lunes, 24 de abril de 2017

Los ciberataques se duplican en España


En 2016 se produjeron en España 315 ataques informáticos diarios a empresas, instituciones o particulares, más del doble que en 2015, cuando ya se triplicaron sobre los de 2014. Y esos son los ataques que se detectan o se denuncian, porque ciberataques puede haber diez veces más. De hecho, el cibercrimen mueve ya en el mundo más dinero que la droga y ataca a 1 de cada 5 internautas (689 millones en 2016). Esto exige una mayor atención de los particulares a su seguridad informática y, sobre todo, fuertes inversiones de Gobiernos y empresas en ciberseguridad, una de las industrias con más futuro. En España, empresas y particulares gastan poco en ciberseguridad y sólo una de cada cinco grandes empresas tiene un Plan de seguridad informática. Urge un acuerdo mundial contra el cibercrimen, como el alcanzado contra el Cambio climático. Y en España, ampliar presupuestos  y medios públicos, desde técnicos a  policías y jueces especializados. Son delitos muy peligrosos para la economía y nuestra vida diaria.


enrique ortega
 
La mitad de la población mundial es internauta, unos 3.773 millones en 2016, y un tercio son activos en la Red: 2.789 millones de personas. Pues bien, 1 de cada 4 de estos internautas activos sufrió algún ciberataque en 2016: 689 millones de personas, según revela el informe Norton sobre Ciberseguridad 2016. Según sus estimaciones, los ciberdelincuentes lanzaron más de 1 millón de ataques diarios y causaron pérdidas por 125.900 millones de dólares (119.900 millones de euros), lo que convierte al cibercrimen en el mayor negocio ilegal del mundo, por delante del narcotráfico o el tráfico de armas, según los expertos.

La razón es este auge de los ciberataques es que los internautas siguen sin tomar medidas para proteger sus dispositivos, mientras los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados. De hecho, según el informe Norton, el 35% de la población mundial tiene algún dispositivo informático sin proteger, lo que propicia los ciberataques. Y más con el auge del “Internet de las cosas: 1 de cada 5 dispositivos domésticos enlazados a la Red no cuenta con la protección necesaria y eso explica el auge de los ciberdelitos. La mayoría de los ataques, según el informe Norton, se centran en el robo de contraseñas (“phishing”), para el posterior acceso a información financiera y personal, además del “hackeo” del correo electrónico o de los archivos y material sensible de particulares y empresas. También la suplantación de empresas y organismos, para el envío de correos en su nombre pidiendo información, como ha denunciado en febrero de este año el Banco de España.

España es el país nº 19 en el ranking mundial de ciberdelitos y el 8º europeo, según el último informe de Symantec. El cibercrimen representa ya el 32% de la delincuencia económica  en España y mueve unos 10.000 millones de euros al año, según estimaciones de los expertos. Y avanza año tras año de forma imparable: si en 2014 se detectaron unos 18.000 ciberdelitos, en 2015 alcanzaron los 50.000 y en 2016 se han superado los 115.000 ciberdelitos, más del doble, según el balance del Instituto Nacional de Ciberseguridad(INCIBE), con sede en León. De ellos, 110.293 fueron ataques informáticos a empresas y ciudadanos, 479 a operadores críticos (energía, transportes, comunicaciones, puertos)  y otros 4.458 ataques a la red RIS (Universidades y centros de Investigación). Y eso son los ataques detectados por INCIBE o denunciados por particulares y empresas, porque hay muchos ciberataques que no se detectan ni se denuncian (por no dañar la imagen de empresas), con lo que se estima que los ciberataques reales, en España y en el mundo, pueden ser diez veces los detectados.

