jueves, 16 de noviembre de 2017

Cambio Climático: más CO2 y pocas soluciones


Mañana se clausura en Bonn la 23 Cumbre del Clima, sin avances para concretar los recortes de emisiones aprobados en la Cumbre de París de 2015. El CO2 sigue creciendo en la atmósfera y bate todos los récords históricos, mientras los expertos alertan de que el consumo energético crecerá un 30% hasta 2040 y que si no se toman medidas drásticas, la temperatura del Planeta subirá entre 3 y 4 grados, no el 1,5 grado deseable. El mundo está en una preocupante encrucijada, con Trump fuera de control y China, India y paises emergentes emitiendo cada vez más. Europa aprueba medidas para aumentar las renovables y los coches eléctricos, mientras España volverá a emitir más CO2 este año, por el auge del carbón y la sequía. Y no tendremos Ley del Cambio Climático hasta dentro de 1 año. Urge que paises, políticos y ciudadanos tomemos medidas para afrontar el mayor problema del siglo XXI. Se acaba el tiempo para salvar el Planeta y nuestras vidas.


enrique ortega


El 30 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio una nueva alerta: la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó en 2016 las 403,3 partes por millón (ppm), un nuevo récord histórico, que casi duplica el CO2 de niveles preindustriales (antes de 1750). Y daban un dato escalofriante: la última vez que la tierra conoció una cantidad de CO2 comparable fue hace entre 3 y 5 millones de años, cuando la temperatura era entre 2 y 3 grados más alta y el nivel del mar era entre 10 y 20 metros más alto que hoy.

El nivel de CO2 en la atmósfera sigue subiendo a pesar de que las emisiones mundiales se han estancado en los últimos tres años, en 2014(+0,7%), 2015 (+0,06%) y 2016 (+0,2%). Pero han sido muchas décadas de emitir CO2 a mansalva y el gas se queda ahí durante milenios y más en los océanos. Además, lo preocupante es que las emisiones de CO2 van a volver a crecer en 2017, un 2%, hasta alcanzar 41,5 gigatoneladas, según dos estudios difundidos días antes de la Cumbre de Bonn. Y eso porque subirán las emisiones de China (+3,5%), India (+2%) y paises emergentes, aunque bajarán en EEUU y Europa.

Actualmente, los mayores emisores de CO2 son China (29,17% de todas las emisiones en 2016), Estados Unidos (14,01%), Unión Europea (9,60%), India (7,08%), Rusia (4,60%) y Japón (4%), repartiéndose el 21,54% restante entre el resto del mundo. Pero esta estadística es engañosa, por partida doble. Por un lado, China, India y los emergentes emiten mucho hoy porque están creciendo, pero Occidente lleva más de dos siglos emitiendo CO2. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta la población, las emisiones por habitante. Y aquí, Occidente bate todos los récords, encabezando el ranking Canadá (18,62 Tm CO2/cápita en 2016), Australia (17,22), Arabia Saudí (16,1), Estados Unidos (15,56), Rusia (11,54), Japón (9,68), Europa (8), China (7,45) e India (1,92), según puede verse en este mapa. En Europa, las mayores emisiones de CO2 por habitante se dan en Alemania (9,47 Tm), Italia (6,30), Reino Unido (5,5), España (5,44 Tm/habitante), Francia (5,12) y Portugal (4,82 Tm).

El CO2 (emitido por los transportes, la industria, las eléctricas, las viviendas, la agricultura y ganadería y los residuos) es culpable del 80% de los gases de efecto invernadero, una especie de “paraguas” que rodea la Tierra y evita que el calor salga a la atmósfera exterior. El resto del problema se debe a las emisiones de metano (12% emisiones), óxido nitroso NO2 (5% emisiones) y gases fluorados (3%). Y lo que pasa es que las emisiones de metano no dejan de crecer desde hace una década, agravando así el aumento de CO2. El 39,2% del metano es de origen natural pero el 60,8% restante se debe a actividades humanas: un tercio  a la ganadería (los 2.500 millones de cabezas de ganado emiten metano), otro tercio a la producción y distribución de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), un 18%  a la gestión de basuras y aguas residuales y otro 9% por los arrozales. Al final, los paises pobres y en desarrollo de África, Asia y Latinoamérica producen el 64% del metano que va a la atmósfera y un 30% los paises ricos del norte.

