jueves, 23 de febrero de 2017

España, paraíso inmobiliario


España lleva dos años batiendo récords de inversión inmobiliaria, en oficinas, Centros comerciales, hoteles, naves industriales y viviendas de lujo y turísticas. El motor  de este nuevo “boom” del ladrillo son los extranjeros: Fondos de inversión norteamericanos y europeos junto a millonarios chinos, árabes, mejicanos, indios, coreanos, turcos, japoneses o filipinos. España es un gran “casino inmobiliario” y quizás por eso acaba de desembarcar el dueño de Pokerstars (apuestas online). También hay inversores y millonarios españoles apostando por el ladrillo: incluso algunos jugadores del Madrid y Barça se preparan a invertir juntos en inmuebles, buscando altas rentabilidades, mayores que la deuda o la Bolsa. Los expertos dicen que no hay “burbuja inmobiliaria”, pero el riesgo está ahí, sobre todo en el exceso de inversiones en Centros comerciales y hoteles. El aluvión de compras seguirá dos o tres años más y luego los inversores recogerán beneficios y buscarán otro paraíso, quizás en el este de Europa. Y nos quedaremos con la burbuja y sus problemas. No aprendemos.
 
enrique ortega

España ya fue un “paraíso inmobiliario” a finales del siglo XX y comienzos del XXI. En 2008 estalló la burbuja y agravó la crisis financiera, provocando un desplome de los precios y un sinfín de inmuebles y solares sin vender. Pero al olor de los precios bajos, volvieron a España en 2013 los “Fondos buitres”, buscando oficinas e inmuebles con los que especular. Y así, con la ayuda del dinero barato y los favores fiscales del Gobierno Rajoy (SOCIMIs), la inversión inmobiliaria se ha ido recuperando y creciendo de forma imparable: si en 2013 se invirtieron 4.700 millones de euros, en 2014 se duplicó con creces la inversión (10.200 millones), en 2015 dio otro salto a  los 13.000 millones y se consolidó en 2016 con otros 13.900 millones, el mejor año de la historia inmobiliaria reciente, según datos de la consultora CBRE.

El “boom” inversor  va a más, como lo prueba que en el cuarto trimestre de 2016 se invirtieran más de 7.500 millones en el sector inmobiliario español, más que en los años 2011,2012 y 2013 juntos. España es el 4º país con más inversión inmobiliaria en Europa (13.900 millones de euros), por detrás de Reino Unido (62.200 millones de inversión), donde hay una peligrosa “burbuja inmobiliaria”, Alemania (52.500 millones) y Francia (25.700 millones). En 2016, el mercado más activo han sido las oficinas, que se han llevado 5.037 millones de inversión, con compras destacadas como la Torre Cepsa por Amancio Ortega (490 millones) o Torre Espacio (558 millones). Le siguen las inversiones en Centros Comerciales (4.300 millones), que han crecido un 22%, un negocio donde se han invertido más de 6.000 millones en dos años, con numerosas compraventas y apertura de nuevos Centros. Y el tercer destino inversor son los hoteles (2.155 millones invertidos en 2016), con importantes operaciones en Madrid (Hoteles Villamagna y Ritz) y Barcelona (Silken). Y el resto han sido naves y fábricas (726 millones) e inmuebles de lujo y en zonas turísticas (1.682 millones). Del total de inversiones inmobiliarias, el 43% fueron a Madrid y el 17% a Barcelona.

Varias son las causas de este nuevo “boom” inmobiliario. La primera y fundamental, la caída de los precios, que ha hecho muy atractivo volver a comprar inmuebles, desde oficinas a hoteles y centros comerciales o naves industriales. El sector se ha “purgado”, con una caída de precios de la vivienda del -42,2% entre 2008 y 2014 según la tasadora Tinsa.  Y los precios de los solares llegaron a caer hasta un -80%. Ahora, aunque los precios han subido en 2015 (+4,5%) y 2016 (+4,6%), todavía son muy atractivos y los inversores “huelen” importantes plusvalías en pocos años. Y confían en una mejora de la demanda, porque las empresas están aumentando sus beneficios y sube el consumo. Además, a la vista de los bajos tipos de la deuda pública en toda Europa (por debajo del 1,5%) y de los vaivenes de la Bolsa, el sector inmobiliario asegura una rentabilidad del 6 al 8%, sólo con alquileres (oficinas, inmuebles, hoteles y Centros comerciales), sin contar con las plusvalías al vender.

