Respiramos uno de los peores aires de Europa

Ahora que ha dejado de llover, volveremos a preocuparnos de la contaminación, que fue grave a principios de 2011 y 2012. La Agencia Europea de Medio Ambiente nos acaba de recordar que media España respira un aire que supera todos los límites fijados por Bruselas y que somos el único país europeo, con Luxemburgo, cuyo aire ha empeorado. Y esto provoca graves enfermedades y 20.000 muertes al año. El Gobierno acaba de aprobar un Plan Aire 2013-2016, que contempla limitar el acceso de coches a las ciudades y subir los impuestos a los más contaminantes. Pero es insuficiente. Hay que tomar medidas más drásticas, como subir los impuestos al gasóleo (que paga menos y contamina 6 veces más que la gasolina), dar más ayudas para cambiar de coche, no subir tanto el transporte público y conseguir unos carburantes y coches menos contaminantes. Nos jugamos la salud y nuestras ciudades.

enrique ortega

España es uno de los siete países que incumplen los límites a la contaminación impuestos por la Comisión Europea (Directiva 2001/81) para 2010, junto a Luxemburgo, Austria, Francia, Alemania y Bélgica. Y el único, con Luxemburgo, que ha empeorado sus emisiones de gases contaminantes (2011), según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

España rebasa los límites europeos en las emisiones a la atmósfera de cuatro gases  contaminantes muy nocivos para la salud: dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión (PM10), ozono troposférico (03) y dióxido de azufre (SO2). Y de un quinto que afecta a las zonas rurales: el amoníaco (NH3), producido en la agricultura y ganadería por el uso de fertilizantes y la gestión del estiércol.

El mayor problema es el incumplimiento límites de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico que procede en un 80% de los vehículos y cuyo techo europeo se ha superado (2011) en 13 ciudades, con 12 millones de habitantes : Madrid (capital, zona sur y corredor del Henares), Barcelona, Vallés y Baix Llobregat, Sevilla, Granada y Palma, según los mapas del Ministerio de Medio Ambiente.

Sin embargo, el incumplimiento más grave es la emisión de partículas (PM10), en un 35-50% también procedentes de los vehículos (el resto, de calefacciones, industrias y térmicas), porque son las más nocivas para la salud. Superan el límite europeo un abanico de ciudades de toda España, con 7,2 millones de habitantes: Barcelona, Vallés y Baix Llobregat, Plana de Vic, Terres de Ponent, La Rioja, Bilbao y bajo Nervión, Gijón y Asturias central, Granada y Bailén.

El incumplimiento más extendido es la superación de los topes de ozono troposférico (O3), el ozono “malo” (el “bueno”, el estratosférico, filtra la radiación solar), producido sobre todo en verano por la fotooxidación de NO2 y compuestos orgánicos volátiles (COVs), procedentes de vehículos, calefacciones, térmicas e industrias. Media España (Madrid, sur de Castilla y León, mitad sur de España, la Rioja, valle del Ebro y Cataluña) incumple los límites europeos de O3, afectando a 22,6 millones de habitantes, según Medio Ambiente. Y España es el país europeo que más veces rebasó los niveles saludables de este gas irritante.

Por último, dos zonas españolas superan los límites europeos de dióxido de azufre (SO2), producido por la industria (refinerías y químicas): la bahía de Algeciras y Santa Cruz de Tenerife, afectando a 580.000 personas.

Estas emisiones de gases son nocivas para la salud y para la tierra (acidifican el suelo y dañan los cultivos), no sólo en España, sino que “viajan” a grandes distancias, produciendo lluvia ácida. Está científicamente demostrado que la contaminación del aire produce enfermedades respiratorias (asma, bronquitis, enfisema), cardiovasculares, tumores, ictus, partos prematuros y hasta diabetes y obesidad, sobre todo en los grupos de riesgo: niños, ancianos y enfermos crónicos. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aumentado su alerta y pide a los Gobiernos rebajar más los límites (que ahora se incumplen), sobre todo de las partículas más pequeñas (PM2,5 micras), las más peligrosas y que muchas ciudades no miden.

