jueves, 20 de julio de 2017

Volvemos a vivir a crédito


Con el verano, muchos españoles “tiran de tarjeta” para pagar sus vacaciones y piden un crédito para cambiar de coche o pagar un viaje. El gasto con tarjeta se ha disparado y se ha batido ya el récord histórico de tarjetas de crédito, con un gasto que supera el efectivo que se saca en los cajeros. Y los créditos al consumo llevan dos años creciendo mes tras mes, con la ayuda de la banca, que vuelve a ofrecer créditos personales a sus clientes, al mayor coste en Europa (casi el 9%). Y se multiplican las entidades que ofrecen créditos rápidos sin mucho papeleo, a tipos de usura. Incluso Movistar ha empezado a ofrecer créditos de hasta 3.000 euros a sus clientes de móviles. Volvemos a la fiebre de “comprar a crédito”, que tanto agobió a muchas familias al comienzo de esta crisis. El riesgo ahora es que van a subir los tipos de interés, en 2018, y habrá que devolverlos más caros. Ojo a endeudarse.



                                                                                       enrique ortega

En España hay más tarjetas bancarias que habitantes. En marzo de 2017 había 75,85 millones de tarjetas, el segundo mayor dato de nuestra historia, tras el récord histórico de 2008: 76,40 millones de tarjetas. Con la crisis, bajaron hasta un mínimo de 67,66 millones en 2014, pero luego empezaron a recuperarse en 2015 (69,92 millones) y 2016 (75,51 millones), hasta hoy, en que somos el quinto país de Europa con más tarjetas, tras Reino Unido (176 millones), Alemania (147), Francia (80) e Italia (77 millones). Y el mayor tirón lo han dado las tarjetas de crédito, que son ya 49,88 millones, un número que es un récord histórico en España, el triple que en el año 2.000 (16,06 millones), según el Banco de España. Y también crecen las tarjetas de débito (pagar en el momento o sacar dinero), 25,97 millones en abril, el mayor número desde 2009 (30,74 millones).

No es sólo que haya crecido el número de tarjetas, es que además se usan mucho más: en 2016 se hicieron más de 3 millones de operaciones con tarjeta, el triple que en 2002 (991.500). Y el gasto pagado con tarjeta fue de 124.406 millones de euros, casi el triple también que en 2002 (46.828 millones). El gasto con tarjeta ha ido subiendo año tras año, sin notar la crisis, porque los españoles se agarraban a ella para compensar sus menores ingresos. Pero en los tres últimos años, el gasto con tarjeta ha crecido por encima del 6% y este año 2017, hasta marzo, crece ya un 9%. Es más, los españoles gastan más con tarjeta del dinero que sacan por los cajeros: eso pasó por primera vez en 2016 (124.406 millones gastados con plásticos frente a 118.275 retirados en cajeros) y sigue pasando este año, hasta marzo (30.327 millones frente a 27.387), según los datos del Banco de España.

Este aumento récord del gasto con tarjetas se debe a cuatro razones. La primera, por supuesto, que hay 8 millones más de tarjetas de crédito que en 2011: 7 de cada 10 españoles tienen hoy una tarjeta de crédito y 5 de cada 10 una de débito, según la Encuesta CrediMarket. La segunda, que se usan más porque hay más tiendas que aceptan las tarjetas: hay 1,71 millones de terminales (TPV), 100.000 más que en 2008. Y los comerciantes ponen menos pegas al pago con tarjeta porque los bancos les han bajado las comisiones, forzados por Bruselas: del 0,81% que les cobraban en 2009 al 0,42% de media que les cobran en 2017.

La tercera razón es que se ha disparado el comercio electrónico, las ventas por la Red que se pagan casi siempre con tarjeta. Si España era uno de los paises europeos con menos ventas a través de Internet (por inseguridad y falta de costumbre), en 2016 el comercio on line ha despegado: creció un 20,8%, facturando 24.185 millones de euros, la casi totalidad pagados con tarjeta. El 20% son compras turísticas (10,7% viajes y 9,3% billetes de avión), el 7,2% ropa, 5,3% entradas de espectáculos y deporte, 4,2% compra de electrónica, imagen y sonido y el 4,1% coches de alquiler y billetes de tren y autobús. Las web españolas se llevan el 53,45 de las ventas y el resto las webs europeas (43,5%).

Una cuarta razón que explica el uso récord de las tarjetas son los pagos por móvil, que suelen estar asociados a una tarjeta. España lidera el uso del móvil en Internet en Europa, con un 93% de smartphones conectados a la red, por delante de Holanda (88%) y Reino Unido (86%), así como de la media UE (78%). Y 6 de cada 10 usuarios españoles del móvil afirman que ya lo han usado para comprar, ya sea directamente (en una tienda física, el 10%) o a través de una web (el 90% restante). El último año, los bancos han multiplicado sus ofertas de pago por móvil, con tecnología NFC (que permite pagar acercando el móvil a los TPV) y  el móvil se ha convertido en “la nueva tarjeta de crédito”.  