En la Cumbre de París de 2015,195 paises firmaron un Acuerdo para recortar las emisiones sólo de CO2, no las de metano y demás gases de efecto invernadero. El objetivo es recortar las emisiones de CO2 entre el 20% y el 30% para 2030, para que la temperatura de la Tierra suba a finales de siglo entre 1,5 y 2ºC, no los 3º o 4ºC que subiría si no se hiciera nada. Y en paralelo, la promesa de crear un Fondo verde de 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los paises más pobres a reconvertir su energía y paliar los daños del Cambio Climático. El Acuerdo de París era limitado (porque los recortes son voluntarios, no vinculantes para los paises) e insuficiente: científicos del IPCC (organismo de la ONU) señalaron después que, con los recortes prometidos en París, la temperatura subiría de 2,9 a 3,4 grados a finales de siglo, no los 1,5º-2ºC deseados.  Pero aun así, era un importante punto de partida, la primera vez que todo el mundo se ponía de acuerdo en reducir emisiones (a partir de 2020), ya que el actual Protocolo de Kioto (en vigor de 2005 a 2020) solo fue aprobado (en 1997) por Europa y 10 pequeños paises, no por EEUUU, China, Rusia, India o Japón, los mayores emisores.

Han pasado dos años de la firma del Acuerdo de París y apenas se ha avanzado contra las emisiones de CO2, mientras el Cambio Climático se hace omnipresente: mayores temperaturas (2016 y 2017 serán los años más calurosos del siglo), sequías, huracanes, inundaciones, malas cosechas y hambrunas… Y además, Donald Trump retiró en junio de 2017 a EEUU del Acuerdo de París, con lo que queda en el aire el importante recorte de emisiones prometido por Obama: entre el 26% y el 28% para 2015 (sobre 2005). En esta Cumbre de Bonn había que avanzar en las medidas para recortar las emisiones y decidir quien aporta los 100.000 millones del Fondo verde, pero apenas se ha concretado nada y todos los Planes quedan para la próxima Cumbre del Clima de finales de 2018, en Katowice (Polonia), el país más “sucio” de Europa.

Lo preocupante de no concretar medidas para recortar las emisiones es que mientras, el mundo sigue consumiendo energía y emitiendo CO2 de forma imparable ahora que se crece más. Y la Agencia Internacional de la Energía acaba de alertar que el consumo de energía se va a disparar en el mundo: crecerá un +30% de aquí a 2040, debido al fuerte crecimiento esperado (+3,4% anual del PIB) y al aumento de población (de 7.400 a 9.000 millones), pero sobre todo al fuerte crecimiento del consumo energético en China (casi duplicará su consumo energético para 2040), India (lo triplicará con creces), resto de Asia y Oriente Próximo (lo duplicarán) y África (triplicará su consumo de energía), mientras crecerá poco en Europa y USA. O sea que el mundo en desarrollo crecerá a costa de disparar su consumo energético (petróleo y gas, pero también carbón) y emitir lo que antes han emitido los paises ricos. Y con este horizonte, no hay manera de luchar contra el Cambio Climático.

Así que la lucha contra el Cambio Climático no está tanto en Occidente (que también: somos los que más emitimos por habitante) sino en conseguir que el mundo en desarrollo crezca de otra manera, con combustibles más limpios, para lo que van a necesitar la tecnología y las ayudas de Occidente. Y no será fácil, porque no van a poner en peligro su crecimiento por la ecología. Pero ahí nos jugamos todos el futuro, en Asia, Latinoamérica y África.

Mientras, Europa sigue a la vanguardia política de la lucha contra el Cambio Climático y tanto Merkel como Macron han acordado en Bonn celebrar una Cumbre extraordinaria en diciembre, en París, con 100 Jefes de Estado mundiales, para reforzar la lucha contra el cambio Climático ahora que no se puede contar con EEUU . Entre tanto, la Comisión Europea teme que 7 paises europeos no puedan cumplir sus recortes de emisiones para 2020 (Alemania, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Malta) y ha optado por "dar una vuelta de tuerca"  y elevar los objetivos medioambientales de la UErecortarán sus emisiones un 40% para 2030 (sobre las de 1990) y elevarán al 35/40% la aportación de las energías renovables. Además, el 8 de noviembre han aprobado límites más estrictos a las emisiones de los coches, con importantes ayudas a los coches eléctricos. Y quieren  cambiar el sistema que penaliza las emisiones de CO2 de eléctricas e industrias (45% de las emisiones totales en la UE), porque actualmente el precio en el mercado del CO2 está muy barato (7 euros por Tm, cuando debía estar en 30 euros) y a las empresas les compensa pagarlo en vez de invertir en sistemas para contaminar menos.