Frente al aire contaminado, un grave problema en toda Europa (más del 80% de la población europea está expuesta a una contaminación que supera las recomendaciones de la OMS), las soluciones son dispares. Hay ciudades, como Londres, que pusieron en 2003 un peaje diario a los vehículos. Otras, como Milán, tienen desde 2007 un protocolo para cerrar el centro al tráfico cuando hay contaminación excesiva (lo han hecho tres veces). Y en Berlín, desde 2008 se  restringe el tráfico en el centro a los coches más contaminantes, medida que aplican ya más de 400 ciudades europeas. En España, se ha optado por la trampa de cambiar de sitio las estaciones de medida (Madrid o Zaragoza) o pedir una prórroga de cinco años a Bruselas para cumplir los límites (se la ha negado a Barcelona y está pendiente Madrid), sin tomar medidas decididas, a pesar de los graves problemas a principios de 2011 y 2012.

Ahora, el Gobierno Rajoy quiere tomar medidas, con el Plan Aire 2013-2016, que se está debatiendo con autonomías, Ayuntamientos e instituciones. Pretende crear un marco común para todas las ciudades (ahora cada Ayuntamiento va a su aire) y promover tres medidas concretas: limitar la velocidad de circulación, poner colores a los coches (según lo que contaminen) para limitar su acceso a las ciudades (no se atreven a imponerlo a los Ayuntamientos y lo estudiará un Grupo de trabajo para aplicarlo en 2015) y subir el impuesto de circulación a los coches que más contaminen (crean una comisión con Hacienda y los Ayuntamientos).

Es un paso, pero insuficiente. Porque España tiene un problema de contaminación más grave que el resto de Europa. Primero, porque tenemos demasiados coches: en 1980 había uno por cada cinco habitantes y en 2010 son dos, con lo que somos el cuarto país del mundo con más coches por habitante (480 por 1.000), tras Italia (600), Alemania (510) y Francia (495), por delante de EEUU (439) y Japón (450). Pero sobre todo, porque somos “un país diésel”: el 60% de vehículos circula con gasóleo frente al 37% en Europa. Un carburante que emite seis veces más NO2 y partículas PM10 que la gasolina.

Por eso, es urgente tomar medidas valientes. La primera, subir el impuesto al gasóleo (compensando a los transportistas), como piden  Bruselas y el FMI, ya que paga menos que en Europa y menos que la gasolina. Para equipararlos, habría que subirlo 7 céntimos litro. La segunda, que paguen más impuestos los coches más contaminantes. La tercera, más rigor en el control de la ITV: un 20% de los coches con más de 10 años (los que más contaminan) no la pasan, según  un estudio de la Universidad Carlos III. Cuarta, aumentar las ayudas para cambiar de coche, porque en 2014 la mitad tendrán más de 10 años. Quinta, fomentar el transporte público de verdad, congelando tarifas (ha subido un 8,1% en 2013 y más del 30% con la crisis) y mejorando el servicio, con autobuses menos contaminantes. Y limitar de verdad el acceso al centro de las ciudades con problemas.

A medio plazo, hay que tomar dos medidas de fondo. Una, conseguir carburantes menos contaminantes, lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno este año penalizando doblemente los biocarburantes (bajando su porcentaje del 6,5 al 4,1% y quitándoles la exención fiscal). Un camino que acaba de seguir EEUU: Obama ha aprobado el Plan Tier 3 para reducir los óxidos de nitrógeno (-80%) y el azufre (-60%) en los carburantes para 2017. La otra, pactar con  la industria para fabricar automóviles menos contaminantes, a la vez que se apoyan de verdad (sólo 10 millones de ayudas, retrasadas) los coches híbridos y eléctricos (un fracaso: se venden 1,2 al día).Carburantes y coches más limpios aunque más caros.

Todo ello supone enfrentarse a grupos muy poderosos (petroleras, industria automovilística) y tomar medidas impopulares (penalizar el coche), además de gastar más, en medio de la crisis. Pero no podemos seguir respirando veneno, más en cuanto la economía crezca. La contaminación causa ya 20.000 muertos al año, según Ecologistas en Acción. Y provoca otros costes, sanitarios y medioambientales, por 20.000 millones al año, según el Observatorio de la Sostenibilidad. Hay que pararla antes que nos carguemos nuestras ciudades de forma irreversible.