lunes, 22 de enero de 2018

El doble chantaje de los Presupuestos 2018


El Gobierno Rajoy tiene prisa en aprobar los Presupuestos 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los apoye, con dos estrategias. Una, decirles a las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a los funcionarios ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios, a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.


enrique ortega

Este 2018 es el segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto de 2016 y negociar después las cuentas públicas 2017 con el PNV y los nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.

El Gobierno Rajoy pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado en una doble estrategia de presión frente a las autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).

La primera presión, ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018, por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos 2018 contando con estos mayores ingresos, no podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas. Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía (les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones), Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León (279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de su presupuesto), Galicia y Castilla la Mancha (4,7%).

Las autonomías afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos, en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que Montoro no quiera abrir la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.

La otra vía de presión de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas públicas. Eso supone que los 2,5 millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además, mientras no haya Presupuestos no se podrán convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.

La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año 2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”, la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán aumentar los necesarios gastos sociales (sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.

A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el Gobierno tendrá que repetir la historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176 votos que necesita: pactar con el PNV (5 votos) y los nacionalistas canarios (2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo” de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas, ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un Plan de empleo para Canarias.

Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos (ya ha habido una reunión “secreta”) y canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está despejado por un acuerdo ya alcanzado y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas contrapartidas.

Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura, porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco (algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el fracaso en Cataluña.

Mientras Rajoy se piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con Europa a seguir recortando el déficit, del 3,1% del PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018 (innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros 9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.

El problema de 2018 es que el nuevo ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya varios meses: el petróleo, el euro y los tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo que es mucho más peligroso agravarlo con más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto y más inversión, para compensar los “vientos en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos 30.000 millones más a la economía, no restarle otros 9.000 millones.

Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado que tenemos un grave problema de ingresos, como ha reiterado la Comisión Europea: España recaudará en 2018 un 38% de su PIB, mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recauda 72.000 millones de euros menos al año que la media europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos) y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el 2,9% previsto para Francia) no está en que gastemos más (al contrario, gastamos menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.

En definitiva, que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en 2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado, algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la contraria: subir impuestos, no a la mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y ricos, que apenas pagan. Y por eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.

Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le apoyen  con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos” a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón desde dentro, con más recaudación. No más austeridad.

sábado, 20 de enero de 2018

Pensiones: el Gobierno propone más recortes


Está claro que tenemos un problema con las pensiones: el ingreso por cotizaciones no llega para cubrir el gasto en pensiones. Y por eso, cada mes hay 1.500 millones de déficit en la Seguridad Social. Y como siempre, hay dos soluciones: ingresar más o gastar menos. El PP y Rajoy, en su reforma de las pensiones de 2013, optaron por gastar menos, por los recortes, básicamente no subir las pensiones más del 0,25% hasta 2040. Pero no dicen nada de los ingresos. Y es que bajan porque los nuevos empleos, 2 millones desde 2014, son precarios y mal pagados (mileuristas y menos), con lo que hay más gente trabajando pero cotizan menos. Así que la clave, más que ajustar los gastos (los pensionistas se van casi a duplicar de aquí a 2050) es aumentar los ingresos de la Seguridad Social, como he explicado en este blog, vía aumento de cotizaciones (son más bajas que en Europa) y mejora de la calidad del empleo, más un trasvase de fondos del Presupuesto, consiguiendo más ingresos fiscales: si España recaudara como el resto de Europa, debería ingresar 72.000 millones más cada año. Y una parte podría ir a las pensiones.


      Fátima Báñez, ministra de Empleo

Pero el Gobierno Rajoy no quiere ni hablar de aumentar las cotizaciones ni la recaudación fiscal, porque les supondría recortar los beneficios de las empresas y hacer que paguen más impuestos las grandes empresas, los bancos, las multinacionales y los más ricos, sus "apoyos políticos" (y los de Ciudadanos, que está en esto con el PP). Por eso, la ministra Báñez se ha descolgado con otra “ocurrencia”, un “globo sonda” tras más de un año sin hacer ninguna propuesta en la comisión del Pacto de Toledo: aumentar los años de vida laboral para calcular la pensión, pudiendo quitar los 5 peores para el trabajador. “Suena bien” de entrada, pero a pesar del azúcar y de las trampas (habría que cotizar más de 38 años para hacerlo), hay un hecho evidente: para la mayoría de trabajadores, tener en cuenta para calcular la pensión toda la vida laboral en vez de los 21 últimos años actuales (o 25 en 2022) es peor, porque hace 30 o 40 años, la mayoría de la gente (algunos no, pero son minoría) cotizaba por menos que hace 20 años,10 o 2 años.