Entre tanto, España va a su aire, también en esto de las emisiones y las medidas contra el Cambio Climático. En 2016 se redujeron las emisiones de CO2 un 3,5%, tras subir en 2014 (+0,5%) y 2015 (+3,5%). Pero este año 2017, las emisiones de CO2 volverán a subir en España, dado que la sequía ha provocado un aumento del consumo de carbón y un menor peso de la electricidad  producida con fuentes renovables (33,7% frente al 38,9% en 2016 y el 40,5% en 2013 y 2014). Pero lo peor es nuestra “historia”. España es uno de los 5 únicos paises de Europa (junto a Chipre Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2015 (+16,6%) mientras los 23 restantes y la propia UE las reducían (-23,7%), según los datos de la Agencia europea de Medio Ambiente. Así que ahora, cumplir con los Acuerdos de París y recortar las emisiones nos va a costar mucho más que al resto. Porque nos tocará en el reparto reducir las emisiones un 26% sobre 1990: significará reducir ese 26% más el 16,6 de aumento…

¿Quién tiene que reducir las emisiones de CO2 en España? Pues los que contaminan: el 27% de las emisiones las causan los transportes (25% la carretera), el 23% las industrias, el 18% las eléctricas, el 12% las viviendas y edificios, el 11” el campo (70% la ganadería), el 4% las refinerías y otro 4% la gestión de residuos, según el balance 2016 enviado a Bruselas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Así que ahí urge actuar. De momento, el Gobierno ha estado recibiendo aportaciones de expertos hasta finales de octubre (más de 300) y ahora tiene que preparar un proyecto de ley de cambio Climático, que dice va a aprobar en el primer trimestre de 2018. Y luego, tendrá que pactarla en el Congreso, con lo que se espera que la Ley española de Cambio Climático no esté lista hasta finales de 2018.

La primera medida que han propuesto a España la Agencia Internacional de la Energía y la OCDE es que el Gobierno recorte las ayudas públicas a los combustibles fósiles, que suponen 1.100 millones de euros al año, según el IDIMA: 470 millones a las centrales térmicas de carbón y gas, 339 millones de exenciones fiscales al transporte y 400 millones a la agricultura (devolución impuesto hidrocarburos). Es una locura financiar con dinero público el consumo de energías que envenenan la atmósfera. Otra medida clave es acabar con el carbón en la generación de electricidad (hoy aporta el 17% de la luz), ya que 9 de las 10 instalaciones que más contaminan en España son centrales térmicas de carbón. Y aquí se da el contrasentido de que Iberdrola quiere cerrar dos centrales de carbón y el ministro de Energía se opone, “por temor a que falte suministro” (la realidad es que la oferta eléctrica duplica la demanda). La clave es apoyar las energías renovables y reducir las centrales de gas (emiten CO2) y las nucleares (potencialmente peligrosas y generan unos residuos costosísimos).

Los transportes, la mayor fuente de CO2, exigen un amplio paquete de medidas. Desde recortar el peso de la carretera (83% de las mercancías frente al 45% en Europa) a fomentar el ferrocarril y el coche eléctrico: en España se venden 4.750 coches eléctricos al año (el 0,4% de las ventas de 2016) y haría falta tener 300.000 coches eléctricos en 2020 (el 5% de las ventas) para cumplir con los Acuerdos de París, según Deloitte. Y eso no se va a conseguir con ayudas ridículas, como los 35 millones recién aprobados por el Plan Movalt (la Comisión Europea acaba de aprobar 1.000 millones para promover el coche eléctrico).

Otro sector clave es la industria (23% emisiones), donde urge una política del palo (endurecer el coste de la Tm de CO2 emitida) y la zanahoria (ayudas públicas y créditos para reconvertir las instalaciones). Y lo mismo en el campo, a la vez que los consumidores nos concienciamos de que comemos demasiada carne, culpable de muchas emisiones: debemos saber que producir 1 kilo de cordero supone emitir 10.629 gramos de CO2, 7.275 gramos de CO2 para 1 kilo de vaca, 2.592 gramos de CO2 para 1 kilo de cerdo, 1.409 gramos 1 kilo de pollo o sólo 299 gramos de CO2 para producir un kilo de tomates o 140 gramos para 1 kilo de naranjas. Y otro tanto en nuestras casas y edificios, al poner la calefacción o ahorrar energía: habría que rehabilitar energéticamente 12 millones de viviendas (la mitad del parque español) de aquí a 2050 para cumplir con la Directiva energética de la UE.