El principal motor de este nuevo “boom” inmobiliario han sido los inversores extranjeros. Ya en 2013 empezaron a venir los llamados “Fondos buitres, especialistas en buscar gangas y conseguir plusvalías a corto plazo, Fondos que han empezado a vender y están siendo sustituidos por Fondos internacionales menos especulativos. De hecho, España fue en 2016 el 2º país europeo con más inversión extranjera en inmuebles, tras Polonia. Por un lado son Fondos y gestores de Planes estadounidenses y europeos (británicos, alemanes, franceses y luxemburgueses), a los que se han sumado numerosos millonarios de múltiples paiseschinos (grupo Wanda compró el edificio España y el 20% del Atlético de Madrid, para controlar la operación del nuevo estadio y también están las operaciones inmobiliarias de las empresas chinas ICBC, CIC y grupo GPRO), japoneses (Saltoki compró la sede catalana de Pioneer), coreanos (Fondo de Pensiones NPS), filipinos (Andrew Tan compró Torre Espacio), indios (familia Olayan compró Hotel Asturias), singapurenses (grupo FCL compró Hotel Porta Marina), indonesios, turcos (grupo Dogus compró Hotel Villamagna), árabes (Fondo soberano de Qatar es el primer inversor de la inmobiliaria Colonial), israelíes, mejicanos (el ex dueño de la cerveza Corona entró también en Colonial)… Y el último, para completar el ambiente de “casino inmobiliario”, el dueño de la multinacional de juego online Pokerstars, que ha invertido 375 en el Edificio Canalejas (Madrid), la antigua sede de Banesto-Santander.

A pesar de esta “invasión”, los Fondos, gestoras y millonarios extranjeros sólo suponen el 37% de la inversión inmobiliaria hecha en España en 2016. La mayor apuesta inversora, el 40%, la han hecho las sociedades de inversión inmobiliaria, las llamadas SOCIMI, quedando el 23% restante para inversores particulares (compran pisos para alquilar y especular). Las SOCIMI son unas sociedades creadas a partir de 2014, para aprovechar el nuevo “boom inmobiliario”, al amparo de una legislación fiscal muy favorable que aprobó el Gobierno Rajoy en diciembre de 2012, para que se desarrollaran como en otros paises: no pagan impuestos (sociedades) porque son sus accionistas quienes tributan por dividendos y están obligadas a mantener tres años al menos los inmuebles que compran. Las SOCIMI son los nuevos “señores del ladrillo”, en sustitución de las viejas inmobiliarias que quebraron o suspendieron pagos (Martinsa, Astroc, Royal Urbis…), el vehículo que utilizan bastantes inversores extranjeros y muchos españoles (cotizan en Bolsa), incluidos los bancos. Incluso algunos jugadores del Madrid y del Barça están estudiando participar juntos, con tenistas y deportistas de élite, en una SOCIMI para jugar también en el rentable “casino inmobiliario” español.

Las SOCIMI han crecido como setas al calor del nuevo “boom” inmobiliario: ya hay 34 sociedades de inversión inmobiliaria cotizando en Bolsa, 16 creadas en 2016. Y entre todas manejan más de 14.000 millones en activos inmobiliarios, desde oficinas a hoteles y Centros comerciales, fábricas y naves, inmuebles y solares. La SOCIMI líder es Merlin Properties, controlada por la banca española (22,27% Santander y 6,44% BBVA), con 9.606 millones de activos tras la compra en 2016 de la inmobiliaria Metrovacesa. Le sigue a distancia GMP (1.800 millones en activos), de la familia Montoro Alemán y el fondo GIC de Singapur, que posee la mayor cartera de oficinas. En tercer lugar,  Hispania (1.793 millones), participada por el millonario George Soros y varios Fondos USA, especializada en hoteles. La cuarta es Axiare (1.300 millones en cartera), liderada por Inmobiliaria Colonial y especializada en oficinas. Y la quinta, Lar España (1.210 millones), controlada por el grupo Lar y los fondos USA Pimco y Franklin Templeton, especializada en centros Comerciales. Todavía hay 29 SOCIMIs más que cotizan en el segundo mercado bursátil, el MAB: Uro Property (bancos españoles y Zilotti Holding), ISC Freshwater (Fondo mexicano Fibra Uno), Zambal (magnate francés Pierre Castell), Fidere (Blackstone, el mayor Fondo del mundo)… En paralelo hay dos grandes inmobiliarias: Pontegadea (6.600 millones en activos), de Amancio Ortega (Inditex) y Colonial (5.575 millones), de Villar Mir (OHL) ahora controlada por qataríes y mejicanos.

