Inútil cruzada contra las viviendas vacías

En España hay casi 3,5 millones de viviendas vacías, aunque sólo un tercio se pueden vender o alquilar porque el resto están en mal estado o sin demanda. Con el aumento de los desahucios, algunas autonomías han anunciado medidas para expropiar, multar o poner impuestos a algunas viviendas vacías. Una medida polémica e inútil, por la oposición de Bruselas y  los conflictos legales. Lo que urge es incentivar que se alquilen, con más ayudas a inquilinos y propietarios, lo contrario que ha hecho el Gobierno Rajoy, que acaba de quitar las ayudas al alquiler para jóvenes. Y para los que no pueden pagar un alquiler normal, habría que crear un parque público de alquiler social (entre 50 y 180 euros), con las 76.000 viviendas vacías del “banco malo” y nuevas promociones de Ayuntamientos y ONGs, con suelo y financiación pública. Menos atajos y demagogia con la vivienda y más Planes y ayudas para ofrecer viviendas sociales ya.

enrique ortega

Con el “boom inmobiliario”, entre 2001 y 2011, el parque de viviendas aumentó en España en 4,2 millones, hasta 25,2 millones. Las tres cuartas partes son viviendas principales (18 millones), otras 3,6 millones son secundarias y 3.443.365 son viviendas vacías, que también han crecido (+337.000 desde 2001). Dos tercios están en Andalucía (637.221), Comunidad Valenciana ( 505.029), Cataluña (448.356),Galicia (299.396) y Madrid (263.279), aunque el mayor problema no se da en las autonomías más pobladas (Madrid tiene un 9,1% de viviendas vacías y Barcelona un 11,3% frente al 13,7% en toda España), sino en zonas más rurales y atrasadas: Galicia (18,6% viviendas vacías), La Rioja (18%), Murcia (16,6%), Castilla la Mancha (16,3%), Extremadura(16,2%) y Castilla y León (15%).

El primer problema de las viviendas vacías es que sólo un tercio puede alquilarse o venderse, según el idealista.com, porque el resto son viejas (el 30% tiene más de 50 años), están en mal estado (15% en estado deficiente), en zonas turísticas (muchas zonas de Levante, como Denia, tienen un 31% o más de casas vacías) o ciudades y pueblos pequeños con poca demanda : las capitales con más porcentaje de viviendas vacías son Ávila (23,8%), Ourense (22,7%),Lugo (20,2%), A Coruña, Toledo y Almería (18,6%), León o la Rioja (18%), que no son los lugares con más problemas de vivienda en España.

Con todo, cuando hay más de 500 desahucios al día (y más que habrá, por el aumento del paro y la caída de ingresos de la mayoría de la población), algunas autonomías han pensado que una solución podría ser forzar el uso de estas viviendas vacías, empezando por las de bancos e inmobiliarias. Andalucía primero (y Canarias después) ha aprobado una norma para expropiar por tres años a los bancos las viviendas de familias desahuciadas sin posibles, medida rechazada por Bruselas. Y en paralelo, Andalucía ha anunciado multas de hasta 9.000 euros a empresas y bancos (no a particulares) que tengan casas vacías, mientras Cataluña anuncia un impuesto a bancos y empresas con pisos vacíos.

La primera medida puede ser justificable, a la vista que el Gobierno Rajoy no ha dado solución a las 220.000 familias que han sido desalojadas de sus casas por desahucios desde 2007. De hecho, crearon con la banca (a bombo y platillo, en enero 2013), un Fondo de 5.891 viviendas con bajos alquileres para desahuciados, pero hasta abril sólo habían tenido 450 solicitudes, porque son tantas las exigencias para beneficiarse, que la mayoría de desahuciados quedan fuera, sin techo, problema que tratan de paliar en Andalucía y Canarias. Pero otra cosa es forzar al alquiler con multas e impuestos, una vía poco eficaz.