Al final, recortar emisiones de CO2 (y metano) pasa por tratar de ahorrar energía y consumir energías más limpias, huyendo en lo posible del petróleo, el carbón y el gas. Y todo ello exige inversiones, cuesta dinero. Exige una inversión entre 330.000 y 385.000 millones de euros de aquí a 2050, según un estudio de la consultora Deloitte, la mayoría (65%) en el sector eléctrico. Eso supone gastar unos 10.000 millones al año contra el Cambio Climático. Una buena parte de ese dinero podría venir de los impuestos verdes, ya que España está a la cola de Europa en impuestos medioambientales: ingresamos el 1,8% del PIB frente al 2,5% de media en la UE-28. Con estos impuestos a industrias y particulares que contaminan podrían ingresarse 7.800 millones más al año. Y podríamos empezar subiendo los impuestos a los carburantes, porque en España la gasolina paga un 27% menos de impuestos (18  céntimos menos/litro) y el gasóleo un 25,6% menos (14 céntimos menos/litro) que la media europea. Eso sí, otra parte del esfuerzo inversor lo tendríamos que hacer los consumidores, que tendríamos que pagar precios más altos para tener una economía más limpia.

Pero es lo que hay: o se toman medidas y se gasta dinero en reconvertir la economía para que deje de consumir a todo trapo energías contaminantes o cada vez habrá más emisiones, subirá la temperatura del Planeta (ya llevamos +1,1ºC sobre la era preindustrial) y el Cambio Climático nos pasará factura, en olas de calor, sequías, huracanes, inundaciones, malas cosechas  y subidas del nivel del mar peligrosas para los millones que viven en las costas. Un Cambio Climático que, según los expertos, afectará más a España que al resto de Europa. No podemos arriesgarnos a todo eso. Pero el tiempo para tomar medidas se acaba, como acaban de advertir 15.000 científicos en una carta pública. Paises, políticos y ciudadanos tenemos que afrontar en serio el problema, el más grave de este siglo. Nos jugamos el Planeta y nuestras vidas, pero sobre todo las de nuestros nietos y sus descendientes.

lunes, 13 de noviembre de 2017

Vivienda: suben ventas y precios, sin "burbuja"


La venta de pisos ha vuelto a subir en septiembre y son ya casi 4 años de recuperación, tras el desplome de 2008 a 2013. Lo que tira de las ventas son los inversores, extranjeros y españoles, que compran pisos para alquilarlos, algo cada vez más rentable. Y también que hay más gente trabajando y más hipotecas. Con este tirón de ventas, los precios de los pisos siguen subiendo, 13 trimestres seguidos, aunque sólo recuperan un tercio (+16%) de la caída de precios sufrida con la crisis (-42%). Se consolida el despegue de la vivienda, pero no hay riesgo de “burbuja” inmobiliaria, salvo en el centro de las grandes ciudades, donde precios y ventas se han disparado, en pisos y alquileres. El problema está en que esta recuperación de la vivienda dificulta que muchos españoles, con empleos precarios y salarios mileuristas, compren o alquilen. Son un 30% de las familias. Y nadie les ofrece viviendas públicas a bajo precio, desatendidas por el Estado, autonomías y ayuntamientos.

enrique ortega



La vivienda se recupera poco a poco, aunque lejos del “boom” de ventas y precios de principios del siglo XXI. En septiembre han vuelto a subir las ventas de viviendas, un 11% sobre septiembre del año pasado, según los datos del INE conocidos hoy. Y con ello, se han vendido ya este año 354.400 viviendas, un 14% más que el año pasado. Los expertos esperan cerrar el año con unas ventas de 470.000 viviendas (el mejor dato de ventas desde 2008), lo que convertiría a 2017 en el 4º año consecutivo de subida de ventas desde 2014 (318.800 viviendas vendidas), tras el desplome sufrido de 2007 (775.300 pisos vendidos) a 2013 (312.600 viviendas vendidas). Se trata de una recuperación firme, pero no puede hablarse de una nueva “burbuja inmobiliaria”, porque las ventas están todavía muy lejos de los años dorados del ladrillo, de 2004 a 2007, cuando en España se vendían una media de 885.000 viviendas al año.

El tirón de las ventas se debe a las viviendas de segunda mano (82 de cada 100 viviendas vendidas, 328.200 en 2016 frente a 162.600 en 2012), ya que la venta de viviendas nuevas todavía no se ha recuperado (se vendieron 75.600 en 2016, frente a 155.900 en 2012), mientras que antes de la crisis la proporción de venta de usadas/nuevas era 50/50. Y hay que resaltar que el repunte de ventas es muy desigual por regiones: este año, las ventas de viviendas crecen más en Castilla la Mancha, Comunidad valenciana, Galicia, Extremadura y Madrid. Y crecen menos en Navarra, el País Vasco y Rioja.