Al final, todo ello se traduce en más compras con tarjeta, recordemos 124.406 millones de euros gastados en 2016, más de 10.000 millones al mes. Y en esa cifra no están incluidas las compras con tarjeta que se hacen a crédito, las compras contarjetas revolving”: se paga cada mes una cantidad fija sobre lo gastado, que es como un crédito por el que se paga intereses. Los créditos con estas “tarjetas revolving” se han disparado también, pasando de 8.343 millones financiados por tarjetas en 2012 a 11.040 millones a finales de 2016, que eran ya 12.285 millones de euros en mayo de 2017, según el Banco de España.

El pago con tarjeta es cómodo, ágil e “indoloro” en el momento, aunque luego haya que hacer frente a ese gasto cada mes, ya sea pagando lo gastado el mes anterior o con una cantidad fija que incluye intereses (tarjetas “revolving”). Pero la realidad es que usar las tarjetas es caro, porque pagamos por varias vías. La primera, el pago de una comisión anual por el “plástico”, que a veces se perdona el primer año pero luego generalmente no: son de 35 a 45 euros al año. La segunda, el pago de intereses cuando se aplaza el pago de lo comprados: un tercio de todas las tarjetas que tenemos son así, las “tarjetas revolving”. Y al aplazar parte del pago, estamos pagando hoy un interés que ronda el 20% anual (interés mensual del 1,5%). El tope de interés a pagar debería ser el 24% anual, que es el máximo admitido por el Tribunal Supremo (sentencia 25 noviembre 2015): más considera que es “usura”. Y queda un tercer pago, los costes por descubierto, por superar el límite de la tarjeta: se pagan dos comisiones, por reclamación de posiciones deudoras (35 euros) y por descubierto (30 euros), más los intereses de demora (a un 20% TAE).

Como se ve, las tarjetas son una fuente de ingresos para la banca, que además cobra una comisión (“tasa de descuento”) a los comercios que venden con tarjeta, comisión que es libre y oscila entre el 0,5% y el 1,10% por operación (según el negocio), con un mínimo (que suele ser de 0,35 euros). Y a veces les cobra también una reducida cuota mensual por el PTV. Luego, el banco que ha instalado el PTV y que recibe el importe de la compra tiene que pagar una comisión (“tasa de intercambio”) al banco emisor de la tarjeta con la que se paga, una comisión fijada por el Gobierno y que tiene un tope máximo (0,3% por operación en las tarjetas de crédito y 0,2% en las de débito). Si tenemos en cuenta que se hacen más de 3 millones de operaciones al año, por importe de más de 120.000 millones de euros, se estima que la banca ingresa por estas comisiones entre 600 y 1.000 millones anuales. Un buen negocio que explica su interés por colocarnos más tarjetas y encarecer las retiradas en cajeros, que les resultan más costosas y les dan problemas de intendencia y seguridad.

Pero no sólo gastamos sin dinero con las tarjetas. La otra vía, cada vez más usada, es pedir un crédito al consumo, para comprar un coche (37%), financiar un viaje (11%), pagar un master, comprar muebles y electrodomésticos o reformar una vivienda. La banca lleva cuatro años aumentando la concesión de estos créditos al consumo, que han pasado de 12.811 millones prestados en 2012 al doble, 25.356 millones de euros en  2016, el nivel más alto en 7 años, según el Banco de España. Y en 2017 sigue la tendencia: se han prestado 11.276 millones hasta mayo, un 13,86% más que en los cinco primeros meses de 2016.

El Banco de España reconoce en su último informe que la banca española “ha relajado” la concesión de préstamos al consumo entre enero y marzo de 2017, “por 5º trimestre consecutivo”, mientras endurece los créditos a las empresas (no se fían). La razón es doble. Por un lado, les sobra liquidez y le falta negocio, con lo que tiene que buscar a quién colocar un préstamo. Y por otro, los créditos al consumo les resultan un gran negocio: en marzo de 2017, el tipo de interés medio que cobraba la banca española por estos préstamos al consumo era el 8,77%, 2,5% más caros que la media cobrada por los bancos europeos (6,21%), según los datos del Banco de España. Y este interés es un gran negocio para los bancos, teniendo en cuenta el dinero les cuesta el 0% (precio oficial del dinero) y que recogen dinero de sus clientes pagándoles de media un 0,09 % por los depósitos a 1 año. Además de este alto  interés (un 0,63% más elevado del 8,14% que cobraban por estos créditos en diciembre de 2016), los bancos también cobran varias comisiones al dar estos créditos al consumo: comisión de apertura (1 al 2%, con un mínimo de 100-150 euros) y comisión de amortización anticipada (0,5%), más los gastos de notario y registro.

