jueves, 19 de abril de 2018

Más emigrantes y menos refugiados


España es un país más cerrado tras esta larga crisis. En dos sentidos. Primero, más cerrado para los propios españoles, que llevan diez años emigrando (76.197 en 2017), sobre todo los jóvenes: hay 665.000 españoles más viviendo en el extranjero desde que gobierna Rajoy. Y segundo, más cerrado para los extranjeros: las peticiones de asilo se duplicaron en 2017 pero concedimos un 40% menos (4.675) y hay 400.000 extranjeros ilegales pendientes de su nacionalización. Eso sí, se disparan las nacionalizaciones de los extranjeros ricos (rusos y chinos) que compran casas o invierten: iban 41.049 a finales de 2017. Habría que aprovechar la cacareada recuperación para abrir un poco más España, haciendo que vuelvan parte de los españoles que han emigrado (535.000 desde 2008) y dando cobijo a más refugiados y emigrantes, a los que vamos a necesitar, porque perdemos población: harán falta 5 millones de inmigrantes para 2050, según vaticina el FMI. Un país más abierto nos beneficia a medio plazo. Nuestra historia lo confirma.

enrique ortega


España fue un país de emigrantes en las décadas de los 60 y 70, pero luego cambiaron las tornas y empezamos a recibir inmigrantes al comienzo de este siglo: entre 2000 y 2009, España recibió más de 7 millones de inmigrantes, la mitad de todos los extranjeros que llegaron en esos años a Europa. Pero con la crisis, los españoles volvieron a emigrar, buscando trabajo en Europa y parte de América, los jóvenes y familias enteras. Y esta salida de españoles no ha parado desde 2008 (33.505), subiendo en 2011 (55.472), acelerándose en 2013 (73.329), 2014 (80.441), 2015 (98.934) y 2016 (101.581), para mantenerse, aunque bajando, en 2017 (+76.197). En total, hay ya 2.482.808 españoles viviendo en el extranjero a 1 de enero de 2018, según el último Padrón de residentes en el extranjero (PERE) del INE. Son 665.973 españoles más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa.

La mayoría de estos españoles que se han ido a vivir fuera, dos de cada tres (1.672.732 españoles), no han nacido en España sino que son “extranjeros nacionalizados españoles”, bien porque han estado muchos años en España y han conseguido la nacionalidad (muchos latinoamericanos) o bien porque eran hijos o nietos de españoles exilados y consiguieron la nacionalidad española con la Ley de Memoria Histórica (2007). La mayoría han vuelto a Latinoamérica y viven en Argentina (457.204 españoles), Venezuela (167.255), Cuba (139.851), Brasil (130.635), así como en EEUU (147.817 españoles) y Europa.

El tercio restante de los emigrantes que viven fuera (810.076) son españoles nacidos en España, “españoles españoles, la mayoría que han emigrado con la crisis, sobre todo a Europa (440.206), principalmente a Francia (allí viven 134.214 “españoles españoles”), Alemania (viven 73.340 españoles nacidos en España), Reino Unido (71.899) y Bélgica (29.320), además de los que viven en América (328.809), tanto EEUU (viven 57.944 “españoles españoles”), Argentina (89.695), Venezuela (51.226), Brasil (27.286) y México (21.435), según los datos del INE.  La mayoría de estos emigrantes españoles proceden de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana y el colectivo que más crece son los jóvenes menores de 30 años.

Pero esta es la cifra oficial, que publica el INE con los datos de los Consulados, de los españoles que viven fuera y se inscriben en ellos. La realidad es que muchos que han emigrado lo han hecho como “turistas” y no se han inscrito, con lo que la cifra real de “españoles emigrantessería mayor que esos 810.076. Un ejemplo: en Reino Unido hay censados unos 150.000 españoles, pero se estima que viven realmente unos 300.000. En Irlanda hay censados 5.457 y podrían superar los 10.000. Y en Alemania, el censo de españoles nacidos en España es de 73.340 y dicen que hay más de 120.000 españoles trabajando (en precario muchos de ellos).

Otra manera oficial de medir la emigración, además de esta estadística de españoles censados en el extranjero (Consulados) son las estadísticas de migraciones del INE, que semestralmente informan de la población en España y de los flujos de emigración e inmigración, a partir del Censo que hacen los Ayuntamientos. Según esta estadística, en el primer semestre de 2017 emigraron 35.077 españoles, tras marcharse 69.211 en todo 2016 y 75.765 en 2015 (año récord de emigración). La mayoría de los españoles que emigraron el año pasado fueron e Reino Unido (8.882), Francia (4.425), Alemania (2.809) y EEUU (2.191). Sumando todas las salidas desde 2008, resulta que 535.000 españoles han emigrado de España entre 2008 y 2017, la mayor parte (dos tercios) entre 2011 y 2017, con Rajoy gobernando, según los datos oficiales del INE (Migraciones).

El perfil de este nuevo emigrante español es el de una mujer/hombre (casi mitad/mitad), joven (en torno a 30 años), con estudios superiores y procedente de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia), según un estudio de Asempleo y el CSIC, que revela cómo los nuevos emigrantes no siempre salen porque están parados en España sino también porque tienen “empleos basura” precarios, están subempleados para su formación y no ven perspectivas de futuro aquí. Los que más han salido han sido los profesionales de la salud (enfermeras y médicos), informáticos, ingenieros, investigadores y especialistas en marketing y finanzas, aunque muchos acaban trabajando de camareros o cuidando niños y otros empleos precarios.

