Batalla (a medias) contra la piratería cultural

La piratería hace más daño a la cultura que el IVA: si no se hicieran copias piratas de música, cine, libros, software o videojuegos, los creadores venderían un 51% más, según la industria. España es un paraíso de la piratería y EEUU amenaza con volver a meternos en la lista negra, de la que salimos en 2012, gracias a la Ley Sinde-Wert, que ha sido poco efectiva. Para evitarlo, el Gobierno ha aprobado una Ley de Propiedad intelectual  que irá contra las webs de enlaces: no va contra los internautas que piratean, sólo contra  los” traficantes” que ganan dinero difundiendo ilegalmente contenidos protegidos. Pero la industria cultural dice que es insuficiente y que habría que bloquear las webs de contenidos piratas. Y se quejan de que tecnológicas y telecos (desde Google a Movistar), no atacan la piratería porque les da tráfico y negocio. Hay que concienciarse: piratear es robar. Y así, matamos la cultura.

enrique ortega

En España hay ya más de 25 millones de internautas y tres de cada cuatro se conectan cada día, la mayoría más de una hora. Y un millón están permanentemente conectados. Y utilizamos la Red para comunicarnos y ver contenidos: un 45% de internautas (y el 77,8% de los jóvenes) usan Internet para ver vídeos y películas (97%), oír música (57%), videojuegos (24,8%) o leer libros (78,1%), según el último informe de Telefónica. Y sólo el 7,2% de los internautas están dispuestos a pagar por estos contenidos, a los que la mayoría accede gratis (pirateándolos), descargándoselos o cada vez más con acceso online (streaming).

Uno de cada dos internautas piratea cultura en la Red, sobre todo películas (43%) y música (32%), aunque también libros (12%) y videojuegos (7%). Lo reconocen ellos mismos, en una encuesta entre 50.000 internautas encargada por el Observatorio de la Piratería. La mitad de los accesos ilícitos son novedades: películas, canciones, juegos o libros que acaban de salir o llevan menos de un año en el mercado. Y el valor de esa cultura pirateada fue de 15.204 millones en 2012, más de seis veces lo que mueve en España la cultura legal (2.394,6 millones en 2012). La industria cultural ha hecho un cálculo: si no hubiera piratería y estos internautas compraran sólo una parte de lo que se descargan, la cultura podría vender un 51% más (otros 1.220,6 millones) y crear 24.766 nuevos empleos (uno por cada dos que hay). Y el Estado recaudaría 494,7 millones más, entre IVA, IRPF y Seguridad Social.

O sea, que la piratería se come la mitad del negocio de la cultura en España, uno de los paraísos mundiales de la copia ilegal. Por eso, Estados Unidos nos metió en 2009 en la lista negra de la piratería mundial (Lista 301), de la que salimos en abril de 2012, gracias a la Ley Sinde-Wert: pactada en 2011 entre PSOE, PP y CiU, su Reglamento lo aprobó Rajoy en su primer Consejo de Ministros, el 30 de diciembre de 2011. Pero sus resultados han sido muy mediocres: la Comisión contra la piratería (creada en marzo de 2012, dentro del Ministerio de Cultura) sólo ha conseguido 152 retiradas de enlaces piratas, la cancelación de 5 dominios y el cierre de 16 Webs, cuando se estima que hay 3.051 millones de descargas ilegales al año. Por ello, EEUU amenaza con volver a meter a España en la Lista 301, en abril de 2014, como le recordó Obama a Rajoy en la visita a la Casa Blanca de enero de este año.

Para evitarlo, el Gobierno Rajoy aprobó el 14 de febrero una reforma parcial de la Ley de Propiedad intelectual, con cuatro bloques de medidas. Unas, contra la piratería: ahora se irá no sólo contra webs con contenidos protegidos (permitiendo solicitar la retirada de catálogos completos de autores, no sólo obra a obra) sino también contra las webs de enlaces, amenazándoles con aplicarles la reforma en marcha del Código Penal, que contempla hasta 6 años de cárcel. Lo que pretende la Ley es que los contenidos se retiren y sólo en caso de incumplimiento reiterado (2 o más veces) se pueden aplicar multas de 30.000 a 300.000 euros. Y sólo en última instancia se podría llegar a solicitar el bloqueo del servicio a los proveedores de Internet, aunque el problema es que la mayoría de servidores están en otro país.