Entre los Fondos de inversión internacionales, los millonarios españoles y extranjeros, los bancos y cientos de pequeños inversores que operan a través de las SOCIMIs, el mercado inmobiliario español está en plena ebullición y todo apunta a que seguirá batiendo récords, al menos en 2017 y 2018. Ya en enero de este año hemos visto operaciones como la compra de la Torre Agbar en Barcelona o la nueva venta del Edificio España, para gestionarlo como hotel. Todo apunta a que seguirán aumentando las compras de oficinas, más en Madrid  que en Barcelona y también fuera (se apuesta por Málaga, Valencia y Bilbao), de naves industriales (por el auge de Amazon y el e-commerce), el crecimiento de Centros comerciales (se van a abrir 24 Centros hasta 2018, 1 de cada 9 que se abrirán en Europa) y, sobre todo, las ventas de hoteles (2.000 millones en 2017), al calor del récord de turistas. De hecho, el ladrillo español es una de las grandes apuestas del banco Goldman Sachs para 2017. Y España se puede beneficiar del Brexit, de la huida de multinacionales y bancos fuera de Londres. Además, el mercado se puede reanimar más con las primeras ventas de activos de las SOCIMIs, que ya este año cumplen los tres de cuarentena para poder vender sin tributar por plusvalías. El sector está a la espera de lo que hagan los nuevos Ayuntamientos, que tienen pendientes  importantes remodelaciones urbanísticas, como la aprobación de la Operación Chamartín en Madrid o el freno a nuevos hoteles y apartamentos turísticos en Barcelona.

Los inversores internacionales tienen mucho “dinero caliente” pendiente para invertir, ahora que no es rentable tenerlo en deuda pública o en una Bolsa que sigue muy volátil. Por eso, seguirán llegando inversiones a España, a la caza de “gangas” y al calor de la subida de precios en inmuebles, oficinas, naves, hoteles y alquileres. “Los fondos inmobiliarios tienen 50.000 millones dispuestos para invertir en el sector inmobiliario español”, asegura Neil Livingstone, de la consultora Colliers International, que destaca la enorme liquidez, la confianza de los inversores en España y las oportunidades que hay aquí frente a otros paises, sobre todo en oficinas, Centros comerciales y hoteles, aunque también están interesados en residencias de ancianos (seremos el país más envejecido de Europa) y residencias de estudiantes.

Pero los expertos vaticinan también que en dos o tres años, los inversores “cambiarán de foco” y buscarán otros paises donde invertir con más posibilidades de hacer negocio y plusvalías rápidas. Es lo que ya ha pasado en esta década: primero se lanzaron a invertir en Londres, luego en Berlín o París y ahora en Madrid y Barcelona. Lo próximo puede ser el Este de Europa, en especial Polonia y paises bálticos, donde ya están entrando. Así que para 2020 (o incluso antes), la “burbuja inmobiliaria” podría estallar otra vez, como en 2007. Y “pillar” de nuevo a bancos e inversores españoles, mientras los grandes Fondos y millonarios extranjeros se han ido antes. Es un riesgo que habría que atajar ahora, controlando el “boom” y las subidas especulativas de precios, recortando ayudas fiscales. Y tratando de planificar el crecimiento de las ciudades, desde los Ayuntamientos, autonomías y el Gobierno central, en un gran Pacto inmobiliario de futuro. Porque si no se pincha a tiempo la burbuja, nos estallará encima y acabaremos sufriendo otra crisis. Aprendamos del pasado.

lunes, 20 de febrero de 2017

El subempleo recorre el mundo


Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del subempleo. Contratos temporales, por horas, mal pagados y muy vulnerables. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado la alerta: con la crisis, la mayoría del empleo que se crea es de mala calidad, desde EEUU a Europa pasando por Asia y Latinoamérica. Y más en España: somos el 2º país europeo  con más empleo temporal y el 4º con más empleo por horas “forzoso”. Además, más de la mitad de los españoles trabajan en empleos inferiores a su cualificación y obligados a hacer horas extras, muchas sin cobrarlas. Y 1 de cada 8 trabajadores españoles son pobres, según la OIT. Un exceso de empleo precario que tiene efectos muy negativos sobre la demografía, la recaudación fiscal y las pensiones, frenando la autonomía de los jóvenes, el consumo, el crecimiento y el empleo. El reto es vigilar la contratación y mejorar la educación, porque a menos formación más subempleo. Tras 5 años de reforma laboral, que ha disparado la precariedad, urge conseguir más empleo “decente”.
 
enrique ortega

El informe 2017 de la OIT alerta del auge del empleo temporal, que ha crecido en todo el mundo con la crisis, desde EEUU a Europa (del 14,1% en 2008 al 14,3% en 2015 en la UE-28), sobre todo en Francia (16%), Italia (14,1%) y Holanda (20%). En España, el empleo temporal ya era muy elevado antes de la crisis (récord del 34% en 2006) y ha bajado después, para estabilizarse en el 25,2% de los empleos en 2015, con lo que somos el segundo país de Europa con más empleo temporal, tras Polonia (28%), según Eurostat. Y lo peor es que son empleos temporales “forzosos”: un 90% de españoles con contrato temporal preferiría tener un contrato fijo (el 2º porcentaje más elevado de la UE, tras Chipre), frente al 62,1% de temporales “forzosos” en Europa (y sólo un 23% en Alemania), según los últimos datos de la OIT.