Tener casi 3,5 millones de viviendas vacías es un despilfarro, como país y para sus dueños, ya que está ociosa una inversión que ronda los 500.000 millones de euros. Nadie tiene un piso vacío por gusto: el problema es que particulares y empresas no los consiguen vender (no hay demanda solvente ni hipotecas), salvo tirando precios, y tampoco alquilarlos bien. En el caso de promotoras, la rentabilidad del alquiler no les cubre la amortización de préstamos (que les asfixia): habría que ayudarlas a renegociar créditos y subvencionar intereses a cambio de poner sus pisos en alquiler. En el caso de particulares, una vez que el Gobierno les ha dado más garantías (reduciendo los plazos de contratos, facilitando la recuperación de la casa si la necesitan y agilizando los desahucios por impago), la solución pasaría por aumentar las ayudas fiscales al alquiler, para ocupar muchas de las casas ahora vacías. Y ayudas para rehabilitar las más viejas y deterioradas, a cambio de alquilarlas. Sobre todo cuando el alquiler en España es del 17% frente al 38% en Europa (47% en Alemania).

Pero el Gobierno Rajoy ha hecho lo contrario. Desde junio, los jóvenes menores de 30 años se quedarán sin la ayuda para alquilar (era de 200 euros al mes y Rajoy la bajó en julio 2012 a 147 euros), que ha beneficiado a más de 300.000 jóvenes desde que ZP la implantó en 2008. Y ahora, con el Plan de Vivienda 2013-2016, se implanta una ayuda al alquiler de hasta 200 euros al mes, que sólo podrán cobrar los minieuristas (532,57€ ingresos los solteros, 798,86 € una pareja o 1.118,36 las familias con dos hijos) y para alquileres inferiores a 600 euros (en Madrid o Barcelona, el alquiler medio supera los 800). Ayudas que aún no se pueden pedir (mes y medio después de aprobado el Plan), porque las autonomías no han fijado todavía las condiciones que exigirán en cada comunidad.


Además, Rajoy ha liquidado la Sociedad Pública de Alquiler y ha reducido las ayudas fiscales a inquilinos (10,05%) y propietarios (60% y hasta el 100% si alquilan a jóvenes) al limitar su base imponible (menos 24.107 euros). Y en el Plan de Vivienda, sólo destina 65 millones al año para subvencionar promociones de viviendas en alquiler, lo que dará para promover 2.000 viviendas al año.

Habría que volcarse de verdad en el alquiler, con más ayudas fiscales a inquilinos y propietarios y más subvenciones a los promotores. Pero eso no basta: muchos españoles no pueden hoy pagar un alquiler normal (600 a 900 euros), porque están en paro y sin ingresos (3,6 millones de personas, según Cáritas). Para ellos, la única salida son alquileres sociales, de 50 a 180 euros al mes. El problema es que no hay: España sólo tiene un 1% de alquileres públicos sociales, frente al 20% o más en Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Finlandia o Dinamarca. Ponernos a su nivel supondría crear un parque de alquileres sociales de un millón de viviendas, para hacer frente a los ya desahuciados (440.000) y a los que todavía se quedarán sin casa por no poder pagar su hipoteca o alquiler.

¿Cómo? Primero, incorporando las 15.000 viviendas de protección oficial (VPO) vacías, construidas con ayudas públicas y que los promotores quieren vender como viviendas libres. Segundo, con las 76.000 viviendas vacías que tiene el “banco malo”(SAREB), de las Cajas nacionalizadas con ayudas públicas, que quieren vender a especuladores en vez de ponerlas en alquiler social (ojo: un juez de Sabadell ya ha impedido el desalojo de los okupas de uno de estos pisos). Y tercero, dando suelo gratis y financiación barata a Ayuntamientos y ONGs (Cáritas, Cruz Roja…) para promover pisos para alquileres sociales. Calculo que con 1.000 millones al año de coste, se podrían promover 20.000 viviendas anuales. Y así tendríamos en cinco años unas 200.000 viviendas con bajos alquileres que evitarían un estallido social.

Es lo que piden los españoles: medidas eficaces, no demagogia. Buscar urgente una vivienda a los que no pueden pagar alquileres normales y dar una salida lógica y no impuesta a los que tienen una vivienda vacía. No hay atajos. Hace falta querer arreglar de verdad uno de nuestros mayores problemas: que todo el mundo tenga una vivienda digna. Se puede.