La Ley, además, mantiene el sistema de compensación por copia privada que sustituyó al canon digital (suprimido en 2011): se seguirá compensando a los creadores con una partida en los Presupuestos (8 millones de euros en 2012 y 2013, cuando en 2011 se les pagó 115), pero se restringe el concepto de copia privada (sólo para CD y DVD originales, no copias de copias), para rebajar esa compensación. En tercer lugar, la Ley regula y controla mejor la actividad de las entidades que gestionan los derechos de autor, para evitar escándalos como el de la SGAE y que fijen tarifas a su aire (tendrán que crear una ventanilla única donde bares, restaurantes, discotecas, hoteles, peluquerías, radios o TV puedan pagar con comodidad todos los derechos de autor). Y como cuarto pilar, la Ley establece el pago de una compensación a los medios por los agregadores de noticias, tipo Google News. Pero ahora queda concretar cuánto y cómo pagarán, algo que no se ha conseguido en ningún país europeo: en Francia, Google compensa a los medios con un Fondo de 60 millones para su reconversión y en Bélgica se comprometen a anunciarse en los medios, pero nunca han admitido pagar por agregar contenidos. Y tampoco lo harán en España.

La nueva Ley no afecta a los internautas de a pie, según el Gobierno: sólo va contra “los traficantes” de material con derechos de autor, los que difunden material protegido para  hacer negocio (como algunas webs y todas las webs de enlaces). Sin embargo, varias asociaciones de internautas critican duramente la Ley, porque “institucionaliza el canon digital (que pagamos todos los españoles con el Presupuesto, hagamos o no copias), restringe la copia privada y criminaliza el enlace” (temen que vayan contra el  intercambio de archivos p2p).

Pero las mayores críticas vienen de la industria cultural, que se queja de no haber sido consultada. Denuncian que no se incluya en la Ley la vigilancia de los motores de búsqueda, como Google, Yahoo o Bing, a pesar de que dan acceso a contenidos protegidos. También que la Comisión contra la piratería no sea independiente y tenga pocos medios (son 4 personas), con lo que tarda 400 días en resolver un expediente. Y sobre todo, exigen que la Ley contemple el bloqueo inmediato de las webs con acceso a contenidos piratas y no sea el último recurso. Y se apoyan en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

El problema de fondo es que la piratería no tiene fronteras y la Unión Europea carece (también) de una legislación común para proteger los derechos de autor, con normas muy duras en Francia y otras laxas en Gran Bretaña. España, con la nueva Ley, trata de ponerse en un punto intermedio y contentar a todos, pero no contenta a nadie. Y las empresas tecnológicas (Google) y las telecos (Movistar, Vodafone, Orange…) no están por la labor de bloquear webs, porque su negocio tiene mucho que ver con los contenidos: cuanto más crezcan, aunque la mitad sean piratas, más negocio (publicidad) para ellos. Por eso se les acusa de ser los nuevos parásitos de la cultura. Y los internautas, acostumbrados al “gratis total”, no están por la labor de pagar por contenidos: creen que copiar música, películas o libros con copyrigth "no es ilegal”, que es “un derecho” del internauta y que “lo hace todo el mundo”, según la encuesta . 

Al final, la cultura es una cosa de tres (creadores, distribuidores y consumidores) y parece claro que son los intermediarios los que se están llevando la mejor parte. Por eso, más que una guerra, haría falta un pacto que beneficiara a autores e internautas, buscando plataformas de distribución de contenidos accesibles y baratos, como muchas de las 400 webs que venden ya contenidos legales a bajo precio. Ese es el camino y no la piratería, que hunde la cultura y hace millonarios a buscadores, webs de enlaces y telecos. Hay que pagar por el trabajo de otro, sea músico, escritor, cineasta o periodista. Pagar menos de lo que se paga ahora por un DVD, un CD o un libro, pero pagar. Aunque decirlo sea impopular. Porque si no, la parte más débil de este negocio, los creadores, desaparecerán con la piratería. Y perderemos todos.