El Gobierno acaba
de aprobar el Plan de Vivienda 2013-2016, centrado en el alquiler y la
rehabilitación, sólo quince meses después de haber recuperado las desgravaciones
a la compra de vivienda, que suprimieron
en enero de este año por exigencia del déficit y de Bruselas. Un cambio
drástico, muy positivo, que esconde
un problema: el Plan de Vivienda nace
con pocos fondos, sólo 577 millones al año, la décima
parte de lo que se gasta en Defensa o la mitad que en Justicia. Y con unas subvenciones al alquiler que son menos
de la mitad de las que se llevan las autopistas
y 250 veces menores que las últimas ayudas
a las Cajas nacionalizadas. Una oportunidad perdida, porque el alquiler
y la rehabilitación podrían ayudar a recuperar
la construcción (que ha perdido
1,7 millones de empleos) , reanimar la economía y dar una salida
a los jóvenes, más de la mitad viviendo con sus padres.
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| enrique ortega |
El Gobierno Rajoy
entró, en su primer Consejo de diciembre
de 2011, por el viejo camino de apoyar
la compra de viviendas,
recuperando para 2012 la desgravación
fiscal que había quitado Zapatero en enero 2011 y manteniendo el IVA superreducido del 4%, dos medidas que habían criticado muchas veces la Comisión Europea y el FMI, porque alimentaron la burbuja inmobiliaria y el
endeudamiento. Luego, la presión de
Bruselas y la exigencia de recortar gastos les llevaron a quitar
ambas ayudas, con fecha 1 de
enero 2013. Y ahora, el Gobierno ha
hecho de la necesidad virtud, cambiando
su política de vivienda y centrándola
en el
alquiler y la rehabilitación, no en la compra (sólo mantiene la
subvención de intereses a 250.000 compradores de viviendas protegidas).
En principio, apoyar
el alquiler y la rehabilitación suena bien, pero el Plan
de Vivienda 2013-2016 tiene un problema en origen: le faltan fondos. Su dotación es 2.311
millones en cuatro años, 577 millones de euros al año para la política de vivienda, una cantidad ridícula si se la compara con
los 6.000
millones que destinó Rajoy a ayudas
para la compra de vivienda en 2012 (desgravaciones e IVA). Y una cifra insignificante si se compara
con el Presupuesto
de Defensa (5.786 millones), Justicia (1.542) o Cultura (721,7 millones), con las subvenciones al transporte (1.178 millones), a los aeropuertos (847,4), a las autopistas
(400 millones), a las eléctricas
(2.200) o el último rescate
a las Cajas nacionalizadas (40.000 millones).
La mayor parte del
escaso presupuesto del Plan de
Vivienda 2013-2016 se dedica a promover
el alquiler :1.500 millones (375 al año), aunque se suprimen las ayudas a los promotores de alquileres sociales. Una cifra ridícula para superar el
gran bache de España en alquiler, porque somos un país de propietarios: sólo un
17% de españoles viven en
alquiler (83% en propiedad) frente al 38%
en Europa (47% en Alemania). Con un país en recesión y 6 millones de
parados, el alquiler es la única salida
para muchas familias, que no pueden pagar ni la entrada de un piso (25%,
con los gastos) ni una hipoteca
(cada vez más difícil y costosa). Pero para eso hacen falta dos cosas:
un parque de viviendas públicas en
alquiler (que no hay) y ayudas
para las familias con menos recursos.
El Plan contempla dos
medidas. Una, promover un parque
público de viviendas en alquiler, con ayudas hasta el 30% del coste de
edificación para organismos públicos, ONGs y empresas privadas que construyan para
alquilar en suelo público. Pero el Plan
sólo cuenta con 65 millones al año para subvencionar la construcción de viviendas
en alquiler, con lo que sólo se podrán subvencionar 2.000 viviendas al año.
Poco para un país donde tenemos sólo un 2%
de vivienda
pública en alquiler (VPO), cuando en Francia o Reino Unido alcanza
al 15%.