En paralelo a los ciberdelitos detectados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad , están los delitos informáticos que particulares y empresas denuncian a la policía, que tiene unidades especializadas contra los ciberdelitos. En 2015 (últimos datos oficiales) se contabilizaron en España 60.154 delitos informáticos (frente a 42.812 en 2012), de los que dos tercios fueron por fraude informático (40.864), 10.112 por amenazas y coacciones, 2.386 por acceso ilícito, 2.361 por falsificación informática, 2.131 contra el honor, 1.233 delitos sexuales, 900 por interferencias en sistemas y 167 delitos informáticos contra la propiedad industrial. De todos estos ciberdelitos registrados por la policía, sólo un tercio pasaron al juez: hubo 22.575 procedimientos judiciales por delitos informáticos en 2015, según la Memoria de la Fiscalía. La mayoría se tipificaron como estafas (86%) y destacaron los delitos de “phishing” (robo de datos y claves) y fraudes con tarjetas y transferencias. Muchos de estos delitos se archivan, bien porque son importes bajos o porque su investigación es compleja y son delitos muy difíciles de investigar, con tramas mafiosas en  el extranjero, por lo que se estima que un 95% de los delitos informáticos quedan impunes. Y así, sólo se imputaron por delito informático a 4.667 personas en 2015. Y la mayoría no acaba en la cárcel.

Los ciberataques se centran en España en internautas, empresas y organismos públicos. Si empezamos por los 28 millones largos de internautas, las dos terceras partes (64,6%) reconocen que han sufrido algún incidente al utilizar Internet, según la Encuesta de Equipamiento y Tecnología  del INE (2015). Más de la mitad sufren “spam” (correos no deseados) y otro 24,6% han sufrido algún virus. Según los datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los mayores ataques proceden del envío de correos y mensajes engañosos, con el objetivo de robar datos y contraseñas. Una variante muy extendida es el “malware bancario”: envío de mail con virus que se instalan en el ordenador del cliente para robarle claves o números de cuentas y tarjetas.

Los ataques a empresas son los que más han crecido en los últimos años, con una media de 2,8 ataques por empresa en 2016, según una encuesta de la consultora PwC, que estima una pérdida de 1,3 millones de euros por empresa. Según el INCIBE, tres son los ataques informáticos que causan  más daño a las empresas españolas. Uno, el secuestro de datos (conocido como “ramsonware” o “criptoware”), que afecta sobre todo a las pymes: el hacker envía un virus a la empresa que encripta los archivos y piden un rescate a cambio de desencriptarlos (una especie de “cibersecuestro” de datos). Normalmente se pide el rescate en moneda virtual (bitcoins) y en webs extranjeras encriptadas, lo que dificulta su seguimiento. Otro ciberdelito es el llamado “fraude al CEO”: se accede al correo del directivo de una empresa y se solicitan pagos a proveedores en la cuenta del ciberdelincuente. Otra variante es suplantar al departamento de compras o crear tiendas virtuales inexistentes  y enviar correos para ofrecer ofertas y concursos o recabar pagos.

Un tercer frente de ciberataques son las empresas estratégicas, desde la energía a los transportes y las industrias básicas, apoyándose en que España es el 5º país del mundo con más sistemas informáticos (3.059 sistemas) que controlan este tipos de instalaciones y procesos industriales  a través de Internet, la mayoría sin la adecuada protección. Sólo en 2016 se registraron 479 incidentes de seguridad en infraestructuras críticas, un 35% más que en 2015, según el Centro nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC). Y según los expertos, esta estadística no recoge ni el 10% de los incidentes reales: si se analizaran los 5.000 operadores de servicios esenciales, se contabilizarían realmente unos 100.000 incidentes informáticos al año. Los servicios más atacados, según un estudio del Centro de Ciberseguridad Industrial, son los servicios de salud (40.000 ataques al año), la energía (la gran  preocupación de todos los Gobiernos: en 2015, un ciberataque dejó a Ucrania sin luz durante 7 horas) y los transportes (Renfe, metro, cercanías, aeropuertos y líneas aéreas).