O sea, que es otra medida más para hacer recortes, como las que aprobó Zapatero en 2011 y Rajoy en 2013. Un estudio del Instituto Santa Lucía estima que provocaría un recorte del 15 al 35% en las pensiones del futuro. E incluso advierte de que el impacto podría llegar al 49% si no se aplica de una manera gradual. Así que ya saben, eso de que “podrá elegir los años de jubilación” es sólo una trampa para encubrir aumentar el periodo de computo a toda la vida laboral (con el regalo de poder quitar 5 años malos…), a costa de bajar las pensiones futuras. Y lo mismo, cualquier otra solución “milagrosa” que no hable de ingresar más. Todo lo que no sean propuestas para conseguir más recursos son medidas para recortar las pensiones. Que lo sepan.

jueves, 18 de enero de 2018

Turismo súper récord: ojo a "morir de éxito"


Esta semana se celebra FITUR y el sector está eufórico porque 2017 se ha cerrado con 82 millones de turistas, el quinto año de récord consecutivo. Y España es ya el 2º país del mundo en turistas (tras Francia) y en ingresos por turismo (tras EEUU). Además, hemos sido reelegidos en 2017 como el país más competitivo en el turismo mundial. Pero entre tanto récord, tenemos algunos problemas serios: la saturación del turismo en algunas zonas (que ha desatado protestas ciudadanas, la “turismofobia”), los todavía bajos ingresos por turista (crece el turismo “low cost”) y la escasez y baja calidad del empleo turístico (45% de los contratos son por menos de 1 semana), así como la excesiva concentración del turismo en Europa (87%) y en 6 autonomías (se llevan el 91% de los turistas). Por todo ello, no hay que dormirse en los récords y urge elaborar un Plan para perfilar el turismo a 20 años vista, reconvirtiendo la oferta y buscando un turismo de más calidad. Ojo a “morir de éxito”.


enrique ortega

El Gobierno Rajoy lo ha vuelto a hacer, por segundo año consecutivo: “filtrar” antes las estadísticas de visitantes (las publica el INE el 1 de febrero), para anticipar otro récord de turistas. Lo hizo el año pasado el ministro de Turismo y lo acaba de hacer Rajoy, aunque con poco sentido de la oportunidad: en Roma, en una Cumbre de la Europa del sur donde se abordaba el grave problema de los inmigrantes ilegales, aprovechó para “presumir” de los millones de “visitantes legales” (turistas), escondiendo que España sólo ha acogido a 2.000 de los 17.000 refugiados a los que se comprometió. Algo que los medios no destacaron, mientras titulaban que España ha recibido 82 millones de turistas en 2017, un tercio más que antes de la crisis, cuando recibimos 59,2 millones de turistas (2007). Son 22,8 millones de turistas más en 10 años, aunque 14 millones son turistas “prestados” de Turquía, Túnez y Egipto, afectados por el terrorismo y la crisis política, según la patronal Exceltur.

El turismo, la primera industria española (aporta el 11,5% del PIB y mantiene 2,6 millones de empleos), ha vuelto a ser en 2017 el motor de la recuperación, porque ha vuelto a crecer más que el resto de la economía, por 8º año consecutivo (desde 2010): el PIB turístico creció un 4,4% en 2017, por encima del 3,1% que creció la economía, según la estimación de la patronal Exceltur. Y eso ha sido posible gracias al tirón del turismo extranjero, que saltó de 75,5 millones de visitantes en 2016 a más de 82 millones en 2017 (pueden llegar a 82,5 cuando lo publique el INE). Eso convierte a España en el segundo país del mundo que recibe más turistas, sólo por detrás de Francia (ha tenido 89 millones), superando por primera vez a Estados Unidos (que habrá cerrado el año con unos 80 millones de visitantes). Les siguen en turistas recibidos, a mucha distancia, China (63 millones de visitantes) e Italia (57 millones).

Otro dato positivo de 2017 es que han crecido sobre todo los turistas de los países no europeos que más gastan: Rusia (+18,7%), EEUU (+15,6%), países nórdicos (+11,3%), países del Este (+8,3%), Suiza (+7,9%) y Japón (+7,8%), aunque la mayoría del turismo viene de Gran Bretaña (23,09% del total), Alemania (que ha superado as Francia, con un 14,66% de los turistas) y Francia (13,74% del turismo extranjero). La mayor parte de estos visitantes extranjeros van a 6 autonomías: Cataluña (23,42% del turismo extranjero, aunque la crisis política ha frenado la llegada en el último trimestre), Baleares (que ha superado a Canarias como 2º destino, acogiendo al 17,6% del turismo extranjero), Canarias (16,6%), Comunidad Valenciana (10,9%) y Madrid (8%), la autonomía donde más creció el turismo extranjero en 2017 (un 16,2%, frente al 9.1% de media en España hasta finales de noviembre).

En 2017, ha crecido la llegada de turistas por avión (el 81,48%), gracias a los bajos precios del petróleo y la guerra de tarifas, ganando peso también el turismo de cruceros (2,33%), mientras perdían peso los turistas que llegaban por carretera (15,71%) y tren (0,45%). Pero el mayor cambio se ha dado en el tipo de alojamiento, con un gran salto de los turistas que vienen a apartamientos turísticos (+21,3%), debido al auge de las plataformas de alquiler online (tipo Airbnb, Homeway,Wimdu o Homelidays), cuyo éxito se ha disparado a costa de los hoteles (su uso creció un 6,7%). También han crecido mucho los turistas que se alojan en viviendas de familiares y amigos (+13,4%), otro síntoma del auge del turismo barato (low cost).  Y otra muestra más es que lo que más crecen (el 11,2%) son los turistas que vienen sin paquete turístico (7 de cada 10 turistas), mientras pierden peso (crecen sólo un 4,4%) los que vienen con hotel y viaje organizado (el 29,5%).