La otra medida del Plan de
Vivienda 2013-2016 es ayudar a jóvenes
y familias sin recursos a pagar sus alquileres. Aquí, el Gobierno Rajoy ha endurecido
las condiciones y recortado las ayudas. El tope de ayuda baja a 200 euros al mes por alquiler (antes
era 266,66), no se permite subvencionar alquileres de más de 600 euros (en Madrid
o Barcelona, la media de alquiler
de un piso de 90 metros supera los 800
euros) y ahora se mira el número de
personas de la familia y lo que ingresan (para recibir ayuda, han de ganar menos de 532,57 € si es un
soltero, 798,86 para una pareja, 1.118,36 € un matrimonio con dos hijos y un máximo de 1.597,53 € para cualquier familia, que
era el único tope antes). Con ello, el
Gobierno pretende repartir menos ayuda entre más personas, unas 133.000 al año, mientras se quedarán fuera incluso muchos mileuristas.
Y eso en un país donde el 54,4% de los jóvenes
viven con sus padres (46% en Europa) porque no pueden pagarse un piso
o un alquiler.
La otra pata del Plan de
Vivienda 2013-2016 es apoyar la
rehabilitación, aunque con sólo 647
millones (161 al año). La idea es mejorar
nuestro parque de viviendas (26 millones), donde más de la mitad (15 millones) tiene más de 30 años y 2 millones están en mal estado.
Viviendas además con malos accesos
(4 millones sin ascensor) y que gastan
demasiada energía (luz y calefacción). Rehabilitar
mata tres pájaros de un tiro:
reanima el maltrecho sector de la construcción
(que ha perdido 1,7 millones de empleos con la crisis), reduce el consumo de
energía (las viviendas consumen el
17% de la factura
energética de España, 125
millones al día) y evita tener que cambiar
de vivienda y construir otras nuevas.
El Plan contempla una
ayuda
a las comunidades de vecinos, de hasta 6.000 euros por piso (que puede
llegar a 11.000 € si se
hacen obras para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad). Una idea que está bien, pero tiene dos problemas. Uno, que 161 millones al
año sólo dan para rehabilitar entre 14.000 y 26.000
viviendas año, cuando hay 2 millones con graves problemas. Y la otra,
que como el tope de ayudas es el 35% de
la rehabilitación, los vecinos han
de poner el 65% del presupuesto y no están las cosas para gastar. Y menos
si el crédito oficial (ICO) sólo
destina 250 millones año en créditos para
rehabilitación. La esperanza
del Gobierno es que empresas e inmobiliarias
se dediquen a
rehabilitar edificios y para ello les dan el “caramelo” de modificarles la Ley del Suelo, dejándoles que
construyan más o cambien incluso el uso de los edificios.
La propia patronal
CEOE había pedido
al Gobierno medidas para apoyar la rehabilitación, pero con
más ambición: rehabilitar 250.000
viviendas al año (diez veces más que el Plan), calculando que así se crearían 135.000 empleos año. Con el Plan
cicatero del Gobierno sólo se
crearán, entre rehabilitación y alquiler, 105.000 empleos en cuatro años. Y encima, se pone “un nuevo impuesto” a todos los propietarios de vivienda,
por exigencia de Bruselas: el que quiera vender
o alquilar su piso, a partir del 1 de junio de 2013 tendrá que entregar al comprador o inquilino un certificado
energético de su vivienda (para ver la letra que le corresponde, de la
A a la G, como la lavadora o el frigorífico), que le hará un técnico y que costará
unos 250 euros (y renovarlo, porque sólo le vale por 10 años).
Al final, el Gobierno
Rajoy, acuciado por recortar el déficit, ha perdido otra oportunidad de
oro para reanimar
la economía y el empleo: destinar
muchos más fondos al Plan de
vivienda, al alquiler y a la
rehabilitación. Una inversión pública no
excesiva (bastarían 2.000 millones al año) que dinamizaría
la actividad de muchísimas empresas privadas y que en su mayor parte se recuperaría vía más ingresos fiscales, más cotizaciones, menos desempleo y menos
gasto en energía. Así,
y no con recortes, es como saldríamos de la crisis.
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