Hoy por hoy, no solo bancos y Cajas están lanzados a “colocarnos” un crédito al consumo o un anticipo sobre la nómina, sino también las financieras (como El Corte Inglés, con 11 millones de tarjetas, a las que ofrece créditos “preconcedidos”), entidades especializadas en préstamos (como Cofidis o Cetelem) y más de 1.000 entidades que proliferan por Internet ofreciendo mini créditos “rápidos y fáciles, sin papeleo”, para los que necesitan dinero más desesperadamente. El último en lanzarse al ruedo de los créditos al consumo ha sido Movistar, que ha creado con La Caixa (en junio de 2017) Movistar Money, una entidad que ofrece créditos rápidos (en 48 horas) de 600 a 3.000 euros, al 16,48 % TAE a devolver en 12,24 y 36 meses, sólo con el DNI y el contrato de móvil con Movistar. Y Orange hará lo mismo en 2018, con su Orange Bank.

El auge de los créditos al consumo empieza a preocupar al Banco de España, que cree que van a seguir creciendo en los próximos meses. Y ha alertado al Defensor del Pueblo, que ya ha iniciado una investigación sobre las empresas de créditos rápidos. Porque muchas son “chiringuitos financieros” poco fiables, con sólo una web y poco capital detrás. Y están cobrando intereses claramente abusivos: según un estudio de Facua, algunas cobran entre el 1.269,7% TAE (Vivas) y el 4.507% TAE (Préstamo 10). Hay ofertas, como la de Kredito24.es que cobra 35 euros de interés por prestar 100 euros a 30 días. O Pepe Dinero, que cobra 30 euros de intereses. El problema radica en que a las entidades que prestan menos de 200 euros sólo se les obliga a estar registradas en el Ministerio de Sanidad y Consumo, sin estar vigiladas por el Banco de España, como bancos y financieras. Y las sanciones dependen de las autonomías, que apenas las vigilan. Todo esto ha disparado los fraudes en el mercado del dinero rápido, como denuncia el documental El descrédito” (verlo aquí).

Sea por las compras con tarjetas o sea pidiendo créditos al consumo, el hecho cierto es que los españoles nos hemos lanzado otra vez a “gastar a crédito, con “alegría”, olvidando que hace sólo unos años estábamos endeudados hasta los ojos y eso nos ha complicado la salida de la crisis. Y lo peor no es sólo que ahora tengamos más deudas, sino que los tipos de interés van a subir seguro en 2018, porque el Banco Central Europeo (BCE) acabará con su política de dinero gratis y subirá los tipos, como los ha subido ya dos veces Estados Unidos (tipos al 0,75-1%). Y con ello, pasaremos a pagar más del 10% de interés por los créditos que tengamos y cerca del 24% por las tarjetas. Una losa, sobre todo para los que tengan un trabajo precario y un sueldo de mileurista. Así que piénselo dos veces antes de “gastar a crédito”. “El que nada debe, nada teme”, dice el refrán. No se pille los dedos otra vez.

 

lunes, 17 de julio de 2017

Nuevas subidas del móvil e Internet


Mañana 18 de julio vuelve a subir Movistar sus tarifas, después de aumentarlas Orange, Vodafone y Jazztel en febrero, abril y mayo. Es la cuarta subida de Movistar este año y la 7ª en poco más de dos años, con un aumento de tarifas del +35%. Y todo apunta a que esta será la estrategia de las “telecos”: dos o tres subidas al año, unos detrás de otros. Lo hacen porque pueden, ya que ahora es un “triopolio” más fuerte, tras las fusiones. Y porque lo necesitan, para invertir en fibra y 4G, para comprar derechos de fútbol (el motor de la TV de pago, su mayor apuesta comercial hoy) y para compensar la rebaja de ingresos por el fin del “roaming”, que multiplicará por 4 las llamadas de los turistas este verano. Pero también nos suben las tarifas del móvil e Internet porque estamos muy “enganchados”: somos el 5º país que pasa más tiempo conectado al móvil, 2 horas y 11 minutos diarios. Las telecos lo saben y cada vez nos ofrecen más datos y más velocidad. Y eso hay que pagarlo. Ojo al dedo.



                                                                                           enrique ortega

Hemos estado muchos años mal acostumbrados, con guerra de tarifas y bajadas de precios en el móvil e Internet entre 2009 y 2015 (-70% de media). Pero ahora llevamos algo más de dos años de subidas constantes. La última mañana 18 de julio: Movistar vuelve a subir sus tarifas de móvil a 4,2 millones de abonados, entre 2 euros al mes (tarifa #6 y #20) y 3 euros (tarifa #10), sin aumentarles datos a cambio. Es la cuarta subida de Movistar este año, ya que el 5 de febrero subió 5 euros al mes las ofertas del paquete Fusión (a cambio de ofrecer más datos), en abril subió otros 5 euros las tarifas de Fusión Contigo y este 18 de junio subió el precio de los megas extras móviles (un 33%, de 1,5 a 2 céntimos por mega extra).

Orange, ahora la segunda mayor teleco, subió también en febrero los precios de sus paquetes convergentes Love (que había lanzado en noviembre), entre 2 y 5 euros, y lanzó el 3 de abril dos nuevas familias de paquetes para el móvil y el hogar, renovando también en junio las tarifas de sus móviles pre-pago (han subido un 25%). Y su filial y segunda marca, Jazztel, subió también el 1 de mayo en 2 euros el abono mensual a todos sus clientes, a cambio de más datos, más minutos de llamada y más velocidad de conexión en fibra.