Si la ciberdelincuencia es ya un problema muy serio, en el mundo y en España, lo va a ser aún más en el futuro, según los expertos, porque van a seguir creciendo los dispositivos conectados a Internet (“el Internet de las cosas”), en las viviendas, los coches y multitud de dispositivos (routers, impresoras, TV inteligentes…) con poca protección, que los hackers utilizan como un ejército de robots que propicia ataques masivos, como los que en octubre de 2016 atacaron al proveedor de Internet estadounidense DYN, que afectó a más de 1.000 millones de usuarios en  todo el mundo. En definitiva, cada vez se venden más dispositivos sin seguridad que los ciberdelincuentes utilizan como “puertas traseras” para entrar fácilmente en sistemas muy protegidos. Y se estima que para 2020, la mitad de los aparatos del hogar estarán conectados a Internet y serán “los caballos de Troya” de los hackers.

La clave contra la ciberdelincuencia es invertir en personal y medios para detectarlos y combatirlos. Las empresas españolas invirtieron unos 3,6 millones de euros al año (de media) en empresas de seguridad (unas 550 en España, que dan trabajo a 6.000 personas), que facturaron 600 millones de euros en 2014, según el Observatorio de las Telecomunicaciones. Y se espera que las empresas españolas inviertan en ciberseguridad  más de 1.000 millones en 2019. El problema es que invierten menos que en otros paises (en 2016, las empresas invirtieron 76.000 millones en ciberseguridad en el mundo, según Gartner), sobre todo las pymes, que están “desnudas” ante los ciberdelitos, como si tuvieran negocios físicos sin cierres de seguridad y alarmas. Y que sólo el 17% de las grandes empresas industriales tienen un Plan definido de seguridad informática, mientras un 10% de ellas ignora incluso los riesgos, según el informe del Centro de Seguridad  Industrial. Y los particulares tenemos cada vez más antivirus, pero sin gastar casi nada en ellos ni actualizarlos con frecuencia.

El mundo tiene que tomarse en serio la lucha contra la ciberdelincuencia, como ha empezado a hacer con el Cambio Climático. Obama declaró la ciberseguridad como uno de los objetivos estratégicos de EEUU y ahora Trump ha reiterado que es una de sus prioridades de gobierno. En Europa, la Comisión aprobó en febrero de 2016 una Directiva que establece medidas para lograr un elevado nivel de ciberseguridad, obligando a paises y empresas a informar, desde 2018, de los incidentes y fugas de datos. Y en España, Rajoy aprobó en diciembre de 2013 la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, un punto de partida al que le faltan medios, fondos y una mayor coordinación entre instituciones públicas y empresas privadas. Baste un dato: el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) cuenta  sólo con 25 especialistas y 20,7 millones de euros de Presupuesto. Y en paralelo, hay que revisar la legislación y su aplicación, aportando más medios policiales y judiciales especializados, para que el ciberdelincuente acabe finalmente juzgado y en prisión, no libre como ahora.

Internet ha revolucionado la economía y nuestras vidas pero también se ha convertido en una potente plataforma para robar datos, atacar empresas e instituciones y cometer fraudes. Y los ciberdelincuentes, unas mafias internacionales cada vez más organizadas, están mucho más preparados que los particulares, empresas e instituciones para defenderse. Urge que tomemos todos conciencia de la gravedad del problema (que va a ir a más con “el Internet de las cosas”) y que invirtamos más dinero, personal y tiempo en defendernos, con la ayuda de empresas y personal especializado. Porque estamos más desprotegidos de lo que creemos. Internautas sí, súperconectados a tope, pero necesitamos estar más seguros.

jueves, 20 de abril de 2017

España, un país de vertederos que no recicla


El Gobierno Rajoy lleva meses empeñado en la reforma de los puertos, argumentando que lo exige Europa y esgrimiendo la amenaza de multas. Pero no dice que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo acaba de condenar a España por tener 61 vertederos ilegales, tras otra condena en 2016 por otros 30 vertederos ilegales. Y en unos meses pueden llegar las multas, porque Bruselas lleva desde 2008 advirtiendo a España de que no acaba con los vertederos ilegales. En paralelo, la Comisión Europea cree que la gestión de residuos y el agua son los dos graves problemas medioambientales de España, que tiene muchos vertederos porque recicla menos basura que Europa y las plantas de tratamiento de residuos son poco eficientes. Bruselas propone a España que introduzca un impuesto sobre vertidos, que coordine la gestión de residuos de las autonomías y que fomente la recogida selectiva, concienciando a las familias a separar y reciclar. Urge tomar medidas para que la basura no nos coma.