A pesar de la recuperación en España, los datos indican que la emigración no se ha parado y sigue mes tras mes, aunque ahora choque con problemas fuera, como el Brexit en Reino Unido, el cerrojazo de Trump o las presiones contra los extranjeros en la mayoría de Europa. Pero mientras haya 3.766.700 parados en España y estén sin empleo más de un tercio de los jóvenes (37,46%), según la EPA, la corriente de emigrantes españoles no se va a parar. Además, los jóvenes españoles son los terceros en Europa más dispuestos a emigrar: un 64%, son favorables a irse a otro país o ciudad, más que la media de jóvenes europeos (el 59% emigraría) y sólo por detrás de Portugal (71%) y Suecia (66%), según Eurostat. Y la clave es la formación: cuanta más formación tienen los jóvenes, más dispuestos a emigrar.

La otra cara de la moneda es que, mientras muchos españoles emigran, muchos extranjeros tratan de venir a España y quedarse. Y cada vez se lo ponemos más difícil.

Primero, a los que vienen huyendo de guerras, dictaduras, hambre y enfermedades, los que piden quedarse en España como refugiados. En 2017, se ha dado un contrasentido: la cifra de refugiados, de solicitantes de asilo en Europa se ha reducido a la mitad (de 1.206.500 en 2016 cayeron a 649.855 en 2017), pero en España se duplicaron (de 15,570 en 2016 a 30.445 en 2017), según los últimos datos de Eurostat. Con ello, España es el 6º país europeo con más demandantes de asilo, detrás de Alemania (198.255 en 2017, frente a 722.265 en 2016), Italia (126.550, similares a las 121.185 de 2016), Francia (91.070 frente a 76.790), Grecia (57.020 frente a 49.875) y Reino Unido (33.310 frente a 39.240 en 2016). Pero si comparamos las peticiones de asilo con la población, el problema es menor: 654 peticiones por millón de habitantes en España, la mitad que la media europea (1.270 peticiones por millón de habitantes) y mucho menores que en Grecia (5.295 peticiones por millón de habitantes), Hungría (3.502: por eso gana la derecha xenófoba), Austria (2.526, otro país con xenofobia) o Alemania (2.402 solicitudes por millón de habitantes).

Aunque no sean muchas peticiones de asilo para la población española, la mayoría se rechazan. Y más en 2017, a pesar de que las solicitudes se duplicaron: de las 31.120 solicitudes censadas por el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), sólo 4.675 se aceptaron, el 35%, un porcentaje de aceptación inferior a la media europea (46% se aceptan, según Eurostat) y también inferior al de Alemania (50% aceptadas), Suecia (44%) o Italia (41%), sólo peor que Francia (29% solicitudes aceptadas), Reino Unido y Hungría (31%). Además, en 2017 se aceptaron un 40% menos que en 2016 (6.855 aceptadas), aunque las solicitudes se duplicaron.

El problema es que el flujo de inmigrantes no se frena: en el primer trimestre de 2018, la llegada de pateras con inmigrantes bajó en el Mediterráneo (de 29.221 en 2017 a 14.651 en 2018) pero ha aumentado en España un 38%, con 3.345 inmigrantes llegados a nuestras costas y 120 muertos en los tres primeros meses de 2018, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Además, tenemos otro problema: el atasco de expedientes de asilo, según revela el informe 2017 del Defensor del Pueblo: a los 40.000 expedientes presentados en 2017 hay que añadir otros 30.000 expedientes pendientes de años anteriores, con miles de extranjeros recluidos en penosos centros de internamiento que esperan una solución, en medio de la descoordinación entre los Ministerios (Interior y Empleo) y las autonomías. “La situación en que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio es insostenible”, dice el informe.  Y además, denuncia que el Gobierno Rajoy no haya aprobado el Reglamento de Asilo previsto en la Ley de 2009, lo que crea problemas de reagrupación familiar.

Vayamos ahora con los extranjeros que viven en España irregularmente, desde hace muchos años (recuerden el nigeriano que murió en Lavapiés), a la espera de que se les conceda la nacionalidad o se les expulse. En 2016, España concedió la nacionalidad española a 150.944 extranjeros (+32%), siendo el 2º país europeo que más nacionalizaciones concedió, tras Italia (201.591 extranjeros nacionalizados) y por delante de Reino Unido (149.372 nacionalizados), Francia (119.152) y Alemania (112.843), según los datos de Eurostat. Parecen unas cifras “para presumir”, pero ojo, hay que contextualizarlas: España nacionalizó en 2016 al 3,4% de los extranjeros, una cifra más baja que Croacia (nacionalizó al 9,7% de extranjeros), Suecia (al 7,9%), Portugal (6,5%), Grecia (4,2%) Italia y Finlandia (4,1%), aunque superior a la de Alemania (1,3%), Reino Unido y Francia (2,8%).

El informe 2017 del Defensor del Pueblo pone otra vez el dedo en la llaga: denuncia que hay “un enorme retraso” en la gestión de los expedientes de nacionalización de extranjeros y pideque la Administración intervenga de manera urgente para solucionar la situación de los más de 400.000 extranjeros que tienen pendiente de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia”. Así que nacionalizamos a muchos, pero el atasco es monumental. Eso sí, hay atasco para regularizar a los extranjeros pobres que trabajan desde hace años en España, pero se agiliza la nacionalización de los extranjeros ricos, a cambio de que compren viviendas caras (más de 500.000 euros), inviertan en depósitos (1 millón) o deuda pública (2 millones) o sean “profesionales cualificados”. Son los llamados “visados dorados” (por la VISA oro…), que se conceden desde septiembre de 2013 y que se han disparado en los tres últimos años: se habían dado 14.804 a finales de 2015, eran 27.301 al final de 2016 y 41.094 a finales de 2017, según los datos oficiales. O sea 13.793 “visados dorados” (la mayoría a chinos, rusos y venezolanos ricos) concedidos en 2017, el triple que las concesiones de asilo a refugiados (4.675). Sin comentarios…