La patronal turística Exceltur considera que los dos motores del récord turístico de 2017 han sido el auge de los apartamentos turísticos por Internet y la guerra de tarifas aéreas, junto a la mejora de la economía europea. Y destacan que España ha conseguido 6,5 millones más de turistas a pesar de que en 2017 se recuperaron tres países competidores (Turquía, Túnez y Egipto ganaron 8,5 millones de visitantes), que hasta ahora nos”prestaban turistas” (unos 14 millones desde 2010). También valoran muy positivamente que los turistas hayan gastado algo más en 2017: el gasto medio por turista creció un 1,5%, hasta los 733 euros, rompiendo una tendencia de cinco años de caída del gasto turístico, según los datos de Exceltur. Eso sí, si tenemos en cuenta la subida de precios, el gasto real de los turistas extranjeros (descontando la inflación) cayó un 0,9% en 2017, una caída que se produce desde 2005.

Rajoy presumió también en la Cumbre europea de Roma que España es el segundo país del mundo que más ingresa por turismo, 87.000 millones de euros, sólo por detrás de EEUU (200.000 millones de euros) y muy por delante de Tailandia (49.000 millones), China (44.000 millones) y Francia (42.000 millones de euros). Pero ese dato no es el que utilizan el Banco de España y la patronal turística Exceltur, que rebajan los ingresos por turismo a 60.000 millones de euros en 2017, contando la parte del gasto turístico que se queda en España (descontando el precio de los viajes y lo que ingresan los tour operadores extranjeros). En 2017 ha aumentado el gasto medio por turista (1.054 euros, +2,7%), pero se redujo la duración media del viaje a 7,6 días (de 9,1 días en 2016). Lo que pasa es que crece el turismo “low cost”, que viene a apartamentos turísticos y gasta poco (más en menos días).

Cara a 2018, la patronal Exceltur cree que el turismo volverá a ser este año el motor de la economía, aunque crecerá menos que en 2017: un 3,3% (frente al 4,4%), por encima del 2,4% que se prevé crezca toda la economía. Y eso por la situación política en Cataluña (restará un 0,5% al PIB turístico), el Brexit, la recuperación de los países competidores y la saturación turística en algunas zonas, además de un menor dinamismo del turismo de los españoles. Dos factores que pueden hacer mucho daño al turismo en 2018 son la subida del petróleo (ronda los 70 dólares barril) y la subida del euro (por encima de 1,20 euros/dólar), que encarece ya más de un 14% los precios a los turistas de fuera de la zona euro. Con todo, las empresas turísticas esperan aumentar ventas y beneficios, sobre todo en zonas urbanas.

España afronta el futuro del turismo con un dato incontestable: es el destino más competitivo del mundo, según el ranking bianual del World Economic Forum, que nos coloca en primer lugar en 2017 (y en 2015), con 5,4 puntos sobre 7, por delante de Francia, Alemania y Japón (5,3 puntos), Reino Unido (5,2 puntos) y EEUU (5,1 puntos), por infraestructuras, seguridad, sanidad, clima  y patrimonio cultural, aunque no somos la oferta más barata. Y la inversión apuesta por los hoteles, con un récord de compras en 2017: 3.907 millones (+79% que en 2016). Pero también hay temas preocupantes cara al futuro, sobre todo tres: la saturación turística en algunas zonas (con el surgimiento de la “turismofobia”), la precariedad del empleo turístico y la excesiva concentración de la oferta (origen y destino).

La patronal turística Exceltur alerta del auge de las protestas contra el turismo (“turismofobia”) en algunas zonas, por culpa del crecimiento desordenado y excesivo de los apartamentos turísticos, que disparan los precios de los alquileres y molestan o expulsan a los vecinos de ciertos barrios en Barcelona, Palma, San Sebastián y Madrid, con riesgo de que se extiendan a Málaga, Granada, Alicante o Santiago, ciudades que tienen también una gran presión turística. Por eso piden control y freno a los apartamentos turísticos, que en muchos casos no pagan impuestos. Esta misma semana, los Ayuntamientos de Barcelona, Madrid y San Sebastián  han dicho que preparan medidas para frenar el crecimiento descontrolado de los apartamentos turísticos.