              Vertedero en barranco de Jagua ( Santa Cruz de Tenerife)                                         La Opinión

La basura creciente es un grave problema en todo el mundo y también en España, donde generamos casi 500 kilos de residuos por persona y año (495 kilos), según un estudio de la Fundación para la Economía Circular. Algo más de la mitad (52,1%) procede de los domicilios y otro 40% del comercio, los servicios, oficinas y centros públicos. La mayoría son biorresiduos (40%), seguidos de papel/cartón (20%), plásticos (10%) y vidrio (5%). Y del total de residuos, un 80% los gestionan los Ayuntamientos y el 20% empresas y entidades privadas.

Con todo, España ha reducido los residuos municipales durante la crisis, de 578 kilos/habitante en 2007 a 435 kilos/habitante en 2014, por debajo de la media europea (475 kilos/habitante/año), según el último informe de la Comisión Europea. Pero tenemos un problema estructural: España recicla mucho menos que Europa (33% frente al 43%) y por eso lleva mucha más basura a los vertederos (un 55% de la basura, frente al 28% en Europa). Y eso hace, además, que haya muchos vertederos ilegales en España.

Europa aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el objetivo de que los paises europeos reciclaran el 50% de su basura para 2020 y el 35% a vertederos, dos objetivos que España incumple con creces (33% y 55%). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que tenía 300 vertederos ilegales. El Gobierno español (entonces Zapatero) se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero la crisis y los recortes lo postergaron, con lo que Bruselas emitió otro dictamen complementario, en septiembre de 2014, en el que se instaba a España a actuar contra 63 vertederos incontrolados: muchos de ellos no funcionaban ya pero eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían sin restaurarse y llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), al que también había denunciado por sus vertederos a Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Malta y Portugal.

En febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales que seguían en activo o no se habían sellado correctamente. Y ahora, el 15 de marzo de 2017, el TJUE ha emitido una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado) situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia 83), Baleares (1) y Andalucía (1). El Tribunal dictamina que “España no ha aplicado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, en particular sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora o la fauna”. Ahora, la Comisión Europea puede pedir al Tribunal europeo que imponga una multa a España por no clausurar bien estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones) y Grecia (10 millones).

El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado estos vertederos ilegales, insistiendo en que llevan años cerrados. Pero el problema, alega Bruselas, es que estos vertederos son “bombas de efectos retardados”, que una vez cerrados deben ser vigilados y tratados. No sólo porque pueda haber incidentes (como el fuego en el vertedero de Seseña, Toledo), sino porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Incluso aunque se les cubra con una capa de polietileno o con una barrera de arcilla, es habitual que se “pinchen” por los gases emitidos y los movimientos del terreno. Así que debe haber Planes de cierre y tratamiento de estos vertederos  a 30 años vista, algo que la mayoría no tienen.

España tiene muchos vertederos ilegales porque recicla poco (un 33% frente al 40% la UE) y porque las plantas de reciclaje funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (una buena parte, fondos europeos) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas. Las macroplantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores apenas llega al 5%, con lo que el 95% de la basura restante acaba en los vertederos, que así proliferan por doquier. Otro problema señalado por la Comisión es que como España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y así contamina la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa y después del dinero que cuesta procesar esta basura, no se puede vender y acaba en los vertederos.

Ya no es sólo la basura tradicional la que se recicla poco y mal. España también gestiona mal  la "basura electrónica", de la que generamos 17,8 kilos al año, más del doble de la media mundial (7 kg/persona). Según la Comisión Europea, el 75% de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “no se gestionan de forma adecuada”, lo que supone un peligro para la salud y el medio ambiente, además de ser un fraude a los consumidores: al comprar un ordenador o un electrodoméstico, ya pagamos entre 5 y 30 euros por su futuro reciclado. Y según estimaciones de Bruselas, los fabricantes sólo destinan un 20% de esos ingresos al reciclaje. Según datos de Eurostat, España sólo recicla el 25% de los aparatos electrónicos, frente al 355 de media en la Unión Europea. Y muchos acaban también en los vertederos o exportados ilegalmente para extraerles los componentes de valor.