Los datos (oficiales) revelan con claridad que España se ha cerrado más estos años, incluso con la “recuperación”, tanto para los españoles (forzados a emigrar) como para los extranjeros, que no consiguen la nacionalidad ni el asilo. Y no vale decir que esto último también pasa en gran parte de Europa, porque muchos países tienen mayores porcentajes de extranjeros (18,5% Suecia, 17,5% Austria, 16% Alemania, 14% Reino Unido o 12% Francia) que España (4.464.997 extranjeros,  el 9,59% de la población, según el INE). Además, España tiene muchos extranjeros pendientes de regularizar (más de 400.000, según el Defensor del Pueblo). Y, sobre todo, tenemos un grave problema demográfico que no tienen otros países europeos: somos el país con menos natalidad y más viejos de Europa, lo que va a reducir los activos y ocupados en las próximas décadas. Y eso nos obligará a contar con 5 millones de extranjeros más en 2050, como acaba de avisarnos el FMI. Así que necesitaremos a los emigrantes más que el resto de Europa (que también los necesitará).

Tenemos muchos problemas (paro, pensiones, educación, sanidad, gastos sociales, pobreza, desigualdad, demografía, tecnología, digitalización y modernización de la economía), pero para resolverlos necesitamos ser más, no menos. Hay que recuperar a los españoles que han emigrado, porque hemos invertido mucho en ellos y su ausencia es un gran fracaso. Para lograrlo, habría que acordar un gran Pacto por el retorno, con medidas económicas, laborales, fiscales y ayudas a la vivienda y a las familias, creando una Oficina específica para organizar su vuelta. En paralelo, hay que pactar una Política de inmigración a 20 años vista, planificando la regularización de los inmigrantes y coordinando con los países de origen ayudas para frenar la inmigración irregular. No se trata de poner muros que de nada sirven. sino de planificar las llegadas y organizarlas, con dignidad, economía y sentido común. No dejándolo en manos de la desesperación, las mafias y la xenofobia. Apostemos por una España más abierta para propios y extraños, porque la apertura nos ha traído siempre prosperidad, desde los años 60 al ingreso en Europa y nuestra extensión por el mundo. Otro gran tema pendiente.

lunes, 16 de abril de 2018

El "suicidio demográfico" de España


Hay noticias claves que pasan desapercibidas. La penúltima: España tiene la natalidad más baja de Europa, 1,33 hijos por mujer, la mitad que en 1976 (2,76 hijos). Y lo peor es que la tendencia seguirá y en 2050 nacerán menos de 1.000 niños diarios. Como además somos el país más envejecido de Europa y un tercio largo de españoles tendrán más de 65 años a mediados de siglo, resulta que nos estamos “suicidando” como país: perdemos población y cada vez habrá menos jóvenes para trabajar, mantener la economía y pagar los impuestos y las pensiones. Y nadie hace nada. Porque mientras a muchos políticos se les llena la boca con “ayudar a las familias”, España es el segundo país de Europa que menos gasta en ayudas a las familias. Y la consecuencia es una natalidad por los suelos. Habría que tomar ejemplo de Francia, líder en nacimientos, que lleva medio siglo apoyando la natalidad como política de Estado, gobierne quien gobierne. Pero aquí estamos a otras cosas.

enrique ortega

Cada vez nacen menos niños en España. En 2017 habrá habido menos de 400.000 nacimientos, algo que no sucedía desde el quinquenio 1995-2000 (363.469-397.000 nacimientos) y que no se ha visto después ni antes (ver gráfico histórico de la natalidad), con más de 400.000 nacimientos en los duros años 40 de la post-guerra civil , cerca de 500.000 anuales en los años 50 y entre 600.000 y 700.000 niños nacidos durante los años del llamado “baby boom”, de 1960 a 1976. A falta de los datos del INE de todo el año, en la primera mitad de 2017 nacieron 187.703 niños en España, una media de 1.025 diarios, casi  la mitad de los nacidos en 1964, el año récord (697.697 nacimientos, 1.911 diarios). Y menos de la mitad de los 2.200 niños que nacen cada día en Francia (con 65,20 millones de habitantes).

Los nacimientos se han desplomado en España, sobre todo con la crisis (518.503 nacimientos en 2008), por una combinación de dos causas. La primera, que hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: si en 2009 había 11,61 millones de mujeres que podían ser madres, en 2016 había un millón menos (10,61 millones). La segunda razón es que las mujeres españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las mujeres eran madres a los 28,5 años de media, en 1996 lo eran ya a los 30,2 años y en 2016 lo eran a los 32 años de media. Y claro, cuanto más tarde, más riesgo de que no tengan hijos.  Un dato llamativo: 1 de cada 4 españolas nacidas en 1975 no van a tener hijos nunca, según un estudio del Centre D’Estudis Demografics.


Al final, el resultado es la caída drástica de la tasa de natalidad en España: 1,33 niños por mujer en 2016, según el INE, una tasa que cae desde 2008 (1,44 niños por mujer) y desde principios del siglo (1,21 en 2000), tras haberse superado los 2 niños por mujer en 1.981 (2,03), 2,76 niños/mujer en 1.975  y haberse llegado a un récord de 2,90 niños por mujer en 1970 (y los 3,15 niños por mujer en 1900).

Con estos datos, España se coloca como el país con la tasa de natalidad más baja de Europa (2016), según los datos que acaba de publicar Eurostat (13 marzo): 1,33 niños por mujer, frente a 1,60 niños por mujer de media en la UE-28. Nos colocamos así en el pelotón de cola de la natalidad europea, junto a los países del sur, Italia (1,34 niños/mujer), Portugal (1,36), Chipre (1,39), Malta (1,37), Grecia (1,38) y Polonia (1,39). El ranking de natalidad europeo lo encabeza Francia (1,92 niños/mujer), Suecia (1,85), Irlanda (1,81), Reino Unido y Dinamarca (1,79). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (32 años, tras los 31 años de Italia) y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,7% de los nacidos en 2016, frente al 12,2% en la UE) y menos cuartos (el 2,8% de los nacidos en 2016, mientras en Europa eran el 5,9% de los nacidos).