Y Vodafone, la tercera gran teleco, implantó el 28 de abril una nueva subida de precios, de 2 euros al mes en sus tarifas móviles y de entre 3 y 6 euros mensuales en sus paquetes convergentes, con la contrapartida de más datos móviles, contenidos TV y el servicio de mensajes Chat Zero. Además, Vodafone ha empezado a cobrar 2,5 euros a sus clientes por atenderles diversas incidencias y gestiones por teléfono. Y todas las telecos han subido este año el coste de establecimiento de llamada, a los clientes de móvil sin tarifa plana: de 0,2178 a 0,25 euros, un “redondeo” que significa subirles un +14,78%.

Esta subida de mañana es ya la séptima que hace Movistar en poco más de 2 años, ya que a las 4 subidas de este año hay que añadir las 3 subidas de mayo de 2015 (5 euros), febrero 2016 (3 euros) y agosto de 2016 (de 2 a 5 euros), con lo que la compañía de Telefónica ha subido ya a sus clientes entre 22 y 25 euros al mes, más de un 35% de aumento de tarifas. Y tanto Orange como Vodafone han hecho otras 4 subidas cada uno en estos dos años, con un aumento en la factura que supera el 20%.

Todos ellos argumentan que cobran más por más”, que han subido las tarifas pero también sus datos y la velocidad de conexión, con más servicios (como la TV de pago). Pero las asociaciones de consumidores se quejan de que son subidas “impuestas”, sin que el cliente pida ni necesite más servicios, y que han subido contratos que se habían ofrecido a precios “inamovibles”. Por todo ello, las telecos han sido denunciadas a los Tribunales por distintas asociaciones de consumidores. E incluso han sido multadas por “publicidad engañosa” y “cláusulas abusivas por la Junta de Andalucía (6,3 millones) y la Comunidad de Madrid (30.000 euros). La Comisión de la Competencia (CNMC) ha dicho que vigila estas subidas (“a cambio de mejoras que el cliente no ha pedido”), mientras la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de 2007 es muy clara: “la imposición al consumidor o usuario de bienes o servicios complementarios o accesorios no solicitados tiene la consideración de cláusula abusiva”.

Pero las subidas ahí están y los clientes lo único que pueden hacer es darse de baja sin ser penalizados. El problema es dónde van, porque todas las telecos funcionan igual y suben los precios de forma “coordinada”, algo teóricamente prohibido por las normas de competencia. Así que aunque suben precios, no pierden apenas clientes porque lo hacen todas. Y ahora son más fuertes para imponer condiciones, tras las fusiones producidas en 2014 y 2015 (Vodafone y Ono, Telefónica con Digital + y Orange con Jazztel). Así, las tres grandes telecos (Movistar, Orange y Vodafone) son ahora un auténtico “triopolio, que monopoliza el mercado: controlan el 84,3% del negocio de móviles y el 93,91% del negocio de acceso a internet, según los últimos datos de la CNMC. Y con el lanzamiento de los paquetes convergentes (teléfono fijo y móvil, Internet y TV “todo en uno”), que tienen el 75% de los clientes, se han quitado de en medio a la mayoría de operadores virtuales (OMV) que competían con ellos por los móviles pero que no tienen red para ofrecer paquetes. Sólo queda fuera MasMóvil, que ha crecido mucho pero que básicamente compite en ofertas low cost.

Las tres grandes telecos suben las tarifas porque pueden (ahora son más fuertes) y porque lo necesitan. Por un lado, para cubrir las enormes inversiones que han hecho en redes (fibra óptica) y en nuevas tecnologías (4G y 5G), unos 11.200 millones de euros invertidos entre 2012 y 2015, compras y fusiones aparte. Y por otro, para hacer frente a los crecientes costes que les acarrea seguir creciendo en el mercado de la TV de pago, su principal apuesta hoy: han tenido que pagar 1.573 millones esta temporada a los Clubs de fútbol por los derechos de televisión y muchos millones más en la compra de series y películas. Y aún tendrán que pagar más por la próxima Champions y Liga. Todo esto hay que “rentabilizarlo” y para ello necesitan aumentar sus ingresos, cobrando más por cada cliente.

Hay un factor más que obliga a las telecos a conseguir más ingresos de sus clientes: el final del "roaming", el recargo por navegar o llamar con el móvil en otro país, que ha desaparecido el 15 de junio por mandato de Bruselas. Al dejar de cobrar este recargo, todas las telecos europeas verán reducidos sus ingresos, en 2017 y sobre todo en 2018 y después. La CNMC estimó que un megabyte  le cuesta a una operadora 1,11 euros y ahora la Comisión Europea les ha fijado a las telecos un precio mayorista de 0,75 céntimos en 2017 y menos en los años siguientes (hasta los 0,24 céntimos en 2022). Con ello, la patronal europea Etno calcula que el roaming reducirá los ingresos de las telecos europeas en 7.000 millones de euros entre 2015 y 2020, una cifra que la Comisión Europa rebaja a 1.200 millones y el regulador Berec la deja en 4.700 millones.