La Comisión Europea cree que España tiene un buen marco legislativo para mejorar su política de residuos, el Plan estatal marco para la Gestión de Residuos (PEMAR), aprobado en 2016, pero cree que falta una mayor coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, que tienen las competencias de medio ambiente, cada una con su política, sus objetivos y sus medios. Por eso, Bruselas pide mayor coordinación y más medios para la gestión de residuos, con dos objetivos claros: producir menos residuos y gestionarlos mejor. Para conseguir más recursos, la Comisión Europea propone a España, en su informe medioambiental de febrero, que cree un impuesto nacional sobre residuos, para destinar este dinero extra a mejorar la recogida selectiva de basura y las plantas de reciclaje. Y además, generalizar la responsabilidad al productor, para que las industrias utilicen sistemas de envasado que reduzcan los residuos y faciliten su tratamiento, penalizando a los que no lo hagan.

Al final, los impuestos y tasas a los que generan basura han sido y son muy bajos en España, lo que ha facilitado la generación de residuos y dificultado su tratamiento. La Comisión Europea insiste que España debe utilizar más los impuestos para mejorar el medio ambiente, penalizando a los que emiten residuos y a los que no reciclan. Y reiteran la necesidad de educar a los consumidores en el reciclado y separación de los residuos orgánicos, con un aumento de la recogida puerta a puerta, para facilitar el reciclado posterior de residuos. No es sólo cuestión de dinero y de impuestos, también de educación: nosotros y nuestros hijos debemos aprender que la basura es un problema y hay que colaborar para reciclarla, en beneficio de la salud y el medio ambiente. Y que no podemos llenar el país de vertederos y escombreras, más propios del subdesarrollo que del siglo XXI. Que no nos coma la basura.

lunes, 17 de abril de 2017

Hay 2 Españas, más lejos de Europa


Rajoy presume de que somos el país europeo que más crece (incierto: fuimos el 8º en 2016) pero no dice que estamos más lejos de Europa que antes de la crisis. Si en 2007 teníamos una renta por habitante que superaba la europea (el 103%), luego ha bajado y en 2015 teníamos el 90% de la renta europea. Somos el país 14º en el ranking UE de riqueza por habitante, aunque seamos el 4º país que más produce. Estamos más lejos de Europa y de forma desigual. Hay 4 regiones con una renta superior a la europea: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Y 7 que no llegan al 75% de la renta europea: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Sigue habiendo dos Españas, más desiguales entre sí que antes de la crisis. Y además, son las mismas que en 2008 y en 1983. Tenemos un doble problema de fondo: hay españoles y europeos de primera y de segunda. Y llevamos décadas así.
 
enrique ortega

España creció un 3,2% en 2016, el tercer año de la recuperación, el 8º mayor crecimiento en la Unión Europea, tras Rumanía (+4,9%), Irlanda (+4,3%), Malta (+4%), Luxemburgo (+3,8%), Eslovaquia, Bulgaria y Suecia (+3,3% cada uno). Pero este crecimiento fue muy desigual por autonomías. Así, crecieron por encima de la media Baleares (+3,8%), Madrid (+3,7%), Canarias y Cataluña (+3,5%), Galicia (+3,4%), Comunidad Valenciana, Ceuta y Castilla y León (+3,3% las tres). El resto crecieron menos y en especial la Rioja (+1,5%), Asturias (+1,9%), Extremadura (+2%) y Cantabria (+2,3%), según el INE. Antes, en la primera Legislatura de Rajoy (2012-2015), España decreció un -2,2% (PIB) y sólo dos regiones aumentaron su producción (Madrid y Cataluña), dos la estabilizaron (Canarias y Extremadura) y las 15 restantes empeoraron (cayó su PIB), en especial Cantabria, Melilla, Asturias y Castilla y León.