Si estos datos son preocupantes, lo es más que la natalidad en España va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065. Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 31,9 años actuales (2016) se mantendrá en 31,40 para 3031 y subirá a 33 años para 2065. El resultado es que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: 1,36 niños por mujer en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de menos de 400.000 nacimientos en 2017 a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 nacimientos en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esto ya sería preocupante de por sí, pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es el país con menos niños pero también el país con más viejos. España tenía en 2015 un 17,8% de población mayor de 65 años, la tasa de mayores más alta de Europa (9,8% de población mayor de 65 años) y la segunda más alta del mundo tras Corea del Sur (22,5% de mayores 65 años). Y si esto es ya un problema, lo será aún más en el futuro, porque España es uno de los países con mayor esperanza de vida (83,4 años en 2017, 3 años más que la media OCDE), que además crecerá año tras año (llegará a 88 años en 2065). Con ello, España será un país aún más envejecido en 2050: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años a mediados de siglo, frente al 28% de media en la OCDE (34 países desarrollados), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizar para pagar las pensiones, en 2050, con muchos menos niños y el doble de viejos (las pensiones pasarán de 9 a 15 millones), el problema será mucho más grave. Porque si en 2013 había 2 activos por 1 inactivo, en 2050 habrá un activo por cada inactivo: la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a la otra mitad, según acaba de advertir el FMI, que alerta de que la tasa de actividad de España caerá al 50% en 2050 si no se toman medidas de choque para que nazca y trabaje más gente en España y vengan 5 millones de inmigrantes.

Bueno, aquí estamos, en un país que lleva varias décadas de “suicidio demográfico, viendo caer sus nacimientos y envejecer su población,  y que va a perder 5,4 millones de habitantes para 2066 (seremos 41,068 millones), según las proyecciones del INE. Todos los políticos se llenan la boca de promesas en favor de la familia, las últimas con los Presupuestos 2018, que incluyen ayudas fiscales a las guarderías y la quinta semana de permiso de paternidad. Pero la realidad es que España está a la cola de Europa en ayudas públicas a la familia: somos el 2º país que menos gasta, un 0,7% del PIB (unos 7.800 millones), sólo por detrás de Grecia (0,6% del PIB) y menos de la mitad de gasto que la media europea (1,7% del PIB la UE-28), según Eurostat (2016). Y por supuesto, gastamos mucho menos en familia y natalidad que Dinamarca (4,5% del PIB), Finlandia (3,2%), Chipre (3,1%), Polonia (2,5%), Francia (2,4%), Alemania (1,7%), Italia (1,5%) y Reino Unido (1,4% del PIB).

Así que no nos extrañe: décadas sin ayudar a la familia y poco apoyo a las mujeres para que sean madres y trabajen a la vez nos ha dejado este “desastre demográfico”, que es una de las mayores hipotecas de nuestro futuro, junto a la baja educación y la poca tecnología. Urge tomar conciencia del problema y conseguir un Pacto por la natalidad, para tratar de revertir la situación en unas décadas. Ahí está el ejemplo de Francia, que ha tardado más de medio siglo en revertir el grave problema demográfico que heredó tras las II Guerra Mundial. Pero lo ha conseguido y es el país líder en natalidad, gracias a que es “una cuestión de Estado”, independiente del partido que Gobierne en cada legislatura.

Las medidas a tomar para impedir el “suicidio demográfico”  son variadas y nos las han mostrado otros países, en especial Francia. La primera, crear un Ministerio de la Familia, como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía, mientras en España es competencia de una subdirección general dentro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. A partir de esta apuesta política, hay que empezar por subir las ayudas por hijo, que en España son más bajas que en la mayoría de Europa: 24,25 euros mes por cada uno de los cuatro primeros, frente a 133/357/542 euros en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres.


Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, habría que aumentar los permisos de maternidad y sobre todo de paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad. Y un trato fiscal más favorable a las familias con hijos.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más que esos 1,33 de media. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y en los convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y además el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Tenemos un grave problema de población y en vez de pensar en resolverlo con ayudas eficaces, dejamos que se agrave. Y en unas décadas, estaremos ante un auténtico “suicidio demográfico”: no tendremos niños y jóvenes para sostener la economía ni las pensiones. Y sólo quedarán los recortes y dejar entrar a 5 millones de inmigrantes (como augura el FMI), para compensar la caída de población. Todavía estamos a tiempo de tomar medidas, que son eficaces en varias décadas, como ha demostrado Francia. Pero hay que tomar conciencia de la gravedad del problema y poner medios suficientes. Y volcarse en ello todos, al margen de la política, porque la natalidad debería ser un problema de Estado. Pero me temo que estamos en otras cosas. Sigan con Cataluña y el máster de Cifuentes. No se preocupen por el futuro hasta que se nos caiga encima.

jueves, 12 de abril de 2018

Europa nos suspende en innovación


La Comisión Europea acaba de examinar a España y sus notas no son buenas: la productividad es “demasiado pobre” y una causa básica es que tenemos poca innovación: nos colocan como el país nº 17 en tecnología en la UE-28, más lejos de la media europea que en 2008. Y lo achacan a los recortes en Ciencia, 21.728 millones desde 2009, a que España gasta la mitad en tecnología que la media europea y además gasta mal, con mucha burocracia y demasiados créditos que no se gastan: España sólo gastó el 30% del Presupuesto para  Ciencia de 2017. Ahora, para 2018, el Gobierno presume de que va a gastar 531 millones más, pero la mayoría son créditos que tampoco se gastarán. Urge un Pacto por la Ciencia, para que la recuperación llegue a la tecnología y sentemos las bases de una economía más competitiva y que cree empleo más estable. Apostar de verdad por la Ciencia, con dinero, medios e investigadores, como pasaporte para el futuro. Menos cemento y más conocimiento.