Otro problema que no señala la patronal pero sí los sindicatos es que el boom turístico se ha hecho a costa de los trabajadores del sector, que tienen unos contratos precarios y mal pagados mientras crecen  los beneficios empresariales (un 6,3% en 2017). Primero hay que decir que aunque el turismo es el motor de la recuperación, crea poco empleo: la ocupación aumentó en 85.813 personas el último año, 1 de cada 6 empleos creados, hasta dar trabajo a 2.660.915 españoles. Y en los 5 años de récord turístico (2012-2017), el empleo en el turismo ha crecido en 466.766 personas. Pero lo peor es que son empleos muy precarios: un 39,5% tienen contratos temporales (más que la media de España, que es del 27,5%) y casi la mitad (el 45,2% duran menos de una semana, según los sindicatos. Y un tercio son contratos a tiempo parcial, por horas, que “esconden” trabajos a jornada completa. Y además, hay un exceso de trabajadores “externalizados”, en contratas de empresas ajenas al hotel, como camareras de piso, limpiadoras, personal de mantenimiento o recepcionistas.

Y con tanta precariedad, los salarios del turismo, a pesar de todos los récords, son de los más bajos de España. Concretamente, el coste salarial bruto en la hostelería es de 1.177 euros, un 60% del sueldo medio bruto en España (1.941 euros), según el INE (2017). Y sólo ha subido 58 euros brutos al mes en los últimos cinco años. Y eso son sueldos medios, ya que hay trabajadores, como las camareras de piso (las famosas “Kellys) que están cobrando 800 euros al mes por hacer 400 habitaciones. Los bajos salarios y la precariedad se acompañan de plantillas ajustadas y poca formación, lo que repercute en una pérdida de calidad del turismo.

El tercer problema, junto a la turismofobia y la precariedad laboral, es la excesiva concentración de la oferta turística, por origen y destino de los turistas. En 2017, el 87% de todos los turistas que llegaron a España vinieron de Europa y sólo un 13,03 % procedían de América, Asia (sólo vinieron unos 400.000 turistas chinos) y del resto del mundo, las zonas donde más crece el gasto turístico. Urge conseguir más turistas de fuera de Europa, sobre todo en EEUU, Latinoamérica, China y Oriente Medio. Y, en paralelo, hay que diversificar también donde van, porque el 90,78% de los turistas extranjeros se dirigen a 6 autonomías españolas (Cataluña, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid), mientras las 11 restantes sólo captan un 9,12% del récord turístico. Y eso provoca que las zonas de sol y playa, sobre todo en Baleares, Canarias y Levante estén supersaturadas, con problemas incluso de servicios (agua, accesos, aparcamientos e infraestructuras). Urge diversificar la oferta, promoviendo nuevos destinos y otro turismo, como el cultural, sanitario, de negocios, deportivo y gastronómico, que atraiga visitantes fuera del verano.

Además de afrontar estos problemas estructurales, el turismo español tiene por delante una serie de retos a medio plazo, entre ellos la digitalización del sector, para aprovechar al máximo la potencialidad de Internet y sus plataformas en la captación de turismo de calidad. Otra es la renovación de la oferta hotelera, con inversiones en hoteles e infraestructuras que hay que renovar, con ayudas públicas y de la mano de fusiones, para conseguir grupos turísticos más potentes, que puedan negociar con los poderosos tour operadores extranjeros que controlan el turismo español (alemanes y británicos).  Otro reto es mejorar la calidad de la oferta, con un empleo más estable y mejor pagado. Y por supuesto, gastar más en promoción exterior, con una política turística más coordinada entre el Gobierno central y las autonomías, muchas de las cuales van a su aire.

Ahora que estamos en años de bonanza turística es cuando hay que aprovechar para consolidar los récords y repensar el futuro de la primera industria española a 20 años vista, con un gran “Pacto por el turismo”. Dejarse del triunfalismo de las cifras anuales y buscar un crecimiento sostenible a medio plazo, asentado en un turismo de calidad más que en millones de “turistas low cost”. Gastar dinero e inteligencia en reforzar el turismo, en desarrollar su potencial y resolver sus puntos negros, en competir con una oferta imbatible, no sólo con bajos precios (cada vez más altos). Aprobar un Plan para configurar el futuro del turismo, no dormirse en los récords. Ojo a “morir de éxito”.

lunes, 15 de enero de 2018

Pensiones: la "ocurrencia" populista de Sánchez


Las pensiones cerraron 2017 con un agujero de 18.000 millones, similar al de 2016. Y se espera otro déficit de 17.000 millones este año. Mientras, el secretario general del PSOE ha tenido una ocurrencia “milagrosa”: poner dos impuestos a la banca para recaudar 1.860 millones. No sólo es “el chocolate del loro”. El problema de las pensiones es estructural (ingresos no cubren unos gastos crecientes) y para resolverlo hay que aumentar los ingresos por cotizaciones e impuestos, entre 50.000 y 80.000 millones en unos años, y eso no se consigue con propuestas simplistas y cargando contra la banca. Sánchez debería saber que España recauda 72.000 millones menos que el resto de Europa, porque hay más fraude y porque grandes empresas, multinacionales y los más ricos pagan poco. Y que trabajadores y empresas cotizan también menos. Hay que recaudar más por muchas vías, no hacer demagogia populista. Y menos tras un año largo sin hacer propuestas, ni el PSOE ni los demás, en el Pacto de Toledo. Por favor, sean serios.