Casi tres de cada cuatro compradores de vivienda (71,26%) lo hacen para vivir en ella, pero más de una cuarta parte (28,74%) la compran para invertir en ella, para alquilarla, según un estudio de Tecnocasa. Son inversores, españoles y extranjeros (el 17% de las compras las hacen extranjeros, frente a un 10% antes de la crisis), que están tirando de las compras y que ven la vivienda como una buena inversión: comprar un piso y alquilarlo está dando una rentabilidad del 7,1% en septiembre de 2017 (frente al 5,9% hace un año), según un análisis del portal Idealista. Una rentabilidad muy superior a la de otras inversiones, desde la Bolsa a la deuda pública. Y aún es mayor la rentabilidad de invertir en locales comerciales (8,3%) y oficinas (7,7%), lo que explica el aluvión de dinero (español y sobre todo de fondos extranjeros) que está llegando al sector inmobiliario español (aquí sí puede haber una “burbuja”).

Volviendo a los pisos, no sólo se venden más porque mucha gente los compre para alquilar, sino también porque hay más familias que los compran para vivir, ahora que los precios son todavía bajos y ellos tienen más empleo (hay 2 millones de españoles más trabajando que en 2013), aunque sea precario y mal pagado. También tiran de las compras los extranjeros que comprar en España para vivir, veranear o invertir (el 17% de las compras, que llegan al 50% en Alicante, el 44% en canarias, el 33% en Baleares y el 32% en Gerona y Málaga). Y también ayuda a las ventas que ahora las hipotecas (sólo 1 de cada 3 viviendas se compran al contado) son más baratas (el tipo medio está en el 2,76%, a 24 años) y los bancos han empezado a “abrir la mano, eso sí mirando con lupa a quien le prestan (buscando que tengan contratos fijos y un ingreso mensual que triplique al menos la cuota de la hipoteca). La concesión de hipotecas viene creciendo desde principios de 2015 y se están dando unas 26.000 hipotecas al mes, la cuarta parte de las que se daban en los años del “boom del ladrillo” (108.000 hipotecas al mes en 2006).

El tirón de las ventas se ha alimentado sobre todo del desplome de precios de la vivienda con la crisis: los pisos bajaron un 42% entre 2007 y 2013. Pero ahora, el tirón de las ventas ha provocado una fuerte subida de precios, que dura ya 13 trimestres, desde la primavera de 2014, con una subida acumulada del 16% (5,45% este año 2017). Eso sí, la subida de precios está siendo muy desigual, siendo mayor en los centros de las grandes capitales y en las ciudades donde hay menos stock de viviendas sin vender. Las mayores subidas se dan este año en Madrid (+7,9%), Cataluña (+5,9%) y País Vasco (+5,5%), mientras los precios sólo bajan en Asturias (-0,7%), según los últimos datos del INE.  

Ahora, los expertos creen que los precios seguirán subiendo tres o cuatro años más, una media del 4,7% anual, según Moodys, aunque es probable que no recuperen el 26% perdido todavía respecto a los precios de 2007. Eso significaría que el propietario que piense en vender no debería esperar más, porque los precios pueden estar ya cerca del límite. Y que el comprador potencial no debe esperar tampoco, porque los precios seguirán subiendo, aunque menos que en los últimos años. Eso sí, la subida futura va a depender mucho de las zonas: Andalucía, Baleares y Canarias tienen menos recorrido de subidas y sin embargo los precios pueden subir más en Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón.

El futuro de la vivienda depende mucho de que propietarios y bancos consigan dar salida al enorme stock de viviendas sin vender, estimado por el Banco de España en 508.549 viviendas (un 2% del parque total). Este enorme patrimonio de casas sin vender frena la subida de precios, sobre todo en las zonas donde el stock es mayor: Murcia (5,5% de viviendas sin vender), Comunidad Valenciana (4,8%), Cantabria (3%), Castilla la Mancha y Andalucía (2,5%). El problema del stock de viviendas sin vender es de tal magnitud en algunas provincias (Castellón, Toledo, la Rioja, Almería, Ciudad Real, Alicante, Teruel, Ávila, Lérida y Soria) que la patronal de los promotores-constructores propuso el año pasado “llegar a demoler viviendas, para ayudar así a recuperarse el sector… Una locura y un sinsentido en un país donde hay millones de familias que no pueden comprar un piso y dos millones de jóvenes que tampoco pueden alquilarlo, por lo que el 80% viven con sus padres.