Y lo peor es que muchos trabajadores encadenan estos contratos temporales sin que se transformen en fijos. Así, 545.200 trabajadores encadenan contratos temporales desde hace 6 años, otros 341.100 entre 3 y 6 años y 278.700 más llevan siendo temporales entre 2 y 3 años, según datos del INE. Y al final, sólo un 11% de los contratos temporales se convierten en indefinidos (en 2016, sólo se convirtieron en indefinidos 582.000 contratos, el 3,11% de todos los firmados), cuando en Europa, la tasa de conversión de temporales en fijos es el doble, el 28% en la UE-28 (y en Alemania). Con ello, somos el segundo país de Europa que menos transforma contratos temporales en fijos, por detrás de Francia (10%).

Otro tipo de contrato que crece sin parar en el mundo, según denuncia la OIT, son los contratos a tiempo parcial, por horas o días. En Europa (UE-28) han pasado del 18,2 (2008) al 22% de los contratos (2015), con mayores porcentajes en Suecia (26%), Alemania (28%), Austria (28,5%) y sobre todo Holanda (51%). España tiene todavía un nivel bajo (15,7% de empleo a tiempo parcial) pero es el país donde este tipo de contratos ha crecido más durante la crisis. Y, sobre todo, somos el cuarto país europeo con más empleo por horas “involuntario(tras Grecia, Chipre e Italia): un 60% de los que trabajan por horas preferirían un empleo a tiempo completo, frente al 27,5% de los europeos, que mayoritariamente trabajan por horas porque quieren, según la OIT. Además, en España, los empleos a tiempo parcial son cada vez por menos tiempo: la media ha bajado de 81 días de media (2008) a 51 días y el 26% de estos contratos duran ya menos de una semana, según los datos de Empleo.

Ambos tipos de contratos precarios (temporales y por horas) tienen mucho que ver con la formación de los trabajadores, según un informe de CaixaBank. Así, la tasa de temporalidad más alta se da entre los trabajadores españoles que sólo tienen educación primaria (38% de contratos temporales) y la más baja entre los que tienen educación superior (21,5% son  temporales). Y lo mismo en los contratos por horas “forzosos”: los tienen el 70% de los trabajadores con sólo educación primaria, el 65% de los que tienen secundaria y el 55% de los que tienen educación superior. Pero además, el tipo de contrato no sólo tiene que ver con la titulación, sino con las “habilidades” que tiene el trabajador. Y en España tenemos un problema, derivado de una enseñanza más volcada en la memoria que en la adquisición de “habilidades” para trabajar: incluso el 41% de los adultos con estudios superiores obtuvieron un resultado bajo en el test de habilidades profesionales, frente al 21% de promedio en los 34 paises de la OCDE, según la última encuesta internacional de habilidades (2015).

Otro indicador de precariedad laboral es que, tras la reforma laboral impuesta por el Gobierno Rajoy en febrero de 2012, los trabajadores españoles se ven obligados a hacer muchas más horas extras, porque se dio más poder al empresario para fijar la jornada y muchos optaron por hacer contratos de media jornada y luego obligar a sus trabajadores a hacer horas extras, muchas veces sin pagárselas. Así, a finales de 2016 había 7.778.400 trabajadores que hacían horas extras (el 50,5% de los asalariados), de media 5,48 millones a la semana. El récord de horas se dio en 2013 (6,14 millones, casi 1 millón más que las 5.34 millones de 2011) y han bajado algo porque en 2016 actuó más la inspección de Trabajo, porque muchas de las horas no cotizaban y la SS perdía ingresos. Pero aun así, entre 2012 y 2015, la mayoría de estas horas extras no se le pagaban al trabajador: en 2015 por ejemplo, de 6,3 millones de horas extras semanales, 3,5 millones no se pagaron, según la EPA. Doble problema: los empleados trabajan más (y la mitad gratis) y el país se queda sin crear 150.000 empleos nuevos, a lo que equivalen las horas extras hechas cada año.