enrique ortega

Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones, con lo que ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para este año 2018, los expertos creen que se mantendrá en -17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno Rajoy a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (seremos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.308 euros las nuevas en octubre 2017). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizarán un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Y frente a este gran reto de ingresos, el secretario general del PSOE se ha descolgado con una propuesta “milagrosa” para salvar las pensiones: aprobar dos nuevos impuestos que pagaría la banca, uno un recargo del 8% en su impuesto de sociedades (conseguiría 1.000 millones al año) y otro un impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras (que recaudaría otros 860 millones). En total, 1.860 millones para que la banca “salvada por todos los españoles, contribuya a salvar las pensiones”. Es como para llorar que al primer partido de la oposición sólo se le ocurra esto para afrontar el grave problema de las pensiones. Primero, porque es “el chocolate del loro”. Segundo, porque la propuesta acabaría siendo pagada por los clientes de los bancos, a los que la banca trasladaría el coste de estos nuevos impuestos vía más comisiones, créditos más caros y menos remuneración al ahorro. Y tercero, porque cualquier impuesto a la banca debe ser a nivel europeo, para que el dinero no se desplace a donde paga menos. Por eso hay una propuesta europea de implantar una tasa a las transacciones financieras (Tasa Tobin), que apoya España (el Gobierno Rajoy) y 9 países más, una propuesta más dura que la del PSOE (el recargo sería el 3%) y que supondría 4.500 millones extras de recaudación para España.

Pero la mayor crítica que puede hacerse a la propuesta de Sánchez, además de inútil y al margen de Europa, es que es “simplista” y “populista”, al estilo Podemos (que la aplaude ahora, porque ya la incluyó en su programa electoral de 2016). Porque no se puede vincular el grave problema de las pensiones a la banca (aunque haya hecho muchas cosas mal) y porque la solución al problema de las pensiones es complejo y exige tomar muchas medidas a medio plazo, no “soluciones mágicas” aprovechando la mala imagen de la banca. Y de paso, recordemos que el Gobierno Rajoy tampoco da soluciones, porque su reiterada fórmula es “esperar” a que crezca más el empleo y con ello se corrijan los ingresos. Pero es también una “falsa salida”, porque ahora hay 1.241.500 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa y sin embargo, el déficit de la Seguridad Social se ha multiplicado por 36 durante su Gobierno (era de -487 millones en 2011).

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 53% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque, como debería saber Sánchez, España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudará el 44,6% del PIB, según la Comisión Europea. Traducido, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 72.000 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a Sánchez: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medioambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones.

Y todavía queda el grueso de mejora de la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas (bancos incluidos), multinacionales y los más ricos. Las grandes empresas pagan el 7,3% de su resultado contable, según Hacienda (2015), cuando las pymes pagan el 12,2% y los ciudadanos de a pié el 14,9% de sus ingresos con el IRPF. El impuesto de sociedades tiene tantas deducciones y exenciones que el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar un euro y Hacienda devolvió al Banco Santander 1.236 millones por el impuesto de sociedades en 2013 y 2014. Tienen que pagar lo que deben, como todos,  no “ir a por ellos” porque les hemos rescatado. Y lo mismo las multinacionales, que utilizan trucos y paraísos fiscales para evadir “legalmente impuestos (como Inditex) y que tributan a un tipo efectivo del 6%, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Y lo mismo las grandes fortunas, con las SICAV (tributan al 1%). Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores contra el fraude (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino una propuesta que resume las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y pensando a 20 años vista al menos. Y en paralelo, hay que aprobar ayudas a la familia, para que aumente la natalidad y los cotizantes futuros. Y poner en marcha una cruzada” contra el empleo precario, incentivando el empleo fijo a tiempo completo y sancionando duramente con la inspección de trabajo el falso empleo temporal y por horas, que hunde las cotizaciones.

Pero, sobre todo, hay que moverse. La Comisión del Pacto de Toledo lleva más de un año de reuniones en el Congreso, sin aportar soluciones, ni por la izquierda ni por la derecha. Y mientras, cada mes hay que pagar más pensiones y se mantiene el agujero de la Seguridad Social, en medio de la inquietud de los españoles. Hagan algo sensato, por favor. Por los pensionistas actuales pero, sobre todo, por los pensionistas futuros.

jueves, 11 de enero de 2018

Nueva renta mínima en tres autonomías


Andalucía ha estrenado 2018 con una nueva renta mínima para los más desfavorecidos, similar a la que aprobó en julio el Parlamento catalán y en noviembre las Cortes valencianas. Son la “segunda generación” de rentas mínimas, porque ahora, todas las autonomías tienen un sistema de rentas mínimas de inserción que ayuda a 789.672 españoles, con 300 a 648 euros al mes. Pero es un sistema muy desigual, con grandes diferencias en las ayudas, por lo que también para ser pobre depende mucho de donde uno viva. Y mientras, PP y Ciudadanos intentan frenar en el Congreso una renta mínima estatal, que promovieron los sindicatos con 700.000 firmas y que costaría entre 11.000 y 20.000 millones. Entre tanto, en el mundo se debate otra renta mínima, universal, no sólo para pobres, para afrontar la creciente pobreza y desigualdad y el desempleo tecnológico que se avecina. Se está probando en Finlandia, Holanda y Barcelona (dentro de un plan piloto de la Comisión Europea). Un debate que aquí se desprecia. Deberíamos conocerlo. 