Ahora, los expertos confían que las ventas de viviendas sigan creciendo mes a mes y en 2018 ronden la cifra de 500.000 viviendas vendidas, cerca ya de las 558.429 vendidas en 2008 pero todavía lejos del promedio de 885.000 vendidas al año entre 2004 y 2007. Si sigue fuerte la demanda y se agotan las viviendas usadas en algunas provincias, podrían empezar a construirse más viviendas nuevas, que por ahora despegan despacio: en 2016 se terminaron 60.000 viviendas nuevas, por encima del mínimo de 34.300 viviendas construidas en 2013 pero muy lejos todavía de las 865.000 viviendas iniciadas en España en 2006. Los promotores piensan que en los próximos años se podrían iniciar 100.000 viviendas al año, pero se quejan de que se están disparando los precios de los solares (sobre todo en las grandes capitales) y los sueldos, debido a que falta mano de obra preparada en la construcción (desde soladores a yeseros pasando por pintores y fontaneros, que perdieron su trabajo hace 10 años y no han sido sustituidos por jóvenes formados que quieran trabajar en una obra).

La clave del futuro de la vivienda va a estar en que las familias españolas se recuperen, mejoren sus empleos y sus ingresos y puedan pensar en comprar un piso, algo que se va a poner más difícil a partir de 2018 porque van a subir los tipos de interés, al retirar el BCE sus estímulos monetarios. Con todo, hay una parte importante de españoles que no notan la recuperación y que no van a poder pensar en ser propietarios de un piso: son todas las familias que ingresan menos de 2.000 euros al mes (el 30% de los hogares, 5.5 millones de familias, según un estudio de Fedea ) y que por tanto no pueden pagar los 810 euros al mes de hipoteca que les costaría comprar un piso medio en una gran ciudad. Con esos ingresos, les resulta difícil incluso alquilar, porque los alquileres han subido un 12,3% en el último año y un alquiler medio en una gran ciudad cuesta ya entre 700 y 1.200 euros al mes (fuera del centro), una cantidad que tampoco pueden pagar muchos jóvenes y familias.

Eso obliga a muchos españoles a buscar un piso de promoción pública  o un alquiler social. El problema es que no hay, sobre todo donde más falta hace, en las grandes capitales. Y no hay porque el Estado, las autonomías y ayuntamientos han abandonado la promoción de viviendas públicas, sobre todo desde 2010 y más desde 2012, con el Gobierno Rajoy. Y así, si entre 1940 y 2011, la mitad de las familias españolas accedieron a su primera vivienda gracias a una vivienda protegida, en 2016 sólo se iniciaron 6.000 viviendas protegidas. Y los expertos alertan que si no se toman medidas, la vivienda protegida desaparecerá: a los promotores no les compensa construirlas (hay un exceso de burocracia y faltan suelo y ayudas) y al comprador no les compensa adquirirlas, porque el precio supera en un 15% a las viviendas libres, no existen apenas ayudas y luego tienen limitaciones para venderlas. Y tampoco las autonomías ni los Ayuntamientos (salvo ahora el de Madrid) se están volcando en promociones de viviendas públicas para alquilar.

En resumen, que la vivienda se recupera en ventas y precios, pero sin estridencias, sin que vayamos a una nueva “burbuja inmobiliaria” por el momento. Y aunque hay más familias que ahora pueden comprar una vivienda, todavía el empleo es demasiado precario y los sueldos bajos como para asentar las ventas, que crecen impulsadas por los inversores, españoles y  extranjeros que compran para alquilar. Eso sí, el problema de la subida de precios de los pisos deja fuera a un tercio de familias, que no pueden comprar ni tampoco alquilar y a las que no se ofrece una salida, con promociones públicas de vivienda en alquiler. Hace falta un Pacto por la vivienda pública, entre el Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los promotores, para crear un parque de vivienda pública, como tienen otros paises europeos. No dormirse en la recuperación de la vivienda libre. Porque muchos españoles siguen sin casa.

jueves, 9 de noviembre de 2017

La industria no se recupera


España lleva 4 años creando empleo (precario), pero casi en exclusiva en los servicios: 73 de cada 100 nuevos empleos (la mitad en el turismo, la hostelería y el comercio) y sólo 17 de cada 100 en la industria, el sector que crea un empleo más estable (80% indefinido) y mejor pagado. La industria española ha ido perdiendo peso desde los años 70, cuando aportaba el 38% de la riqueza, y ahora sólo aporta el 12,87% del crecimiento (PIB), lejos del objetivo del 20% que busca Europa para 2020. Hace ya un año que sindicatos y patronales firmaron un Pacto por la industria, pidiendo una serie de medidas para impulsar la industria en España, pero el Gobierno Rajoy no ha tomado ninguna ni la oposición se lo ha exigido. Y eso es preocupante, porque reindustrializar España es clave para asentar la recuperación y mejorar la competitividad en el mundo. El futuro está en la industria. No podemos ser un país de bares, hoteles y tiendas.