Sean 7.000 o 1.200 millones, el hecho es que el roaming reducirá los ingresos de las telecos, sobre todo de las españolas, porque somos el segundo país de Europa con más turistas, tras Francia: 75 millones en 2016 (frente a 16 millones en Holanda, por ejemplo), una pesada carga para Movistar, Orange y Vodafone, que no sólo ingresarán ahora menos por estos extranjeros sino que tendrán que invertir más en reforzar sus infraestructuras en las costas e islas, para que no se produzcan colapsos en julio y agosto, meses en los que el uso del móvil por los extranjeros podría multiplicarse por cuatro este verano, según Orange. ¿Quién pagará todo esto y les compensará de los menores ingresos? La respuesta es clara: el resto de sus clientes, con las subidas que ya se han hecho este año y las que vendrán. Así que el fin del roaming es una buena noticia, pero lo pagaremos por otro lado (como el bono social eléctrico).

En definitiva, que hemos de acostumbrarnos a que las subidas de móviles e Internet seguirán, dos o tres veces al año, con las telecos buscando que los clientes contraten más datos y más servicios, para que paguen más cada mes. Y en paralelo, no descuidan las tarifas “low cost”, para afrontar la competencia de Más Móvil y sus marcas Yoigo y Pepephone. Así, Orange ha lanzado en junio sus ofertas baratas de móvil e Internet a través de Amena, tras haberlas lanzado en mayo Vodafone, a través de su marca low cost Lowi. Y lo mismo va a hacer Movistar con Tuenti. El riesgo es que, con la subida de las tarifas “normales” y “Premium”, se produzca un cierto trasvase de clientes a las tarifas “low cost”, pero las telecos no pueden descuidar este flanco de clientes con menos poder adquisitivo , y más con la presión de Más Móvil y sus marcas comiéndole terreno.

Pero el centro del negocio está en los clientes de medio y alto gasto, ese 75% que tienen contratados paquetes (fijo, móvil, Internet y TV de pago), a los que tratarán de ofrecer más datos, más velocidad y más servicios, para subir su mensualidad. Hoy por hoy, la batalla comercial está en dos frentes: ampliar los hogares con fibra óptica (cuanto más mejore la autopista de entrada, más servicios a ofrecer y cobrar) y ampliar los hogares con TV de pago.

En fibra óptica, España es líder en Europa, con 23 millones de hogares conectados, más que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos, sólo por detrás de Japón y Corea. Pero muchas familias siguen accediendo a Internet en casa con ADSL (6,6 millones) y cable (1,7 millones) y todavía no han contratado fibra óptica (sólo 5,85 millones de hogares), aunque lo tengan a la entrada de su edificio. Por eso, las telecos y sobre todo Movistar (la que tiene más fibra: llega a 17 millones de hogares) están empeñados en que sus clientes la contraten, para poder ofrecerles más servicios (pack de televigilancia y conexión de aparatos en el hogar y juegos)  y cobrarles más por ellos. Incluso Movistar ha hecho este año algo inaudito: ha firmado un acuerdo con su competidor Vodafone para  que pueda acceder a su red de fibra y ofrecérsela a sus clientes. Mejor que pague Vodafone por subcontratar la red que tenerla sin usar. Pero el acuerdo va a acelerar la agresividad comercial de las telecos por ofrecer fibra.

La otra oferta de este año será la TV del pago, con el gancho del fútbol y las series. Sólo se lleva ofertando unos pocos años y ya son 6.062.364 los españoles que la tienen contratada, casi una cuarta parte de los clientes de las telecos: 3,6 millones de Movistar, 1,2 millones de Vodafone y 493.000 de Orange, según los datos de la CNMC (2016). De hecho, los ingresos de la TV de pago son uno de los motores de la recuperación económica de las telecos, que ingresaron por esta parte de su negocio 1.873,5 millones de euros en 2016, casi tanto como las televisiones en abierto (1.879 millones, ingresados por Atresmedia y Mediaset sobre todo). El problema es que para conseguir esos ingresos (un 8% de su negocio) han de invertir mucho en comprar series y sobre todo fútbol, cuyos derechos se han disparado. Y costarán más la próxima temporada, en que la UEFA ya ha vendido la Champions 2018 a Mediapro por 1.100 millones. Ahora toca renegociar esos derechos más los de las Ligas 2019-2022.

Las telecos se quejan de que los costes del fútbol son impagables y tratan de forzar a la baja a los Clubes y las subastas. Pero saben que necesitan el fútbol para seguir creciendo, para conseguir que más de la mitad de los clientes tengan TV de pago, como en otros paises (ahora son un 35%).De hecho, Movistar ha incorporado en julio  la TV de pago a todas sus ofertas de Movistar Fusión, con objetivo de "universalizar la televisión de pago entre sus clientes" (en la práctica, quieran o no).  Y por eso, Movistar y las demás telecos pagarán millonadas por el futbol e invertirán en series y películas, aunque eso obligue a subir tarifas y a que lo paguen los clientes de móvil e Internet: se subvenciona al fútbol con el extracoste que pagan los internautas, denuncia la Asociación de Internautas.