enrique ortega


España produjo en 2017 por valor de 1.163.652 millones de euros, la mitad que Francia (2.287.603 millones) y la tercera parte que Alemania (3.263.350 millones de euros de PIB). Teniendo en cuenta la diferente población (46,56 millones en España frente a 65,20 en Francia y 81,36 millones en Alemania), podemos homogeneizar los datos con la producción por habitante en 2017: 24.993 euros per cápita en España, 35.086 euros en Francia y 40.110 euros por habitante en Alemania. A lo claro: los españoles somos un 29,8% menos productivos que los franceses y un 37,7% menos productivos que los alemanes. Y no sólo que ellos. Aunque España es la 5ª economía más grande de Europa, ocupamos el puesto 14º en el ranking de productividad europeo: producen más que nosotros, por habitante, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Francia, Italia y hasta Malta, según Eurostat.

La Comisión Europea, en su último informe sobre España 2018 (7 marzo) señalaba “los tres culpables” de que España tenga menos productividad que la mitad de Europa: la baja formación de los adultos españoles, la elevada precariedad laboral y la baja innovación tecnológica. Y aquí, las autoridades europeas colocan a España en el pelotón de países con innovación “moderada”, a la cola de la tecnología en Europa, sólo por delante de dos farolillos rojos (Bulgaria y Rumanía). Con ello, la Comisión Europea sitúa a España en el puesto 17 del ranking de innovación de la UE-28, encabezado por 6 países líderes en innovación, los más productivos y los más ricos (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca). Luego les siguen otros 6 países con fuerte innovación (Austria, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Francia y Eslovenia) y llega el tercer grupo, de “innovación moderada”, donde España tiene por delante a República Checa, Portugal, Estonia y Lituania.

No es sólo que España (el país del “milagro económico” del que presume Rajoy), esté en el puesto 17 en el ranking europeo de innovación y tecnología. Es que además, es uno de los pocos que está peor hoy que antes de la crisis, según el índice de innovación de la UE: si en 2008 teníamos el 80,1% de la innovación media europea (UE-28), en 2016 teníamos el 78,3%. A peor. Y eso, básicamente, porque en estos años, España ha recortado su gasto en tecnología (un -9,1% entre 2009 y 2016) mientras Europa lo aumentaba un +27,4%, Reino Unido un +39,3%, Alemania un +37,9%, Francia un +13,6% e Italia un +12,5%, según Eurostat. Así, no debería extrañarnos luego que seamos menos productivos que ellos, más pobres y que tengamos el doble o el triple de paro.

El informe de la Comisión Europea resalta que España gasta en Ciencia (I+D+i) casi la mitad que Europa: un 1,19% del PIB en 2016, frente al 2,03% la UE-28, con lo que el esfuerzo tecnológico de España, que llegó a un máximo en 2009 (1,39% del PIB, más cerca del 1,93% de la UE entonces) se ha perdido y estamos en los niveles de inversión en Ciencia de 2007. Diez años perdidos. Y esa caída nos ha retrasado aún más de los países punteros en tecnología: Suecia (gasta el 3,30% del PIB), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,05%), Austria (3,09%) o Alemania (2,94%). De hecho, 20 de los 28 países UE gastan más en tecnología que España. Y sólo hay 7 países europeos que gasten porcentualmente menos en Ciencia que España (Rumanía, Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Polonia y Lituania). Así nos va.

La caída drástica del gasto en Ciencia desde 2009 se debe sobre todo a los recortes en los fondos públicos para investigación (I+D+i), que suponen el 45% del gasto total: se ha pasado de 9.673 millones de gasto en 2009 a 6.513 millones en el Presupuesto 2017. Un recorte del 32,66 %, de un tercio del gasto. El sector estima que en estos 8 años de ajuste, la Ciencia ha dejado de recibir 21.728 millones de euros, según la COSCE, más de dos años íntegros de Presupuesto de la Ciencia. De ellos, -1.509 millones se deben a la “tijera” de Zapatero (recortes de 2010 y 2011) y -20.219 millones a la “tijera” de Rajoy, entre 2012 y 2014, ya que en los tres últimos años ha subido algo el Presupuesto para Ciencia (367 millones).

Pero este es el recorte “visible”, porque hay además otro recorte “invisible”, derivado de un hecho preocupante: los Presupuestos de Ciencia que se aprueban no se gastan. Esto ya pasaba antes (en 2008 no se gastó el 19,7% del Presupuesto y en 2011, el 42,4%), pero se ha agravado con el Gobierno Rajoy: en 2015 no se gastó el 48,10% del Presupuesto, en 2016 el 61,8% y en 2017… el 70,3% de lo presupuestado, según acaba de denunciar la COSCE con datos de Hacienda. O sea que además de destinarse poco dinero a Ciencia, 7 de cada 10 euros no se gastan. Y eso porque el Gobierno Rajoy ha utilizado “un truco contable” para “hacer que gasta” en Ciencia: más de la mitad del Presupuesto (el 59,45% en 2017) lo destina a créditos, que luego no se acaban pidiendo y no se gastan. Parece que “hay dinero para la Ciencia”, pero no es verdad, porque los organismos investigadores y las Universidades no piden esos créditos, porque no pueden endeudarse (no tienen recursos para devolverlos y además Hacienda no les deja aumentar su deuda). Resultado: entre 2009 y 2017 no se han gastado 20.950 millones en Ciencia que estaban presupuestados.