Hubo una época, los años 60 y 70 del siglo XX, en que España fue un país industrializado: el desarrollismo franquista llegó de la mano del turismo y de una poderosa industria estatal (a través del INI), asentada en la siderurgia, el naval, la energía, los automóviles, la aeronáutica, la química y las farmacéuticas. En 1972, la industria suponía más de un tercio de la economía (38,87% del PIB) y todavía en 1980 España era la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González se vio obligado a afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (una fuente de pérdidas). Y en los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las industrias públicas más rentables (de Telefónica a Repsol), mientras España se volcaba en el ladrillo y en los servicios. El resultado es que ahora estamos en el puesto 15º del ranking industrial mundial (y bajando) y la industria aportó en 2016 sólo el 12,87% de la riqueza (el 16,20% si sumamos la construcción), según la Contabilidad nacional del INE, lejos del 15,5% que aporta la industria en Europa (y del 22% en Alemania).

La industria es un sector importante en la economía de cualquier país, no sólo porque genera más riqueza (es “más productiva” que la agricultura, la construcción o los servicios) sino porque su empleo es más estable (el 80% de los contratos en la industria son indefinidos) y está mejor pagado: el sueldo medio en la energía es de 51.919 euros y el de las industrias manufactureras de 26.543 euros, frente a 19.651 euros que ganan en el comercio o los 13.977 euros de sueldo medio en la hostelería, según la última Encuesta anual de estructura salarial del INE (datos 2015). Además, es un empleo “más seguro”: en las crisis, cae menos que en el resto de los sectores. Así, en España, la industria ha sido el segundo sector que perdió menos empleo entre 2008 y 2014 (985.700 ocupados menos, el 30% de los que trabajaban en la industria), sólo más que la agricultura (21.500 empleos perdidos)  y menos que la construcción  (1.617.300 empleos perdidos, el 63% del empleo que había antes de la crisis) y los servicios (1.071.800 empleos perdidos, el 7,6% del empleo de 2008).

El problema ahora es que la recuperación ha llegado menos a la industria. Por un lado, el peso de la industria en la economía apenas ha mejorado con el crecimiento de la economía: si en 2007 aportaba el 13,47% del PIB (y el 16,36% con la construcción), en 2013 había bajado al 12,25% (12,45% con la construcción) y en 2016 sólo aporta el 12,87% (el 16,20% con la construcción), según la Contabilidad nacional del INE. Y lo peor es el empleo: si España ha creado algo más de 2 millones de empleos desde la primavera de 2014 (+2.098.600 empleos según la EPA), sólo 372.100 de esos nuevos empleos se han creado en la industria (el 17,7%), frente a 1.546.100 en los servicios (el 73,67%) y 212.500 en la construcción (el 10,12%), mientras la agricultura sigue destruyendo empleo (-32.100 más desde 2014).

El problema es que el nuevo empleo se ha creado sobre todo en los servicios (la mitad en la hostelería, el turismo y el comercio), donde ya hay más gente trabajando que antes de la crisis (14.446.900 personas en septiembre de 2017, frente a 13.972.600 en 2008). Y mientras, la industria ha recuperado sólo un tercio del empleo perdido con la crisis: 372.100 de 985.700 perdidos, con lo que hoy trabajan en el sector industrial 613.600 personas menos que antes de la crisis (2.670.700 frente a 3.284.300). Y esta menor recuperación del empleo en la industria se traduce en que el empleo hoy es más precario, menos estable y peor pagado. Y que la economía es menos competitiva (España ha caído hasta el puesto 34 en el ranking mundial de competitividad 2017 del Foro Económico Mundial)  y menos productiva, porque el crecimiento se asienta más en los servicios y menos en la industria. Somos cada vez más un país de bares, hoteles y tiendas y menos un país de industrias. Y así nos va.

La pérdida de la industria no es un problema sólo de España sino también de Europa, que ha perdido potencia industrial en las últimas dos décadas frente a Estados Unidos, Japón, China y los paises emergentes, donde muchas industrias europeas han trasladado cadenas de producción y montaje, en perjuicio del empleo industrial en Europa. Por ello, la Comisión Europea pidió a los paises, en marzo de 2014, un Plan conjunto para recuperar la industria europea, con el objetivo de que aportara el 20% de la riqueza (PIB) en  2020 (ahora es el 15,5%, aunque en Alemania llega al 22%). El Gobierno Rajoy aprobó en septiembre de 2014 una Agenda para el fortalecimiento de la industria, con un catálogo de 100 medidas, pero ha quedado en “papel mojado”, sin apenas recursos. Y la industria no se recupera.