Tras estos ocho años de crisis, España produce todavía algo menos que en 2008: 23.970 euros por habitante (2016), un 1,3% menos de los 24.274 euros por español que se generaron en 2008, según los últimos datos del INE. Pero hay 5 autonomías que ya han salido de la crisis y produjeron en 2015 más que en 2008: Madrid, País Vasco, Cataluña, Castilla y León y Galicia. Las otras 12 autonomías, más Ceuta y Melilla, siguen todavía sin recuperar su producción anterior a la crisis, siendo Andalucía, Melilla, Castilla la Mancha, Murcia y Canarias las regiones  que están más lejos de hacerlo.

Con todo, hay 7 regiones que conforman la lista de la España rica, por su mayor producción (PIB) por habitante en 2016, según acaba de publicar el INE: Madrid (32.723 euros/habitante), País Vasco (31.805), Navarra (29.807), Cataluña (28.590), Aragón (26.328), La Rioja (25.692) y Baleares (24.870 euros/habitante). Y otras 7 regiones que están a la cola de la producción por habitante, que configuran la España pobre: Extremadura (16.369 euros/habitante), Andalucía (17.651), Melilla (17.686), Castilla la Mancha (18.591), Murcia (19.411), Ceuta (19.446) y Canarias (19.867 euros/habitante). Lo más preocupante es que antes de la crisis, en 2008, las 7 regiones más ricas eran exactamente las mismas que en 2016 y en el mismo orden. Y las 7 regiones más pobres de hoy son exactamente las mismas que en 2008. Eso sí: la desigualdad ha aumentado. Si en 2008, el PIB por habitante de Madrid era 1,93 veces el de Extremadura, en 2016 ha sido de 1,99 veces.  Pero hay más. Si miramos las estadísticas de 1983, antes de que España ingresara en Europa (1986), las regiones ricas y pobres eran las mismas que hoy. Tres décadas perdidas.

Esta mayor o menor producción por habitante de las regiones españolas durante la crisis explica que unas tengan más o menos empleo y más o menos parados. En principio, de los 1.372.900 empleos creados en España entre 2014 y 2016 se han beneficiado sobre todo Andalucía (274.300 nuevos empleos), Cataluña (+203.900), Madrid (194.400) y la Comunidad Valenciana (180.300). Pero esto no indica mucho, porque son las autonomías con más población y trabajadores. Lo importante es ver qué regiones tienen más empleo, dónde trabaja más gente. Y así resulta que, a finales de 2016(EPA), en España trabajaban el 61,05 por 100 de los adultos (16-64 años), pero había 7 autonomías donde trabajaba un mayor porcentaje de gente: la Rioja (68,02%), Navarra (67,92%), Madrid (67,26%), Aragón (66,87%), Cataluña (66,78%), Baleares (66,52%) y País Vasco (66,265), una lista que coincide exactamente con la de las 7 autonomías más ricas. Y al contrario. Las 7 autonomías con menos personas trabajando son Extremadura (50,86 de los adultos), Andalucía (51,2%), Canarias (55,26%), Castilla la Mancha (57,87%), Asturias (59,46%), Murcia (59,05%) y Ceuta (50,35%), exactamente las 7 regiones más pobres.

Y lo mismo pasa con el paro. Las tasas de desempleo más altas se dan en las regiones más pobres, según la EPA 2016: Extremadura (28,31%), Andalucía (28,25%), Melilla (27,38%), Canarias (24,90%), Ceuta (22,39) Castilla la Mancha (22,14%), muy alejadas de la tasa media de paro española (18,63%). Y las regiones con menos paro son también las más ricas: Navarra (10,01% de paro), la Rioja (10,90%), País vasco (12,27%), Cantabria (12,89%), Aragón (13,53%), Baleares (13,89%), Madrid (14,60%) y Cataluña (14,65%).