En total, entre el recorte real y el "invisible" (lo presupuestado y no gastado), la Ciencia ha perdido 42.678 millones entre 2009 y 2016, el gasto de 5 años. Y eso es sólo el dinero público, porque la Ciencia ha sufrido también los recortes de las empresas privadas, que suponen casi la mitad de la inversión total en tecnología: si en 2008 las empresas gastaban en tecnología 8.073 millones, en 2016 gastaron 7.125 millones, un 11,7% menos, según el INE. Lo más preocupante no es que las empresas españolas  inviertan menos sino que cargan con una parte pequeña de la inversión total en tecnología: gastan el 0,64% del PIB, la mitad que las empresas europeas (que invierten en Ciencia el 1,32% del PIB), según alerta la Comisión Europea. Y además, esa inversión tecnológica se concentra en España en las pymes (48%) y no en las grandes empresas, que son las que más deberían investigar: en España concentran sólo el 52% del gasto tecnológico empresarial, frente al 80% en Francia, Italia o Reino Unido y el 90% de la inversión empresarial en Alemania, según un informe de la Fundación COTEC. Y otro problema muy preocupante: un tercio de las empresas españolas que invertían en I+D+i en 2008 han dejado de hacerlo (5.000 de las 15.000 empresas que invertían).

Con este panorama, parece difícil que España cumpla el objetivo europeo de gastar en Ciencia el 2% del PIB en 2020 (gastamos el 1,19% en 2016): el informe 2018 de la Comisión Europea dice textualmente que es “poco probable”. El Gobierno Rajoy dice que sí, pero en las previsiones enviadas a Bruselas vuelve a hacer “trampa”: apenas sube el porcentaje de gasto de la Administración pública (del 0,22% del PIB en 2016 al 0,25% en 2020), pide un mayor esfuerzo a las Universidades (del 0,33 al 0,46) y le deja la mayor parte de la responsabilidad de cumplir con Bruselas a las empresas (que deben pasar de invertir en Ciencia el 0,64% del PIB en 2016 al 1,30% que les “adjudican” en 2020). Que cumplan otros.

Y en su parte, el dinero público para Ciencia, vuelven a presumir de que en el recién presentado Presupuesto 2018 hay 531 millones más para Ciencia (una “miseria” tras los 21.728 millones recortados antes). Pero otra vez hay “trampas”. El 58,7% del Presupuesto para Ciencia en 2018 (7.044 entre investigación civil y militar) son otra vez créditos y la Fundación COTEC ya ha anticipado que puede que este año se gaste aún menos del 30% del Presupuesto gastado en 2017, por problemas de gestión y burocracia. Así que hay más dinero para la Ciencia pero no se gastará, otro año más.

La Comisión Europea, en su informe sobre España 2018, critica estos recortes y el sistema de créditos, planteando que deberían reducirse y aumentar las subvenciones. Pero además, las autoridades comunitarias resaltan en ese informe otras debilidades de la Ciencia en España, además de la falta de recursos: baja digitalización de las pymes, carencia de capacidades digitales de muchos trabajadores españoles, falta de capital riesgo para la investigación, poca eficacia de los incentivos fiscales a la investigación, falta de evaluación sistemática del gasto en Ciencia (auditorías), pocos investigadores y con carreras precarias, escasa presencia de doctorandos extranjeros y una deficiente coordinación en las políticas de investigación entre el Estado central, las autonomías, las Universidades y los centros privados.

Los investigadores españoles destacan dos bloques de problemas, además de la falta de recursos: las plantillas y la burocracia. En el tema del personal, no sólo preocupa la pérdida de investigadores en estos años de recortes (12.216 perdidos entre 2010 y 2015), sino también que las plantillas son muy precarias (con un tercio  de temporales) y están envejecidas, mientras no se cubren apenas  jubilaciones ni vuelven los investigadores emigrados (se estima que hay entre 15.000 y 20.000 fuera de España). Pero lo que más preocupa últimamente es la enorme burocracia, que complica mucho el trabajo de los investigadores, sobre todo desde que en 2014, Hacienda metió a un inspector para fiscalizar las cuentas en cada Centro (“La Ciencia está intervenida de facto por Hacienda”, se quejan). El resultado es que ahora, contratar a un científico puede tardar un año o más y comprar material de 3 a 6 meses. Y todo son pegas y retrasos, máxime cuando llevamos dos años con Presupuestos prorrogados  (se limita el gasto al 50% hasta que el Presupuesto se apruebe finalmente).

Los investigadores se quejan y se manifiestan cada día y dicen que la situación de la Ciencia es insostenible, asfixiada por la falta de recursos y el exceso de burocracia. Ayer 11 de abril, presentaron en el Congreso un escrito apoyado por 275.000 firmas, y urgen que se aplique el Pacto por la Ciencia, firmado en diciembre de 2013 por todos los grupos políticos salvo el PP. Hay que ponerlo en marcha en dos frentes: conseguir más recursos para la Ciencia y reformas para gastarlos mejor, en línea con lo que plantea Bruselas.

El primer objetivo debería ser volver al nivel de gasto en Ciencia de 2009, gastar un 2% del PIB para 2020, lo que supondría gastar 1.000 millones de euros más en cada uno de estos tres próximos Presupuestos (no 531 millones). Pero gastarlos de verdad, cambiando créditos que no se piden por subvenciones, como ya propuso la OCDE en marzo de 2017. Y además, reformar el sistema de ayudas e incentivos fiscales a las empresas, para que gasten de verdad en tecnología, sobre todo las grandes empresas que llevan tres años con una mejora importante de beneficios. Tienen que entender que han de competir desarrollando productos con calidad e innovación, no pagando los salarios más bajos de Europa.