enrique ortega

Todas las autonomías tienen asumida, en sus Estatutos, la competencia de servicios sociales, transferida por el Estado central. Y desde 2001, todas tienen un sistema de “rentas mínimas de inserción”, una ayuda económica mensual que reciben las familias más desfavorecidas, por un plazo de 6 meses a tres años y más. En 2015, último año del que hay estadísticas oficiales, había 323.406 españoles titulares de rentas mínimas de inserción, aunque como la mayoría eran familias, las ayudas llegaban a 789.672 beneficiarios, según el Ministerio de Asuntos Sociales. Y el gasto total de las autonomías en estas rentas mínimas era de 1.359,5 millones de euros, con una media de 435,80 euros al mes de ayuda.

El sistema de rentas mínimas de inserción (RMI) es un “parche” contra la pobreza, ya que reciben ayuda (escasa) sólo el 7,6% de los españoles que están en situación de pobreza (los que ingresan menos del 60%  de la media del país: menos de 684 euros al mes si viven solos o  de 1.700 euros en una familia con 3 hijos), 10.382.000 españoles, el 22,3% de la población, según el INE. Y la renta mínima (RMI) sólo alcanza al 27% de los españoles en situación de pobreza severa (que ingresan menos del 30% de la media: menos de 342 euros al mes si viven solos o de 850 euros las familias con tres hijos), 2,9 millones según  el INE.

Pero la mayor crítica que puede hacerse al actual sistema de rentas mínimas es que es tremendamente desigual entre autonomías. Empezando por el nombre, porque la ayuda se llama diferente en cada región (“ingreso mínimo de solidaridad” en Andalucía y Castilla la Mancha, “salario social básico” en Asturias, “renta de integración social” en Galicia, “renta de garantía de ingresos” en el País Vasco, “renta básica” en Extremadura, “ingreso mínimo de inserción” en La Rioja, “renta garantizada” en Navarra, “renta mínima de inserción” en Madrid”, “renta garantizada de ciudadanía” en Cataluña…). Y sobre todo, porque el importe de la ayuda es muy diferente según donde se viva: va desde 300 euros al mes en Murcia y Ceuta a 648,60 euros en Navarra o 619,29 en el País Vasco, pasando por 573 en Aragón, 399 euros en Galicia y la Rioja, 385 en la Comunidad Valenciana y 375 euros en Madrid. Y encima, en unas, la RMI se cobra durante 6 meses ampliables (Andalucía, Extremadura, La Rioja), en otras 12 meses (Aragón, Cataluña, Canarias, Cantabria, Ceuta), en otras 24 meses (País Vasco) y en otras sin límite de plazo (Asturias y Castilla y León).

También hay diferencias en las condiciones que se exigen para cobrar esta ayuda, aunque en la mayoría son estar empadronado en la autonomía (1 año y en el País Vasco, dos años), tener unos ingresos mínimos (generalmente menos del 75% del salario mínimo) y dan prioridad a los que tienen hijos o mayores a cargo, sobre todo si están discapacitados.

El origen de las enormes diferencias en la renta mínima de inserción (RMI) está en que hay unas autonomías que gastan mucho más que otras, lo que permite pagar más y a más gente. Así, las autonomías que más gastan en rentas mínimas son el País Vasco (488,3 millones en 2015), Cataluña (174,4 millones), Madrid (121,4 millones), Asturias (101,8 millones) y Andalucía (89,1 millones), según el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero hay que poner este gasto en relación a los beneficiarios que tiene cada autonomía. Y así, las autonomías que más gastan por beneficiario son el País Vasco (6.075 euros, frente a 3.641 euros de media en España), Cataluña (5.905 euros), Asturias (5.027 euros), Navarra (4.962), Castilla y León (4.753 euros) y Madrid (4.067 euros), según un estudio de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Y las que menos gastan por beneficiario son Andalucía (1.725 euros), Comunidad Valenciana (1.961 euros), Castilla la Mancha (2.102 euros), Murcia (2.180 euros), Canarias (3.251 euros) y Baleares (3.301 euros).

Al final, lo que más importa es  saber a qué porcentaje de sus pobres ayuda cada autonomía. Y las diferencias vuelven a ser flagrantes. Si a nivel de toda España, los 789.672 beneficiarios de rentas mínimas suponen un 7,6% de los pobres, hay autonomías que ayudan a un porcentaje todavía menor de pobres: al 2,5% en Castilla la Mancha, 3,2% en Murcia, 3,8% en la Comunidad Valenciana, 4,5% en Canarias y Baleares y al 5,7% en Andalucía, según el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Pocos pobres con ayuda en 5 de las 6 autonomías con más pobreza (INE). Y por el contrario, los mayores porcentajes de pobres con ayuda se dan en las autonomías ricas: País Vasco y Navarra (cobran el 77,5% de los pobres), Asturias (27,2%), Aragón (19%) y Cantabria (16,9%), seguidas por Madrid (11,4% pobres con ayuda), Extremadura (10,9%), Castilla y León (9,6%) y Cataluña (7,6%).