Una buena parte de esta desigualdad regional en el empleo y el paro, que luego se traduce en las diferencias de producción (PIB por habitante) se deben al distinto modelo económico de las autonomías, donde ganan las que tienen más industria, más inversión y más exportación, junto a mayor tecnología y formación . Y luego está el papel del Estado, que tiene una serie de mecanismos para intentar reducir las diferencias entre las regiones y sus ciudadanos. La principal son los impuestos, haciendo que paguen más los que menos tienen. El problema en estos años de crisis ha sido que las mayores subidas de impuestos se han dado en los impuestos indirectos (IVA, carburantes, tasas), que se pagan igual se gane lo que se gane y no ayudan a redistribuir la riqueza. Lo mismo ha pasado con las prestaciones sociales, desde el paro a las pensiones, becas y ayudas familiares y sociales: se han recortado drásticamente (-30.000 millones desde 2010) y eso ha perjudicado a los que menos tienen y a las regiones más pobres. Y también se han recortado las inversiones públicas (a la mitad),que reparten infraestructuras y empleo, “tirando” de las regiones más deprimidas.

Al final, el cocktail del distinto modelo económico, la crisis, los impuestos y los recortes, más un desigual sistema de financiación autonómica, han agravado las desigualdades durante la crisis, no sólo entre españoles sino también entre regiones, según los datos del INE. La renta media por persona ha caído en toda España un 2,96% en estos 8 años: de 10.737 euros en 2008 a 10.419 en 2016. Pero esa caída de la renta también ha sido desigual. Hay 7 regiones que ya tenían en 2016 una renta por habitante superior a la de antes de la crisis: Aragón (+8,2%), Galicia (+7,7%), Ceuta (5,7%), Extremadura (+4,5%), la Rioja (+1,97%), Castilla y León (+0,78%) y  Madrid (+0,3%). Y las 12 regiones restantes todavía tienen una renta por persona inferior a la de 2008. Pero el mapa no ha cambiado, según los últimos datos del INE. Las 6 regiones con más renta por habitante en 2016, las 6 más ricas, son País Vasco (13.836 euros/habitante), Navarra (13.300), Madrid (12.534), Aragón (12.427), Cataluña (12.283) y Asturias (11.427), exactamente las mismas que en 2008. Y las 7 más pobres, con menos renta por habitante, son Murcia (7.924 euros), Andalucía (7.942), Extremadura (8.469), Castilla la Mancha (8.498), Ceuta (8.512), Canarias (8.640) y la Comunidad Valenciana (9.098), también las mismas que en 2008. Y lo peor: se han agravado las diferencias. Si en 2008, un vasco tenía 1,73 veces la renta de un extremeño (los más pobres), en 2016 tiene 1,75 veces la renta de un murciano (los más pobres hoy).

Así que sigue habiendo 2 Españas, con enormes diferencias de producción, empleo, paro y renta. Y las regiones ricas y pobres son las mismas que antes de la crisis e incluso que antes de entrar en Europa. Además, no sólo se han agravado las diferencias dentro de España sino también con Europa, por mucho que ahora crezcamos más que la mayoría. Los datos son claros. España entró en la Unión Europea, en 1986, con un 72% de la renta media comunitaria (PIB/habitante) y en 2002 alcanzó el 100%.Vivimos igual que la media de europeos hasta 2004 e incluso en 2007 superamos la renta media europea (103%). Pero a partir de ahí, con la crisis, empezamos a caer y ya en 2010 perdimos la media europea (bajamos al 96% de la renta UE-28) para seguir bajando al 93% (2011), al 91% en 2012 y al 90% en 2015, el dato recién publicado por Eurostat. Eso significa que hemos hecho un camino de ida y vuelta al nivel de vida europeo y que ahora estamos como hace 15 años.