La industria española tiene una serie de debilidades estructurales, señaladas en un reciente documento de CCOO. La primera, el reducido peso de la industria tecnológicamente avanzada (sólo el 6,2% del total) frente al enorme peso de las industriales tradicionales (agroalimentaria, química, farmacéutica, automóvil y transporte suponen el 55% de la industria), lo que se traduce en una menor productividad y competitividad. La segunda, el elevado peso de las pymes: sólo el 15% de las empresas industriales españolas tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las industrias alemanas. Y ese menor tamaño redunda en menos inversión, menos tecnología y peor acceso al crédito. La tercera debilidad es el atraso tecnológico, derivado de que España no invierte (más bien recorta) en Ciencia (el 1,23% del PIB frente al 2,02% la UE-28) y de que las empresas españolas gastan en tecnología la mitad que las europeas (un 0,64% del PIB frente al 1,07%) y un tercio que las empresas de los paises OCDE (que invierten el 1,5% del PIB  en tecnología). La cuarta debilidad, la falta de financiación a la industria, ahora que los grandes inversores se dedican a la especulación financiera e inmobiliaria y la banca “ha huido” de la industria. Y hay un quinto "hándicap", la geografía: nuestras industrias están a 2.300 kilómetros de los mercados del centro de Europa, aunque también están muy bien situadas como "puente" frente a América y África.

Todavía hay otras dos debilidades muy importantes. Una, que las industrias españolas pagan la electricidad mucho más cara que las europeas, lo que les resta competitividad y eficacia: el precio del kilowatio industrial era de 0,086 euros en 2016 (sin impuestos), un 28,3% más caro que en Alemania (0,067 €/kWh, también sin impuestos), un 30,3% más caro que en Francia (0,066 €/kWh) y un 21% más caro que la media europea (0,071 €/kWh), según datos de Industria. Y la otra, que la industria española cuenta con una mano de obra poco formada: el 41,7% de los adultos españoles tienen una formación baja (la ESO o ni siquiera) frente al 22% en la OCDE y el 20% en Europa (15% en Alemania) y otro 22,6% tienen una formación media (Bachillerato o FP), frente al 44% en la OCDE y el 46% de adultos en Europa, según los preocupantes datos del informe de la OCDE “Panorama de la educación 2017”.


Eso sí, hay una ventaja clara de la industria española, forzada por tener el doble de paro y la reforma laboral de Rajoy: sus costes laborales son más bajos que en la mayoría de Europa. Así, en 2016, el coste laboral por hora en España era de 21,3 euros, frente a 25,4 euros en la UE-28 y 29,8 euros/hora en los paises euro (+40%), muy lejos de los 35,6 euros/hora en Francia (+67%), los 33 euros/hora en Alemania (+55%), los 27,8 euros/hora en Italia (+30%) o los 27,7 euros/hora en Reino Unido (+30%), según Eurostat.

Los problemas están claros y los reiteran la mayoría de expertos. También que la industria es un sector clave para la recuperación, para conseguir aumentar la productividad y la riqueza del país y crear un empleo más estable, de más calidad y mejor pagado. Por eso, el 28 de noviembre de 2016 sucedió algo inaudito en España: los sindicatos (UGT y CCOO) y las principales patronales de la industria (del automóvil, la alimentación, la química, el petróleo, el cemento, el papel, la siderurgia, el metal,  el textil y el calzado) firmaron un Pacto de Estado por la Industria, un acuerdo donde pedían una serie de medidas para impulsar la industria en España. Básicamente, más apoyo a la tecnología y a la innovación, otra política energética, ayudas a la internacionalización de las empresas, más financiación a la industria, mejora de las infraestructuras y el transporte, políticas activas de formación, menos dispersión normativa por autonomías y más ayudas fiscales a la industria. Y que el Gobierno crease una Secretaría de Estado de Industria, como motor de la reindustrialización.

Ha pasado casi un año de la firma de este Pacto de Estado por la Industria y el Gobierno Rajoy no ha tomado ninguna medida para reindustrializar España, en medio del silencio (culpable) de la oposición. Incluso, ha desmantelado el anterior Ministerio de Industria y Energía y ha pasado las competencias de Industria al Ministerio de Economía, como una secretaria general (ver organigrama). Y no se apoya la Ciencia ni se recorta el coste de la electricidad industrial ni se buscan ayudas ni financiación a la industria, siguiendo con la vieja idea de la derecha conservadora de que “la mejor política industrial es la que no existe”. Y mientras, España es cada día más un país de bares, hoteles y tiendas. Así nos va. No podemos seguir apostando a ser “la California de Europa”. Hay que cambiar el modelo productivo, reindustrializar España a 20 años vista. El futuro está en la industria.