Como se ve, el balance de las rentas mínimas autonómicas es bastante pobre, como consecuencia de los recortes y la falta de recursos de las autonomías. Pero no es sólo una cuestión de falta de dinero. El sistema de rentas mínimas falla porque no reinserta a sus beneficiarios, no les saca de la pobreza. Así, un tercio de las familias que cobran la renta mínima en Madrid la cobran desde hace más de cinco años y un 11,6% la cobran desde hace 10 años o más. O sea, que “no les sacan de pobres”. Y eso se debe no sólo a que cobran 400 euros al mes, sino a que no funcionan los programas de inserción que acompañan a estas ayudas, programas individuales (PII) que gestionan los Ayuntamientos (que no reconocen ni pagan la RMI, a cargo de las autonomías). El problema es que los servicios sociales municipales están colapsados (ayudan a 8 millones de españoles al año) y tienen pocos medios, tras los recortes, con lo que no pueden hacer un seguimiento de los beneficiarios de las rentas mínimas. Y así, los pobres no encuentran trabajo ni se forman, siguen siendo pobres año tras año y la pobreza se hace crónica, como advierten Caritas y la Cruz Roja.

Ante este fracaso de las rentas mínimas tradicionales, hay tres autonomías que han optado por cambiarlas y aprobar nuevas ayudas, que cambian poco. La primera en hacerlo no ha sido Andalucía, como presume la Junta, sino Cataluña: el 12 de julio de 2017, en vísperas de la pelea independentista, el Parlamento catalán aprobó por unanimidad  la nueva renta garantizada de ciudadanía(RGC), que llevaba cuatro años debatiéndose, a raíz de una iniciativa legislativa popular con 120.000 firmas. La nueva renta, que entró en funcionamiento el 15 de septiembre, supone una ayuda de 564 euros al mes (antes era de 423,70 euros), que serán 664 en 2020, año en que esperan ayudar a 70.000 desfavorecidos. La RGC se dará a los mayores de 23 años, con 2 años de residencia en Cataluña, que lleven 6 meses sin ingresos o con prestaciones inferiores a 564 euros y la podrán cobrar las madres (o padres) solas con hijos que trabajen (son 7.000 familias monoparentales) y ganen menos de  564 euros.

Andalucía aprobó la nueva renta mínima de inserción social (RMIS) por el decreto-ley 3/2017 de 19 de diciembre, que empezará a surtir efecto a primeros de marzo. La cuantía de la ayuda será entre 419 y 779 euros al mes, durante 12 meses prorrogables durante 6 más. Y pretende alcanzar a 45.000 personas al año, unos 120.000 beneficiarios. Su prioridad serán las familias con menores y discapacitados, así como mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes. Los requisitos exigidos serán tener entre 25 y 64 años, estar en paro (se aceptan trabajos de menos de 1 mes) y apuntado al servicio andaluz de empleo, con ingresos menores de 418 euros al mes. Y se exige que los beneficiarios participen en un plan de inserción laboral personalizado. La nueva renta mínima andaluza ha sido criticada por IU, Podemos y Save the Children, que creen que nace “corta” y con poco presupuesto (198 millones en 2018), por lo que sólo podrá ayudar al 20% de andaluces pobres.

La tercera autonomía en implantar una nueva renta mínima será la Comunidad Valenciana, cuyas Cortes aprobaron la ayuda el 30 de noviembre, aunque su entrada en vigor será el 22 de abril de 2018, con un presupuesto de 88 millones este año (y 289 en 2020). La renta valenciana de inclusión (RVI) tendrá una cuantía de 495,30 euros mensuales (frente a los 385 actuales) y pretende beneficiar a 95.000 personas en 2020. Los requisitos son ser mayor de 18 años (sin límite de edad), llevar 1 año empadronado y tener ingresos inferiores a la renta que se paga. Y se permite cobrarla si se trabaja y se cobra menos del 80% del salario mínimo. La ayuda es indefinida (revisable a los 3 años) y se queda en la mitad (237,60 euros) si el beneficiario renuncia a ser valorado y entrar en un programa de reinserción social.

Es probable que otras autonomías, gobernadas por la izquierda, se sumen a aprobar nuevas rentas mínimas, a medida que sus cuentas se lo permitan. Y en paralelo, en el Congreso de los Diputados hay pendiente una iniciativa legislativa popular (ILP), promovida por CCOO, UGT y 700.000 firmas, para aprobar una renta mínima de inserción estatal, de la que podrían beneficiarse 2.400.000 españoles, según los sindicatos. La ILP fue admitida a trámite en febrero de 2017, con el apoyo de todos los grupos (177 votos) salvo PP y Ciudadanos, que han tratado de vetar su tramitación, con una enmienda a la totalidad que volvió a ser rechazada en septiembre. Ahora, la propuesta está en la Comisión de Empleo, pero tiene pocas posibilidades de ser aprobada, dado el rechazo frontal del PP, que se agarra a su elevado coste, sobre 20.000 millones según Hacienda, aunque los sindicatos creen que costaría 11.000 millones. Al final, el Gobierno se guarda un as en la manga: si el Congreso aprueba la renta mínima, la denunciaría al Tribunal Constitucional, argumentando que la competencia de las rentas mínimas la tienen las autonomías.