Un cuarto indicador de precariedad laboral (tras los contratos temporales y por horas “forzosos” más las horas extras) son los muchos españoles obligados a trabajar “de lo que encuentran”, en empleos muy por debajo de su formación. En España hay 9,5 millones de trabajadores “sobrecualificados, el 52,8% de los empleados (en 2007 eran el 46,3%), según datos de Afi-Asempleo a partir de la EPA. Con la crisis, esta “sobrecualificación“  ha crecido entre los mayores de 45 años y sobre todo entre los más jóvenes (dos tercios de los jóvenes entre 16 y 24 años trabajan en empleos inferiores a su cualificación). Este problema destaca en la hostelería (71,4% de los empleos están sobrecualificados) y el comercio, sobre todo en el País Vasco y Cantabria. Lo que más se da son personas con secundaria trabajando en puestos “bajos” y universitarios en puestos “medios”, según un estudio de CaixaBank.

Con toda esta precariedad, con la falta de “trabajo de calidad”, aumentan las personas que “tiran la toalla”, que dejan de buscar trabajo (está difícil y es “malo”) y se quedan en casa, emigran o vuelven a estudiar. Es un fenómeno mundial, producto del auge del subempleo. Así, en Estados Unidos, la tasa de actividad bajó al 62,8% en 2016 (sólo 2 de cada 3 norteamericanos buscaban trabajo), la más baja de los últimos 30 años, con 92 millones de estadounidenses “desanimados” en un país de 316 millones de habitantes. En España ha pasado lo mismo: 700.000 españoles han dejado de ser "activos" (ni trabajan ni buscan trabajo) entre 2011 y 2016, según la EPA.  Y con ello, también hay menos porcentaje de españoles trabajando, como pasa en Europa, donde han ha caído los  europeos con un empleo: un 64,5% en la zona euro en 2015, frente al 65,5% en 2007, según Eurostat. Y España está aún peor: somos el cuarto país europeo con menos gente trabajando (el 57,8% de los que tenían entre 16 y 65 años en 2015), tras Grecia (50,8%), Croacia (55,8%) e Italia (56,3%). O sea, trabajan  menos españoles que europeos (2 millones menos) y los que tienen un empleo es muy precario.

Y claro, los empleos precarios están peor pagados, lo que ha aumentado el número de trabajadores pobres en todo el mundo, 967 millones de personas que cobran entre 1,90 y 5 dólares al día, según el informe de la OIT. Y no están sólo en los paises emergentes, sino también en Europa, donde un 9,5% de los trabajadores son “pobres” (ganan menos del 60% de la media), un 1,6% más que en el año 2.000. Y otra vez, España supera la media: tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (1 de cada 8), un 4% más que en 2000, según la OIT. Son ya 2.196.137 “trabajadores pobres”, españoles con un trabajo que “malviven”. Y los que no son pobres, al tener contratos tan precarios, ganan muy poco: el sueldo más habitual de los españoles es de 16.490 euros brutos al año (2014, último año con datos oficiales del INE), que se traduce en 950 euros netos en 14 pagas. El español medio es mileurista.

El trabajo precario es una fuente de problemas, no sólo porque el trabajador subempleado es más vulnerable si una empresa tiene problemas. También tiene más incertidumbre ante el futuro, a la hora de formar una familia y tener hijos (algo grave en un país como España con bajísima natalidad, 1,32 hijos por mujer, y que ya pierde población), de comprar o alquilar una vivienda (el 80% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres), de pensar en lo que les quedará cuando se quede en paro o se jubile. Y por supuesto, a la hora de gastar y consumir. Por eso, la precariedad laboral es una pesada hipoteca para la recuperación: desalienta el consumo, el crecimiento y el empleo. Y además, reduce la recaudación de impuestos y las cotizaciones, agravando el “agujero” del Presupuesto y las pensiones.

España ha creado 1.372.900 empleos entre 2014 y 2016, pero un empleo muy precario, vulnerable y mal pagado: baste decir que sólo el 4,96% de los contratos hechos en 2016 (1 de cada 20 empleos) fueron “de calidad: fijos y a tiempo completo. Y todavía faltan 2,5 millones de nuevos empleos para recuperar los 3,8 millones de empleos perdidos desde 2007. Un reto enorme porque la economía se está desacelerando, en España y en el mundo (hay incluso riesgo de una nueva crisis), y creceremos menos y se creará menos empleo en 2017 y 2018 (unos 400.000 al año). Además, hay dos factores estructurales que van contra el empleo: la digitalización de la economía (más Internet y menos trabajadores) y la entrada de robots en muchas empresas. De hecho, España es uno de los tres paises más expuestos (junto a Alemania y Austria) a la “cuarta revolución industrial”, a la llegada de los robots: podría suponer la pérdida de 2 millones de empleos, sobre todo en la industria, la Administración y los servicios, según un informe de la OCDE (mayo 2016).  