Y el otro frente de actuación debería ser hacer reformas de fondo para gastar mejor, con más eficiencia. La Comisión Europea y la OCDE dan la razón a los investigadores españoles, que se quejan de que el Gobierno Rajoy, para recortar el déficit, ha sumido a la Ciencia en una compleja burocracia, dejando una mínima flexibilidad para contratar personal, invertir y desarrollar proyectos, sumiendo en la precariedad a los investigadores. Y mientras se acrecienta el “control de legalidad”, se avanza poco en evaluaciones sistemáticas y falta coordinación entre el Estado central y las autonomías (hay enormes diferencias de gasto en Ciencia, desde el 1,89% del PIB en el País Vasco al 0,33% en Baleares) y entre los centros públicos y privados, con escasa investigación en las empresas, preocupadas por otras cosas.

Todo el mundo habla y presume de recuperación, pero no llega a la Ciencia, a pesar de que la escasa innovación y tecnología es uno de los culpables de que España sea menos productiva, más pobre y tenga menos gente trabajando. No valen “parches” como el del Presupuesto 2018. Hay que volcarse a tope con la Ciencia, con recursos, medios, personal y flexibilidad, para que mejore la eficacia de la economía y seamos más competitivos. La Ciencia debe ser nuestro pasaporte al futuro, a una vida mejor. Hay que recuperar una década perdida, invertir más y esforzarse todos, sin banderas políticas, en ser un país más tecnológico. Harán falta una o dos décadas para conseguirlo. Pero debe ser una de nuestras prioridades ya. Menos cemento y más conocimiento.

lunes, 9 de abril de 2018

El reciclaje, otra asignatura pendiente


La crisis nos ha dejado un duro legado de precariedad, pobreza y desigualdad, pero también más basura sin reciclar: si en 2008 no se reciclaba el 60%, ahora ha subido al 70%. España es el 9º país europeo que menos recicla, tras Grecia, Chipre, Malta y 5 países del Este. Y la Comisión Europea nos ha denunciado dos veces ante el Tribunal europeo de Justicia por nuestros vertederos ilegales. Europa acaba de aprobar unos objetivos más ambiciosos de reciclaje, pasando del 50% para 2020 (España no llega al 30%) al 65% en 2035 y exige a los países que incumplen con el reciclaje que tomen medidas urgentes. Entre ellas, subir las tasas a las basuras (un tercio más bajas en España) y fomentar la recogida separada, que es sólo el 18% del total. Hay que tomárselo en serio, con más fondos públicos y la colaboración de todos, porque también en cuestión de basuras “somos poco europeos. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.


enrique ortega

El mundo no para de generar basura, más de 10.000 millones de toneladas al año, según la actualización de los últimos datos de la ONU. Y un 20% de esa basura son residuos urbanos, de los ciudadanos, que generan 228.000 toneladas de basura por hora. El gran problema es que un 70% de esa basura no se trata y acaba en gigantescos vertederos o en el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Así, un tetrabrik tarda 30 años en descomponerse, el plástico de 50 a 400 años, las pilas mil años y el vidrio 5.000 años. Cada vez preocupan más los plásticos, que ya ocupan en el Pacífico una superficie que triplica la de España, según Greenpeace. Y la “basura electrónica”: 44,7 millones de toneladas, según un estudio de UNU, de electrodomésticos, ordenadores, teléfonos y aparatos varios desechados al año y que en un 75% acaban en vertederos, la mayoría de África y Asia.

Si tomamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), al margen de la basura generada por las industrias, la construcción, la minería o la energía, los países que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm), según datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los que generan más residuos son los países más desarrollados: Canadá (777 kg/habitante al año), EEUU (734 kg/hab), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (618), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482kg/hab).

España genera menos basura por habitante que la mayoría de países europeos: 466,4 kilogramos en 2015, según los últimos datos del INE, por debajo de la media europea (475 kilogramos/habitante al año). Durante la crisis ha caído la generación de residuos (menos consumo, menos basura), pero en 2015 ha subido un 1,6% y se espera que también haya subido en 2016 y 2017. Pero lo más preocupante es que el 55% de esta basura no se trata y se deposita en vertederos, frente al 28% de basura que no se trata en la UE. Y la causa principal es que la mayoría de la basura que generamos está mezclada y sólo un 18% de los residuos están “separados”, lo que dificulta su tratamiento.

En consecuencia, también en esto de la basura “Spain is different. Si en toda Europa se recicla casi la mitad de la basura (un 45,8% en 2016), en España se recicla menos de la tercera parte (el 29,7%), según Eurostat. Y somos el 9º país de Europa que menos recicla, sólo por detrás de Malta (7,1%), Rumanía (13,3%), Grecia (17%), Chipre (17,2%), Croacia (21,2%) , Eslovaquia (23%), Letonia (25,2%) y Estonia (28,1%). Todos ellos incumplen de lejos el objetivo de Europa para 2020: reciclar el 50% de las basuras. Pero hay cinco países, curiosamente los más desarrollados y ricos, que ya en 2016 cumplían ese objetivo europeo de reciclaje: Alemania (recicla el 66,1% de la basura), Austria (57,6%), Eslovenia (54,1%), Bélgica (53,5%) y Holanda (53%). Y casi cumplen Suecia (48,9%) y Dinamarca (47,7%).

Lo peor de España no es sólo que esté muy lejos de cumplir el objetivo europeo de reciclar la mitad de las basuras. Es que, con la crisis, hemos ido para atrás en el reciclaje. Así, en 2008, España reciclaba el 39,7% de las basuras (más que la UE-28, que reciclaba el 36,5%) y ahora es un 10% menos (29,7%), muy por debajo de la UE (45,8%), según Eurostat. Esto se debe, a que los Ayuntamientos han contado estos años con menos recursos para el reciclaje y a que los particulares nos hemos descuidado más, aunque haya menos basura.