Las telecos buscan además otras fuentes de ingresos, aprovechando los millones de clientes que tienen “pillados”, porque hay más contratos de móviles (51,1 millones) que españoles: 26, 8 millones de clientes tiene Movistar (17,1 millones de móviles y 9,78 millones de Internet), 19,7 millones Orange (15,84 y 3,88), 17,5 millones de clientes Vodafone (14,51 y 3,06) y 4,7 millones de clientes Más Móvil (4,5 y 0,24). Lo penúltimo era ofrecerles pagos por móvil  (Vodafone Wallet, Orange Cash o Samsung Pay) y servicios bancarios: Orange Bank quiere abrir en España en la segunda mitad de 2018, mientras Telefónica opera en Alemania con O2 Banking. Y lo último es que Movistar ofrece créditos desde junio: sus clientes pueden solicitar un crédito rápido (48 horas) de 600 hasta 3.000 euros, a través del móvil, a devolver en 1,2 o 3 años.

Al final, si las telecos nos suben los precios dos o tres veces al año no sólo es porque pueden (son un “triopolio”) y lo necesitan (para aumentar ingresos, inversiones y beneficios) sino también porque nos dejamos, porque estamos “enganchados” al móvil e Internet y pagamos lo que nos digan. España lidera el uso del Internet móvil en Europa: así se conectan a la Red un 93% de españoles, por delante de Holanda (88%) y Reino Unido (86%). Y somos el 5º país del mundo que más tiempo utiliza el móvil: 2 horas y 11 minutos de media, según Statista, sólo por detrás de Brasil (4h 48 minutos), China (3h 03 minutos),  Estados Unidos (2h 37) e Italia (2h 34), por delante de Corea del Sur y Canadá (2h 10), Reino Unido (2h 09), Alemania (1h 37) y Francia (1h 32). Y no sólo usamos el móvil e Internet mucho tiempo, sino que cada vez gastamos más datos: el tráfico en las redes móviles se ha multiplicado por 6,6 entre 2012 (26.488 terabytes) y 2016 (172.477 terabytes). Incluso se han recuperado las llamadas por el móvil (91.361 millones de minutos en 2016, 10% más que en 2015), 4 veces más que las llamadas de fijos (21.250 millones de minutos).

Con este mayor uso de los móviles e Internet y las subidas de los dos últimos años, la factura de las telecos ha subido mucho. Y el gasto medio por cliente estaba en 74,7 euros al mes a finales de 2016 (+5% sobre 2015), según la CNMC. Una media que esconde que un 20% de españoles gastan en teléfono e Internet más de 125 euros al mes y otro 20% gasta menos de 40 euros. La media de los que tienen paquetes cuádruples (fijo, móvil, Internet fijo y móvil) son 65,70 euros al mes y los que tienen paquete quíntuple (con TV de pago) pagan de media 89,40 euros al mes. En líneas generales, el coste del acceso a Internet en España está entre el 5º y el 11º país más caro de Europa (según la velocidad), con datos de la Comisión Europea para 2016. Y somos el 22º país europeo más caro y el 35º del mundo en coste del acceso a internet móvil, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En definitiva, no sabemos vivir sin el móvil e Internet y esto nos cuesta cada año más y seguirá subiendo en el futuro, porque las telecos tienen la sartén por el mango y nos tientan con más datos y servicios que después hay que pagar. Así que o “vigilamos el dedo” o pronto pagaremos más de 100 euros al mes. Es el coste de vivir súperconectados.

jueves, 13 de julio de 2017

Accidentes laborales: 12 muertos a la semana


Cada 15 horas muere un trabajador en España, 12 muertos a la semana en el trabajo o de camino. Tras haber bajado los accidentes y muertes con la crisis, llevan tres años creciendo, con 629 muertos en 2015 y los mismos en 2016. Y este año, hasta mayo, van 17 muertos más en los trabajos que el año pasado. España es el tercer país de Europa con más accidentes laborales, mientras crecen también las enfermedades profesionales, que han alcanzado cifras récord en este siglo. Patronal y Gobierno lo achacan a la recuperación económica, a que hay más actividad y más gente trabajando. Pero los sindicatos creen que se debe a la precariedad laboral y a que las empresas gastan ahora menos en seguridad. Y recuerdan que si se cumplieran las normas, se evitarían un tercio de accidentes y muertes en el trabajo. Urge un Plan nacional para mejorar la seguridad laboral, con más medios, más inspecciones y más inversiones. Porque no puede ser que, en pleno siglo XXI, el trabajo mate.



