a pagar una cantidad adelantada por la gestión (resulta más gravosa). Y se les prohíbe hacer publicidad fuera de su web. Limitaciones que no existen en otros países, donde no hay topes a las aportaciones (Francia) o si las hay son muy elevadas (100.000 euros en Alemania, 5 millones en Reino Unido o Italia, 100.000 dólares o un 5% de los ingresos en EEUU). Las plataformas de Crowdfunding se quejan de esta regulación, quizás impuesta para apaciguar los temores de la banca, y facilitar más esta  financiación colectiva, incluyendo ayudas fiscales, para animar a los pequeños inversores. Y piden una regulación para las donaciones y premios, ahora sujetas a trámites muy engorrosos.

El Crowdfunding o financiación colectiva  tiene un gran potencial para proyectos culturales o solidarios, pero resulta más problemática para iniciativas empresariales, dado el alto riesgo que conlleva lanzar una empresa: 9 de cada 10 startup fracasan. Por eso, hay que facilitar la financiación en grupo y no ponerles límites y pegas para que no crezca, como ha hecho el Gobierno para proteger la banca (el perro del hortelano: ni presta ni deja prestar). Y, en paralelo, hay que desarrollar otras fórmulas de financiación no bancaria, no tan “modernas” como el Crowdfunding, pero mucho más efectivas, como la Bolsa o la emisión de deuda empresarial.

En España, la Bolsa es para las grandes empresas y sólo para unas pocas: las 35 del IBEX y las 89 del mercado continuo. Para el resto, hay una Bolsa alternativa, el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que comenzó a funcionar en 2008 y donde sólo cotizan 21 empresas, medianas. Otra vía de financiación es que las empresas emitan deuda, papelitos (bonos, pagarés, obligaciones). Aquí hay un mercado de renta fija, el AIAF, donde sólo se financian grandes empresas, y un segundo mercado de renta fija más reciente, el MARF, creado en octubre de 2013 para las medianas empresas (más de 50 millones de ventas), que sólo cuenta de momento con una empresa (la constructora gallega COPASA).

Las pymes quedan fuera de estos dos mercados, de la otra Bolsa y de la emisión de deuda. Su mejor opción es integrarse en una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que son unas asociaciones empresariales sin ánimo de lucro que se dedican a dar avales a las pymes (120.000 beneficiadas de casi 3 millones). Ahora se quieren potenciar, facilitándoles un reaval público de CERSA, pero tampoco son una solución para la mayoría, que acaban con sólo dos opciones: acudir a un banco o pedir un crédito ICO, una fórmula que tampoco funciona. Las pymes se quejan de que como estos créditos ICO se dan a través de los bancos, les exigen demasiadas garantías y se los dan muchas veces para refinanciar otros créditos anteriores de los mismos bancos, no como dinero nuevo. En cualquier caso, en 2013, el ICO sólo concedió 13.884 millones de los 20.000 disponibles: muchas pymes ni piden.

Al final, el drama es que las pymes que necesitan dinero o no lo piden (porque no tienen garantías suficientes) o no pueden pagarlo, con lo que siguen cayendo empresas (8.934 en 2013), muchas por falta de liquidez. Para evitarlo, el Gobierno ha aprobado el 7 de marzo (un poco tarde) un real decreto, que fomenta los acuerdos de refinanciación entre bancos y empresas, facilitando las quitas y esperas y, sobre todo, la conversión de deuda en capital: en lugar de asfixiar a una empresa, exigiendo pagos imposibles, el banco puede convertir esa deuda en una participación en el capital de esa empresa, hasta que despegue (a cambio, el banco no tendrá que hacer provisiones sobre ese crédito moroso). Con ello, hay 150.000 millones de deuda bancaria que podrían capitalizarse, salvando así empresas y empleos.

Asentar la recuperación exige actuar en dos frentes: salvar las empresas endeudadas que sean viables y financiar los nuevos proyectos, con financiación colectiva, emisión de deuda o de acciones, avales y financiación del ICO y la banca. Hay que volcarse en buscar dinero debajo de las piedras, para financiar el futuro, con menos dependencia de la banca. Fomentar el ahorro y dirigirlo a las empresas del mañana. Financiar el empleo de todos.