Se pierdan o no empleos por las nuevas tecnologías, todo apunta a que el empleo del futuro seguirá siendo precario y será un empleo que exigirá una alta cualificación. Para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para trabajadores con formación media, el 35% para niveles altos y sólo quedará el 15% para niveles bajos de formación (los que tienen el 45% de españoles), según un estudio de CEDECOP. Y centrados en España, de los nuevos empleos disponibles  aquí dentro de una década (entre 8,8 y 10 millones), sólo el 2,3% serán para los que tienen baja formación (ESO o menos), un 39,3%  para los que tengan estudios medios (bachillerato o FP) y más de la mitad (58,4% para los que tengan educación superior (estudios universitarios o FP Superior), según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

Así que al final, la clave del futuro, tanto para reducir el subempleo como para conseguir los nuevos empleos, será mejorar la formación, un reto especialmente urgente para España porque el 42% de la población tiene baja cualificación. Hay que gastar más en educación, porque sólo gastamos el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia, según Eurostat. Y reformar la enseñanza, desde los colegios a la Universidad, para formar mejor a los jóvenes en lo que necesitan las empresas. Y volcarse en la formación y el reciclaje de los parados y los trabajadores actuales, porque el 42% de los ocupados tienen una baja cualificación. Y así, sólo accederán a los peores empleos. En paralelo, el Gobierno debe reforzar la inspección de Trabajo, con más personal (hay la mitad de inspectores que en Europa) y más control, para luchar contra el subempleo.

En resumen, la crisis ha cambiado el empleo en todo el mundo: ahora es de peor calidad, más precario, peor pagado y más vulnerable. Y España se lleva la palma en Europa, con una mayoría de españoles que trabajan temporalmente o por horas “contra su voluntad”. Esta precariedad actúa como un cáncer que corroe nuestra economía, desde el consumo y la familia a la recaudación o las pensiones. Tras 5 años de reforma laboral, urge tomar medidas para mejorar la calidad del empleo (como pide la OIT), con más vigilancia de la inspección, más ayudas fiscales al empleo estable y más gasto en educación y formación. Hay que conseguir más empleo "decente”. No podemos ir a peor.

jueves, 16 de febrero de 2017

Mucha tarjeta y poco gasto social


En la Conferencia de presidentes autonómicos, celebrada en enero, uno de los pocos acuerdos fue crear una “tarjeta social” para controlar a las personas que reciben ayudas públicas, desde pensiones y paro a la dependencia o renta básica. Los expertos critican la medida, porque estas ayudas ya están controladas y la tarjeta sólo sirve para “estigmatizar” a los que las reciben (“vivo de la ayuda pública”), cuando muchas veces (pensiones, paro) son subsidios a los que tienen derecho porque han cotizado, no "un regalo". Mejor nos iría si los políticos hubieran pactado aumentar el gasto social, porque España gasta menos que el resto de Europa en sanidad, educación y gastos sociales: concretamente, 30.800 millones de euros menos al año en pensiones, paro, vejez, familia y ayudas sociales. Y es un escándalo que PP y Ciudadanos se opongan a ayudar a las familias sin ningún ingreso, 620.000 hogares según la EPA. Menos tarjetas para “controlar a los pobres” y más ayudas sociales justificadas a los más débiles.
 
enrique ortega

El pasado 19 de enero, el ministro Montoro presumió en el Congreso de que era “un Gobierno muy social”: “casi un tercio de los españoles, más de 14 millones, reciben hoy una prestación de la Administración”, dijo ante la sorpresa de diputados y periodistas, que no contrastaron su cifra. Pero resulta que Montoro “manipuló los datos”: habló de 9,5 millones de pensionistas (ese es el número de pensiones: pensionistas hay 8.602.601) y de 3,7 millones de desempleados (esos son los que están “apuntados” en el paro, pero sólo 1.984.376 parados cobran algún subsidio), a los que habría que sumar los que reciben ayuda por la dependencia (865.564 a finales de 2016) y los que cobran la renta básica de las autonomías (264.279 personas). En total son 11.716.820 españoles que reciben ayudas públicas, no “más de 14 millones”. Uno de cada cuatro personas, no “casi uno de cada tres”. Y además, la mayoría de estas “ayudas” (pensiones, subsidio de paro) son prestaciones a las que las personas “tienen derecho” porque han cotizado (pagado) por ellas, muchos años. No son ningún “regalo”.