                                                                                               enrique ortega

Un joven de 34 años murió ayer mismo en la localidad navarra de Aritzu al caerse del tejado de la granja que construía. Es el penúltimo muerto por accidente laboral en España, donde han muerto 246 trabajadores entre enero y mayo de este año, 17 más en los centros de trabajo (203) y 17 menos "in itinere" (43) que en esos meses de 2016, según datos de Empleo. Sigue así una tendencia al alza de la siniestralidad laboral, iniciada en 2014, tras haber caído a la mitad con la crisis. El record se alcanzó en 2007, con 1.022.067 accidentes laborales y 1.136 muertes. Posteriormente, la siniestralidad cayó año tras año (tras perder su empleo 3,8 millones de personas), hasta un tocar un mínimo en 2013 (469.284 accidentes y 559 muertes). Pero a partir de 2014, los accidentes y las muertes han ido aumentando año tras año, hasta alcanzar los 566.235 accidentes y 629 muertes en 2016 (las mismas que en 2015). Y a la vista de los datos hasta mayo (246 muertos), todo apunta a que en 2017 se superarán esas cifras.

España es el tercer país de Europa con más accidentes laborales, tanto en número como en porcentaje sobre los que trabajan: 2.894 accidentes por cada 100.000 trabajadores, sólo por detrás de Francia (3.334) y Portugal (2.898), lejos del número de accidentes de Alemania (1.847 por cada 100.000 trabajadores), Italia (1.404), Reino Unido (880) o Suecia (800), según Eurostat (datos 2014). En número de muertos por accidentes laborales salimos mejor parados: somos el país 12º del ranking de 28 paises UE, con 3,11 muertos por 100.000 trabajadores (2014), por encima de los 2,32 muertos de media en la  UE-28. Tienen más fallecidos en el trabajo Portugal (4,72 muertos por 100.000 ocupados), Austria (3,96), Francia (3,74), Luxemburgo (3,71), Irlanda (3,12), Italia (3,01) y 5 paises del Este. Y menos Grecia (1,18 muertos por 100.000 trabajadores), Alemania (1,42), Suecia (1,49), Reino Unido (1,62), Bélgica (1,72) y Dinamarca (1,94 muertos), según datos de Eurostat.

Volviendo a España, el 86% de los accidentes laborales se producen en el trabajo (489.065 y 496 muertes en 2016) y el 14% restante de camino (“in itinere”), el 88% de estas víctimas por accidente de tráfico al ir o volver de trabajar, unos accidentes que han crecido en los últimos años (77.170 accidentes y 133 muertos en 2016) y que sufren cada vez más mujeres. Los sindicatos lo achacan a que ellas están más “agobiadas” con la casa, los hijos y el trabajo y multiplican los viajes diarios, lo que favorece que tengan más accidentes.

Centrándonos en los accidentes en el trabajo (el 86%), dos tercios del total los sufren los hombres y un tercio las mujeres, concentrándose sobre todo entre los trabajadores de 35 a 49 años (46% del total de accidentes), empleados de la construcción (7.212 accidentes por 100.000 habitantes en 2016, el doble que la media, 3.364 accidentes), la industria (5.290 accidentes por 100.000 trabajadores) y el campo (5.143 accidentes). El mayor número de accidentes laborales se da en Cataluña, Andalucía y Madrid, pero si los ponemos en relación con el número de trabajadores, las autonomías más “peligrosas” son Baleares (4.884 accidentes por 100.000 habitantes en 2016) y Castilla la Mancha (4.149 accidentes). Y las más “seguras”, Madrid (2.778 accidentes por 100.000 empleados) y Comunidad Valenciana (2.994). Las principales causas de accidentes son los sobreesfuerzos, las caídas y aplastamientos y los choques. Y curiosamente, el día con más accidentes es el lunes (los que menos, domingos y sábados). Y los meses peores son  mayo y septiembre (y el mejor, con menos accidentes, diciembre), según las estadísticas del Ministerio de Empleo (2016).

Si miramos las estadísticas de muertos en el trabajo (496 en 2016), sin analizar los fallecidos “in itinere” (otros 133 muertos), la mayoría son hombres (6,06 por cada 100.000 trabajadores) y muy pocas son mujeres (0,5 muertas por cada 100.000 trabajadores), siendo los sectores con más muertes la construcción (3,5 veces la media), los conductores de maquinaria y la agricultura, seguidos de lejos por la industria. La primera causa de muerte son los infartos en el trabajo (48% del total), los accidentes de tráfico mientras se trabaja (15%), las caídas (13,6%) y quedarse atrapado 812,5%). Un dato llamativo es que más de la mitad de los muertos por accidente laboral (el 51,5% en 2017) son mayores de 50 años. Y las regiones con más fallecidos en el trabajo (en relación a su empleo) son La Rioja (8,07 muertos por 100.000 trabajadores, frente a 3,41 muertos de media en España), Galicia (7,66 muertos) y Castilla la Mancha (5,31), mientras que las de menos muertos en el trabajo son Baleares(1,32 fallecidos por 100.000 trabajadores) y Canarias (2,05 muertos). Los días con más muertos en el trabajo son los lunes de octubre, según los datos del Ministerio de Empleo (2016).