La renta media española, medida por PIB por habitante en poder de compra (considerando la inflación) fue de 25.900 euros en 2015, un 90% de la media europea (28.900 euros), según Eurostat. Y eso coloca a España en el puesto nº 14 del ranking europeo de riqueza, muy lejos del 4º puesto que nos corresponde en Europa por producción (PIB), tras Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. El pelotón de paises ricos europeos (por PIB/habitante) lo encabezan Luxemburgo (76.200 euros por habitante, el 264% de la media europea y el triple que España), Irlanda (177% del PIB por habitante europeo), Austria y Holanda (128%), Dinamarca (127%), Alemania y Suecia (124%), seguidos de Bélgica (119%), Finlandia (109%), Reino Unido (108%), Francia (106%), Italia (96% PIB UE-28) y Malta (93%), los 13 paises europeos más ricos que España. Y al final de la lista quedan los 14 paises europeos más pobres que España, encabezados por Bulgaria (47% del PIB/habitante europeo), Rumanía (57%), Croacia (58%), Letonia (64%), Hungría y Grecia (68%).

Ya no es sólo que España se haya alejado de la renta media europea y haya 13 paises más ricos, que tienen más renta por habitante (PIB). Es que sólo 4 regiones españolas tienen una renta superior a la media europea (2015): Madrid (123% del PIB/habitante europeo), País Vasco (119%), Navarra (113%) y Cataluña (107%). Y hay 7 regiones españolas que están entre las regiones más pobres de Europa, que no llegaban al 75% de la renta media europea en 2015, según la reciente estadística de Eurostat: Extremadura (62% del PIB/habitante europeo), Andalucía (66%), Melilla (66%), Castilla la Mancha (70%), Canarias (74%), Murcia (73%) y Ceuta (73%). Lo peor no es sólo eso, sino que en 1983, antes de entrar en Europa, había también 7 regiones españolas que no llegaban al 75% de la renta por habitante europea. Han pasado 34 años, hemos crecido, pero esas regiones españolas siguen en el pelotón de las regiones pobres europeas, liderado por la Europa del Este.

Es un porrón de estadísticas que se resumen en dos ideas. Sigue habiendo dos Españas muy distanciadas y nos hemos alejado del nivel de vida de Europa. Vayamos a las causas. La primera y fundamental, porque tenemos un modelo económico que ha sufrido más la crisis, al decrecer más la economía y perder más empleo que el resto de Europa (que ya se ha recuperado y nosotros todavía no). La segunda, porque España ha sufrido una mayor devaluación de los salarios que el resto de Europa. La tercera, que aquí hemos tenido más recortes (en ayudas y gastos sociales) y han aumentado más los impuestos (aún con la rebaja de 2015 y 2016, pagamos más impuestos que en 2011), lo que ha provocado (junto al paro, la precariedad y los bajos salarios)  una caída más drástica de ingresos de las familias. Y con todo ello, nos hemos quedado más rezagados de Europa que antes de la crisis.

¿Qué se puede hacer? No hay una “receta milagro” para corregir las desigualdades entre regiones y con Europa. Hay que actuar en varios frentes, dentro y fuera de España. Aquí, las prioridades deben ser reformar el sistema de financiación de las autonomíaspara que sea más justo y ayude a reducir desigualdades. Pero la receta fundamental es la política fiscal, los impuestos, conseguir más ingresos públicos (luchando contra el fraude y haciendo que paguen más impuestos las grandes empresas, multinacionales y los más ricos) para dedicarlos a ayudas contra la pobreza y la desigualdad, a promover inversiones públicas y privadas en las regiones más atrasadas, en infraestructuras, reindustrialización, exportaciones,  tecnología (las más ricas, como el país Vasco, Navarra o Madrid son las que más gastan en I+D+i), educación, formación y digitalización. Y a nivel europeo, urge un Plan Marshall para ayudar al desarrollo de la Europa del sur y las regiones más atrasadas, promoviendo inversiones públicas y ayudas con más recursos europeos.

Son dos problemas muy de fondo, de los que no hablan los políticos pero que lastran nuestro presente y nuestro futuro: la desigualdad regional de España y nuestro retraso con Europa. Llevan más de 30 años ahí y no sólo no se corrigen sino que se han agravado con la crisis. Pero se pueden corregir en las próximas décadas, eso sí, con otras políticas en España y en Europa, buscando no sólo crecer más sino crecer de otra manera, con más igualdad. Se puede y se debe. Porque no puede haber dos clases de europeos y de españoles. Y menos que cada vez estén más alejados, que sean más desiguales.