Dicho esto, ¿España hace mucho o poco gasto social? Comparémoslo con el resto de Europa. De entrada, el gasto público total es mucho menor en España: aquí, todas las Administraciones (Estado, autonomías y Ayuntamientos) gastan el 44,5% de la producción (PIB), mientras en los paises del euro gastan el 49,4% (y el 48,2% del PIB en la UE-28), según Eurostat. Son 53.900 millones menos de gasto público cada año (básicamente, por culpa de que también ingresamos menos). Y España gasta menos en todo. En sanidad (6,1% del PIB frente al 7,3% en la zona euro, el 7,2% en Alemania, el 7,6% en Reino Unido o el 8,2% en Francia). En educación (el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia). Y sobre todo, en protección social: España gasta el 17,6% del PIB, frente al 20,4% de la zona euro, el 19,5% de la UE-28, el 18,8% de Alemania, el 16,5% de Reino Unido y el 24,8% de Francia. Gastamos 30.800 millones menos cada año en protección social, en pensiones, familia, desempleo y gastos sociales.

Claro, de esto no podía presumir Montoro en el Congreso. Y menos de los recortes sociales hechos por el Gobierno Rajoy desde 2012, para intentar rebajar el déficit público (que apenas ha bajado, por cierto). España ha recortado el gasto en sanidad en -9.878 millones desde 2009, 1 de cada 7 euros. Otros -7.613 millones se han recortado en educación, 1 de cada 6 euros. Gastamos más en pensiones porque han aumentado los pensionistas, ya que las reformas de Zapatero (2011) y Rajoy (2013) sientan las bases de recortes de las pensiones futuras (hasta un -50% para 2050). En desempleo, el gasto público ha  pasado de 30.000 millones en 2011 a 18.636 en 2016 y aunque también han bajado los parados, ha sido menos. La consecuencia es que si en 2011 cobraban algún subsidio el 55% de los parados estimados (EPA), a finales de 2016 sólo cobraban el 46%: la mayoría (2.253.424 parados no cobran nada). En la Dependencia, ancianos y discapacitados han sufrido un recorte del Estado de -2.865 millones entre 2012 y 2015, provocando que haya 353.990 dependientes esperando recibir una ayuda que tienen reconocida (y muchos se mueren antes).

No sólo ha recortado ayudas sociales el Estado, también autonomías y Ayuntamientos. Los gobiernos regionales han recortado otros 1.000 millones en Dependencia y también las ayudas que dan a las familias con menos recursos, lo que se llama “renta básica”: la reciben 262.307 personas (últimos datos oficiales, de 2014), sobre todo emigrantes, mujeres solas con niños y personas sin hogar o en situación de pobreza extrema, que perciben 420,63 euros al mes de media . Pero hay grandes diferencias entre autonomías, tanto a la hora de cobrar (665 euros en el País Vasco y 300 euros en Murcia) como por gasto y población cubierta: 36 personas por 1.000 habitantes lo cobran en Euskadi frente a 2,6 en Baleares o Andalucía.

Los Ayuntamientos son un pilar básico de la protección social. Los servicios sociales municipales atienden cada año a 8 millones de españoles, a pesar de que cuentan con poco Presupuesto: 5.200 millones en 2.015, tras un recorte de casi 1.000 millones desde 2011. Pero aquí también hay muchas diferencias entre Ayuntamientos: de los 350 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, sólo 12 alcanzan la excelencia en inversión social, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Entre ellos, Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Linares, Martorell, Vélez Málaga y Baza (el mejor: gasta 167 euros/habitante). Y otros 75 grandes Ayuntamientos hacen un gasto social “precario” (gastan menos de 50 euros por habitante), entre los peores Pontevedra, Pozuelo, Leganés, Mérida o Torrevieja, que integran un grupo de 37 grandes ayuntamientos que son “pobres” en servicios sociales.

Con este panorama tan penoso del gasto social en España, lo normal hubiera sido que los presidentes autonómicos aprovecharan la Conferencia con Rajoy para sacarle un Pacto social para gastar más y paliar los recortes sociales de la crisis, máxime cuando 7 autonomías están gobernadas por el PSOE. Pero no. El único acuerdo de la Conferencia fue crear una “tarjeta social” para controlar las ayudas públicas que se dan. Una medida duramente criticada por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que la consideran “un gasto inútil” (porque ya hay medios para controlar las ayudas) y una forma de “estigmatizar” a los que las reciben (el titular pertenece a un “Club de pobres”), una vieja obsesión  de los sectores más reaccionarios, empeñados en “controlar” a los más desfavorecidos. Y comentan que a nadie se le ocurriría proponer una “tarjeta patrimonial” para conocer las ayudas y subvenciones públicas que reciben empresas y particulares y donde se ha detectado mucha corrupción.