La propuesta de una renta mínima estatal es una oportunidad para homogeneizar las rentas mínimas de las autonomías, dotándolas de más recursos y más efectividad, dado su pobre balance. Habría que pagar una renta mínima a más españoles desfavorecidos, al menos a las 1.193.900 familias donde todos están parados (según la EPA 2017), más del triple de los que cobran ahora las rentas mínimas autonómicas (323.406 titulares de ayudas). Eso tendría un coste, si se paga una renta mínima de 588 euros (el 80% del nuevo salario mínimo), de 84.241 millones de euros. Una cifra muy importante, pero que se podría pagar en un horizonte a cuatro años, con dos condiciones. Una, que se incluyeran en esta renta otras ayudas que ya se pagan (ayudas familiares, becas, vivienda, etc), con lo que se conseguirían ahorros de unos  30.000 millones, además de reducir la burocracia y los gastos de gestión. Y el resto tendría que salir de mayores ingresos, por la lucha contra el fraude fiscal, un posible recargo en el impuesto sobre el patrimonio y algún nuevo impuesto financiero (tasaTobin). Eso sí, esa renta mínima estatal debería obligar al beneficiario a mejorar su formación y a entrar en planes de reinserción laboral, para que no sea “caridad” sino una inversión temporal en su futuro.

Mientras en España debatimos sobre la renta mínima para pobres, que la derecha política desprecia por razones ideológicas (aunque las esconde con “no se puede financiar” y “desmotiva para buscar trabajo y fomenta a los vagos”), en el mundo hay un debate político y económico sobre la renta básica universal, que es diferente: se trata de una ayuda universal, no sólo para los más desfavorecidos, que recibiría todo el mundo, como un derecho ciudadano. Sus defensores señalan que, ante la pobreza y desigualdad creciente y la esperada pérdida de empleos de la digitalización y la robotización, sería una manera de dar seguridad a la población y repartir mejor la riqueza. El debate ha llegado a la cumbre económica de Davos, al FMI, la OCDE y la propia Comisión Europea, que están analizándolo con seriedad, mientras en España es un debate marginal, aunque creciente.

Pero ya hay experiencias que avanzan por el camino de la renta básica universal. La más famosa, la de Finlandia, que seleccionó a 2.000 personas (desempleados, entre 25 y 68 años) para cobrar una renta básica de 560 euros al mes en una experiencia piloto que se inició en enero de 2017 y durará hasta finales de 2018. Otro país que lo está experimentando es Holanda, en Utrecht y otros 39 municipios holandeses, donde se estudia el comportamiento de ciudadanos a los que se paga una renta básica (de 972 a 1.389 euros), con y sin obligaciones a cambio. En Alemania se han presentado 90.000 firmas en el Parlamento pidiendo un referéndum sobre la renta básica universal, mientras Suiza votó en contra de esta renta básica en un referéndum celebrado en 2016.

Es también muy interesante el programa europeo “Urban Innovative Actions”, que la Comisión Europea desarrolla en tres años (a partir de 2017) en 15 ciudades escogidas de Europa, entre ellas Barcelona, donde el Ayuntamiento ha seleccionado a 1.000 familias (de perfiles muy diferentes) para participar en esta experiencia piloto, con 4,8 millones de financiación europea (y 1,2 millones del Ayuntamiento): recibirán una ayuda económica y programas complementarios (formación, empleo, vivienda y trabajo), con 5 programas distintos (con el mismo coste), para ver después qué combinación de ayuda y reinserción es más eficaz.

Este tema, la renta básica universal es algo muy nuevo, que levanta más críticas que apoyos, porque choca con la vieja máxima de “te ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Pero hoy, el mundo ha cambiado y Europa, el continente socialmente más avanzado, tiene 119 millones de pobres “oficiales” (según Eurostat). Y el futuro, con las máquinas y la digitalización, se presenta sombrío para el empleo. Así que muchos creen que es hora de pensar en nuevos sistemas de asistencia social, frente a los actuales, demasiado burocráticos e inútiles. Y algunos han avanzado seriamente en cómo financiarlo: con el ahorro de sustituir las ayudas actuales y una reforma de impuestos, como plantea este documentado trabajo en la interesante web red renta básica, que informa sobre lo más destacado de este debate a nivel internacional.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque, a pesar de la recuperación y el empleo,  un 22,3% de españoles (10.382.000) son oficialmente pobres y sólo el 7,6% reciben una renta mínima, de pura supervivencia y totalmente  inútil para que salgan de la pobreza. No podemos mirar para otro lado. Probemos a hacer algo nuevo.