¿Por qué están aumentando los accidentes y muertes en el trabajo? Los empresarios y el Gobierno lo achacan a la recuperación económica, a que hay más españoles trabajando (1,3 millones más desde 2014) y a que hay más actividad, más trabajo en las empresas. Es cierto. Pero los sindicatos añaden otras dos razones de peso. Una, que ha aumentado la precariedad, con la reforma laboral hecha por el Gobierno Rajoy en 2012. Y que los trabajadores temporales y por horas son más vulnerables a un accidente, porque están menos preparados: de hecho, el 38,8% de los accidentes en 2016 los tuvieron contratados temporales (que son sólo el 26,1% de los trabajadores). Y los sindicatos recuerdan que el 38% de los accidentes con baja los tienen trabajadores con menos de 1 año de antigüedad, sin experiencia. La otra razón que argumentan es que las empresas, con la crisis, han recortado sus medidas e inversiones en prevención.

El mayor déficit de prevención se da en las pymes, la casi totalidad de las empresas. La mayoría de las grandes empresas tienen un servicio de prevención de riesgos laborales propio, pero el 88,75% de las pymes lo subcontrata fuera, a una empresa especializada, según datos de Asepeyo. Y a partir de ahí, muchas se desentienden y tratan de ahorrar costes en prevención. Además, con la precariedad y el paro, los trabajadores denuncian menos sus condiciones de trabajo, por temor a perder su empleo. Y tanto el Estado central como la mayoría de autonomías han recortado sus presupuestos y campañas en prevención.

El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes sino también enfermedades profesionales que acaban incapacitando o matando al trabajador a medio plazo. En 2016, batieron el récord de este siglo: 26.277 enfermedades profesionales (20.600 como tales y otras 5.677 patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo). Y este año 2017, hay 10.021 hasta mayo (203 más que en 2016), según datos de Empleo, quien reconoce que somos el segundo país europeo con más enfermedades profesionales, tras Francia. Y lo peor, según los sindicatos, es que casi la mitad, 10.755 enfermedades profesionales,  fueron sin baja (el triple que hace una década), porque el trabajador no la pide y sigue trabajando para no perder el empleo. La principal son los trastornos musculo-esqueléticos (el 82%), las enfermedades de la piel (6,4%) y los agentes biológicos (5,9%). Estas enfermedades profesionales se dan sobre todo en la industria y la minería, sobre todo en Navarra, País Vasco, la Rioja y Aragón.

Además, los sindicatos denuncian que un 20% de las enfermedades profesionales no se contabilizan como tales, porque no las reconocen así las empresas o las Mutuas, para  ahorrarse dinero pasando la factura de estas enfermedades a la Sanidad pública (el coste se estima en 2.000 millones de euros anuales). Así, estudios realizados por UGT estiman que unas 9.500 muertes por cáncer podrían estar relacionadas cada año con enfermedades laborales. Y sin embargo, sólo se contabilizaron 36 casos de cáncer laboral en 2016 (la mayoría, por el amianto). Y denuncian que tampoco afloran como enfermedades profesionales muchas enfermedades psíquicas y depresiones causadas por el trabajo.

Ante tanta siniestralidad laboral (accidentes, enfermedades o muertes), urge tomar medidas, para que trabajar sea más seguro. Por un lado, el Gobierno debe aprobar un nuevo Plan nacional de prevención laboral, con más inversiones y más medios, como pidieron en el Congreso, en febrero de 2017, el PSOE, Podemos y PDCat. Eso permitiría hacer nuevas Campañas públicas de concienciación (¿por qué se gasta 12 millones anuales en campañas de Tráfico y ni un euro en campañas para trabajar seguro?) y ayudar a las empresas (sobre todo pymes) a poner en marcha Planes de seguridad en el trabajo más efectivos y con más recursos (la no prevención sale mucho más cara). Además, hay que dotar de más medios a la Inspección de trabajo (tienen la mitad de funcionarios que en Europa), para que controle y multe los trabajos inseguros. Y en paralelo, dar más protagonismo en el tratamiento de accidentes y enfermedades profesionales a la sanidad pública, trasvasando recursos que ahora tienen las Mutuas, para crear Unidades de salud laboral con medios, desde los ambulatorios a los hospitales públicos.

Si se cumpliera correctamente la Ley de prevención de riesgos laborales de 1995, habría muchos menos accidentes, según los sindicatos. Y lo argumentan en que un 31% de los accidentes laborales se producen en empleos donde no se había realizado la evaluación de riesgos laborales obligatoria, según un estudio de UGT. Eso significa, señalan, que 1 de cada 3 accidentes laborales en los centros de trabajo (no “in itinere”) se podrían evitar: habrían sido 151.000 accidentes menos y 154 trabajadores “salvados de la muerte” en 2016.

En definitiva, muchos de los accidentes, muertes y enfermedades en el trabajo son evitables, con inversión y medios para formar y prevenir riesgos. Una vez más, salvar vidas es cuestión de dinero. Hay que volcarse en ello, para lograr empleos más seguros. No puede ser que en pleno siglo XXI, el trabajo mate.