Y mientras se prepara la tarjeta social (“yo recibo ayudas públicas”), no se resuelven los grandes problemas sociales pendientes. Empezando por las pensiones. España es el 15º país europeo que menos gasta en pensiones, un 11,4% del PIB (121.268 millones en 2016), bastante menos que Italia (16,1%), Francia (14,9%), Portugal (14,8%), Alemania (12,3%) o reino Unido (11,8%), según datos de Eurostat. Hace falta una reforma pero sobre todo más recursos, vía impuestos, cotizaciones y menos “tarifas planas”. Lo mismo pasa en el desempleo: España gasta en prestaciones el 2,5% del PIB, más que la zona euro o Alemania (1,8%), según Eurostat,  pero tenemos el doble de paro que la UE-19 y cuatro veces más que Alemania. Y además de que gastamos menos,  los que reciben un subsidio (el 46% de los parados EPA) ganan menos: un 61% del último salario en España frente al 69% en la zona euro, el 67% en Alemania y el 68% en Francia. En ayudas a la familia, España gasta casi la tercera parte de Europa (el 0,6% del PIB frente al 1,7% en UE-28), a pesar de que tenemos hundida la natalidad. Y en los servicios sociales municipales, el Gobierno Rajoy aprobó una Ley (27/2013) que les quitaba parte de las prestaciones (promoción social y dependencia), pasándoselas a las autonomías, cuestión que anuló en 2016 el Tribunal Constitucional, aunque los municipios están sin recursos.

Pero quizás lo más urgente es afrontar la grave situación de las familias que han quedado marginadas por la crisis, esos 3,3 millones de españoles en pobreza extrema, según Cáritas. Los sindicatos UGT y CCOO llevaron al Congreso en enero una iniciativa legislativa apoyada por 700.000 firmas para que una parte de esos españoles pobres recibieran una renta básica de 426 euros al mes, lo que tiene un coste de 12.000 millones al año. La iniciativa fue aprobada en el Pleno del 4 de febrero, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra del PP y Ciudadanos, argumentando que es “imposible de financiar”. Hay otros paises, como Finlandia, Holanda, Canadá o Alaska que han intentado aprobar experiencias de “rentas básicas”, aunque para pequeños colectivos. En España, quizás, podríamos empezar por aplicarlo a los que están peor de todos: las 629.700 familias que no tienen ningún ingreso, según la última EPA. Eso costaría 3.220 millones al año, algo más asumible.

Con todo, urge tomarse en serio que España equipare su gasto social al del resto de Europa. Y eso pasa por gastar más, al menos 24.000 millones más en los primeros años: 10.000 para tapar el agujero más urgente de las pensiones, 4.000 para un Plan de choque contra el paro, 2.000 millones más para la Dependencia, 3.500 millones contra la pobreza y 500 millones extras para los servicios sociales municipales, sin olvidar 2.000 millones más para la sanidad (está en situación financiera penosa) y otros 2.000 para la educación (mínimo). Parece una factura imposible, pero se podría pagar si España recaudara como el resto de Europa: ingresamos 50.000 millones menos cada año en los principales impuestos, según el último informe de la Comisión Europea. Y eso porque tenemos mucho fraude y porque hay tres colectivos que pagan (“legalmente”) menos de lo que deberían: las grandes empresas (pagan realmente el 7,6% de sus beneficios y muchas, como Banco de Santander o el Corte Inglés consiguen que Hacienda “les devuelva” en el impuesto de Sociedades), las multinacionales (evaden a través de otros paises) y los más ricos (SICAV). Así podríamos recaudar 42.000 millones más cada año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA)

Incluso Montoro lo dijo en el Congreso el 25 de enero: “Hemos subido impuestos a las grandes empresas (en 2016) para preservar la cohesión social”. Pero la patronal CEOE no está por la labor y ha llegado a decir que “el discurso de Montoro con las empresas es más agresivo que el de Podemos”… No se puede seguir “tirando de la cuerda” y dejar a una parte creciente de españoles por el camino: somos el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza con la crisis, tras Grecia y Chipre. Y ya hay 13.180.000 españoles en situación de pobreza, según Eurostat, un 28,6% de la población (frente al 23,7% en la UE-28). Y también crece la desigualdad, un 15,5% durante la crisis, veinte veces el promedio europeo (+0,8%). Con ello, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de advertir que España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de la renta: el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza (y el 1%, el 20,3%), según datos recientes del Banco de España.

Así que vivimos en un país con demasiada pobreza y desigualdad, donde el Estado ha recortado sus ayudas y el gasto social está a la cola de Europa. Todo ello es un peligroso cocktail, fuente de populismo y desapego político y social. Una situación que no se resuelve implantando una tarjeta para controlar a los más desfavorecidos, sino gastando más en paliar las consecuencias más negativas de la crisis. Aunque eso obligue a algunos a pagar más impuestos, porque para eso se llevan lo mejor del pastel. Un país con más gasto social  sería un país más justo pero también más estable y más eficiente. Parece que no lo entienden. Lo malo es que tampoco los políticos, sean del color que sean. Así nos va.