La caída en el reciclaje ha agravado el problema de los vertederos, donde acaba el 55% de toda la basura urbana, cuando el otro objetivo europeo es que sólo llegue el 35% (para 2020). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que teníamos 300 vertederos ilegales. El Gobierno Zapatero se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero llegó la crisis y los recortes y no se hizo. En septiembre de 2014, Bruselas emitió otro dictamen donde requería a España para que actuara contra 63 vertederos incontrolados, muchos sin funcionar, que eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían ahí y llevó a España, junto a otros 10 países europeos, ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que en febrero de 2016 emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales. Y el 15 de marzo de 2017, el Tribunal emitió una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado), situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia (3), Baleares y Andalucía (1).

Ahora, la Comisión Europea puede pedir al TJUE que imponga una multa a España por no clausurar estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones euros) y Grecia (10 millones). El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y los recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado, insistiendo en que llevan años cerrados. El problema, alega Bruselas, es que estos vertederos ilegales son bombas de efectos retardados, porque pueden provocar incidentes (como el fuego en Seseña, Toledo) y porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Por ello, exigen Planes de cierre y tratamiento a 30 años vista, que la mayoría no tienen.

España tiene tantos vertederos ilegales y otros muchos “legales” porque recicla mucho menos, por un problema de origen (la mayoría de los residuos, el 82%, no se separan y están mezclados) y porque no se invierte suficiente en el tratamiento de residuos. Pero además, las plantas de reciclaje de basura funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría, aportados por Europa) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se puesta por plantas más pequeñas. Y además, las macro-plantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llaga al 5%, con lo que el 95% restante acaba en los vertederos, que proliferan por doquier.

Otro problema señalado por la Comisión es que España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y por ello “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, con lo que después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se puede reciclar y vender, con lo que acaba en los vertederos.

Y no es sólo la basura “tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal la basura electrónica (aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante, más que Europa (16,6 kg/hab) y más del doble que la media mundial (6,1 kg/hab), según la UNU y la UIT. Aquí, el porcentaje de reciclado es menor, el 25% (frente al 35% de media en la UE) y el 75% restante se gestiona de forma inadecuada, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta ilegalmente a países de África y Asia o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable si sabemos que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros), al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclado. Se trata de un fraude generalizado en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

La Comisión Europea aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el doble objetivo de que los países reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Ahora, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea ha aprobado unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos hoy el objetivo de reciclar el 50% (recordemos: se recicla el 29,7% de los residuos urbanos), tendrá muy difícil cumplir los objetivos para 2025 y 2035. Y sobre todo algunas autonomías, más retrasadas en el reciclaje que el resto, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan menos del 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2017 a España y otros 7 países europeos para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje”. En su informe, de 7 febrero 2017, Bruselas señalaba ya los problemas que tiene España: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos,  falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en la gestión de residuos, con escasos medios y poca financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que el Gobierno Rajoy no acaba de aplicar. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales. La idea es simple: se necesita dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado y ese dinero debe pagarlo quien genera la basura: comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares. Hoy por hoy, las tasas de vertidos que se pagan en  España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Y además, cada autonomía tiene impuestos diferentes sobre los vertidos (sólo Cataluña cobra además un segundo impuesto, por incineración de las basuras) e incluso hay 6 autonomías que no cobran los vertidos (Castilla la Mancha, Baleares, Canarias, País Vasco, Navarra y Galicia).

Curiosamente, hasta noviembre de 2017 no hubo un acuerdo entre el Gobierno español y las autonomías para “homogeneizar al alza” el impuesto sobre vertidos de basuras e incineración de residuos (copiando el de Cataluña), pero aún no ha entrado en vigor.

Otra recomendación de la Comisión Europea a España, en 2017, fue mejorar la recogida selectiva de basuras (introducir programas “puerta a puerta”), con planes específicos de “bioresiduos” (5º contenedor con llave), residuos textiles y basura electrónica,  exigiendo que todas las autonomías tengan Planes de gestión de residuos (faltan algunos). Y una tercera son medidas para implicar a los fabricantes en la reducción de envases y la producción de envases biodegradables, sobre todo en la alimentación y la hostelería. Además de frenar los plásticos, exigiendo el cobro de las bolsas de un solo uso (el decreto fija cobrarlas desde el 1 de marzo, pero faltan trámites legales y no se sabe cuándo se va a aplicar de verdad).

El Gobierno Rajoy no se toma el problema de los residuos como una cuestión de Estado, como debería ser. En noviembre de 2015 aprobó un Plan estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, por exigencias de Bruselas y para intentar coordinar las políticas de residuos de las autonomías. Y en febrero de 2018 acaba de aprobar la Estrategia de Economía Circular 2018-2020, que podría entrar en vigor en mayo, pero a la que le faltan recursos, como siempre (todo sea por recortar el déficit): de los 837 millones presupuestados, sólo el 3,4% de los fondos (29 millones en 4 años) serán para gestión de residuos. Una miseria, cuando los Ayuntamientos y las autonomías andan faltos de dinero para todo y también para fomentar la recogida selectiva de basuras y el reciclaje.

Un país moderno genera mucha basura pero tiene que buscar sistemas para reciclarla y que no contamine. Eso cuesta dinero y tienen que pagarlo quien genera la basura, desde el fabricante al consumidor, que debe concienciarse más para separar y generar menos basura. No podemos tener un país de vertederos, como si fuéramos el Tercer Mundo. Somos “un punto negro” en Europa y deberíamos volcarnos en ser un país más limpio, consumiendo de otra manera y reciclando más. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.